Gestión del Medio Natural




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Artículo 18.

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero competente, acordar la formulación de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.

2. La elaboración de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio se regirá por la correspondiente legislación especial y por el acuerdo de formulación.

3. Redactado el Plan se emitirá informe, sobre sus aspectos territoriales, por el órgano competente en Ordenación del Territorio. El plazo para la emisión del informe será de dos meses, transcurrido el cual, sin pronunciamiento expreso, se considerará que el mismo tiene carácter favorable.

4. El plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno.”

7 Decreto 45/1993, de 20 de abril, por el que se regula la colaboración del voluntariado social a través de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro (BOJA 55/1993, de 25 de mayo). El artículo 6 recoge los Deberes a que se refiere el art. 39 del Decreto 208/1997:

Artículo 6. Deberes del voluntariado social.

1. La entidad podrá exigir del voluntariado social el cumplimiento de los siguientes deberes:

a) Cooperar en la consecución de los objetivos del programa en que participe.

b) Realizar la actividad a la que se haya comprometido conforme a las exigencias de la buena fe.

c) Acatar las instrucciones que reciba para el desarrollo de su actuación.

d) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

e) Respetar las normas internas de funcionamiento de la entidad.

f) Mantener la confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad.

g) Tratar con respeto y cortesía tanto a sus compañeros como a las personas a las que se dirija su actividad.

h) Continuar su actividad, en caso de renuncia, hasta tanto puedan adoptarse las medidas necesarias para evitar un daño al servicio.

2. Sólo podrán establecerse otros deberes en el estatuto cuando resulten imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y siempre que se respete la naturaleza de la actividad voluntaria.”

8 “Artículo 50.

1. Se producirá afectación por silencio en los siguientes casos:

a) Cuando el bien o derecho que ya sea anteriormente de dominio privado de la Comunidad Autónoma o sus Entidades públicas se destine durante al menos cinco años de forma continuada a un uso o servicio público.

b) Cuando sin tratarse de un bien que tenga la consideración de dominio privado de la Comunidad Autónoma, ésta lo adquiera por usucapión de acuerdo con las reglas de Derecho civil, siempre que ese bien viniera siendo destinado a un uso o servicio público durante los últimos cinco años.

En los casos anteriores, el bien se entenderá adscrito al Organo o Entidad a que de hecho lo estuviera.

2. Cuando algún Organo o Entidad tenga conocimiento de que se ha producido una afectación por silencio, deberá ponerlo en conocimiento de la Consejería de Hacienda, para que ésta ordene el levantamiento de acta y proceda a incorporar formalmente el bien al dominio público.

Artículo 51. La afectación puede ser expresa o tácita. Aquélla tendrá lugar cuando de forma clara y concreta se especifique el bien y el destino al que queda afectado. Esta, cuando no se diga de forma clara y concreta pero se deduzca de un acto de la Administración Autónoma.”

9 BOE 151/1957, de 10 de junio.

10 BOE 61/1962, de 12 de marzo.

11 “Artículo 77.

1. Las adquisiciones de bienes inmuebles a título oneroso respetarán los principios de publicidad y concurrencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del mercado o la urgencia se considere preciso autorizar la adquisición directa.

La adquisición en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedida de resolución motivada que se hará pública.

2. Para la efectividad de lo dispuesto en el apartado anterior, podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter plurianual en los términos previstos en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma para inversiones.

3. La Consejería de Hacienda será competente para perfeccionar este tipo de negocios, pudiendo proponer al Consejo de Gobierno que otorgue dichas facultades a otras Consejerías u Organismos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.”

12 BOJA 60/1989, de 27 de julio.

13 BOJA 2/1988, de 1 de enero.

14 BOE 61/1962, de 12 de marzo.

15 Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 40/1986, de 9 de mayo) y Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 2/1988, de 8 de enero).

16 BOJA 79/1994, de 31 de mayo.

17 BOE 61/1962, de 12 de marzo.

18 BOJA 79/1994, de 31 de mayo.

19 BOJA 79/1994, de 31 de mayo.

20 BOJA 107/1994, de 14 de julio.

21 En la actualidad la normativa que rige la contratación pública es el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE 148/2000, de 21 de junio) que deroga expresamente la Ley 13/1995 citada.

22 Véase el Título IX de la 30/1992 y, en su desarrollo, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE 189/1993, de 9 de agosto).

23 El Real Decreto 1398/1993 (BOE 189/1993, de 9 de agosto) establece lo siguiente en su artículo 13.1:

Artículo 13. Iniciación.

1. La iniciación de los procedimientos sancionadores se formalizará con el contenido mínimo siguiente:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.

b) Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación del régimen de recusación de los mismos.

d) Organo competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo de conformidad con el artículo 15.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

24 BOJA 81/1992, de 20 de agosto.

25 BOJA 104/1993, de 25 de septiembre.



Consejería de medio ambiente (Coordinación General de la Secretaría general Técnica) §108. Decreto 208/1997
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