Investigación y Evaluación






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2.3. La crisis ambiental
1. La educación ambiental ha sido definida también como la “respuesta educativa a la crisis ambiental”. Es decir, la reacción, desde un determinado ámbito del pensamiento y el quehacer humano, a lo que socialmente se reconoce ya como una crisis de dimensiones globales.
2. De hecho, si en el pasado se tendía a hablar de “problemas ambientales”, independientes entre sí y desconectados del resto de la realidad, actualmente, una aproximación honrada y realista de la situación debe empezar reconociendo la interdependencia entre factores muy diversos. Interdependencia entre diferentes aspectos de los conflictos -lo ambiental, lo económico, lo político, lo cultural, lo legal, lo ético-; entre lo local y lo global; entre los países, las personas, las culturas; entre los posibles instrumentos y vías de solución...
3. Esta mirada más amplia supera, además, la excesiva fijación en los problemas -las consecuencias negativas- para atender al origen de los mismos: el sistema de producción, uso y consumo de bienes y servicios, nacido con la Revolución Industrial y hoy dominante, dada la vertiginosa expansión que ha experimentado en apenas dos siglos. Así, tanto el Informe Brundtland como la Agenda 21 afirman que los conflictos ecológicos están provocados por los modelos de producción y consumo vigentes que, mediante la aplicación de potentes herramientas tecnológicas y culturales, someten a los sistemas que sustentan la vida en el planeta a graves presiones.
4. No nos encontramos, pues, ante un conjunto de numerosos problemas independientes sino ante un gran problema sistémico: la incompatibilidad entre el sistema económico actual y el equilibrio ecológico, debido a que cada productor y cada consumidor se convierten, al seguir las pautas del modelo, en factores de degradación del planeta. Ese carácter sistémico tiene, además, otra vertiente: nuestras actuaciones, aun en el caso de que sean localizadas -en el espacio o en el tiempo-, tienen repercusiones que desbordan el punto y el momento del impacto.
5. Al ir profundizando en el origen y en la magnitud de la crisis, se ha pasado de análisis estrechos y propuestas parciales, que abogaban por meras soluciones tecnológicas y por reformas puntuales, a poner en cuestión aspectos fundamentales del actual proyecto de sociedad. Los documentos internacionales de referencia transmiten una idea clara sobre la imposibilidad de continuar con nuestro modelo de relación sociedad-medio. Aun tratando de evitar el catastrofismo, es necesario tomar conciencia de la incapacidad que nuestras sociedades, en general, y los grupos decisores, gestores y grandes poderes económicos, en particular, han demostrado desde el punto de vista del equilibrio ecológico y de la justicia social.
6. Las sociedades industrializadas son las principales responsables de los grandes problemas ecológicos. No sólo degradan su ambiente y agotan sus propios recursos, sino que, al tener una huella ecológica mucho más amplia que su territorio, contribuyen de forma drástica a la degradación ambiental y la destrucción de recursos en los países menos desarrollados.
7. Entre los problemas ecológicos globales, podemos destacar los siguientes: el cambio climático; la destrucción de la capa de ozono; la escasez de agua y la degradación de su calidad; la pérdida de tierra cultivable y la desertización; la destrucción de los bosques y otros ecosistemas; la pérdida de diversidad biológica y de recursos genéticos; la lluvia ácida; la contaminación de los océanos; la acumulación de ingentes cantidades de residuos, en especial los tóxicos y radiactivos; etc.
8. El panorama debe completarse con la faceta social de esta crisis planetaria: una población que sigue creciendo, precisamente en las zonas más empobrecidas; un aumento de la polarización entre ricos y pobres, con países enteros por debajo del umbral de la supervivencia; múltiples conflictos bélicos; una expansión fortísima y caótica de las áreas urbanas -que ya acogen a más de la mitad de los habitantes del mundo-, con su cadena de consecuencias: progresivo deterioro del entorno urbano, nuevas patologías asociadas a los estilos de vida, etc.
9. España contribuye de forma notable a la situación de crisis global, al estar en el grupo de países de economía más desarrollada. Respecto a los problemas internos, encontramos una gran disparidad de situaciones territoriales, según las específicas condiciones ecológicas, sociales y económicas de cada región. No obstante, conviene destacar los siguientes tipos de problemas relacionados con:

. el agua: contaminación de aguas continentales y marinas, uso ineficiente de recursos hídricos, sobreexplotación de acuíferos, obras de infraestructura…

. el suelo: ocupación y destrucción de suelo cultivable, erosión y desertización, contaminación…

. la atmósfera: contaminación del aire y acústica.

. la biodiversidad: flora y fauna amenazada, degradación y fragmentación de hábitats, alta incidencia de incendios forestales, pérdida de diversidad en especies agrícolas y ganaderas, sobreexplotación de recursos marinos, uniformización paisajística…

. los materiales: gran producción de residuos y muy bajo nivel de reciclado, residuos tóxicos…

. la energía: alta dependencia de fuentes no renovables, despilfarro, residuos radiactivos...

. el transporte: modelo dependiente de medios de alto consumo energético -automóvil y avión-, ocupación de las ciudades por el coche, impacto de grandes infraestructuras…

. el territorio: concentración de la población en ciudades, implantación del modelo de ciudad extensa, abandono del medio rural, pérdida de paisajes culturales...
10. El esbozo, necesariamente breve, de este panorama nos enfrenta a la urgencia de emprender cambios en muchos frentes y de asumir responsabilidades, por parte de todos los sectores sociales, desde lo individual a lo colectivo. La educación ambiental afronta el reto, no ya de resolver problemas concretos, sino de implicar a la ciudadanía en la construcción de un modelo de sociedad que no los genere de forma implícita.

2.4. El marco del desarrollo sostenible
1. A partir de la década de los 60, cuando la crisis ambiental empieza a manifestarse con claridad, la preocupación por integrar la variable ecológica en la economía da lugar al desarrollo de nuevos conceptos, entre ellos: ecodesarrollo, desarrollo integrado, crecimiento orgánico... y múltiples acepciones del término “desarrollo sostenible”. Este debate se mantiene circunscrito, casi exclusivamente, al mundo académico hasta la publicación, en 1987, de “Nuestro futuro común”, documento elaborado por la Comisión Mundial para el Desarrollo y el Medio Ambiente. El Informe Brundtland, como se conoce también, populariza el concepto y la interpretación concreta que hace de él:
Desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.”
2. El término, sin embargo, tiene algunos problemas. Uno es su ambigüedad, lo que ha favorecido la proliferación de interpretaciones. La propia traducción al castellano de sustainable development, por ejemplo, ha dado lugar a una primera confusión, ya que “desarrollo”, en castellano, se usa como sinónimo de “crecimiento”, mientras que el development inglés significa tanto “crecimiento” como “evolución”. El término castellano puede camuflar una de las aportaciones centrales del concepto: el rechazo a la idea base del pensamiento económico ortodoxo, el crecimiento ilimitado. Otro problema radica en su generalidad, traducida en una escasa operatividad. Faltan, por ejemplo, referencias sobre cuáles son las necesidades mínimas de satisfacción universal, con qué criterios deben satisfacerse o qué garantizar a las generaciones futuras.
3. A pesar de estas dificultades, el concepto tiene el acierto de esbozar una filosofía, de apuntar una dirección general de actuación que puede ser útil. Éstos son sus rasgos básicos:
· Deja clara la necesidad de conservar los recursos naturales.

· Asume la existencia de límites físicos que hacen imposible el crecimiento sin fin.

· Enfatiza la necesidad de alcanzar objetivos sociales (satisfacer las necesidades de la generación actual y de las futuras), en lugar de objetivos individuales.

· Está inspirada en la solidaridad intra- e intergeneracional.
4. Junto al ya mencionado Informe Brundtland, otros documentos internacionales han ido desarrollando el concepto y ofreciendo pautas para su aplicación e incorporación a las políticas de gestión. He aquí los más significativos:
- “Agenda 21”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (Río de Janeiro, 1992)

- “V Programa Comunitario en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” (Comunidad Europea, 1992)
5. La conservación de los recursos plantea la necesidad de incorporar el factor ambiental en las políticas globales y en los planes sectoriales, regionales o locales de desarrollo, así como la de aplicar, de inmediato, programas e instrumentos de gestión ambientalmente adecuados.
6. La obviedad de reconocer límites físicos tiene, sin embargo, gran trascendencia si tenemos en cuenta que todo el edificio económico actual se asienta en el consumo frenético de recursos, muchos no renovables. Un desarrollo que sea sostenible implica acompasar el consumo a las posibilidades de producción y a las capacidades de absorción de impactos del ecosistema global. Una organización social y una tecnología apropiadas pueden convertirse en herramientas de ayuda para ensanchar los márgenes de acción.
7. El objetivo de lograr suficiente bienestar para toda la población del planeta abre otro profundo interrogante sobre el modelo actual, dada la imposibilidad de generalizar los niveles que disfrutamos una minoría privilegiada. Esto nos pone ante retos como la redistribución equitativa de los recursos y, con ella, la adopción de modos de vida más austeros, por parte de las sociedades más ricas, para dar opción a una vida digna a las más pobres.
8. El modelo de crecimiento ilimitado es una vía obsoleta que, además de mostrarse incapaz de procurar unos mínimos para todos los seres humanos, plantea serios interrogantes sobre las condiciones de vida de las generaciones futuras, al socavar las bases físicas de las que dependemos. La solidaridad intergeneracional obliga a preservar los recursos y funciones ambientales fundamentales, es decir, la capacidad potencial de alcanzar un bienestar sostenible.
9. El mejor ejemplo de sostenibilidad lo proporciona la naturaleza. Las comunidades bióticas exhiben una sorprendente estabilidad dentro de un proceso evolutivo, o una permanente evolución dentro de un marco estable, y para ello han desarrollado una serie de comportamientos: autoorganización, autosuficiencia, descentralización, cooperación y funcionamiento ecosistémico, a escalas local, regional y planetaria.
10. Los ecosistemas dependen de unas reservas determinadas de recursos materiales, así que el metabolismo de la comunidad de organismos se mantiene a través del reciclado de elementos. Aunque la mayor parte de los materiales se recicla a través de las cadenas tróficas de escala local, algunos están sujetos a ciclos globales, como es el caso del agua, carbono, fósforo, nitrógeno, azufre, etc. La energía del sol alimenta todo el proceso.
11. La economía humana no es más que un subsistema del gran sistema de la economía de la naturaleza, la ecología. En consecuencia, para que la economía humana sea sostenible debe cumplir los principios de la economía de la naturaleza. Una economía sostenible debería basarse en el reciclaje de una misma base de recursos y alimentarse con la fuente inagotable (a escala humana) de la energía solar.
12. Una vez establecidos los criterios generales, es necesario determinar, de forma cuantitativa, qué se entiende por un modelo sostenible: los estándares de salud, las cosechas y capturas aceptables, las capacidades de carga de los ecosistemas, las actividades que provocan daños irreversibles y que deben ser prohibidas o limitadas al máximo, el uso sostenible de los recursos agotables, etc. Y todo esto referido a cada territorio concreto.
13. Sin embargo, no es ésta una tarea que se realiza de una vez y para siempre. El conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas mejora de continuo, se suceden los avances tecnológicos, cambian las ideas sobre los derechos de las personas sobre la naturaleza, etc. Todo ello determina la necesidad de revisar y perfeccionar permanentemente el modelo considerado como sostenible.
14. Después de definir el marco físico de la sostenibilidad, la tarea de la economía será buscar la forma más eficiente de satisfacer, de manera universal y sostenible, las necesidades básicas. Esto apunta al imprescindible debate que tenemos pendiente como sociedad: la definición de esas “necesidades básicas” y, sobre todo, cuáles son los “satisfactores” más adecuados para alcanzar a toda la población.
15. La sostenibilidad necesitará, además, del cumplimiento de algunos otros requisitos, entre ellos:

· La existencia de sociedades cohesionadas y estables, capaces de alcanzar el suficiente consenso para poner en práctica un proyecto de largo alcance como es éste.

· La organización “ecosistémica” de las mismas, basada en unidades que evolucionan y se adaptan a su medio para crear los bienes básicos, a la vez que se organizan a niveles regionales, estatales, continentales y mundial.
16. El concepto de sostenibilidad no es un dogma ni una receta salvadora, pero tampoco debería ser sólo la etiqueta de moda que se incorpora a cualquier discurso retórico. En medio del desconcierto que domina nuestras sociedades de fin de siglo, la idea de construir una vida sostenible, ecológica y socialmente, aporta elementos de reflexión, algunos criterios sensatos sobre los que empezar a trabajar y un horizonte de cambio hacia el que caminar como comunidad humana.

2.5. La sociedad y el marco institucional
1. La sociedad española ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas. Hoy vivimos en una sociedad democrática y plural. Se ha elevado significativamente el nivel de renta per cápita. Se ha pasado, en poco tiempo, de recibir a emitir ayuda exterior al desarrollo. Las pautas demográficas están marcadas por la baja natalidad y el envejecimiento de la población. Los niveles educativos son comparables a los del resto de los países de la Unión Europea. Un último factor a destacar, con importantes consecuencias ambientales, es el intenso proceso de urbanización experimentado que ha llevado a la concentración del 80% de la población española en ciudades con más de 50.000 habitantes, mientras que el 80% del territorio, el medio rural, se desertiza.
2. Como en el resto de países de nuestro entorno, se percibe una sensibilidad creciente de la población hacia los problemas ambientales. Existe un buen número de asociaciones ecologistas, de cooperación al desarrollo, vecinales, de consumidores, educativas, culturales, juveniles, de tercera edad, etc., con un gran potencial para la extensión de la educación ambiental. En los últimos años se aprecia, además, una cierta revitalización del voluntariado, social y ambiental. Es interesante señalar, también, la progresiva convergencia que se ha producido entre organizaciones de distinta orientación, como consecuencia de una profundización en los problemas y de un mutuo enriquecimiento de los respectivos análisis, propuestas y acciones.
3. Por otro lado, se constata un incremento de la "demanda de naturaleza" por parte de la población urbana, que tiene su reflejo en indicadores como el aumento del número de visitas al conjunto de espacios naturales protegidos o la extensión del llamado “turismo rural” o el “ecoturismo”.
4. Sin embargo, pese a estas dos realidades: la mayor preocupación por los problemas ambientales y la creciente necesidad de contacto con el medio natural, que podrían estar apuntando un cambio en las relaciones sociedad-entorno, persisten los mismos patrones de producción y consumo, incompatibles con la conservación del medio y el desarrollo sostenible.
5. Este hecho refuerza la necesidad de multiplicar y reorientar los programas educativos para conseguir mayor efectividad. Esta reorientación debe asumir la educación ambiental como uno más entre los instrumentos a los que es necesario recurrir para la solución de los problemas ambientales: normativos, fiscales, económicos, políticos... lo cual supone un verdadero reto de coordinación e integración de esfuerzos entre los diferentes agentes institucionales, económicos y sociales.
6. La economía española presenta una estructura cada vez más terciarizada, con un sector turístico de especial relevancia y una fuerte presencia de la pequeña y mediana empresa. Por otro lado, aunque España cuenta hoy con la población mejor instruida y cualificada de toda su historia, sufre la tasa de paro más alta de la Unión Europea y, asociada a ella, una serie de problemas entre los que destaca el preocupante incremento de la pobreza y la exclusión social.
7. En este contexto, se constatan dificultades de entendimiento entre los sectores productivos (empresarial, sindical, agrario...) y el sector “ambientalista”, que a menudo perciben como obstáculos insalvables sus diferentes intereses o perspectivas. Debe hacerse un esfuerzo considerable, tanto para ampliar la cultura ambiental en todos los sectores como para aproximar los lenguajes y buscar puntos de encuentro e interés común. La preocupación ambiental no es un tema reservado a las administraciones y asociaciones. El sistema productivo, tanto en el medio rural como en el urbano, tiene que asumir su parte de responsabilidad y adquirir mayor protagonismo en la acción pro-ambiental, más allá de la posible aportación económica a iniciativas puntuales.
8. Es necesario profundizar en los análisis que ponen en relación la situación socioeconómica con la ambiental y en aquellos enfoques de la economía que incorporan la visión ecológica, y divulgarlos entre la población con el fin de acabar con la idea de que la preocupación ambiental es un lujo antieconómico. Es, asimismo, muy importante investigar las posibilidades de creación de empleo que generaría un modelo productivo ecológicamente más sensato.
9. En todo caso, no debe hurtarse al debate público la existencia de conflictos sobre las distintas opciones de dedicación productiva y de ordenación y usos del suelo, que tienen consecuencias, costes y beneficios diferentes. Es necesario conocer todos los datos para valorar socialmente las diversas alternativas y tomar decisiones fundamentadas. Por ejemplo, es importante comenzar a evaluar los riesgos de la no aplicación de medidas pro-ambientales, de modo que el concepto de “coste” pase a ser entendido como “inversión”, que evita gastos o permite ahorros ulteriores.
10. El marco institucional viene configurado por la Constitución de 1978, que dota al Estado español de una estructura político-administrativa descentralizada, con 17 comunidades autónomas cuyos parlamentos cuentan con amplios poderes, que se han venido desarrollando y consolidando en los últimos 20 años. Ceuta y Melilla tienen sus propios estatutos de ciudades autónomas desde 1997.
11. A la administración general del Estado corresponde, entre otras competencias, la elaboración de la legislación básica y la atención a las obligaciones internacionales en materia ambiental.
12. Las comunidades autónomas pueden adaptar y desarrollar la normativa básica, así como establecer medidas adicionales de protección. Además, tienen, entre otras, las siguientes competencias: organización de sus instituciones de autogobierno; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; y gestión en materia de protección ambiental.
13. Las competencias de los municipios se establecen en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local. "Los municipios por sí o asociados” deben prestar, con diferencias importantes según su población, servicios que van desde: la recogida de residuos o el abastecimiento de agua potable -en todos los municipios-; el tratamiento de residuos -municipios con más de 5.000 habitantes-; la prevención y extinción de incendios -municipios con más de 20.000 habitantes-; hasta el transporte colectivo urbano y la protección ambiental -municipios con más de 50.000 habitantes-.
14. En el ámbito de la administración local hay que señalar la importancia y el protagonismo, variable según las comunidades autónomas, de las entidades locales supramunicipales: diputaciones, consejos comarcales, mancomunidades de municipios, áreas metropolitanas, cabildos y consejos insulares, etc.
15. Nos encontramos, por tanto, en un Estado de las Autonomías en el que conviven diversos niveles administrativos (administración general del Estado, administración autonómica y administración local), que se reparten las competencias en materia ambiental y deben cooperar y coordinarse para no duplicar esfuerzos y poner en marcha políticas, planes y programas coherentes y eficaces. Es importante insistir en esta necesidad, ya que la confusión y, a veces, el vacío de competencias, constituye todavía una fuente de conflictos en la actual política ambiental española.
16. A la necesidad de mejorar la cooperación institucional se suma la de ensanchar y profundizar los cauces de participación democrática. La incorporación de la ciudadanía a los procesos de decisión y gestión es un objetivo pendiente que requiere voluntad, tiempo y experiencias concretas que sirvan de ejemplo. La cultura de participación exige esfuerzo y entrenamiento, tanto a la ciudadanía y a las organizaciones como a las administraciones, que habrán de acostumbrarse a compartir su espacio de acción.
17. En lo que se refiere al ámbito internacional, España está integrada en el espacio económico y social de la Unión Europea (Política Agraria Común, directivas comunitarias, política de cohesión, unión monetaria, etc.) y desarrolla un papel creciente en diferentes foros y organismos internacionales. Los vínculos históricos con América Latina, así como nuestra posición en el Mediterráneo, son otros factores de peso que condicionan la situación española en el contexto mundial. Nuestro país ha firmado, entre otros, los convenios internacionales sobre biodiversidad, cambio climático y desertización.
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