Gestión del Medio Natural




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Capítulo II. Procedimiento sancionador


Artículo 116. Principios.

La imposición de sanciones y exigencia de responsabilidades a los infractores en materia forestal exigirá la apertura y tramitación del correspondiente expediente sancionador con arreglo a los principios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común22.

Artículo 117. Competencias.

1. Corresponde a los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente iniciar los procedimientos sancionadores en materia forestal.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará a un funcionario de la Delegación Provincial en que se haya iniciado, sin que en ningún caso pueda actuar como instructor el mismo órgano a quien corresponde resolver.

3. La resolución de los expedientes sancionadores corresponderá a los órganos que se enumeran a continuación, en función de la cuantía de las sanciones a imponer:

a) Delegados Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente: Hasta un millón de pesetas.

b) Director General de Gestión del Medio Natural: Hasta diez millones de pesetas.

c) Consejero de Medio Ambiente: Hasta veinticinco millones de pesetas.

d) Consejo de Gobierno: Más de veinticinco millones de pesetas.

Artículo 118. Actuaciones Previas.

1. Con carácter previo a la iniciación del procedimiento sancionador los Delegados Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente podrán ordenar a los agentes forestales, agentes de medio ambiente o inspectores habilitados al efecto, la realización de actuaciones previas destinadas a esclarecer los hechos susceptibles de constituir infracción, identificar a los presuntos autores y responsables y determinar en la medida de lo posible las circunstancias concurrentes.

2. Los agentes forestales, agentes de medio ambiente e inspectores en desarrollo de las actuaciones previas previstas en este artículo tendrán el carácter de agentes de la autoridad, en los términos que se establecen en el artículo 91 de la Ley 2/1992, de 15 de junio.

3. La obstrucción o falta de colaboración en la realización de actuaciones previas determinará la apertura de procedimiento sancionador por infracción del artículo 77 de la Ley Forestal y facultará para recabar la ejecución forzosa del acto administrativo.

Artículo 119. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente a iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otro órgano o denuncia.

2. El acuerdo de iniciación contendrá las menciones establecidas en el artículo 13.1 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y será objeto de notificación a las personas establecidas en el párrafo 2 del mencionado artículo23.

Artículo 120. Medidas provisionales.

1. Tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento como en cualquier momento del mismo, el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente o el órgano instructor del expediente podrá establecer las medidas provisionales que deban adoptarse por razones de urgencia inaplazable, incluyendo, entre otras, la suspensión de actividades o servicios, retirada de productos, materiales o herramientas, precintado de maquinaria o prestación de fianza.

2. Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia inaplazable siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en especies o ecosistemas forestales.

3. Será el órgano competente para resolver el procedimiento el que adoptará las medidas cautelares que resulten oportunas para asegurar el resultado de la resolución, cuando no concurran circunstancias de urgencia inaplazable.

Artículo 121. Resolución.

1. Corresponde adoptar la resolución final en el procedimiento sancionador al órgano o autoridad competente para imponer la sanción en función de la cuantía de esta última, una vez tenidas en cuenta, para su determinación, las circunstancias previstas en los artículos 83, 84, 85 y 87 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, y deberá adoptarse en el plazo de un año desde la iniciación del mismo.

2. En la determinación de la cuantía de la sanción, a efectos de la atribución de la competencia sancionadora y del tope máximo fijado en el artículo 87 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, no se tendrá en cuenta el valor de los productos y bienes decomisados como sanción accesoria con arreglo al artículo 88 de la citada Ley.

3. De la resolución sancionadora se dará traslado al Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente cuando no le haya correspondido dictarla, conteniendo la misma, en su caso, las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la sanción y la adopción de las medidas ordenadas.

Capítulo III. Indemnización, reparación y ejecución

Artículo 122. Indemnización y reparación.

1. En aplicación del artículo 79 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, los autores o responsables de las infracciones a que se refiere este Reglamento vendrán obligados tanto a reparar el daño causado como a indemnizar los daños perjuicios derivados del mismo.

2. La propuesta de resolución y la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador detallarán para cada responsable las actuaciones de restauración, repoblación, obras, o de cualquier otra clase, que le corresponda realizar para reparar el daño causado con arreglo a lo previsto en el artículo 79 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, indicando los plazos para la iniciación y ejecución de las medidas ordenadas y las superficies sobre las que deben llevarse a cabo.

3. La determinación de la cuantía de las indemnizaciones a satisfacer por los autores o responsables de las infracciones podrá realizarse dentro del procedimiento sancionador y expresarse para cada uno de ellos en la resolución sancionadora, o podrá llevarse a cabo mediante procedimiento complementario.

4. Corresponde al órgano o autoridad competente para resolver el procedimiento sancionador principal iniciar y resolver el procedimiento separado de determinación de la cuantía de las indemnizaciones a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 123. Repoblación Obligatoria.

1. La imposición de la repoblación obligatoria para reparar los daños producidos como consecuencia de infracciones forestales será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a efectos de publicidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 99.3 de la Ley 2/1992, de 15 de junio.

2. A los efectos previstos en el párrafo anterior la solicitud de anotación marginal se acompañará de certificación administrativa acreditativa de la resolución recaída en el procedimiento sancionador, en la que conste la firmeza de la resolución y el trámite o los trámites de audiencia ofrecidos a los propietarios de los terrenos durante la tramitación del procedimiento. La certificación se expedirá por duplicado y hará constar la descripción y datos registrales de la finca o fincas afectadas, así como la identidad de los propietarios o titulares de derechos reales.

3. Cumplida la obligación de repoblación podrá solicitarse la expedición de certificación acreditativa a efectos de cancelación de la anotación registral.

Artículo 124. Ejecución Forzosa.

1. El incumplimiento de las obligaciones de reparación del daño causado o repoblación por parte de los autores o responsables de las infracciones facultará a la Consejería de Medio Ambiente para proceder a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria de las medidas ordenadas.

2. El procedimiento de ejecución forzosa se iniciará por acuerdo del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, del que se dará traslado al infractor apercibiéndole de las consecuencias de su incumplimiento.

Artículo 125. Multas coercitivas.

1. Iniciado el procedimiento de ejecución forzosa, el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente podrá imponer las multas coercitivas previstas en el artículo 98 de la Ley Forestal.

2. Con la imposición de cada multa se fijará nuevo plazo para el cumplimiento de las obligaciones del infractor, apercibiéndole de que no será necesaria la apertura de nuevo procedimiento ni ulterior apercibimiento para la imposición de una nueva multa por inobservancia de los plazos fijados.

3. No podrán imponerse multas coercitivas cuando se haya optado previamente por la ejecución subsidiaria.

4. A efectos de la determinación de la cuantía de las multas coercitivas se estará a las superficies indicadas en la resolución sancionadora.

Artículo 126. Ejecución Subsidiaria.

1. El órgano competente para imponer la sanción podrá ordenar cuando lo considere necesario ante el incumplimiento de las obligaciones del infractor o responsable la ejecución subsidiaria de las medidas impuestas con cargo al mismo.

2. La notificación de la ejecución subsidiaria podrá acompañarse de liquidación provisional del importe de las actuaciones a realizar, señalando plazo para el ingreso de la cantidad correspondiente. El impago de dicha cantidad podrá llevar aparejada la reclamación de la misma por vía ejecutiva.

3. Una vez ejecutadas las obras o actuaciones se procederá a la liquidación definitiva de las mismas exigiéndose el pago del importe correspondiente con arreglo a las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.

4. Los obligados a la realización de las actuaciones de reparación o repoblación facilitarán el acceso del personal de la Consejería de Medio Ambiente o contratado por la misma para la ejecución subsidiaria.

Disposición Adicional Única

En relación con lo dispuesto en el artículo 81 y en el Capítulo III del Título V de este Reglamento, las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura y Pesca establecerán fórmulas de coordinación y cooperación administrativa, articuladas en Orden conjunta, que contribuyan a la consecución de la máxima eficacia en la gestión.

Disposición Transitoria Unica

A los efectos de la formación del Catálogo de Montes de Andalucía:

1. En el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento las entidades públicas afectadas remitirán a la Consejería de Medio Ambiente la relación de montes de los que sean titulares, incluyendo la información prevista en el artículo 45 en la medida en que dispongan de la misma.

2. En el plazo de 2 años se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes de Andalucía.

Disposición Derogatoria Unica

Quedan expresamente derogados el Decreto 145/1992, de 4 de agosto, por el que se regulan determinados aspectos contenidos en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía24, y el Decreto 146/1993, de 21 de septiembre, por el que se estima el ciclo vegetativo de las especies forestales y se clasifican las mismas a los efectos de lo establecido en el Título VII de la citada Ley25.

Disposición Final Primera

Hasta tanto no pueda disponerse de la información completa prevista en el artículo 45 de este Reglamento bastará con incluir en el Catálogo la referencia a la clave de registro de cada monte, su ubicación, superficie y titularidad.

Disposición Final Segunda

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Tercera

Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Reglamento.

Anexo

Relación de especies forestales a que se refieren los artículos 2.1.a), 96.1.f) y Título VIII de este Reglamento


NOMBRE CIENTÍFICO

ARBOLES

NOMBRE VULGAR

CICLO VEGETATIVO

AÑOS

ABIES PINSAPO

PINSAPO

450


ULMUS SP.

OLMOS

60




NOMBRE CIENTÍFICO

ARBUSTOS-MATAS

NOMBRE VULGAR

CICLO VEGETATIVO

AÑOS

ARBUTUS UNEDO

MADROÑO

80


VIBURNUM SP.

DURILLOS

menor de 20




1 El artículo 50.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, ha sido derogado por la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

2 BOE 285/1992, de 27 de noviembre; corrección en BOE 311/1992 y 23/1993. El artículo 43 ha sido modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12/1999, de 14 de enero), la nueva regulación de la falta de resolución se encuentra en el modificado artículo 44 de la Ley 30/1992:

Artículo 44. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92.

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

3 BOJA 79/1994, de 31 de mayo.

4 BOJA 166/1995, de 28 de diciembre.

5 El artículo 17 de la Ley 1/1994 (BOJA 8/1994, de 22 de enero; corrección BOJA 54/1994, de 23 de abril) establece:

Artículo 17. Los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio a que se refiere el artículo 5 apartado 2 de esta Ley, sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación especial o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán:

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.

b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades sectoriales y criterios establecidos para la Ordenación del Territorio.

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten.”

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