Informe especial al parlamento de andalucíA




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DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ



INFORME ESPECIAL AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PERSONAS PRISIONERAS EN SUS VIVIENDAS

Noviembre - 2003

Índice General

1. Provincia de Almería. 19

1.1. Adra. 19

1.2. Alcalá de los Gazules. 33

1.3. Aguilar de la Frontera. 54

1.4. Albuñol. 69

1.5. Bonares. 88

1.6. Alcalá la Real. 94

1.7. Alhaurín El Grande. 117

1.8. La Algaba. 149

1. Introducción.

informe especial: personas prisioneras en sus viviendas

Introducción.

El título de este Informe Especial, “Personas prisioneras en sus viviendas“, pretende ser descriptivo de una situación que afecta a la vida diaria de un gran número de personas discapacitadas en Andalucía. Precisamente porque se trata de una situación de enclaustramiento, la entidad del problema no resulta conocida en su verdadera dimensión ni por la sociedad civil, ni por los poderes públicos que deben tutelar los derechos de estas personas.

Nos encontramos con una realidad que, unida al envejecimiento de la población, se irá agravando, lo que exigirá la adopción de medidas destinadas a prevenir y atender los efectos de una demanda de atención y prestación social pública que cada vez se hará sentir con más fuerza.

Como ocurre tantas y tantas veces, la presentación de algunas quejas en nuestra Institución pone al descubierto problemas sociales que están ahí, a veces territorial y personalmente muy cerca de nuestro entorno cotidiano, pero cuya verdadera entidad desconocemos. Así, en los últimos años, están llegando quejas del siguiente tenor:

* Una ciudadana, a través de un correo electrónico, nos indicaba que era parapléjica y que asistía, con verdadera impotencia, a la poca voluntad que hay -por parte de quienes no padecen el problema- de eliminar las barreras arquitectónicas. En el caso de los espacios públicos, hay que esperar a que arreglen una calle para que le pongan badenes; cada vez que salía con el coche se encontraba con vehículos no habilitados en las plazas reservadas a las personas discapacitadas. Los establecimientos con licencia de apertura anterior a 1992 no eliminan las barreras, ni disponen de servicios adaptados; probadores con las puertas pequeñas, rampas imposibles de afrontar, etc. La interesada, a través de una lista interminable, sólo pretendía expresar su tristeza por este panorama y apelar a nuestra sensibilidad.

* También otra mujer, que vivía con su madre, usuaria de silla de ruedas, nos decía que mantenía un conflicto con la comunidad de propietarios del inmueble que habitaba. Dicha comunidad se negaba a realizar obras de eliminación de barreras en el portal del inmueble, hasta el punto de que unas rampas de madera que ella había hecho y que sólo ocupaban parte de la escalera, se las retiraban; incluso un día las tuvo que recoger en un contenedor de basura.

* Una mujer viuda, de 81 años, había solicitado a su comunidad de vecinos la ejecución de una rampa en las escaleras de acceso a su bloque de viviendas, pero la comunidad se negaba a ello alegando que “Industria” lo impedía por carecer de una inclinación adecuada. La interesada mostraba su perplejidad con estas respuestas, pues en otros bloques semejantes sí se habían construido rampas como la que ella solicitaba. Por último, señalaba que padecía artrosis en las dos piernas y que temía sufrir un accidente en dichas escaleras, razón por la que, prácticamente, se encontraba confinada en su domicilio.

* Otra afectada, que residía en una vivienda sótano de una ciudad no andaluza, nos indicaba que, a causa del tratamiento de una enfermedad oncológica, quedo parapléjica en un 75%. El ascensor de su edificio no accede al bajo, por lo que solicitó a la Comunidad de Propietarios que se hicieran obras para que el ascensor llegara hasta su vivienda. Sin embargo, la Comunidad se había negado a ello, incluso asumiendo ella su coste. Esta situación le estaba ocasionando serios perjuicios a su salud, puesto que llevaba año y medio sin poder salir a la calle, a no ser con ambulancia. En este caso, era la propia interesada la que nos indicaba que la Ley de Propiedad Horizontal debería ser reformada para resolver definitivamente el problema de las barreras arquitectónicas en los edificios y propiciar la verdadera integración de las personas discapacitadas.

* En otra queja, un ciudadano nos planteaba que, al haberse decretado por la Consejería competente de la Junta de Andalucía la reforma y adecuación de los ascensores existentes con la instalación de puertas de cabina y otros dispositivos complementarios de seguridad y, al tener la condición personal de minusválido físico legalmente reconocida, y necesitar el uso constante de silla de ruedas para los desplazamientos, consideraba preciso que estas nuevas medidas de seguridad no supongan la introducción de barreras arquitectónicas que dificulten, e incluso imposibiliten, el uso de los ascensores y el consiguiente acceso a la vivienda. Por ello, había interpuesto ante la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, una solicitud para que, a la vista de estas circunstancias, se adoptaran medidas que hicieran compatibles la seguridad en el uso de los ascensores, con el derecho a la movilidad de los discapacitados. Señalaba que los perjuicios que puede sufrir son enormes y evidentes, pues puede verse privado, por la vía de hecho, de tener un acceso sin barreras a su vivienda, viéndose encerrado en la misma.

* Una situación peculiar era la que denunciaba otra queja, en la que el interesado nos exponía que había comprado una vivienda de edificación escalonada, resultando que la parte alta contaba con rampa y ascensor, pero para acceder a la planta baja había que utilizar doce peldaños, convirtiéndola en inaccesible para minusválidos y personas mayores. El constructor se negaba a dar una solución a este problema y argumentaba que hicieran ellos la rampa cuando se entregaran las viviendas.

* El Presidente de una comunidad de propietarios nos decía que en el inmueble vivían varias personas mayores y enfermas, a las que imposibilitaba salir de sus casas la ausencia de un ascensor. Estaban haciendo gestiones para su instalación, pero la Gerencia Municipal de Urbanismo, dados los problemas de distinta índole que la licencia planteaba, les exigía la unanimidad de todos los propietarios, encontrándose con el problema de un vecino que se oponía a la obra.

* Otra ciudadana nos exponía que llevaba varios años solicitando una vivienda de planta baja, pues aunque vivía con sus padres, que ya de por sí estaban enfermos y mayores, tenía a su cargo un hermano con 36 años y un 100% de minusvalía, el cual necesitaba unos cuidados especiales. Nos continuaba diciendo que donde vivían era un peligro constante, ya que se trataba de un noveno piso, temiendo además que su hermano se pudiera caer, dados los ataques que le daban. Manifestaba, asimismo, que en el año 1999 pidió ayuda al Ayuntamiento, pero, en opinión de la interesada, “se envían la pelota unos a otros y a ella no le dan solución”.

* Una trabajadora social de una federación de asociaciones de minusválidos de ámbito provincial, concretamente Málaga, nos trasladaba el caso de ocho familias residentes en un inmueble de dicha capital, en el que existía al menos un miembro discapacitado; la Comunidad de Vecinos accedió por mayoría a la colocación de un ascensor para beneficio de todos. Sin embargo, más adelante, y a instancias de la persona que ocupaba el cargo de presidente de la comunidad, algunos vecinos se retractaron de su opinión, desestimándose en una reunión posterior la colocación del ascensor, aunque sí se aprobaron otras cuestiones, como la colocación de una puerta nueva en el bloque. El problema principal era el alto precio que había que pagar para instalar el ascensor (27.646,55 €), y que no podían pagar pues, en su mayoría, eran pensionistas o tenían bajos recursos económicos para afrontar este gasto.

* En otra queja, una persona nos exponía que tanto su marido como ella tenían una discapacidad, con un grado del 60% y 68% respectivamente. Vivían en un piso situado en primera planta sin ascensor, habían solicitado a la empresa municipal de la vivienda, hacía ya más de tres años, una vivienda adaptada, al parecer en régimen de compraventa, sin obtener resultado positivo hasta ahora, lamentándose de que se construyeran tan pocas viviendas adaptadas para atender a este sector de la población.

Estas quejas son indicativas de las circunstancias que condicionan, a veces radicalmente, el modo de vivir de un número elevado de personas. En este sentido, la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, 19991 elevaba el número de personas discapacitadas a 3.528.221 personas, lo que suponía un 9% de la población nacional.

Por lo demás, según datos de este estudio, más de la mitad de estas personas eran mujeres, concretamente el 58%, En todo caso, es conveniente puntualizar que, según la encuesta comentada, en la franja de edad que va de los 6 a los 44 años, el número de hombres discapacitados es sensiblemente superior al de las mujeres (un 32%). Por el contrario, el porcentaje de mujeres discapacitadas aumenta en la medida en que la edad es superior; así, a partir de los 45 años su porcentaje es del 60%; en el otro extremo, en menores de 6 años, la diferencia entre ambos sexos no es relevante.

El grado de discapacidad y las condiciones del inmueble y de su entorno son los aspectos que predeterminan, caso por caso, los problemas de accesibilidad que tratamos en este Informe Especial. En este sentido, el número de personas que están realmente limitadas en su movilidad, como consecuencia de las barreras existentes en su vivienda, se desconoce, pero no es arriesgado suponer que debe ser muy amplio y que, como decíamos al principio, por motivos obvios irá en aumento.

En Andalucía, sobre una población de 985.946 personas mayores de 65 años, se estimaba que 388.837 estaban afectadas por alguna discapacidad, lo que suponía una tasa de 394,38 por cada 1.000 habitantes de 65 y más años (la tasa nacional se situaba en el 322,11 por mil habitantes)2. Ello, sin contar el gran número de personas discapacitadas comprendidas en el tramo de edad de 6 a 64 años, que asciende a 319.994 personas (de un total de 5.681.463 personas), lo que supone una tasa del 56,32 por 1.000 habitantes. Siempre según la citada encuesta, de una población total en Andalucía de 6.667.409 personas mayores de 6 años, 708.831 tienen alguna incapacidad, con lo que la tasa por cada 1.000 habitantes es de 106,31 (la media española para estos tramos sería 93,92).

Las dificultades con las que se encuentran las personas discapacitadas por la existencia de barreras en las infraestructuras, el urbanismo, los edificios públicos y en el transporte, ya fueron objeto de un Informe Especial al Parlamento de Andalucía, elaborado en Noviembre de 19943. Sin perjuicio de ello todos estos años hemos tramitado, ya sea de oficio o a instancia de parte, un gran número de quejas por problemas individuales o generales que afectan a este colectivo, como las ya comentadas anteriormente.

Ahora se trata de abordar las dificultades, en ocasiones extremas, que las barreras están planteando a quienes poseen una discapacidad dentro de sus viviendas. Esto, por cuanto entendemos que esta Institución, defensora de los derechos constitucionales de la ciudadanía, debe prestar una especial atención a este problema con una perspectiva y una visión más amplia que la que, de por sí, ya demanda la queja concreta, pues partimos de la consideración de que la existencia de tales barreras dificulta o impide el disfrute efectivo de determinados derechos constitucionales.

En este sentido, existe un mandato constitucional para los poderes públicos en el art. 49 CE4, pero creemos que basta pensar en el contenido esencial del art. 14 CE para entender que la garantía efectiva de un derecho a la igualdad y un principio de actuación en favor de la no-discriminación, obligan a realizar políticas activas para facilitar el acceso y el disfrute de la ciudadanía de todos los derechos constitucionales y no sólo de los fundamentales. Entre aquéllos, desde luego, se encuentra el derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE); es decir, que sea útil, suficiente y adaptada a las necesidades de las personas que han de habitarlas.

Pero no es éste, ni mucho menos, el único derecho afectado, pues es obvio que, desde la existencia de barreras en la propia vivienda, derechos tales como a la educación (art. 27 CE), a la protección de la salud, al ocio y al deporte (art. 43 CE), derechos de consumidores y usuarios (art. 51 CE), al trabajo (art. 35 CE), protección de la tercera edad (art. 50 CE), etc., todos ellos en los términos regulados por la legislación de desarrollo, pueden quedar, como tendremos ocasión de comprobar, seriamente limitados por las barreras existentes.

En fin, el modelo de Estado Democrático (art. 1.1 CE), obliga a los poderes públicos, como es conocido, a «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social» (art. 9.2 CE). Pero no debemos olvidar que el reto corresponde asumirlo, además de a los poderes públicos, a la ciudadanía que no puede continuar sustrayéndose de sus obligaciones, habida cuenta que la Carta Magna vincula, junto a tales poderes, a la sociedad misma, según se desprende del apartado primero del último precepto citado5.

Durante mucho tiempo el debate de las decisiones y los programas públicos se ha centrado en torno a la mayor o menor virtualidad de las propuestas aprobadas, su ejecución y alternativas para atender la demanda de bienes y servicios de la sociedad. Este modelo, irreemplazable, necesitará cada vez más, ante las nuevas configuraciones del orden social y económico, completarse con estudios «ad hoc» realizados desde los poderes públicos, destinados a conocer, prevenir y atender necesidades, muchas veces formalmente no demandadas, en su verdadera magnitud, pero que exigen una respuesta en el doble nivel político y social, antes de que se genere un problema social de primer orden. De acuerdo con ello, tal vez sea necesario hacer una revisión (en materia de vivienda protegible se ha realizado recientemente) de la oferta pública de protección de los derechos y atender a las demandas latentes en amplios segmentos sociales, con la finalidad de que los poderes públicos optimicen al máximo unos recursos siempre limitados.

Este reto, desde luego, implicará, en primer lugar, una reflexión profunda y extraordinariamente compleja sobre qué aspectos de la oferta pública de protección social deben incrementarse, así como la puesta en marcha de nuevos métodos de intervención (lo que requerirá un mayor y mejor conocimiento de la realidad) y el máximo rigor en la aplicación de los existentes.

Atender necesidades veladas con medios suficientes es un objetivo a asumir si queremos que la intervención pública constituya el mecanismo de cierre de un sistema jurídico-político que debe estar siempre atento a evitar y, en su caso, reparar las quiebras, a veces invisibles y silenciosas, que genera la propia dinámica de una sociedad, en cuyo seno no siempre actúan, ni siquiera predominan, los valores constitucionales que, en todo caso, el poder público debe tutelar.

Por nuestra parte, hemos intentado, con una nueva metodología, acercarnos al conocimiento de un sector de la sociedad que vive entre nosotros, en las mismas ciudades y pueblos, en nuestros barrios o bloques de viviendas, que poseen constitucionalmente los mismos derechos, pero que desde el aislamiento obligado en el que se encuentran, sólo ocasionalmente nos han hecho llegar, a través de sus quejas individuales, su derecho a la dignidad (art. 10.1 CE).

Esperamos que la publicación de este Informe Especial, que va a permitir dar a conocer la situación en que viven tantas personas en nuestra Comunidad Autónoma (contada por ellas mismas a los Servicios Sociales Comunitarios), ayude a generar una nueva conciencia sobre la necesidad de construir y garantizar un nuevo modelo social.

Tarea ésta ingente, en la que deberá desempeñar un papel protagonista –que, hoy por hoy, no nos engañemos, no acaba de tener en su justa medida- el poder público, en su doble e irrenunciable papel de garante de la tutela efectiva de los derechos constitucionales de toda la ciudadanía, y motor de transformación de una sociedad cuyas pautas de atención y comportamiento hacia estas personas, que forman parte indisoluble de ella, es urgente cambiar, de manera radical.

2. Metodología.

Metodología.

A diferencia de lo que hemos hecho en otros informes especiales, esta vez hemos querido que sean las propias personas afectadas las que, desde su vivienda, cuenten, directamente o a través de un familiar que conviva con ellas, sus problemas, su valoración de la situación, etc.

Para esta tarea hemos contado con la extraordinaria colaboración de decenas de servidores públicos, en la mayoría de los casos trabajadoras y trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios, que se han desplazado a los lugares de residencia de las personas afectadas, han descrito los entornos, sus viviendas, han mantenido una entrevista personal con ellas y, finalmente, nos han enviado un informe y su propia valoración.

Si normalmente la colaboración de las Administraciones Públicas Locales ha sido, y es, de una importancia crucial para la elaboración de muchos de nuestros informes, habida cuenta que constituyen un instrumento de esencial importancia a la hora de articular los servicios e infraestructuras propias, así como los que se les otorgan por transferencia o delegación, que prestan a la ciudadanía, en este Informe Especial esa colaboración ha sido sencillamente imprescindible para su elaboración, por lo que desde aquí resulta obligado expresar nuestro sincero agradecimiento por el trabajo realizado. Y, de manera especial, al personal de los Servicios Sociales Comunitarios que, aún a pesar de la gran carga de trabajo a que está sometido, ha cooperado, de forma inestimable, para hacer posible la elaboración de este Informe Especial.

Para alcanzar ese objetivo, otra posible vía hubiera sido que el personal de esta Institución se hubiera desplazado para realizar algunas entrevistas a partir de las que obtener conclusiones. Sin embargo, por muy ambicioso que hubiera sido el programa de visitas, no hubiéramos podido abarcar, ni personal ni territorialmente, el universo social al que hemos accedido con estos informes. Por lo demás, hubiera sido necesaria una información previa que no poseíamos sobre la localización, situación y distintas circunstancias de las personas que fuéramos a visitar.

La información obtenida demuestra, a nuestro juicio, la validez del método seleccionado en lo que concierne al conocimiento de una realidad que no siempre emerge en todas sus facetas en medio de un mundo con demasiadas inercias, y unas Administraciones Públicas que, ya de por sí, se encuentran desbordadas por las tareas del día a día; otra cosa sea el juicio, que a la Institución, lógicamente, no corresponde, a que puedan someterse otras páginas de este Informe Especial.

A diferencia de otros Informes, en los que analizamos, fundamentalmente, la actividad administrativa –es decir, la ejecución y, en su caso, el diseño de políticas públicas- con la finalidad de evaluar su cumplimiento en términos de legalidad y eficacia, a la vista del derecho constitucional que, en cada caso, resulte protegible, en este Informe Especial únicamente nos hemos dirigido a las Administraciones Locales, por vía de colaboración, para que nos faciliten información sobre las personas discapacitadas con problemas de movilidad, centrándonos, sobre todo, en analizar las consecuencias derivadas de la existencia de obstáculos y barreras en los inmuebles. Ello, por más que haya sido tan inevitable, como aconsejable, entrar a valorar otras cuestiones íntimamente relacionadas con las que han constituido el objeto de este Informe Especial.

Dicho de otra forma más simple: en lugar de realizar una investigación sobre la oferta pública de protección de derechos constitucionales, hemos preferido conocer (testimoniar) la demanda efectiva de protección de esos derechos y, desde esta perspectiva, reflexionar sobre las necesidades de las personas discapacitadas, las carencias de la atención pública y la falta de respuesta de la sociedad.

Ello implica que más que poner el acento en una crítica del funcionamiento de determinadas prestaciones sociales, o ayudas públicas, lo hayamos puesto en la manera de vivir a la que se ve abocada gran parte de nuestra ciudadanía, con motivo de la insuficiencia de las políticas públicas y de la insolidaridad de la sociedad. El factor humano –cómo viven estas personas- ha sido la fuente de información, más que la de cómo se prestan determinados servicios sociales. Esa realidad nos pondrá en alerta sobre la necesidad de respuestas, en los ámbitos públicos y privados, para reordenar una situación que ya nos desborda.

En cuanto a la estructura del Informe Especial, cuenta con siete capítulos. El primero, en el que hemos dedicado unas líneas a comentar, genéricamente y a modo de introducción, la cuestión de la que nos ocupamos; un segundo, en el que nos encontramos y en el que, brevemente, nos referimos a la metodología utilizada para realizar este Informe Especial; un tercero, el más extenso, destinado a insertar una amplia selección de los informes que hemos obtenido y en los que se describe la situación de quienes protagonizan esta investigación: las personas discapacitadas que viven cautivas en sus viviendas.

A la hora de realizar la selección que publicamos, que no ha sido fácil, hemos tenido en cuenta aspectos tales como la gravedad de la situación; su singularidad; las actitudes que manifiestan las personas afectadas ante el problema; las circunstancias concurrentes que se dan en muchos casos, que hacen que estas personas y sus familias se encuentren en situaciones límites; la afección especial del problema a determinados colectivos de población; la no inclusión de supuestos excesivamente similares, etc. La obligada selección no nos debe llevar a la apreciación, errónea en este caso, de que los informes que no se incluyen en esta publicación carecen de interés, o no son representativos de la información interesada: en todos ellos se describen situaciones de personas que no pueden, o tienen serias dificultades para salir de sus viviendas por las barreras en ellas existentes, ya interiores o exteriores, en las que viven. Por otro lado, aunque no es una exigencia, en absoluto, de las personas entrevistadas, con objeto de preservar su intimidad, hemos optado porque únicamente figure el municipio y la provincia en la que residen, pero no el nombre.

Continuando con los apartados del Informe Especial, en el cuarto dedicamos un comentario a los entornos de las viviendas, como aspecto limitativo de la libertad de desplazamiento y accesibilidad de las personas discapacitadas. En el quinto capítulo hemos incluido unos breves comentarios sobre aspectos que hemos creído que podrían ser de cierto interés, para darles un tratamiento aparte y singular, sin que por ello se pretenda jerarquizar la problemática y la necesidad de atención que requieren las personas afectadas. Tal ha sido el caso de los comentarios dedicados a menores, mujeres y mayores.

En el sexto, pretendemos hacer un esbozo de las personas y de la situación en que viven éstas, desde la perspectiva de la discapacidad, las barreras, situación económico-social, etc., a partir de la información recibida. Ofrecemos un resumen de los datos obtenidos en torno a la edad media que tienen las personas afectadas, tipo de discapacidad, situación económica, etc. Sobre el tratamiento estadístico de esta información es preciso realizar una obligada aclaración para evitar cualquier tipo de duda, o error, en la apreciación de los datos: no se ofrece, en modo alguno, una información estadística orientativa de la situación en la que se encuentran quienes padecen una discapacidad en Andalucía en lo que concierne a la accesibilidad en la vivienda, tipología de discapacidad que posee, valoración en torno a la prestación del servicio de ayuda a domicilio, etc. Lo que ofrecemos son unas conclusiones a partir de la información facilitada, que ha sido previamente seleccionada por los Ayuntamientos; por tanto, aunque la información que incluimos en este Informe Especial es de interés para reflejar el perfil de la persona prisionera en su vivienda, no es extrapolable, en su totalidad, a la situación en que viven las personas discapacitadas con carácter general. El séptimo capítulo lo dedicamos a incluir una serie de reflexiones y valoraciones sobre la información recibida. Finalmente, se incluye un octavo y último capítulo, en el que se recogen una serie de recomendaciones generales.

En cuanto a la información interesada a los Servicios Sociales Comunitarios, confeccionamos, como ya hemos indicado, una ficha-guión para que sirviera de pauta a la hora de elaborar los informes que pedíamos, con la idea de obtener una información relativamente homogénea y que posibilitara realizar valoraciones. Esta ficha-guión constaba de los siguientes apartados:

1. Localización del inmueble: con este apartado, además del municipio y provincia, también queríamos conocer el barrio, la barriada, calle, denominación específica de la vivienda en su caso y, sobre todo, que la persona que fuera a realizar la entrevista nos describiera el entorno de la vivienda.

2. Datos personales de la persona, o personas, afectada por la minusvalía (nombre de pila, sexo, edad, estado civil) y de la persona que contestaba el cuestionario, en caso de que no fueran la misma (en este caso, nos debían hacer constar la relación que tuviera con la persona afectada).

3. Datos de quienes residen en la vivienda, en cuyo apartado queríamos que se nos indicara expresamente:

a) Además de los datos de las personas ocupantes (sexo, edad, estado civil, relación con la persona afectada), descripción del entorno familiar (personas que se relacionen habitualmente con la persona afectada, convivan o no con la misma, indicando el tipo de relación y, en su caso, reseña de la problemática familiar a destacar).

b) Si recibía ayuda externa (de familiares, vecindario, amistades, servicios de ayuda a domicilio, etc.).

c) Descripción de la situación socioeconómica de la unidad de convivencia: pensión, salario social, prestaciones por desempleo, ingresos por trabajo (fijo o eventual), etc. y, a ser posible, incluir la cuantía, aproximada, de los ingresos mensuales de la unidad de convivencia.

4. Datos de la discapacidad de quienes forman la unidad familiar, describiendo la misma, edad en que se produjo y su causa, si es de carácter temporal o definitivo, si tiene reconocido el grado de minusvalía y si necesita silla de ruedas para su movilidad.

5. Descripción de la vivienda, indicando:

a) Tipo de vivienda (piso, unifamiliar, dúplex, residencia colectiva, etc., su antigüedad), con una breve descripción y, sobre todo, el equipamiento, las condiciones de habitabilidad, si es de promoción libre o de protección oficial y, en su caso, de promoción pública o privada. Asimismo, indicar también si se ocupa en propiedad, arrendamiento, cesión, ocupación de hecho, etc.

b) Descripción o indicación de las barreras existentes en el inmueble, que limiten o impidan el acceso o la movilidad de las personas discapacitadas, tanto en el interior de la vivienda, como, en su caso, en los elementos comunes del edificio.

c) Como especial mención, queríamos que nos indicaran las siguientes cuestiones:

- Si posee ascensor, si éste está adaptado o no, si funciona y, en caso contrario, describir el problema que impide su funcionamiento.

- Si la persona con movilidad reducida ya la tenía cuando empezó a residir en esta vivienda y, en caso contrario, en qué momento se produjo.

- Si ha solicitado autorización a la Comunidad de Propietarios o a quien sea titular del inmueble para suprimir barreras y con qué resultado.

- Si ha solicitado ayudas a la Administración para suprimir las barreras y, en caso afirmativo, con qué resultado.

- Si han solicitado un cambio de viviendas o intentado una permuta con otro titular de un inmueble. En su caso, con qué resultado.

- Otras medidas.

6. Valoración del problema de movilidad por la persona afectada, teniendo en cuenta la situación personal, posibles vías de solución y cómo contempla su futuro.

7. Valoración personal de quien realice la entrevista: cómo ve el problema y su posible solución, en función de la situación de la persona afectada según quien realiza la entrevista, añadiendo cualquier circunstancia que considere de interés6.

En cuanto a los municipios a los que nos hemos dirigido, han sido todos los de más de 5.000 habitantes, al entender que con una población inferior existiría una mayor dificultad para seleccionar a los afectados y elaborar los informes. Respecto al número de municipios, y según las provincias, sería el siguiente:

Provincias

Mun. de 5000 a 50.000

Mun. de más de 50.000

Capitales de provincia

Total

Informes enviados



















Almería

17

2

1

20

40

Cádiz

25

7

1

33

53

Córdoba

29

0

1

30

50

Granada

30

1

1

32

47

Huelva

20

0

1

21

24

Jaén

28

1

1

30

52

Málaga

19

3

1

23

42

Sevilla

57

2

1

60

59

Total

225

16

8

249

367

Varios de los municipios a los que nos hemos dirigido nos han respondido que no conocían la existencia de casos como los reflejados en nuestras fichas en sus términos municipales. Concretamente han sido: en la provincia de Almería, Carboneras; Olvera y Trebujena en la provincia de Cádiz; en la de Córdoba, La Carlota; Churriana de la Vega, en Granada; en Jaén, Marmolejo y, por último, en la provincia de Sevilla, Casariche, Gelves, Guillena y Herrera. En esta última provincia, Isla Mayor nos dijo que los Servicios Sociales Comunitarios habían elegido tres casos; dos no acudieron a la cita y el otro rehusó contestar a las preguntas.

En cuanto a los municipios de los que no nos consta que hayamos obtenido respuesta, han sido los siguientes:

*

Almería

El Ejido

7*

Cádiz

Algodonales, Barbate, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, San José del Valle y Villamartín (*).

*

Córdoba

Bujalance, Córdoba, Fuente Palmera, Montoro, Nueva Carteya, Palma del Río y Villa del Río.

*

Granada

Alhama de Granada, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Dúrcal, Huétor-Tajar, Monachil, Ogíjares, Órgiva y Pinos Puente.

*

Huelva

Aljaraque, Aracena, Bollullos Par del Condado, Gribaleón, Huelva, Palos de la Frontera, Punta Umbría, Rociana del Condado, San Juan del Puerto, Trigueros y Valverde del Camino.

*

Jaén

Alcaudete, Arjona, Bailén, Beas de Segura, La Carolina, Peal de Becerro y Porcuna.

*

Málaga

Alameda, Alhaurín de la Torre, Fuengirola y Málaga.

*

Sevilla

Arahal, Aznalcóllar, Benacazón, Bormujos, Camas, La Campana, Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Écija, Espartinas, Estepa, Gerena, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Montellano, Morón de la Frontera, Osuna, Pedrera, Pilas, La Rinconada, Tocina, Tomares, Utrera, Villafranco del Guadalquivir, Villanueva del Río y Minas y El Viso del Alcor.

El total de informes recibidos, como hemos mencionado ya, ha sido de 367. Todos, sin excepción, han sido valorados a efectos de estudio y tratamiento estadístico, si bien, finalmente y por las razones ya apuntadas, se ha llevado a cabo una selección, por lo que el total de informes que se incluyen en esta publicación es de 152.

Toda esta información ha sido completada con un trabajo que nos ha enviado la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF) dando cuenta de varios supuestos de los que tenían conocimiento que se encontraban en una situación como la reflejada en nuestras fichas. Información ésta que, por su interés, hemos incluido, también, en este Informe Especial. Desde aquí, queremos también expresar nuestro sincero agradecimiento a esta Confederación, con la que compartimos, a veces, los medios y siempre los fines.

3. Los informes recibidos: personas prisioneras en sus viviendas.

Los informes recibidos.
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