Gestión del Medio Natural




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Capítulo V. Gestión de montes públicos


Artículo 65. Competencias.

Corresponde con carácter general a las Administraciones y entidades titulares de los montes públicos de Andalucía la administración y gestión de los mismos, con arreglo a lo previsto en la Ley 2/1992, de 15 de junio, el presente Reglamento y demás disposiciones que la desarrollen, los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y la legislación que regule su patrimonio.

Artículo 66. Cooperación interadministrativa.

1. La Consejería de Medio Ambiente podrá colaborar con las demás Administraciones y Entidades en la gestión de los montes de los que sean titulares, tanto a través de la colaboración técnica o económica como a través de la asunción de funciones de gestión con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente.

2. La asunción de las funciones de gestión correspondientes a otras Administraciones o entidades titulares de montes públicos podrá realizarse mediante convenios plurianuales de cooperación o encomienda de gestión.

Artículo 67. Ocupaciones y servidumbres.

1. Las ocupaciones de montes públicos y la imposición de servidumbres sobre los mismos podrán ser de interés público o interés particular.

2. Las ocupaciones o servidumbres que recaigan sobre montes públicos deberán ser compatibles con las funciones del monte.

3. En el supuesto de ocupaciones o servidumbres de interés público incompatibles con las funciones del monte deberá seguirse el procedimiento para la declaración de interés general prevalente con arreglo a lo previsto en el artículo 58 de este Reglamento.

4. En ningún caso podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres de interés particular incompatibles con las funciones del monte.

5. Las ocupaciones o servidumbres en monte público no podrán exceder de diez años prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de cincuenta años, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales.

Artículo 68. Procedimiento general de autorización.

1. El procedimiento de autorización de ocupaciones o servidumbres en montes de titularidad de la Comunidad Autónoma o las entidades públicas dependientes de la misma, o en aquellos otros montes públicos cuya gestión esté atribuida a la Administración Forestal mediante Consorcio o Convenio, se iniciará mediante solicitud dirigida al Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la provincia en que se ubique el monte o la mayor parte de éste, en la que se harán constar los siguientes extremos:

a) Objeto de la ocupación o servidumbre y características de la misma.

b) Localización de la ocupación o servidumbre.

c) Informe del organismo o entidad que ejecute el proyecto de obra o servicio u otorgue la concesión que dé lugar a la ocupación o servidumbre, en el que se haga constar el fundamento jurídico y el interés público de la misma.

d) En el supuesto de que la actuación estuviera sujeta al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o informe ambiental, se acompañará el estudio de impacto ambiental o la documentación exigida en el Reglamento de Informe Ambiental.

e) Justificación de la necesidad de ocupación o servidumbre y de la localización y extensión de la misma.

f) Plazo de duración solicitado.

2. Recibida la solicitud se elaborará informe valorando la conveniencia de acceder a la misma y señalando, en su caso, los condicionantes que deban imponerse.

3. Caso de que la titularidad del monte no correspondiera a la Administración Forestal, se dará audiencia a la Administración o entidad titular para que exprese su conformidad o disconformidad en el plazo de 20 días.

4. En el supuesto de que exista conformidad de la administración o entidad titular y de los trámites realizados se desprenda que procede autorizar la ocupación o servidumbre, corresponderá al Director General de Gestión del Medio Natural resolver el expediente.

5. En el supuesto de que se considere que no procede autorizar la ocupación o servidumbre solicitada o exista discrepancia con el titular del monte, podrá acudirse al procedimiento previsto en el artículo 58 de este Reglamento para declarar, en su caso, la prevalencia del uso no forestal.

6. Las autorizaciones relativas a montes cuya titularidad corresponda a otras Administraciones o Entidades Públicas y no sean objeto de consorcio ni convenio, se regirán por la legislación propia de las mismas, siendo necesario el informe previo de la Administración Forestal.

Artículo 69. Ocupaciones de interés particular.

1. Sólo podrán autorizarse ocupaciones o servidumbres de interés particular en el supuesto de que, a juicio de la Administración Forestal, se considere que concurren los siguientes requisitos:

a) Que la ocupación o servidumbre resulte compatible con las funciones del monte.

b) Que se acredite la necesidad de afectar específicamente al monte público de que se trate, al no existir otras alternativas de ubicación.

c) Que, en el supuesto de que comporte establecimiento de cualquier actividad en el monte, se considere necesario para la satisfacción del interés público.

2. Las solicitudes para ocupaciones de interés particular en montes de titularidad autonómica o cuya gestión esté encomendada a la Administración Forestal se tramitarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de este Reglamento y la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma15, con las particularidades que se establecen en los párrafos siguientes.

3. Cuando de los informes técnicos se desprenda la conveniencia de autorizar la ocupación o servidumbre, se procederá a abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, invitando a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días.

4. Transcurrido dicho plazo se elaborará el informe técnico correspondiente y se dará traslado de las ofertas a la Administración o entidad titular del monte para que emita su parecer en los términos previstos en el artículo 68 anterior o resuelva el expediente de autorización con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente.

5. Las autorizaciones relativas a montes de titularidad de otras Administraciones o Entidades Públicas y no sean objeto de Consorcio ni Convenio serán otorgadas por éstas de acuerdo con su legislación propia, respetando, en todo caso, los requisitos de publicidad y concurrencia establecidos en el apartado 3 de este artículo y previo informe favorable de la Administración Forestal.
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