Gestión del Medio Natural




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Capítulo I. Organización


Artículo 27. Competencias.

Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente ejercer las competencias necesarias para la aplicación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, el presente Reglamento y demás legislación en la materia, sin perjuicio de las reservadas al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 28. Organos de participación.

La participación cívica y de los sectores directamente relacionados con la materia forestal se articulará a través del Consejo Forestal Andaluz y los Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza.

Capítulo II. Agrupaciones de Defensa Forestal

Artículo 29. Naturaleza y fines.

1. Las Agrupaciones de Defensa Forestal constituyen entidades de utilidad pública, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro.

2. Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán la finalidad de realizar actuaciones coordinadas dirigidas a la defensa contra incendios forestales, plagas, enfermedades y otros agentes nocivos, y otras actividades de defensa del medio natural con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable y las instrucciones dictadas por la Administración Forestal.

Artículo 30. Miembros.

1. Podrán formar parte de las Agrupaciones de Defensa Forestal los Municipios afectados los titulares de terrenos forestales o sus asociaciones legalmente constituidas, así como las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones relacionadas con la conservación de la naturaleza vinculadas a los entes locales integrados en la Agrupación y asociaciones o entidades dedicadas a la defensa contra incendios forestales.

2. Para la constitución de una Agrupación de Defensa Forestal será necesario que se integre en la misma el 20%, como mínimo, de los titulares de terrenos forestales incluidos dentro de su ámbito, o que la superficie agrupada represente al menos el 30% del total de la superficie forestal del mismo.

3. Los grupos locales de pronto auxilio o equivalentes que se constituyan específicamente para colaborar en la lucha contra los incendios forestales se integrarán necesariamente, caso de que existan, en las Agrupaciones de Defensa Forestal correspondientes a los municipios en que radiquen.

4. En cada término municipal no podrá existir más de una Agrupación de Defensa Forestal.

Artículo 31. Ambito.

1. El ámbito de las Agrupaciones de Defensa Forestal podrá ser municipal o supramunicipal, en función de las masas forestales que las integren y la extensión de las mismas.

2. Las Agrupaciones de Defensa Forestal incluirán términos municipales completos.

Artículo 32. Constitución.

1. La constitución de Agrupaciones de Defensa Forestal se realizará mediante documento público o privado en el que conste la voluntad de agruparse de sus miembros, se designe una Junta Directiva y se establezcan los correspondientes Estatutos en los que se regularán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Denominación, incluyendo expresamente la mención “Agrupación de Defensa Forestal”.

b) Domicilio de la Agrupación.

c) Ambito territorial, expresando los términos municipales que comprende.

d) Personas y entidades agrupadas, indicando, en su caso, las superficies de las cuales es titular cada una de ellas.

e) Fines de la Agrupación.

f) Organización y cargos.

g) Derechos y deberes de los agrupados.

2. El documento constitutivo y los Estatutos se dirigirán a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente acompañados de una solicitud de inscripción en el Registro de Agrupaciones de Defensa Forestal, en la que se hará constar el nombre de la persona o entidad que represente a la Agrupación, el título en que actúa y el domicilio a efectos de notificaciones.

3. La inscripción en el Registro de Agrupaciones de Defensa Forestal a que se refiere el artículo 33 de este Reglamento constituye requisito esencial para adquirir la condición de Agrupación de Defensa Forestal y otorgar el carácter de entidad colaboradora de la Administración.

Artículo 33. Registro.

1. Con la denominación de Registro de Agrupaciones de Defensa Forestal se crea en la Consejería de Medio Ambiente un registro especial de carácter administrativo en el que se inscribirán las entidades de dicha naturaleza.

2. En la inscripción de cada Agrupación se harán constar los siguientes datos:

a) Denominación.

b) Domicilio.

c) Ambito territorial.

d) Miembros.

e) Junta Directiva.

3. Cualquier variación en los datos inscritos deberá ser notificada al Registro.

4. El Registro de Agrupaciones de Defensa Forestal estará integrado por una Unidad Central, ubicada en los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y Unidades Provinciales en cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente. Las inscripciones y sus modificaciones se realizarán en las Unidades Provinciales, quienes remitirán a la Unidad Central la información que se les requiera para su recopilación, excepto cuando su ámbito territorial afecte a más de una provincia, en cuyo caso la inscripción será realizada por la Unidad Central, que dará cuenta de la misma a las Unidades de las provincias afectadas.

Artículo 34. Ayudas y subvenciones.

Las Agrupaciones de Defensa Forestal tendrán prioridad en el otorgamiento de las ayudas y subvenciones que establezca la Administración Forestal para la realización de actividades e inversiones vinculadas directamente a sus objetivos.

Artículo 35. Seguros.

Las Agrupaciones de Defensa Forestal suscribirán las pólizas de seguros necesarias para cubrir los riesgos dimanantes de su actividad.

Capítulo III. Voluntariado ambiental en el ámbito forestal

Artículo 36. Voluntarios.

A los efectos de este Reglamento, los voluntarios ambientales en el ámbito forestal son personas físicas que, a través de grupos sociales, grupos locales de pronto auxilio o Agrupaciones de Defensa Forestal, de forma libre, altruista y sin ánimo de lucro, desarrollan actividades de mejora del medio ambiente y conservación de los recursos naturales de Andalucía.

Artículo 37. Tareas de los voluntarios.

Los voluntarios ambientales colaborarán en proyectos referidos preferentemente a actividades de defensa del patrimonio forestal andaluz centradas en el desarrollo específico de alguna de las siguientes tareas:

1. Vigilancia de áreas forestales, tanto de carácter preventivo como de control de acceso o vigilancia y control de áreas afectadas por incendios forestales, todo ello bajo la coordinación y supervisión técnica de la Consejería de Medio Ambiente.

2. Actividades de información y sensibilización sobre comportamientos de riesgo y sus posibles efectos en el medio forestal, de difusión de conocimientos sobre los ecosistemas forestales y sistemas agrosilvopastorales o de formación de agricultores, ganaderos, cazadores y demás personas cuya actividad se desarrolle en el medio natural.

3. Mantenimiento, conservación, mejora o restauración de áreas forestales, especialmente las de alta incidencia recreativa.

4. Repoblación forestal por medio de la participación directa de los ciudadanos, a través de asociaciones u organizaciones ambientales o culturales, o de las entidades locales.

5. Colaboración en otras tareas tales como la realización de censos, vigilancia de hábitats y especies protegidas, señalización y mantenimiento de espacios naturales, conservación del litoral, atención a los visitantes del medio natural y otras de similar índole.

Artículo 38. Desarrollo de las actividades.

1. Los voluntarios ambientales participarán en el diseño, desarrollo y evaluación de las acciones voluntarias y las llevarán a cabo con arreglo a las condiciones de lugar y tiempo voluntariamente acordadas entre la Administración Forestal y las entidades que agrupen a los voluntarios ambientales.

2. La Consejería de Medio Ambiente establecerá las normas que deban aplicarse en cuanto a identificación y distintivos, seguridad e higiene y desarrollo de las actuaciones en general y podrá exigir que para cada proyecto se designe un coordinador técnico responsable del mismo.

Artículo 39. Derechos y deberes de los voluntarios.

La Administración forestal y las entidades en que se integren los voluntarios velarán porque las personas que participen en tareas de voluntariado ambiental en el ámbito forestal vean reconocidos los derechos y cumplan los deberes contenidos en el Decreto 45/1993, de 20 de abril7.

TÍTULO III. MONTES PUBLICOS

Capítulo I. Normas generales

Artículo 40. Concepto y clases.

1. Tienen la consideración de montes públicos todos aquellos cuyo dominio público, propiedad privada o dominio útil corresponda a cualesquiera Administraciones Públicas u organismos o entidades públicas dependientes de las mismas.

2. Los montes públicos podrán ser de dominio público o patrimoniales.

3. Serán de dominio público los montes de titularidad pública en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que se hallen afectados a un uso o servicio público.

b) Que tengan la consideración de tales por aplicación de normas del Estado; o

c) Que se vinculen a la satisfacción de intereses generales ligados a la protección y mejora de la calidad de vida o la defensa y restauración del medio ambiente y reúnan alguna de las características o cumplan alguna de las funciones enumeradas en el artículo 21 de la Ley 2/1992.

4. Serán patrimoniales todos los demás.

Artículo 41. Afectación al dominio público.

1. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente iniciar el procedimiento para la afectación expresa de montes al dominio público.

2. Acordada la instrucción del correspondiente expediente, se elaborará informe en el que consten los siguientes extremos:

a) Descripción y delimitación del monte, con inclusión de la cartografía necesaria para su localización.

b) Justificación de que reúne alguna de las características o funciones enumeradas en el artículo 21 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, o de que las reunirá como consecuencia de su futura transformación; y

c) Identificación de su titular o titulares.

3. Elaborado el informe, se remitirá a las Administraciones o entidades públicas afectadas para que se pronuncien en el plazo de un mes.

4. A la vista de las observaciones recibidas se elevará al Consejo de Gobierno propuesta conjunta de resolución de los Consejeros de Economía y Hacienda y Medio Ambiente para la adopción del correspondiente acuerdo.

5. Cuando se trate de terrenos de titularidad autonómica concurrirán al levantamiento de la correspondiente acta de afectación un representante de la Consejería de Medio Ambiente junto con el de la Consejería de Economía y Hacienda.

6. La afectación tácita y por silencio de terrenos de titularidad autonómica se regirán por lo previsto en los artículos 50 y 51 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía8, y sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 42. Desafectación.

1. La desafectación del dominio público se producirá cuando desaparezcan las causas que motivaron su afectación.

2. El procedimiento de desafectación se iniciará por la Consejería de Medio Ambiente mediante la apertura del correspondiente expediente en el que se incluya informe justificativo en el que se acredite la no concurrencia de ninguno de los supuestos previstos en el artículo 40 de este Reglamento, y se dé audiencia a las entidades o Administraciones interesadas, abriéndose, además, el correspondiente período de información pública.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la desafectación de montes de dominio público.

Artículo 43. Régimen Jurídico de los montes de dominio público.

1. Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, pudiendo la Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia (artículo 23 Ley Forestal).

2. Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección (artículo 27 Ley Forestal).

3. A los efectos previstos en el párrafo anterior los documentos de planificación territorial o urbanística que establezcan directa o indirectamente la clasificación urbanística de los terrenos recogerán expresamente la delimitación de los montes de dominio público.

Capítulo II. Catalogo de Montes Públicos de Andalucía

Artículo 44. Naturaleza.

1. El Catálogo de Montes de Andalucía constituye un registro público de carácter administrativo.

2. El Catálogo de Montes de Andalucía incluirá los datos que se establecen en el artículo 45 de este Reglamento en relación con todos los montes públicos de Andalucía, tanto de dominio público como patrimoniales.

Artículo 45. Contenido.

El Catálogo de Montes de Andalucía recogerá para cada uno de los montes incluidos en el mismo la información que se reseña a continuación:

1. Denominación y referencia alusiva a la provincia, comarca, partido judicial y término municipal.

2. Delimitación, cabida y, en su caso, enclaves.

3. Titularidad.

4. Datos registrales, en el supuesto de que figure inscrito en el Registro de la Propiedad.

5. Clasificación según sea demanial o patrimonial, indicando, en su caso, las fechas de afectación o desafectación.

6. Fechas de aprobación de su deslinde y amojonamiento, en su caso, o estado de tramitación del procedimiento correspondiente cuando se inicie.

7. Servidumbres y cargas de todas clases que los graven, incluyendo concesiones, ocupaciones, condominios y derechos reales. Indicando para cada una de ellas:

a) Naturaleza jurídica.

b) Beneficiario o titular.

c) Fecha de constitución.

d) Título.

e) Duración.

f) Descripción y características.

g) Inscripción registral, en su caso.

8. Inclusión, cuando proceda, en el ámbito de espacios naturales protegidos.

9. Cartografía a escala adecuada para su localización y delimitación.

Artículo 46. Estructura del Catálogo.

El Catálogo de Montes de Andalucía incluirá en secciones separadas los montes de dominio público y los patrimoniales y su estructura permitirá, como mínimo, el acceso a la información por criterios de localización y titularidad.

Artículo 47. Inclusión en el Catálogo.

1. En el Catálogo de Montes de Andalucía quedan incluidos todos los montes que figuran en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y demás montes de titularidad pública recogidos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los Inventarios de bienes y derechos de las Entidades Locales, el Inventario de Bienes Naturales del Estado, así como cualquier otro Inventario de las Administraciones o Entidades Públicas.

2. La inclusión de nuevos montes en el Catálogo se regulará mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente.

3. Corresponde al Consejero de Medio Ambiente dictar resolución en los expedientes de catalogación en el plazo de un año contado a partir de la iniciación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, la resolución se entenderá estimatoria.

4. Los titulares de montes públicos vendrán obligados a facilitar a la Administración Forestal los datos necesarios para la elaboración del Catálogo de Montes de Andalucía respecto de los montes de su titularidad.

Artículo 48. Exclusión del Catálogo.

1. Se excluirán del Catálogo de Montes de Andalucía aquellos terrenos forestales cuya titularidad haya dejado legal y fehacientemente de pertenecer a Administraciones, Entidades Públicas, o pierdan de igual manera su condición de monte.

2. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Andalucía se realizará mediante resolución del Consejero de Medio Ambiente dentro del plazo de un año a partir de la iniciación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, la resolución se entenderá desestimatoria.

3. El procedimiento de exclusión se iniciará por iniciativa propia de la Administración Forestal o por solicitud razonada de los titulares de los montes.

4. En el procedimiento de exclusión se abrirá un trámite de información pública por espacio de 20 días y se dará audiencia a los titulares que resulten del Catálogo de Montes de Andalucía.

5. Se dará audiencia a los nuevos titulares y, en su caso, demás interesados antes de adoptar la propuesta de resolución.

Artículo 49. Régimen de los montes catalogados.

1. Los montes inscritos en el Catálogo de Montes de Andalucía gozarán del régimen jurídico que les corresponda en función de su titularidad, sin perjuicio de las previsiones del párrafo siguiente.

2. La inscripción en el Catálogo de Montes de Andalucía determinará, en todo caso, la aplicación de los principios que se enumeran a continuación en los términos establecidos por la Ley de Montes de 8 de junio de 19579, su Reglamento, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero10, y demás normas que la desarrollan en materia de montes del Catálogo de Utilidad Pública:

a) Presunción posesoria a favor del titular que figure en el Catálogo, no atacable ante los Tribunales de Justicia por medio de interdictos o de procedimientos especiales, incluido el regulado en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria y mantenimiento en la posesión hasta tanto no recaiga sentencia firme en contra o se produzca allanamiento de posiciones.

b) Exigencia de reclamación administrativa previa a la vía judicial.

c) Inembargabilidad.

d) Inalienabilidad, salvo permuta entre Administraciones, enajenación mediante Ley o disposición legal específica en contrario.

e) Posibilidad de constituir hipoteca sólo sobre los aprovechamientos forestales.

f) Necesidad de declaración expresa de interés general prevalente por parte del Consejo de Gobierno para llevar a cabo su expropiación, en los términos previstos en el artículo 8.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y 58 de este Reglamento.

g) Inclusión necesaria de la Comunidad Autónoma como demandada o codemandada en todos los pleitos por la titularidad de montes incluidos en el Catálogo y exigencia de emplazamiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

h) Prescripción de los montes patrimoniales únicamente por posesión pública, pacífica e ininterrumpida en concepto de dueño por espacio de 30 años.

i) Inscripción en el Registro de la Propiedad, cuando así proceda, a favor de la Administración o entidad que figure como titular en el Catálogo de todos los montes catalogados, así como de los actos o contratos inscribibles relativos a los mismos. La inscripción se realizará mediante certificación administrativa con arreglo a lo previsto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en los artículos a 307 de su Reglamento, así como a través de los medios de inmatriculación o inscripción en el Registro que procedan en cada caso.

j) Obligación de hacer constar expresamente la colindancia con montes catalogados para la inmatriculación de terrenos en el Registro de la Propiedad.

3. El deslinde y recuperación de la posesión de los montes catalogados se realizará con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV de este Título.

Artículo 50. Coordinación con inventarios públicos de bienes y derechos.

1. Las Entidades Locales notificarán a la Consejería de Medio Ambiente las alteraciones que se produzcan en los inventarios de bienes y derechos previstos en la legislación de régimen local, remitiendo certificación de la información contenida en los mismos en relación a los bienes y derechos de naturaleza forestal.

2. Las Entidades Locales facilitarán el acceso de los encargados del Catálogo de Montes de Andalucía a la información contenida en los inventarios de bienes y derechos municipales.

3. La Administración Forestal facilitará a las Corporaciones Locales la información necesaria para la actualización de sus inventarios de bienes y derechos.

4. De igual forma se procederá con los bienes y derechos de naturaleza forestal pertenecientes al Estado así como cualquier otra Administración o Entidad Pública.

5. Las Consejerías de Medio Ambiente y Economía y Hacienda adoptarán las medidas necesarias para la coordinación del Catálogo de Montes de Andalucía con el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma.

Capítulo III. Adquisición y enajenación de montes públicos

Artículo 51. Incremento del patrimonio forestal.

1. La Administración Forestal podrá adquirir, por cualquier título admitido en derecho, tanto intervivos como mortis causa, terrenos que puedan considerarse como forestales en aplicación del artículo 2.1 de este Reglamento o derechos reales sobre los mismos, pudiendo utilizarse el procedimiento de adquisición directa, en los términos que se establecen en el artículo 77 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía11.

2. Corresponde al Consejero de Medio Ambiente resolver sobre la conveniencia de las adquisiciones a título oneroso y perfeccionar el negocio jurídico correspondiente.

3. A los efectos previstos en el párrafo anterior los servicios forestales de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente formularán las correspondientes propuestas de adquisición acompañándolas de informe justificativo en el que se acredite la conveniencia de la misma.

4. La resolución por la que se acuerde la adquisición directa de terrenos forestales a título oneroso expresará los motivos que justifican dicha adquisición directa y será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 52. Derechos de tanteo y retracto.

Estará sometida a los derechos de tanteo y retracto toda enajenación a título oneroso de la titularidad o tenencia de fincas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que se trate de fincas forestales de cabida superior a 250 has. o fincas de uso mixto en las que la superficie forestal sea superior a la agrícola y aquélla supere la mencionada cabida.

2. Que se trate de fincas colindantes o separadas por distancias inferiores a 500 metros, pertenecientes a un mismo dueño, cuyo conjunto cumpla las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

3. En el supuesto de predios rústicos de extensión inferior a 250 has. y que fueren forestales en sus tres cuartas partes, cuando dichos inmuebles procedieren de la división de una finca o grupo de fincas que reúnan las circunstancias exigidas en los párrafos anteriores de este artículo y la transmisión se realizara dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya practicado la referida división.

Artículo 53. Ejercicio del derecho de tanteo.

1. A los efectos previstos en el artículo 52 anterior, los titulares de los predios sujetos al derecho de tanteo que tengan intención de transmitir a título oneroso sus derechos sobre los mismos, y, subsidiariamente, los adquirentes de los mismos, lo notificarán por escrito a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la provincia en que se halle radicado el predio o la mayor parte de él cuando abarque más de una provincia.

2. En la notificación se indicarán los datos relativos a la identificación de la finca, límites, cabida, cargas, servidumbres, precio y condiciones de transmisión y datos personales del transmitente y adquirente.

3. La Administración dispondrá del plazo de tres meses contados desde la fecha de recepción de la notificación para acordar el ejercicio del derecho de tanteo en el precio y las condiciones indicadas en esta última y notificarlo al transmitente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la notificación de dicho acuerdo, se entenderá que renuncia a la adquisición.

4. En los supuestos de subasta corresponderá a la autoridad o particular que firme el correspondiente anuncio remitir copia del mismo a la Delegación Provincial a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo por lo menos 15 días antes de la celebración del remate, en cuyo caso la Administración forestal dispondrá de un plazo de 15 a partir de la fecha de adjudicación provisional para ejercer su derecho de tanteo.

Artículo 54. Ejercicio del derecho de retracto.

1. La Administración Forestal podrá ejercitar el derecho de retracto por el precio de venta, con deducción, en su caso, de los daños, perjuicios y disminución de valor que por cualquier causa hubiera sufrido el predio, durante el plazo de 10 años contados a partir de la fecha de otorgamiento de los documentos públicos o de la fecha de presentación de los documentos privados para liquidación de los correspondientes impuestos estatales que graven la considerada transmisión, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se realicen las notificaciones previstas en los párrafos 1 ó 4 del artículo 53 de este Reglamento.

b) Cuando la transmisión se produzca antes del plazo de 3 meses previsto en el artículo 53.3 del presente Reglamento.

c) Cuando la transmisión se produzca por precio o condiciones distintos de los indicados en las notificaciones.

d) Cuando se produzca una transmisión a título oneroso encubierta mediante negocio jurídico simulado, una vez que se haya ejercitado la oportuna acción de nulidad y haya recaído la correspondiente sentencia.

2. El plazo para el ejercicio del derecho de retracto será de seis meses, contados a partir de la fecha en que la Consejería de Medio Ambiente tuviera conocimiento de la transmisión y de las condiciones de la misma.

3. El derecho de retracto se ejercerá mediante la apertura del correspondiente expediente, con notificación al adquirente y al transmitente para que comparezcan y formulen las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 10 días.

4. Transcurridos los plazos fijados en los apartados y 2 de este artículo, se perderá el derecho de retracto.

Artículo 55. Transmisiones en espacios naturales protegidos.

El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en relación con terrenos forestales incluidos dentro de espacios naturales protegidos se regirá por lo previsto en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales de protección12.

Artículo 56. Permutas.

1. El expediente de permuta entre Administraciones se iniciará de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes permutantes y se desarrollará con arreglo a la normativa patrimonial de cada una de ellas.

2. Cuando la permuta afecte a montes cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía o entidades públicas dependientes de la misma, el expediente incluirá un informe en el que se acrediten los siguientes extremos:

a) Justificación o conveniencia de la permuta.

b) Carácter patrimonial y no demanial de los terrenos.

c) Inexistencia de litigios pendientes sobre los mismos o manifestación expresa de la voluntad de asumir el resultado del mismo por parte del adquirente.

d) Valor de los bienes a permutar según tasación realizada por los servicios forestales, y constatación de que la diferencia de valor no es superior al 50% del valor del bien que lo tenga mayor.

e) Compensación económica a satisfacer en el caso de que existan diferencias de valor.

3. Las permutas de montes de titularidad pública en que no participe la Administración Forestal precisarán informe favorable de la misma.

4. La permuta de montes de dominio público precisará la previa desafectación de los mismos.

5. Corresponde a la Administración Forestal realizar o comprobar, en cualquier caso, la tasación de los bienes a permutar.

6. La resolución por la que se apruebe la permuta de montes de titularidad de la Comunidad Autónoma llevará implícita la modificación del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.

Artículo 57. Enajenación.

1. La enajenación de montes públicos en los términos previstos en el artículo 49.2.d) de este Reglamento se regirá por las disposiciones que regulen el régimen patrimonial de la entidad enajenante, con las particularidades establecidas en el presente artículo.

2. La enajenación de montes públicos exigirá informe favorable de la Administración Forestal.

3. En el informe relativo a la enajenación de montes cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía o entidades públicas dependientes de la misma se acreditarán los siguientes extremos:

a) Justificación o conveniencia de la enajenación.

b) Carácter patrimonial y no demanial de los terrenos.

c) Inexistencia de litigios pendientes sobre los mismos o manifestación expresa de la voluntad de asumir el resultado del mismo por parte del adquirente.

d) Tasación de los bienes.

e) Resultado de la depuración de la situación física o jurídica de las fincas, si fuere necesaria.

4. La enajenación de montes de dominio público requerirá la previa desafectación de los mismos.

5. Corresponde a la Administración Forestal realizar o comprobar, en cualquier caso, la tasación de los bienes a enajenar.

Artículo 58. Expropiación de montes públicos.

1. Los montes públicos podrán ser expropiados únicamente para fines de interés general cuya prevalencia sobre el interés forestal sea expresamente declarada por el Consejo de Gobierno.

2. El procedimiento para declarar la prevalencia de otro interés general sobre el forestal se iniciará a instancias del organismo o Administración expropiante mediante la remisión a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la siguiente documentación:

a) Descripción y localización detallada de la superficie a expropiar.

b) Descripción de los fines a los que se destina la expropiación y fundamento jurídico de la misma.

c) Justificación de la existencia de un interés general prevalente sobre el forestal y de la inexistencia de alternativas que eviten la expropiación de montes públicos.

d) Compensaciones de usos propuestas con arreglo a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio.

3. Recibida la documentación y previa audiencia, en su caso, de la administración o entidad titular del monte afectado, el Delegado Provincial remitirá la propuesta de resolución al Consejero de Medio Ambiente para su elevación al Consejo de Gobierno previo informe del organismo o Administración expropiante.

Capítulo IV. Investigación y deslinde de montes públicos

Artículo 59. Investigación y recuperación.

1. Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente ejercer la potestad investigadora sobre los montes públicos, que presumiblemente deban ostentar tal condición, a fin de tomar conocimiento sobre su titularidad, cuando ésta no le conste anteriormente o sea deficiente, fijando provisionalmente los límites, aforo de su extensión caída y linderos.

2. El expediente de investigación se iniciará mediante resolución del Consejero de Medio Ambiente, previo informe en el que se señalen los terrenos a investigar y las razones que hacen necesaria la investigación.

3. Iniciado el expediente, la Consejería de Medio Ambiente notificará a los propietarios afectados aportando cuanta información sea conveniente para la correcta identificación de los terrenos investigados e indicando la razón de sus pesquisas. En la notificación se indicará la documentación que, en su caso, deberán aportar los propietarios y se señalará fecha para acceder a los terrenos cuando resulte necesario.

4. La iniciación del expediente será, asimismo, objeto de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación del ámbito objeto de investigación.

5. Los propietarios dispondrán del plazo de diez días a contar desde la fecha de notificación del inicio del expediente para formular cuantas alegaciones estimen oportunas.

6. La negativa a facilitar la información solicitada y, en su caso, franquear el acceso a los terrenos, facultarán a la Consejería de Medio Ambiente para acudir a la ejecución forzosa del acto administrativo. Todo ello sin perjuicio de la incoación del oportuno expediente sancionador por infracción de la Ley 2/1992, de 15 de junio.

7. En todo lo no previsto en este artículo el expediente se tramitará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado mediante Decreto 276/1987, de 11 de noviembre13, correspondiendo al Consejero de Medio Ambiente la resolución del mismo.

8. La recuperación de la posesión de los montes públicos se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 60. Competencias de deslinde.

Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente realizar el deslinde de todos los montes públicos de Andalucía con independencia de su titularidad.

Artículo 61. Solicitudes de deslinde.

1. Los interesados podrán dirigir solicitudes de deslinde a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, incluyendo una descripción o delimitación del monte a deslindar, la justificación de la solicitud y el compromiso de asumir, en su caso, la totalidad del coste de los trabajos de deslinde de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 2/1992, de 15 de junio.

2. Recibida la solicitud, los servicios técnicos elaborarán un informe preliminar sobre la propuesta valorando su interés y su encuadre en el orden de prioridades aplicable en la zona. Dicho informe se completará con una estimación previa del presupuesto para la realización de los trabajos de deslinde.

3. A la vista del informe preliminar el Delegado Provincial propondrá al Consejero de Medio Ambiente la iniciación del expediente, que señalará, en su caso, el porcentaje del coste total que deberá ser soportado por los solicitantes y el plazo para la iniciación del deslinde. En el acuerdo de iniciación del expediente se tendrá en cuenta el interés de la Administración Forestal, las actuaciones programadas y la disponibilidad de medios para la realización de los trabajos. Transcurrido el plazo de tres meses sin que haya recaído acuerdo expreso se entenderá que la solicitud ha sido denegada.

4. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior será notificado al solicitante, quien dispondrá de un plazo de 10 días para manifestar su conformidad con los términos del mismo, transcurridos lo cuales se entenderá que desiste de la iniciativa presentada.

Artículo 62. Participación económica de los propietarios.

1. Los propietarios que soliciten la ejecución del deslinde de montes públicos correrán a cargo de la totalidad de los costes incurridos para la ejecución del mismo.

2. Excepcionalmente, cuando los deslindes resulten de interés especial para la Administración Forestal, podrá reducirse la participación económica de los solicitantes. En este último caso el porcentaje de participación de los propietarios se fijará teniendo en cuenta el interés que revista el deslinde para la Administración Forestal en función de que:

a) Existan parcelas cuya titularidad se halle pendiente de sentencia judicial.

b) En virtud de sentencia judicial firme deba modificarse un deslinde existente.

c) Existan enclaves o colindancias cuyos linderos figuren en el Catálogo de forma confusa o equívoca; o

d) Figure expresamente previsto entre las actuaciones a desarrollar para la ejecución de Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de deslinde fijará el plazo para el depósito del 50% del coste a soportar por los solicitantes y para el pago de las cantidades restantes por parte de estos últimos.

4. Las cantidades adeudadas como consecuencia de la realización de un deslinde serán exigibles por la vía de apremio.

Artículo 63. Procedimiento ordinario de deslinde.

1. El procedimiento ordinario de deslinde se iniciará, de oficio o a instancia de parte, a cuyo efecto los particulares presentarán la solicitud del deslinde conforme a lo establecido en el artículo 61 de este Reglamento, por acuerdo del Consejero de Medio Ambiente en el que consten, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Determinación de los terrenos objeto de deslinde.

b) Designación de técnicos responsables de la elaboración de la Memoria y la ejecución de los trabajos.

c) Identidad, en su caso, de los solicitantes, cuantía de su participación económica y plazos para el desembolso de la misma.

d) Señalamiento, en su caso, de las concesiones, ocupaciones, cesiones o autorizaciones de uso cuyo otorgamiento queda suspendido.

e) Coste del deslinde, de acuerdo con los términos del artículo 62 de este Reglamento.

2. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento será objeto de notificación a los propietarios de los predios afectados y a los solicitantes del deslinde y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y se notificará al Registro de la Propiedad correspondiente para que se extienda nota al margen de las inscripciones de dominio.

3. El acuerdo de iniciación del procedimiento determinará la declaración del monte en estado de deslinde.

4. El procedimiento ordinario de deslinde se tramitará en la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de Medio Ambiente y se desarrollará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 37 a 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, la legislación de reguladora del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, supletoriamente, los Títulos III y IV del Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero14, correspondiendo al Consejero de Medio Ambiente la resolución del mismo dentro del plazo de dos años contados a partir de la iniciación del procedimiento.

Artículo 64. Procedimiento abreviado de deslinde.

1. Procederá aplicar el procedimiento abreviado de deslinde cuando se trate de completar deslindes incompletos o integrados por un expediente que, por su antigüedad, no reúna las características de fiabilidad y precisión que exigen las nuevas técnicas topográficas (artículo 35 Ley).

2. Acordada, de oficio, la iniciación del procedimiento se completarán los datos, documentos y amojonamiento que sean convenientes y se redactará un informe detallando los trabajos realizados y el resultado de los mismos.

3. El informe a que se refiere el párrafo anterior será sometido al trámite de vista y audiencia previa de los titulares de bienes y derechos afectados para que formulen las observaciones que estimen pertinentes en el plazo de 10 días.

4. A la vista del informe y las observaciones recibidas el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente elevará la propuesta de resolución correspondiente al Consejero de Medio Ambiente, quien resolverá en el plazo de un año contado a partir de la iniciación del procedimiento.

5. En el supuesto de que durante la tramitación del deslinde o en recurso a la resolución que ponga final al procedimiento se suscitaren cuestiones de propiedad o posesión consolidada en los términos del artículo 39 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, se reiniciará el deslinde por el procedimiento ordinario.
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