Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997)






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En definitiva, la crisis supone la quiebra del intento de revertir la situación de crisis crónica subyacente a lo largo de todo el siglo XX. La crisis es la expresión de la caída de la tasa de ganancia basada, crecientemente, en la esfera de la circulación: en el predominio del capital financiero, en la preponderancia de la exportación de capitales sobre la de productos, en la relativa autonomía de los circuitos financieros respecto a los de producción de mercancías, en la renta de monopolio, en las relaciones de dominación entre Estados y en el componente especulativo sobre el componente productivo. Es decir, no se trata de una crisis capitalista más. Es la crisis del imperialismo, de la fase suprema del capitalismo.

Hasta aquí se han expuesto los aspectos fundamentales relativos al estallido de la crisis y su evolución durante los años setenta, haciendo un apunte sobre su carácter.A continuación se analiza el transcurso de las décadas de los ochenta y los noventa caracterizadas por la adopción de planes de, ajuste en respuesta a la crisis, para concluir, volviendo a la discusión sobre el carácter de la crisis, con el estudio del significado de dichas políticas.
3.2. La respuesta del capital a la crisis: el ajuste fondomonetarista
En los años setenta no se produjo un cambio radical de orientación en la política económica para hacer frente a la crisis. El arraigo de las políticas predominantes en los años cincuenta y sesenta, la confianza en que la crisis fuera pasajera y la fortaleza de las organizaciones sindicales lo dificultaba  esto es muy importante porque la profundización del ajuste en los años noventa se encuentra con ellas como obstáculo, por lo que, como se verá más adelante, uno de los objetivos prioritarios de las políticas de "acompañamiento" del ajuste es debilitarlas . Sin embargo, la década de los ochenta se inicia con cambios importantes. La llegada al. Gobierno de Thatcher en Gran Bretaña (1979) y de Reagan en EE UU (1980) supone un marcado punto de inflexión porque consolida el intento de respuesta estructural a la crisis; intento al que, bajo la tutela del FMI y el BM, se adhieren fiel e implacablemente Gobiernos de distintas definiciones ideológicas.
3.2.1. El ajuste como respuesta a la crisis
Como se ha señalado, el estallido de la crisis es la ruptura del marco preexistente de valorización del capital, y su expresión es la caída de la tasa de ganancia. Este estallido no es repentino, sino que viene anunciado por la existenca previa de dificultades crecientes para la realización de la ganancia en el terreno productivo (en la "economía real"), es decir, para la realización del circuito D M P M' D'. La orientación de los capitales hacia la especulación, circuito D D', agudiza las dificultades haciendo aún más profunda la crisis.

isis.

La reproducción económica necesita la producción de más valor, puesto que en el proceso D  D' no se produce incremento de valor, sino únicamente su apropiación, dado que este proceso vive del otro, al que parasita. Por ello, la persistencia y profundización de la crisis, de las dificultades de valorización, obliga al capital a tratar de obtener una mayor ganancia en el circuito productivo para hacer atractiva la inversión de recursos en ella y, sobre todo, para generar la ganancia que nutre a la especulación. El mecanismo que se dispone para ello es la adopción de medidas tendentes a recomponer el espacio de ganancia.

El conjunto de estas medidas es lo que se conoce como políticas de ajuste. Sus ejes centrales son la privatización, la desregulación y la apertura externa, todo ello traducido en recortes sociales.

Esta cuestión es resumida de forma elocuente por Cize y otros (1990: 151):
Pero restaurar las condiciones de valorización del capital impone destruir los capitales insuficientemente rentables, reducir una parte considerable de los costes de producción, dicho de otro modo, incrementar la explotación del trabajo. Se trata también de modificar la intervención del Estado: las subvenciones a los sectores juzgados no rentables deben ir a los sectores rentables. Todo lo que años de lucha habían arrancado a los cálculos estrechamente privados, debe regresar a la esfera de la rentabilidad financiera: escuela, sanidad pública, transporte colectivo, audiovisual, correos y telecomunicaciones, viviendas de protección social...
El objetivo de las medidas que conforman los planes de ajuste es la citada recomposición de las condiciones que permiten la valorización del capital. Para ello, se trata de utilizar dos mecanismos. Por una parte, la ampliación de los espacios de acumulación y ganancia a costa del sector público (mediante las privatizaciones) y de la ruptura de los marcos regulatorios nacionales (a través de la apertura y desregulación externa); por otra, el ensanchamiento de los márgenes de ganancia en todos los sectores (vía recortes sociales, desregulación laboral, etc.).

En definitiva, lo que buscan estas políticas es la recuperación de la tasa de ganancia (ampliar la diferencia entre D' y D) a través del abaratamiento del componente FT (fuerza de trabajo) en M; es decir, del aumento de la explotación, de la reducción del salario real. El salario real no es una cuestión individual, sino una relación social. No es sólo el salario nominal corregido por la inflación, sino que incluye también todos los distintos tipos de remuneraciones, directas o indirectas, presentes o futuras, de que disponen los trabajadores en una sociedad; y, en concreto, el salario diferido (pensiones) y el salario indirecto (acceso gratuito o subsidiado a servicios sociales como educación, sanidad, telecomunicaciones, transporte colectivo, etc.). Por eso, los distintos componentes del ajuste tienen un objetivo último común: la reducción del salario. Vía la deslocalización facilitada por la apertura externa, la introducción de la lógica privada en sectores como la educación, la sanidad o las pensiones, la desregulación laboral o los recortes sociales directos, los resultados perseguidos son los mismos.

En los apartados 3.3, 3.4 y 3.5, tras estudiar el papel que juega la teoría en relación al ajuste, se va a analizar con cierto detalle su aplicación, sus resultados y su significado estructural. Lo que sí conviene recalcar es que su implantación no es una cuestión meramente circunstancial, sino que obedece de forma directa a la búsqueda de una respuesta a la persistencia de la crisis.
3.2.2. El papel del FMI y la universalización del ajuste
Los organismos financieros y monetarios internacionales (FMI y BM) tienen una responsabilidad directa en la aplicación de las políticas de ajuste. En el Capítulo 1 se ha visto que uno de los pilares del orden económico de posguerra acordado en Bretton Woods era el poder atribuido al FMI ya que, bajo la forma de control de la estabilidad monetaria y del equilibrio de las cuentas externas de los países, se le habilitaba para imponer y controlar políticas de ajuste. Comoquiera que la explicación que se da de los desequilibrios externos es la existencia de un exceso de absorción (de gasto nacional, de demanda) basado en aumentos de la oferta monetaria sin base real, lo que a su vez provoca inflación, el FMI vinculará la estabilización al ajuste (Lichtensztejn y Baer, 1986: 63 82).

A pesar del control estadounidense de estos organismos, hasta el estallido de la crisis, fue EE UU directamente quien, en la práctica, llevó el mayor peso en la gestión de las relaciones económicas internacionales, relegando a estas instituciones a un papel secundario. Sin embargo, a partir del inicio de la década de los ochenta, el FMI y el BM pasan a desempeñar un papel protagonista.

Este cambio se vincula a la renegociación de la deuda externa de los países endeudados bajo la cláusula de condicionalidad del FMI, teniendo en cuenta la tendencia creciente a que los bancos se agrupen para reducir riesgos en la concesión de créditos: "préstamos sindicados". Como señalaba en un discurso Jacques de Larosie're, ex Director General del FMI, la "ayuda" del FMI para la renegociación de la deuda "está subordinada a la adopción por los países deudores de medidas correctivas. Es, por tanto, una ayuda condicional:
la condicionalidad se refiere a la obligación, impuesta por el Fondo a los países miembros que desean recurrir a sus recursos, de adoptar las políticas de ajuste económico ( ... ). El vínculo entre el financiamiento y el ajuste está en el centro de la condicionalidad (Boletín del FMI, 14 de junio de 1982 y 15 de marzo de 1982, tomado de Cize y otros, 1990: 36).
Entre los países endeudados se encuentran los del este de Europa, en donde tras los cambios de 1989 1991, la intervención del FMI se reforzará muy activamente con la adopción de políticas abiertamente orientadas a la restauración capitalista. Sin embargo, las políticas de ajuste ya estaban aplicándose en estos países anteriormente, lo cual no es sorprendente considerando la política de colaboración que mantenían desde mucho tiempo atrás, su creciente vinculación a la economía capitalista mundial  que cuestiona de raíz cualquier pretensión relativa a la existencia de dos "estructuras económicas mundiales"   e incluso la observación de los currículos de la mayoría de los actuales gobernantes de estos países.

Al fin y al cabo, el propio FMI ponía a Ceaucescu como ejemplo de gobernante responsable porque, merced a la imposición de un durísimo plan de ajuste, Rumania pagaba deuda. Camdessus, actual Director Gerente del Fondo, lo reconoció en una convulsa conferencia pronunciada en Madrid en diciembre de  1994, aunque aclaró también que era porque Ceaucescu les engañaba con  los datos (sic). Por supuesto, solamente el grave deterioro social y el marco político dictatorial no hubieran sido obstáculo para seguir señalándolo como ejemplar.

Pero no es únicamente en los países subdesarrollados y en los del este de Europa donde se van a aplicar las políticas de ajuste. También en las economías desarrolladas se implantan. Sin embargo, en ellas el papel del FMI/BM es distinto. La capacidad de imposición, de tutela, que tiene en los países subdesarrollados no la tiene igual en ellos. Este punto es importante.

La aplicación del ajuste en los llamados "países desarrollados" tiene relación directa con la pugna competitiva entre ellos. Por eso, su regulación intenta coordinarse/imponerse por el imperialismo dominante, el estadounidense, en otros foros: la OCDE o el Grupo de los 7.

No obstante, en este terreno se está produciendo una intensificación de la intervención del FMI en Europa occidental, que muestran su subordinación a EE UU; por ejemplo, en los informes sobre la necesidad de "flexibilización" o desreglamentación del mercado de trabajo, en realidad, de destrucción y liquidación del proceso histórico de consolidación legal de las conquistas obreras, de manera que comienzan apercibirse intentos de una mini tutela del FMI en la UE. Este tema es retomado en el Capítulo 4.

En todo caso, lo cierto es que actualmente se aplican políticas de ajuste en todas las áreas del mundo, imponiéndose desde distintos foros y con distintos ritmos en su materialización por las resistencias que generan. Estas políticas, a través de la privtización, la desreglamentación y en parte la apertura  en parte, porque en relación a ella hay diferencias muy importantes entre áreas por la propia competencia interimperialista  buscan la reducción del costo del trabajo para la recuperación de espacios de valorización del capital, en gran medida mediante el instrumento clásico del "ejército industrial de reserva", es decir, el desempleo, pero también el empleo precario o subempleo.

La explicación que se da es, además de los desequilibrios externos en algunos casos, la necesidad de luchar contra la inflación y el déficit público, así como la mejora de la competitividad.

De cualquier manera, es muy importante tener en cuenta que, bajo la coartada de los problemas en la balanza de pagos, de los aumentos del nivel de precios o de los desequilibrios en las cuentas públicas, las que se ponen en marcha son políticas que persiguen una transformación estructural de las economías que permita la recomposición del espacio de valorización del capital. Es decir, hay que diferenciar las argumentaciones de carácter puntual, relativamente específicas en cada caso, y la cuestión de fondo que subyace en todos ellos: la persistencia de la crisis.

Un punto de debate actual en la Unión Europea ejemplifica muy bien este tema. Desde la aprobación de los acuerdos de Maastricht en 1991, la "excusa" para la aplicación del ajuste es el cumplimiento de los criterios de "convergencia' que'teóricamente debe conducir en enero de 1999 al "curo" como moneda única. Para asegurar el mantenimiento del ajuste posteriormente, se acuerda el "Pacto de Estabilidad" en diciembre de 1996 (véase el apartado 3.4.4).

Resumiendo, las políticas de ajuste no surgen, obviamente, de forma casual, sino como intento estratégico de respuesta a la crisis. Su consolidación se produce a escala mundial, es decir, se universaliza su aplicación. En este proceso, las instituciones de Bretton Woods, FMI y BM, desempeñan un papel central, tanto en los países subdesarrollados y del antiguo CAME como crecientemente en los países llamados "desarrollados".
3.3. Los planes de ajuste: teoría y aplicación
Contextualizadas las políticas de ajuste en cuanto a su origen y objetivo general, a continuación se va a detallar su conténido más preciso para poder evaluar posteriormente sus resultados y significado. Más concretamente, se trata de responder a las siguientes cuestiones: ¿qué marco teórico da cobertura a las políticas de ajuste y cómo lo hace?, ¿cómo se materializa su aplicación? y, para ello, ¿qué requisitos necesitan en el plano político?
3.3. 1. Aspectos teóricos y marco general del ajuste
En el ámbito de las llamadas "ciencias sociales", la teoría juega un papel peculiar. Como ya se ha dicho en la presentación, el análisis neutral no existe y, en la práctica, las recomendaciones teóricas no son sino la racionalización  generalmente a posteriori  de intereses determinados. Por ejemplo, ¿por qué Smith en su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada en 1776 llega a la conclusión "teórica" de que los países deben liberalizar su comercio internacional? Sencillamente, porque en esa época, el mayor desarrollo (la mayor productividad) industrial de Gran Bretaña permite a la burguesía británica inundar con sus productos los mercados exteriores, a condición de que disminuyan los obstáculos al comercio internacional (es decir, la propuesta de Smith). Este mismo razonamiento es aplicable a las políticas recomendadas por Keynes en la Teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero en 1936, por Prebisch, en sus primeros textos en la CEPAL entre 1949 y 195 1, etc.(3)

Por otra parte, incluso en los casos de mayor identificación explícita de una política económica con las recomendaciones de una teoría, cuando los intereses de los sectores dominantes chocan con éstas, son aquéllos los que prevalecen. Ejemplos de esto se pueden encontrar en los numerosos episodios de intervención estatal en Chile durante la dictadura de Pinochet (que era asesorada personalmente por "asépticos" teóricos «anti intervencionistas" como Friedman o Harberger); o en la privatización de empresas públicas rentables cuando se declara tener por objetivo la reducción del déficit público. Kaldor afirma que el monetarismo es una «justificación ideológica de las medidas antisociales" (Torres, 1995: 154). Sobre este tema puede verse también Arrizabalo (1995: 165 170).

En el caso.de las políticas de ajuste, el FMI no reconoce adscripción a ninguna teoría. Sin embargo, el referente teórico fondomonetarista subyace claramente en las «cartas de intenciones" que acuerda con los Gobiernos. Aunque a lo largo de su historia se han producido algunos cambios, éstos se han dado por circunstancias externas al propio FMI (como con la ruptura del esquema de paridades fijas).

En el período reciente, el FMI ha sintetizado aportaciones teóricas diversas con el objeto de suministrar una cobertura teórica a lá, aplicación de las políticas que demanda la situación de crisis. Como explican Lichtensztejn y Baer (1986: 70 71),
El resultado final de la integración de esas diferentes (aunque no antagónicas) aproximaciones teóricas, podría sintetizarse en los siguientes términos: el déficit de la balanza de pagos y la inflación son desequilibrios generados por una capacidad de demanda (deseo de comprar apoyado con dinero y crédito) superior a las posibilidades inmediatas de la oferta interna y la capacidad para importar, que induce descensos de las reservas monetarias internacionales.
Esta síntesis hará que las políticas de estabilización y las de ajuste (en principio más centradas, respectivamente, en la lucha contra los desequilibrios internos  inflación y déficit público  y los externos  desequilibrios en la balanza de pagos ) tiendan a confundirse en una sola. Esto genera contradicciones importantes, como los efectos inflacionarios derivados de las devaluaciones aplicadas para intentar atajar los déficit comerciales.

En definitiva, el diagnóstico en el que se apoya el FMI para la aplicación de las políticas de ajuste se encuadra en el paradigma neoliberal que se consolida como dominante frente al keynesiano previo. Su fundamento principal consiste en la consideración de que la "competencia perfectá" de los agentes económicos, a través de su "libre" participación en el mercado, permite llevar a éste al equilibrio  en realidad, volver al equilibrio inicial  asegurando la mayor eficiencia posible; de manera que toda intervención estatal, al alterar el libre juego de las fuerzas de mercado, impide el logro de dicho equilibrio. Las ideas que subyacen son las de la "mano invisible" de Smith y el "equilibrio general" de Walras (véase Arrizabalo, 1995: 123 137). En resumen (Lichtensztejn y Baer, 1986: 74):
el enfoque que subyace en las políticas de estabilización que postula el FMI concibe el déficit de la balanza de pagos y la inflación como un fenómeno circunstancial originado en una falla o desvío del funcionamiento económico estimado normal; esto es, en condiciones de equilibrio y estabilidad bajo el supuesto de mercados que operan en competencia perfecta. La responsabilidad en el origen de esas distorsiones monetarias, que se expresan en una sobrevaluación cambiaría, un exceso de demanda global y una excesiva expansión crediticia, se adjudica en definitiva al erróneo manejo de las políticas económicas que impiden el libre funcionamiento de los mercados.
Sobre la base de la teoría liberal clásica, en este paradigma se funden el monetarismo y la economía de oferta, incluyendo la teoría de las decisiones públicas o public choice y la de las expectativas racionales.

Los autores nionetaristas (Friedman) y neomonetaristas o de la "nueva macroeconomía clásicá" (Lucas, Barro) parten de la teoría cuantitativa del dinero, según la cual un aumento en la cantidad de dinero lleva a un aumento de la misma proporción en el nivel de precios. Por ello, critican el planteamiento keynesiano (aunque comparten con él objetivos comunes, como luego se verá) de que políticas fiscales o monetarias expansivas puedan tener efectos sobre la economía real en el largo plazo (e incluso algunos afirman que ni siquiera en el corto). Por el contrario, sostienen que el aumento de la masa monetaria que implican, acaba provocando aumentos en los precios que anulan esos efectos.

A su vez, esto les lleva a sostener que la curva de Phillips es vertical, es decir, que existe una "tasa natural de desempleo", acuñándose dos conceptos: "NAIRU' (Non Accelerating Inflation Rate of UnemPloyment o tasa de desempleo no inflacionista) y "NAWRW (Non Accelerating Wage Rate of Unemployment o tasa de desempleo no aceleradora de los salarlos, esto es, tasa a la cual los aumentos de salarios no sean inflacionistas, que su aumento no supere al de la productividad). Por tanto, se debe flexibilizar el mercado de trabajo para que se llegue "espontáneamente" a la "tasa natural de desempleo.

Sin embargo, en un informe de 1989, la OCDE reconoce que durante las décadas de los setenta y los ochenta ambas tasas crecieron de forma significativa (más del doble en los siete países más industrializados), mostrando que la llamada "tasa natural de desempleo" tiende al nivel efectivo de desempleo (Gill, 1996: 719)

Esta cuestión es muy importante porque supone implícitamente la aceptación del  mecanismo clásico del "ejército industrial de reserva", es decir, de la presión que un fuerte contingente de mano de obra desempleada ejerce a la baja de los salarios y, por esta vía, a la contención de precios. La conocida sentencia del ex Gobernador del Banco de España, Rubio, de que la tasa de desempleo no debía caer por debajo del 14%, es plenamente coherente en el contexto capitalista en el que la destrucción de fuerzas productivas (por ejemplo, por el lado de la fuerza de trabajo a través del desempleo, la reducción de salarios, etc.) permite aumentar la ganancia profundizando también las contradicciones; al igual que la caída de la bolsa neoyorquina como consecuencia de la publicación del dato de ocupación del primer trimestre de 1996 que mostraba... ¡un descenso del desempleo!

Como se verá con más detalle en el último apartado de este capítulo, estas políticas cambian el instrumento central utilizado en la búsqueda de aumentos en la tasa de plusvalía que permitan recuperar la de ganancia. Así, el mecanismo inflacionario paradigmático del período anterior es sustituido por la existencia de elevados porcentajes de la población activa en situación de desempleo o subempleo.

Hay un aspecto especialmente débil en la teoría cuantitativa del dinero. Se trata de la consideración de la oferta de dinero no como endógena (en función de la demanda de dinero), sino como exógena (controlada por la autoridad monetaria), lo que impide que la política monetaria recesiva recomendada (aumento de los tipos de interés) asegure el objetivo de controlar la inflación. En efecto, los numerosos instrumentos existentes de emisión de crédito por el sector privado permiten tanto el aumento de la velocidad de circulación del dinero (constante para la teoría cuantitativa) como el propio aumento de la masa monetaria. Según Samuelson y Nordhaus, el volumen de crédito en EE UU pasó desde 692.200 millones de dólares en 1959 a 1,5 billones en 1970 y a 5,6 billones en 1984 (Torres, 1995: 85). Contrariamente a los postulados monetaristas, este   Último dato se produce precisamente porque entre 1979 y 1988 el tipo de interés real en promedio fue en más de nueve veces superior al del período 1951 1978 (ib., 86). No debe olvidarse que el método estrictamente instrumentalista de esta escuela les "exime" de que los supuestos de sus modelos sean realistas.

Esto se constató empíricamente en los primeros años ochenta, cuando la aplicación de estas políticas (especialmente en EE UU y Gran Bretaña) no permitió controlar la masa monetaria. No obstante, la inflación sí se redujo, pero como consecuencia de la profunda recesión que provocó caídas en el nivel absoluto de la producción del 0,1% (1980) y 2,6% (1982) en EE UU y del 2,2% (1980) y 1,3% (198 1) en Gran Bretaña (Maddison, 199 1: 152). Según datos de la OCDE, el número de desempleados en Gran Bretaña tras los dos primeros años de Gobierno de Thatcher (1979 81) pasó de 1,3 a 2,5 millones (Torres, 1995: 112).

Los autores de la "economía de oferta" (Laffer, Mundell) también tienen su referente en la escuela liberal clásica. De acuerdo a la "Ley de Say" (toda oferta crea su propia demanda), sostienen frente a Keynes que hay que estimular la oferta, no la demanda.

Apoyándose en la teoría microeconómica neoclásica (Hayek) de que los determinantes de las elecciones individuales son los precios relativos, sitúan como objeto principal de su análisis la fiscalidad. Su tesis es que el exceso de intervención del Estado en este terreno (fiscalidad demasiado elevada y demasiado progresiva) desincentiva la inversión productiva. Su formulación más conocida es la "curva de Laffer", según la cual, a partir de un cierto nivel, hay una relación inversa entre tipo impositivo y recaudación fiscal como consecuencia de la ralentización de la actividad económica que provoca la alta presión fiscal. Y viceversa, una reducción de la tasa de imposición permitiría un aumento de los ingresos gracias a su efecto estimulador de la inversión. Como explica Gill (1996: 722),
la preocupación por la staffiation [estancamiento e inflación], la economía de oferta le sustituye por una nueva que designa como taxflation [inflación por escasez de oferta debida a la fiscalidad excesiva].
La recomendación consiguiente es la reducción de los tipos marginales de tributación y, en general, la eliminación de las disposiciones fiscales que obstaculicen la expansión de la oferta de capital o de trabajo. Por la parte de la oferta de capital, se trata de estimularla favoreciendo fiscalmente a quien tiene mayor capacidad de ahorro y, por tanto, de inversión. Según Gilder 0., 722), la reducción de las desigualdades pasa por aumentarlas en un primer momento. Por la parte de la oferta de trabajo, el objetivo es desincentivar el desempleo reduciendo su protección (como se verá en el apartado 3.3.2.B). Coherentemente con sus planteamientos, consideran que la cotización patronal a la Seguridad Social (es decir, una de las formas de salario indirecto) es un "impuesto contra el empleo".

El corolario fundamental de estos planteamientos es la propuesta de reducir la intervención del Estado al menor grado posible y, particularmente, proceder a una privatización sistemática de empresas y servicios públicos. Como resume Gill (ib., 723), sostienen que:
el Estado debe no solamente retirarse de las actividades productivas donde entra directamente en concurrencia con el sector privado, sino también reducir al mínimo los gastos asociados a sus actividades improductivas de salud y educación públicas, de protección social y de redistribución del ingreso, al igual que de algunas de sus funciones administrativas o de proveer infraestructuras sociales. En esta perspectiva, las funciones del Estado que no puedan ser privatizadas deben ser gestionadas según las normas de la empresa privada y rentabilizadas, a falta de lo cual deberán ser eliminadas.
Sin embargo, la aplicación de estas recomendaciones en los primeros años ochenta ha rebatido la curva de Laffer, al incrementar los déficit presupuestarios y la deuda pública. Ni siquiera la recuperación económica que tiene lugar a partir de 1983 consigue revertir la tendencia de forma significativa y generalizada.

Retornando el hilo argumental general, el análisis de estos dos enfoques permite obtener una conclusión importante: no solamente no hay diferencias sustanciales entre ambos, sino que su complementariedad es clara. Sus recomendaciones respectivas coinciden en la búsqueda de espacios de ganancia a través de un abaratamiento del trabajo; en el primer caso, asegurando que la "tasa natural de desempleo" presione los salarios a la baja hasta el punto que permita una reconstitución de la tasa de ganancia sin recurrir para ello a la inflación; en el segundo, a través de la reducción del salario indirecto y del diferido por la privatización de servicios públicos (sanidad, transporte público, educación, pensiones) y por el recorte directo en los programas públicos de cobertura social (desempleo); y también de la propia presión del desempleo generado por la liquidación (bajo la forma de privatización) de los segmentos no rentables del sector público.

Resumiendo, todo este análisis de carácter general se concreta en una serie de medidas de política económica que, conjuntamente con la implantación de transformaciones estructurales (estudiadas en el siguiente apartado), tratan de ayudar a recomponer los espacios de valorización del capital.

Concretamente (Lichtensztejn y Baer, 1986: 74),
las principales esferas a considerar en una política de estabilización son la cambiaría, monetario crediticia, fiscal y salarial. Reestablecer el equilibrio de la balanza de pagos (sobre todo en sus cuentas de comercio) y la estabilidad de precios se estiman requisitos vitales para asegurar una base firme de crecimiento económico de cada nación, alentar el comercio y las inversiones extranjeras y, por consiguiente, dinamizar la economía internacional.
La forma específica que toman las medidas que se proponen/imponen en cada ámbito es la siguiente. En el plano monetario crediticio, con carácter genral se busca limitar la expansión de la masa monetaria, contrayendo el crédito mediante la implantación de políticas monetarias restrictivas (elevación de los tipos de interés). En el ámbito fiscal, se persigue la reducción del déficit público a partir de políticas recesivas basadas en la contracción del gasto. En relación a la política salarial, las medidas planteadas se centran en el control de los aumentos salariales a través de distintos mecanismos (impidiendo alzas superiores a la productividad y ligando los incrementos no a la inflación pasada, sino a la prevista). Finalmente, respecto a la cuestión cambiaría en las economías con déficit por cuenta corriente, se proponen devaluaciones para la mejora del saldo, junto a la unificación de los tipos de cambio de las distintas operaciones y a la eliminación de las prácticas obstaculizadoras al comercio internacional.

Es importante recalcar que estas medidas de política económica se vinculan a las transformaciones estructurales que se verán en el siguiente apartado: privatización, desregulación y apertura externa; es decir, que no sólo no hay ninguna oposición entre la política económica coyuntural y ¡a reestructuración general, sino que su interrelación es absoluta. Esta interrelación obedece al intento común de recomponer espacios de valorización del capital.
3.3.2. Los ejes centrales del ajuste: privatización, desregulación y apertura externa
Los planes e ajuste se caracterizan por intentar aplicar, junto a determinadas políticas económicas coyunturales, transformaciones de carácter estructural. Con ellas se busca modificar el funcionamiento de la economía sobre la que se aplican (en última instancia, la economía mundial) para facilitar la valorización del capital.

Sin embargo, la aplicación de estas transformaciones no es mecánica ni lineal. Como en cualquier proceso social, el intento de aplicación de una política es estrictamente eso, un intento, ya que su aplicación efectiva, real (su materialización) depende de la reacción de los distintos sectores y clases sociales. Este tema es muy importante porque estas reacciones (en definitiva, la lucha de clases) constituye del principal factor explicativo de los distintos ritmos e intensidades de la implantación de las políticas de ajuste.

Un ejemplo extremo puede ayudar a explicar esta idea. La privatización radical del sistema público de pensiones en Chile se llevó a cabo en solamente 11 meses (en junio de 1980 se promulgó la ley y entró en vigor en mayo de 1981), gracias al marco dictatorial que impedía cualquier reacción en contra. Sin embargo, el incipiente intento de tan sólo (comparativamente) abrir la vía al desmantelamiento del sistema público de pensiones para su posterior y paulatina privatización fue uno de los detonantes de la huelga general de noviembre diciembre de 1995 en Francia.

Precisamente este hecho amerita el estudio con mayor profundidad de la plasmacós e os procesos de ajuste en las distintas áreas, tarea a la que se destina el resto de los capítulos. También por eso, el tratamiento de las principales líneas de reestructuración se analiza a continuación con carácter muy sintético y general.

Los ejes centrales del ajuste se orientan a la reducción selectiva de la regulación estatal de la economía. De manera que, para el abaratamiento real de la fuerza de trabajo que permita la recuperación de la tasa de ganancia, se privilegia el papel del desempleo y subempleo masivos frente al mecanismo inflacionario previo. Su plasmación específica toma tres formas: la privatización de empresas y servicios públicos, la desregulación (o desreglamentación o liberalización) del marco regulador de la economía (particularmente en el mercado de trabajo) y la apertura al exterior en los planos comercial y financiero. A continuación se abordará cada una de ellas cori más detalle.
A) Privatización (4)
Los procesos de privatización no son simplemente un cambio de titularidad de determinadas empresas o servicios, que pasan de ser públicos a privados. Son un proceso económico, político y social de reestructuración que, a través de la transformación jurídica del carácter de pública al de privada de la propiedad de una empresa, de un servicio o de una actividad económica, abre nuevos espacios a la acumulación y ganancia privada. Todo esto, como se argumenta más adelante, a costa de una aún mayor destrucción de fuerzas productivas y de regresión social.

¿Por qué se privatiza? La explicación se encuentra más allá de las declaraciones oficiales u ortodoxas, expuestas en el apartado anterior, acerca de la conveniencia de reducir la intervención del Estado, puesto que ésta es simplemente la justificación pseudoteórica de la aplicación de políticas acordes a determinados intereses. ¿Por qué, entonces, se privatiza? Porque así se intenta dar una respuesta a la crisis, mediante la búsqueda de nuevos espacios de valorización y de ensanchamiento de la ganancia en todos los ámbitos.

Para lo primero se privatizan aquellos sectores o segmentos rentables, o que pueden llegar a serlo, previamente reservados al sector público como, entre otros, en la sanidad, la educación, las telecomunicaciones, las pensiones  que no eran públicas por casualidad, sino fruto, fundamentalmente, de la conquista por la clase trabajadora de su condición de tales ; y para lo segundo, se busca reducir los salarios reales. Ambos fenómenos no se dan de forma aislada, sino profundamente interrelacionados.

Los procesos de privatización tienen importantes efectos económicos y sociales. Su análisis se va a centrar no tanto en los que implica sobre la eficiencia y sobre las cuentas fiscales, sino sobre todo, en sus impactos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso.

En cuanto a la eficiencia  de la que no existe una gran evidencia empírica en ningún sentido , únicamente se apuntarán dos consideraciones: a) que no se puede medir exclusivamente desde el punto de vista monetario financiero, sino que hay que incluir su eficiencia o rentabilidad "social", y b) que el dogma tan profusa~ mente repetido de que las empresas privadas siempre son más eficientes que las pública? se tiende a convertir en una suerte de profecía autocumplida, puesto que sólo se privatizan las empresas o actividades más rentables o las susceptibles de serlo a través de su saneamiento previo, la liquidación de sus segmentos no rentables, la destrucción y precarización del trabajo ocupado o la garantía de ingresos (mediante contratos privilegiados).

Respecto a las cuentas fiscales, solamente una visión absolutamente miope por "cortoplacista" podría sustentar que vender activos rentables sea positivo para una entidad. En efecto, de las privatizaciones, en el mejor de los casos puede resultar un ingreso neto en e corto plazo. Los ingresos nominales que para las cuentas fiscales suponen la venta de una empresa pública presentan la contrapartida de la pérdida de participación en sus beneficios, lo que más tarde o más temprano acaba convirtiendo la operación en desventajosa para el Estado. Es, dicho más clara~ mente, "pan para hoy y hambre para mañana'.

En relación al crecimiento, las políticas de privatización no tienen el efecto expansivo que se les atribuye en la teoría convencional. Desde una perspectiva meramente nominal, puede darse un cierto nivel de crecimiento por el incremento de precios. Sin embargo, desde un punto de vista real, el resultado tiende a ser negativo por el cierre de todos aquellos segmentos de la producción no rentables, o de menor rentabilidad, así como por las disminuciones de plantillas; es decir, por la destrucción de fuerzas productivas que conlleva. En este sentido, es especialmente elocuente lo ocurrido en los países del este de Europa: se predijeron llegadas masivas de inversión productiva que aprovecharía las infraestructuras existentes, la cualificación y disciplina del trabajo, el mercado potencial, etc. Sin embargo, el proceso privatizador no ha sido sino un proceso liquidador, de especulación y de cierre de sectores productivos (véase el Capítulo 5).

Y, en cuanto a la distribución del ingreso, la tendencia recién citada de reducción de empleo tras cada proceso privatizador (tanto por el cierre de actividades como por la búsqueda de una mayor rentabilidad del trabajo ocupado) presiona a la baja los niveles salariales a través del meca  nismo clásico del "ejército industrial de reserva". Pero no es éste el único mecanismo. También el salario "indirecto (es decir, el su ministro de una serie de bienes y servicios por parte del Estado a precios inferiores al mercado) se ve afectado por los cambios tarifarios que aplican los nuevos dueños de una empresa tras su privatización (inmediata o posteriormente según el grado de competencia). El salario "diferido" (la parte del mismo cuyo cobro se aplaza hasta la jubilación) también se reduce por la privatización de su gestión (que también presenta otras importantes implicaciones económicas y sociales).

Además, las reestructuraciones que preceden a la privatización de aquellas empresas no rentables, pero susceptibles de serlo, refuerzan  el contenido redistributivo fuertemente regresivo de estas políticas por la transferencia de recursos del Estado al capital privado que suponen.

Por tanto, la propia esencia de la privatización, que es la transferencia de recursos efectivos y/o potenciales del Estado al capital privado, supone, en sí misma, una redistribución de la participación en el ingreso de las distintas clases sociales. Esta redistribución se da fundamentalmente entre el capital y el trabajo, de forma netamente desfavorable para éste por los mecanismos apuntados. Pero también tiene lugar en el interior de la esfera del capital. Efectivamente, en ella, aquellos sectores vinculados a los grandes grupos transnacionales  que operan de forma oligopólíca por la tendencia a la concentración y centralización de la propiedad del capital , sobre todo financieros, refuerzan su posición dejando cada vez menos espacios para las pequeñas y medianas empresas, especialmente para aquéllas que realizan su actividad en el sector industrial.

El significado de la privatización va más allá de la apertura de nuevos espacios para la valorización del capital, a través de la cual se hace negocio en sectores como las telecomunicaciones o los transportes, pero también en la enseñanza, la sanidad, las pensiones y hasta el desempleo, con las agencias privadas de colocación. A estos procesos les es inherente otro rasgo: la lógica privada lleva inexorablemente a la liquidación de todos los segmentos de actividad que no le son rentables, aparejando un fuerte componente de destrucción de fuerzas productivas (desinversión, desempleo, etc.). Por ejemplo, en la privatización de transportes que de forma prácticamente automática (salvo restricciones legales, generalmente transitorias) se traduce en la eliminación de las líneas u horarios menos rentables.

os rentables.

En definitiva, el significado básico de las privatizaciones no es sino la transferencia de un importante volumen de recursos efectivos o potenciales del Estado al capital; específicamente a determinados segmentos: aquéllos dirigidos por el transnacional y enlazados con el financiero  especulativo (más directamente parasitarios). Su otra cara es, obviamente, la pérdida de participación en el ingreso del resto de la población (directa e indirectamente) y por ende en su consumo; es decir, un empeoramiento de sus condiciones de vida.

Aparentemente, visto así, sólo podrían darse problemas en el plano político o social. Sin embargo, incluso desde la propia lógica del capital, se plantean otros problemas. En efecto, lo que se propone como un medio para la generación de nuevos  y también mayores  espacios de acumulación capitalista, redunda en la profundización de las contradicciones: entre otras, la preeminencia absoluta de los ámbitos financieros que viven de parasitar de los productivos, las graves escaseces de demanda (por los altos niveles de desempleo/subempleo y los reducidos salarios reales) y los nuevos impulsos a la ya desaforada concentración del capital.
B) Desregulación
La regulación (o reglamentación) existente en las distintas economías es la expresión legal del proceso histórico de lucha de clases que permitió la consolidación de una serie de importantes conquistas sociales (derecho de asociación y huelga, salario mínimo, negociación colectiva, cobertura de desempleo, vejez y enfermedad, etc.). Las políticas de desregulación o desreglamentación pretenden, por tanto, la reducción o eliminación de dicho marco legal; es decir, la liquidación de esas conquistas.
Como ya se ha visto, el discurso fondomonetarista sostiene que la intervención del Estado distorsiona el funcionamiento de los mercados, generando desequilibrios e ineficiencia. Además de a la regulación de las relaciones económicas con el exterior, se refiere, especialmente, al mercado de trabajo. En este mercado, el elevado desempleo abierto es la distorsión (mas no así el subempleo) y la regulación excesiva su explicación.

El FMI (1993: 70) sostiene:
un desempleo alto y en aumento no se debe a una competencia excesiva ni al ritmo vertiginoso de las innovaciones tecnológicas. Es más probable que sea obra de mercados de trabajo inflexibles y de la falta de competencia y de avance tecnológico que padecen los sectores que se ponen al abrigo de las fuerzas del mercado, ya sean nacionales o internacionales.
Por tanto, su propuesta no puede ser otra que la desregulación o flexibilización (ib., 71 72):
La solución del desempleo persistentemente alto debe buscarse principalmente en el área de las políticas estructurales. Hay que efectuar reformas que aumenten la flexibilidad de los trabajadores y de los mercados  sobre todo los de trabajo  de modo que el sector privado esté en mejores condiciones de adaptarse dinámicamente creando nuevos puestos de trabajo cuando otros se pierden (...) es urgente reexaminar el financiamiento y la generosidad global de los planes de seguro social, a fin de eliminar las características que desalientan la creación de empleos por elevar los costos del trabajo a cargo del empleador en relación con la remuneración de los empleados y que reducen los incentivos para que el desocupado se emplee (...) los salarios mínimos obligatorios indebidamente altos y las normas excesivamente rígidas de protección del empleo tienen efectos similares (...) habrá que acrecentar la flexibilidad de las normas de trabajo eliminando las restricciones de horario y de trabajo a tiempo parcial y modificar los reglamentos ( ... ) a fin de aumentar la movilidad del trabajo. Tienen que reformarse los sistemas de negociación de salarios de algunos países para aumentar la flexibilidad de los salarios ( ... ) debe impedirse que a consecuencia del poder de mercado de las personas actualmente empleadas  los "elementos internos"  el nivel del salario real sea demasiado alto para que los desempleados  los "elementos externos"  puedan encontrar trabaj o ( ... ) será necesario reorientar el gasto público que afecta al mercado de trabajo, destinándolo no a financiar programas pasivos de mantenimiento del ingreso, sino a la ejecución de una política activa de mercado de trabajo.
Ante la conciencia asumida socialmente del avance que supone el mantenimiento de las políticas que aseguran las conquistas citadas, el FMI (ib., 72) contraataca intentando dividir a la sociedad, al afirmar que:
las políticas de esa índole casi siempre representan un "benficio social" sólo para los recursos humanos empleados, que quedan protegidos de la competencia [sic] de los desempleados, y no para toda la sociedad.
Sin embargo, el razonamiento implícito es otro. Éste, no sólo no se preocupa por la infrautilización del trabajo disponible  desempleo y subempleo  sino que lo impulsa (bajo la forma del subempleo o empleo precario que desempeña el mismo papel de "ejército de reserva". presionando los salarios a la baja, que el desempleo abierto).

Conviene precisar que se considera empleo precario o sub~ empleo a cualquier relación laboral (legal o no) distinta de la reglada; ya sea por duración limitada del contrato, por dedicación a tiempo parcial, por realización de las tareas fuera del espacio de la empresa (a domicilio), por la infrautilización de la cualificación del trabajador, por la ausencia de cobertura legal y de Seguridad Social (economía sumergida o "informal", sin relación contractual) o por la contratación por una entidad distinta de aquélla a la que se prestan realmente los servicios. Cualquier relación laboral que incluya alguna de estas características es de carácter precario. El citado impulso a estas modalidades de trabajo tiene por objetivo el abaratamiento del trabajo que facilite la valorización del capital; es decir, el aumento de la tasa de ganancia, (D' D)/D, a través de una reducción de D (pues M se ha abaratado por el lado de la fuerza de trabajo, FT).

Como señalaba la OCDE en 1984 (Cize y otros, 1990: 180),
las medidas tomadas para superar los obstáculos a la concurrencia e incrementar la flexibilidad de los mercados de trabajo, de productos y de capitales han contribuido, y pueden contribuir más todavía, a la mejora de los desempeños económicos generales ( ... ) la parte de los costes de mano de obra en el valor añadido total es ahora más reducida que en 1973 y deberá aún disminuir en 1985 ( ... ) de manera más general, el problema de la instauración en el mercado de trabajo de condiciones propicias a la creación de empleo va mucho más allá de la cuestión de los costes reales de la mano de obra. En ciertos países, las disposiciones relativas a los despidos parecen intervenir considerablemente en las decisiones de contratación de las empresas ( ... ) [hay que flexibilizar los salarios] que parecen jugar un papel particularmente importante en el problema del desempleo juvenil [y la movilidad laboral] tanto geográfica como socio profesional.
Y en 1987 0., 178),
en particular habría  que reducir las subvenciones industriales ( ... ) la eliminación de los obstáculos a la movilidad de la mano de obra reduciría los riesgos de presiones sobre los salarios a medida que el desempleo disminuyera ( ... ) por consiguiente aparece como imperativo en algunos dominios de la acción gubernamental el abstenerse de tomar nuevas medidas que quebrantan el juego de los mercados y el emprender la supresión de las que ya existen.
También, el Banco Mundial, en relación a los países subdesarrollados, plantea (Cize y otros, 1990: 180):
un gran número de países en desarrollo han adoptado leyes de salario mínimo para proteger los salarios de determinados grupos de trabajadores. La reforma de estos reglamentos, que solamente debería asegurar a los trabajadores peor pagados una red de seguridad, satisfará los objetivos de equidad junto a reducir el grado de distorsión.
En definitiva, en torno a la desreglamentación se da una ofensiva considerable. Sus efectos se traducen en un incremento de la precariedad laboral que facilita el abaratamiento del trabajo y la degradación de otros aspectos de las condiciones laborales. Consecuencia de todo ello es el aumento de la desigualdad, así como el deterioro de las condiciones de vida de una parte muy importante de la población. Además de estos efectos directos, hay otras implicaciones, de carácter político, que buscan la propia destrucción de toda cohesión social y organización de clase independiente, como se analiza en el apartado 3.3.3.

Este punto se explica de forma muy ilustrativa con la situación de Senegal. En la actualidad, el Código de trabajo sólo cubre a una parte muy reducida de los trabajadores senegaleses (apenas 40.000 de una población activa de unos tres millones y medio). Sin embargo, por paradójico que pueda resultar, esa pequeña parte es la regla, y el resto (la mayoría aplastante), la excepción. Si se aplicará la propuesta existente de eliminar dicho código, esta situación sería la regla. En tanto exista el Código de trabajo, el objetivo de todos los trabajadores será estar cubiertos por él, lo que fortalece la existencia de organizaciones sindicales. Este razonamiento es igualmente aplicable a la situación del mercado laboral en los países desarrollados, en los que, a pesar de que la mayoría de los nuevos contratos sea de carácter precario, éstos no dejan de ser excepcionales (en el sentido de que están fuera de la norma).
C) Apertura
Desde los orígenes del capitalismo, su lógica de búsqueda de la mayor tasa de ganancia lleva a la internacionalización creciente de la actividad económica. La explicación es sencilla: para facilitar la realización del ciclo D M P M' D' se requiere, entre otras cosas, la disponibilidad de materias primas más baratas (para que comprar M cueste menos D, aumentando así la diferencia entre D' y D respecto a D) y de más mercados para colocar los productos (que permitan el paso de M' a D') o el traslado (o deslocalización) de ciertas actividades productivas para utilizar mano de obra más barata (para abaratar también el costo de M); y para facilitar asimismo el ciclo D D', prestando capitales en países con mayores tasas de interés, actuando en los mercados cambiarios internacionales, etc.

Históricamente, los distintos capitales nacionales han reclamado la reducción y paulatina eliminación de las barreras que otros países ponen al intercambio comercial exterior y al movimiento internacional de capitales. Pero, simultáneamente, exigían también el mantenimiento en sus países de esos obstáculos a la competencia que podía venirles del exterior.

Además de la existencia de intereses antagónicos entre capital y trabajo, en el capitalismo se presenta otra fuente de conflicto importante. Se trata de la derivada de la competencia entre los distintos capitales, cuyos intereses generales respecto al trabajo son comunes, pero entre ellos son contrarios, como consecuencia de que los espacios de generación y apropiación de ganancia son limitados. Estos conflictos se agudizan en períodos de crisis.

Por otra parte, el proceso histórico de concentración y centralización del capital, también intensificado durante la crisis, altera el escenario de competencia, que nunca había sido "perfecta", salvo en los textos de algunos autores, otorgando poder oligopólico u oligopsónico; es decir, de demanda, a determinados grupos; y no sólo a escala nacional, sino también mundial.

Este último punto es clave. La vinculación histórica entre los capitales nacionales y los Gobiernos respectivos conformó una extensa red de protección para estos capitales a los que se les trataba de reservar los espacios de ganancia del país. El objetivo era obstaculizar la utilización de dichos espacios por parte de capitales exteriores y el mecanismo la adopción de políticas proteccionistas: impuestos a los productos de fuera, restricciones a la entrada y salida de capitales, etc. Incluso, se facilitaba la valorización de los capitales nacionales promoviendo sus ventas en el exterior.

La aplicación de políticas de ajuste en respuesta a la crisis no puede satisfacer simultáneamente los intereses de los distintos segmentos del capital. El predominio y capacidad de influencia de los grandes grupos y corporaciones transnacionales les permite imponer su orientación: la que les facilite su valorización a escala mundial. Ésta no es otra que una modalidad específica de apertura externa materializada en la liberalización del. comercio y los movimientos de' capital internacionales, mas no así en la circulación de trabajadores, que es fuertemente restringida y perseguida, o, dicho de otra forma, en el desmantelamiento de la protección que reserva los espacios nacionales a los capitales nacionales. Existen otras modalidades de apertura como la que se puede llevar a cabo a partir del monopolio estatal del comercio exterior.

Nótese que también para este objetivo son funcionales las recomendaciones neoliberales acerca de la reducción de la intervención estatal en la economía (basadas en la "teoría de las ventajas comparativas". Y también en este caso hay contradicción entre la teoría y la práctica. Por ejemplo, el Gobierno de EE UU, como otros, aunque especialmente por su control de los principales organismos internacionales, propone la liberalización de las relaciones económicas internacionales mientras mantiene todo su entramado de protección interna. Es decir se sugiere un esquema del tipo de: "pongarnos vuestros espacios a disposición de todos, sometidos al juego de la competitividad de cada uno..., pero yo sigo reservándome los míos para mí".

Con lo dicho hasta ahora, pareciera que se trata de un problema que sólo afecta al capital. Sin embargo, no es así, ya que se aprovecha la consigna de apertura y liberalización externa para, por una parte, liberalizar internamente en el sentido de liquidar las conquistas sociales y, por otra parte, plantear un esquema tramposo de competencia internacional entre trabajadores; de manera que los trabajadores de todos los países deben aceptar el empeoramiento de sus condiciones de trabajo en aras de una mayor competitividad. Se califica de tramposo porque es similar al del alumno que pide a todos sus profesores que le regalen el aprobado en su asignatura argumentando que es la única que le resta para acabar.

De hecho, tanto en el informe sobre competitividad del World Economic Forum como en el del Instituto Internacional de Gestión y Desarrollo, separados desde este año 1996 (El País, 27 y 30 de mayo de 1996), los países de Europa occidental tienden a perder posiciones, mientras otros países como Chile (sic) las ganan. Concretamente, en el primero de ellos, se dice:
Alemania, número 22, debe ese puesto, fundamentalmente, al Estado del Bienestar y a la falta de flexibilidad en el mercado de trabajo, aunque el informe admite su posición predominante en infraestructura y tecnología ( ... ) [Rusia es] el país menos competitivo de los 49 de que consta la lista ( ... ) el caso más desesperado [aunque] la mayor flexibilidad en el mercado laboral mejora un poco el panorama.
Además, estas políticas tienen efectos negativos en el empleo derivados de la liquidación de parte importante de la base productiva (específicamente industrial) que provocan.

La apertura externa implantada por la dictadura en Chile, especialmente entre 1976 y 1982, es un caso extremo muy interesante de reseñar; en relación al cual, además, no pueden argüir los teóricos neoliberales que no se siguieran sus recomendaciones. La apertura acelerada e indiscriminada, aplicada de forma prácticamente simultánea en el plano comercial y en el financiero, provocó una secuencia en la que la llegada masiva de capitales  la deuda externa aumentó más del 30% en 1979 y del 40% en 1980financiaba un elevado incremento de las importaciones cuyos precios relativos respecto a los productos nacionales se habían abaratado enormemente  entre 1974 y 1979, el arancel promedio se había reducido del 94% al 10, 1 % y la moneda se apreciaba en términos reales  En 1981 superaron el 33% del PIB, cuando en 1974 no llegaban al 15%. Aumentaron especialmente las de carácter suntuario, cuya participación en el total pasó del 4% al 14%. La imposibilidad de mantener esta secuencia confluyó en el posterior estallido de la crisis de la deuda.

Y el corolario fue la brutal crisis de los primeros años ochenta en los que, según datos oficiales, la producción llegó a caer en un solo año, 1982, hasta un 14,1% (un 21% la industrial) y el desempleo se elevó, en 1983, hasta el 28,5% (aunque casi todos los autores lo sitúan en realidad muy por encima del 30%). En todo ello, la apertura tuvo una responsabilidad central (Arrizabalo, 1995: 182 189, 235 y anexo estadístico).

En todo caso, en el apartado 3.4 se analizan con más detalle las importantes consecuencias que esta modalidad de apertura externa tiene sobre la actividad económica y las condiciones sociales.

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