Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997)






descargar 232.96 Kb.
títuloArrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997)
página3/5
fecha de publicación25.08.2017
tamaño232.96 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Economía > Documentos
1   2   3   4   5
* * *

El Banco Mundial, en su "Programa indicativo de acción" presentado en el "Informe sobre el desarrollo mundial 1987" (Cize y otros, 1990: 179), resume las transformaciones estructurales, que deben aplicarse como sigue:
los países industrializados deben eliminar sus rigideces económicas, estructurales ( ... ) Tres áreas de acción son particularmente importantes: en primer lugar, la reducción de las barreras comerciales en los sectores protegidos tales como la agricultura, la siderurgia, el textil, la confección, el calzado, el cuero y los astilleros, contribuiría poderosamente a aumentar la concurrencia y a promover la flexibilidad ( ... ) el segundo área de acción concierne al mercado de trabajo, en particular en Europa, donde la falta de flexibilidad ha agravado claramente el paro. La tendencia a fijar los salarios al nivel de las regiones más prósperas, el inmovilismo geográfico y profesional, el coste elevado de los despidos y las pesadas tasas sobre los salarios son otros tantos elementos que han impedido al mercado de trabajo funcionar eficazmente (...) la misma gravedad del desempleo supone un obstáculo a la mejora de las restricciones comerciales. Los trabajadores temen perder su empleo. Se puede remediar esta situación suprimiendo los reglamentos sociales inútiles y acordando las indemnizaciones de educación, de formación y de mudanza ( ... ) en tercer lugar, ( ... ) la mejora de las subvenciones a la agricultura, combinada con una asistencia en favor de las industrias que deben reestructurarse, contribuiría a una mayor flexibilidad.
En definitiva, se trata de que en el estadio de crisis crónica y estructural de la economía mundial, el capital, de acuerdo a su lógica de funcionamiento, busca los medios de incrementar o, al menos, mantener su tasa de ganancia (especialmente considerando la apropiación creciente que de ella se hace en el ámbito especulativo).

Para ello se aplican las políticas de ajuste materializadas en la apertura exterior (desreglamentación) como mecanismo de ampliación de la base de extracción y apropiación de plusvalía para el capital transnacional, sobre todo en el ámbito financiero; en la desregulación/precarización del mercado laboral como forma de abaratar el costo del trabajo para aumentar la tasa de plusvalía e impulsar al alza la de ganancia y, en la privatización, con los mismos objetivos y con un componente central, en muchos casos, de camuflaje de procesos de cierre de empresas/sectores, es decir, de destrucción de fuerzas productivas.
3.3.3. La otra cara del ajuste: su dimensión política
Considerando las consecuencias negativas de las políticas de ajuste para la mayoría de la población: ¿cómo se consigue aplicarlas sin que se produzcan resistencias e, incluso, estallidos sociales?

Ya se ha explicado que su aplicación no es lineal ni automática, sino que depende de la respuesta de los distintos sectores y clases sociales. Precisamente, la oposición que genera hace que los ritmos e intensidades de su implantación sean variados.

Los organismos internacionales utilizan distintos instrumentos para facilitar esta implantación. El primero se da en el terreno de las discusiones teóricas, tanto en el plano académico como en el político. Su objetivo es legitimarla o avalarla. En este sentido, se trata de un instrumento estrictamente propagandístico.

No obstante, a pesar de que como tal tiene cierta relevancia, es evidente que no resulta suficiente para asegurar su objetivo. Por eso, se utiliza también el mecanismo de fomentar la división al interior de la clase trabajadora; por ejemplo, como se refleja en los textos del FMI citados anteriormente, al presentar como antagónicos los intereses de los trabajadores empleados y los de los trabajadores desempleados; o los intereses de los trabajadores de los países desarrollados respecto a los de los subdesarrollados (5).

Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Y, por otra parte, preocupa la amenaza a la estabilidad que implica el deterioro brutal de las condiciones sociales en muchos lugares. Aquí aparece el BM para desempeñar una tarea fundamental, diseñada explícitamente desde finales de los años sesenta. Concretamente, en el informe Partners in Development ("Asociados en el desarrollo", más conocido como Informe Pearson"), de 1969, ya se plantea la necesidad de tener en cuenta los desequilibrios sociales, lo que dará lugar a toda la discusión posterior sobre las necesidades básicas, la pobreza, el "Diálogo Norte Sur" y el "Informe Brandt" etc.(6)

Como explican Lichtensztejn y Baer (1986: 128),
Aun el propio enfoque de las necesidades básicas, supuestamente ligado al crecimiento de los países agrícolas más pobres, desbordó en la época de McNamara sus explícitos objetivos económicos y sociales para acoplarse a consideraciones sobre la seguridad política; vale decir, la seguridad pasó a constituirse en atributo del desarrollo económico.
Ya que el propio McNamara, Presidente a la sazón del Banco Mundial (ib., 129) reconocía en 1977:

lo que es muy mala economía es permitir que un cultivo de pobreza crezca y se difunda en el seno de una nación en tal medida que comience a infectar y erosionar toda trama social.

Si verdaderamente la actuación del FM1/BM tuviera por objeto combatir la pobreza, estaríamos ante un flagrante caso de esquizofrenia, puesto que al fin y al cabo sus políticas son las responsables de su existencia y magnitud. Pero su actuación, particularmente la del BM, no pretende ese fin. El objetivo real es desmovilizar la oposición a sus políticas. Esta orientación tomará cuerpo más claramente desde 1980 con el establecimiento de los Structural Adjustment Lendings (SAL,"Préstarnos para ajuste estructural"). Es decir, préstamos orientados a ayudar a hacer pasar el ajuste promovido por el FMI. Una vez más se manifiesta el reparto de papeles entre ambas instituciones, puesto que (ib., 15),
como en muchos otros planos de la economía y la diplomacia internacional, la crisis ha servido, pues, para dejar al desnudo y sin falsos pudores las fuerzas en juego y las funciones reales que gobiernan las dos más grandes instituciones internacionales del moderno capitalismo transnacional.
El esquema de colaboración entre el FMI y el BM reparte las tareas. El FMI impone la aplicación de durísimos planes de ajuste, mientras el BM pone los fondos para facilitar dicha aplicación.

Valga un ejemplo para ilustrar la argumentación: del crédito de 424 millones de dólares concedido a Argentina por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 1 de noviembre de 1996, más del 75% (320) es para la reforma de los sistemas provinciales de Seguridad Social, es decir, para avanzar en su privatización "a la chilená"; o dicho de otro modo, para apoyar la política fondo mo netarista (El País, 2 de noviembre de 1996).

Además de la canalización de fondos para preparar el terreno a la privatización, la desreglamentación y la apertura, el BM tiene otra tarea fundamental, en colaboración con Naciones Unidas. En la búsqueda de la desmovilización citada, un instrumento privilegiado es promover la integración de las organizaciones obreras (especialmente los sindicatos) a la co  gestión de las políticas de ajuste.

Un mecanismo utilizado en este sentido es la política llamada de "cooperación al desarrollo", en la que bajo pretendidas consideraciones de carácter "humanitario" se esconden otras intenciones. Como reconocía la propia Comisión de las Comunidades Europeas en su Documento de Trabajo n.o 5 de 1987,
la Comunidad Económica tiene un interés económico directo en ayudar al Tercer Mundo pues depende de éste más que otras potencias industriales: dependencia energética ( ... ) dependencia en materias primas ( ... ) buscar nuevos mercados de exportación ( ... ). Así, muchas veces la llamada "ayuda" no son sino préstamos para vender excedentes o tomar posiciones geoestra tégicas en determinadas áreas u otras modalidades de igual significado.
No es éste el espacio para analizar pormenorizadamente esta política, pero sí interesa considerar su significado en relación al ajuste. La política de cooperación se articula crecientemente a través de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que complementan la actividad del FMI/BM a través de la financiación oficial que reciben (gubernamental o intergubernamental).

El Banco Mundial explica abiertamente que la intervención de las ONG en los proyectos financiados por el Banco, que se remonta a veinte años atrás, se ha convertido actualmente en uno de los pilares de la actividad del Banco, de manera que tras el final de los años ochenta, esta relación se ha reforzado notablemente tanto cuantitativa como cualitativamente; y da datos:
la colaboración operacional entre el BM y las ONG aumentó en grado significativo durante los últimos diez años. Mientras que en el período 1973 1988 sólo el 6% de todos los proyectos financiados por el Banco preveían algún tipo de participación por parte de las Organizaciones No Gubernamentales, éstas participaron en alrededor del 30% de todos los proyectos financiados por el Banco en el ejercicio de 1993, y entre el 40% y el 50% de los proyectos aprobados en los ejercicios de 1994 y 1995.
Prueba de la importancia de las ONG en este sentido es que "en 1993, los programas de las ONG internacionales representaron el 14% de toda la asistencia para el desarrollo, o US$ 8.500 millones" (7).

Entre las tareas que se persiguen con la financiación de las ONG se encuentran la desmovilización de los sectores populares estimulándoles a que, en lugar de reivindicar derechos, "mendiguen" ayudas, sustituyendo los espacios de organización política independientes del Estado por nuevos ámbitos dependientes de él, lo que se traduce en frecuentes episodios de corrupción de dirigentes. Además, con la excusa de la orientación "humanitaria", se utiliza masivamente mano de obra muy precaria, e incluso gratis. Se busca su colaboración en los procesos de privatización cubriendo la liquidación de la cobertura pública de determinados derechos (salud, educación, vivienda) por la "caridad" de las ONG; y, finalmente, la legitimación social de la "inevitabilidad" del ajuste.

Resultan ilustrativas en este sentido las palabras del Ministro de Hacienda chileno, Aninat, en octubre de 1996 como presidente de la Asamblea del BM/FMI. Destaca la integración en el discurso de la preocupación social y su concreción práctica que recomienda descaradamente la privatización de servicios sociales al hablar de la
necesidad urgente de una mayor eficiencia y una orientación más selectiva del gasto social ( ... ) la prestación privada de servicios sociales financiados por el sector público es sólo un ejemplo de las nuevas posibilidades de aumentar la eficiencia (La Época, 6 de octubre de 1996).
Hay multitud de ejemplos de esta colaboración. Se pueden citar dos, relevantes y recientes. Uno es la intervención militar de EE UU en Somalia, presentada como humanitaria, que responde a la llamada de las ONG que demandaban la "pacificación" de la zona para poder llevar a cabo su tarea. Sin embargo, desde tiempo antes, había informes que planteaban la urgencia de una intervención militar de EE UU en Somalia por razones estrictamente económicas vinculadas a la situación geográfica del país (en relación a las principales vías marítimas de transporte de productos tan importantes como el petróleo).

El otro se produce tras la invasión estadounidense de Haití y consiste en, a petición de las ONG, el envío masivo de donaciones de arroz procedente de EE UU al país caribeño. Su recepción consiguió arruinar la producción local de arroz, obviamente incapaz de competir con la que llegaba gratuitamente. El resultado final fue que, gracias a las ONG, el arroz seguía lle~ gando del exterior pero a precios internacionales, con impactos negativos sobre la balanza comercial, el empleo y el propio precio del arroz en el mercado haitiano.

Como se aprecia en ambos casos, las ONG cumplen fielmente las tareas para las que se las financia.

La importancia del ajuste es de tal magnitud que, de hecho, se constituye en la línea principal de fractura. Sus consecuencias negativas para la mayoría de la población exigen la adopción de toda una serie de instrumentos para garantizar su aplicación sin que se desate la contestación de forma generalizada y organizada. Los aspectos reseñados tratan de cumplir ese papel, pero el tema sigue estando abierto, como se expresa por doquier. Es precisamente por la importancia de los sindicatos en este sentido, por lo que se les intenta hacer co responsables del ajuste. Un ejemplo ilustrativo lo ofrece Naciones Unidas al invitarlos a su "Cumbre para el Desarrollo Social", celebrada en Copenhague en marzo de 1995, ofreciéndoles dos posibles fórmulas: formar parte, o de las delegaciones de las ONG, o de las gubernamentales; es decir, en ambos casos cuestionando su independencia. Sobre esta cuestión se volverá en el último apartado de este capítulo.
3.4. Resultados de las políticas de ajuste
En los apartados anteriores ya se han avanzado elementos importantes relativos a los resultados de la aplicación de las políticas (tanto coyunturales como estructurales) que conforman los planes de ajuste. Por otra parte, en los siguientes capítulos del libro se estudian con más detalle para cada una de las áreas. Por ello, en este apartado únicamente se van a abordar de forma general y muy sintética.

También se ha estudiado ya la responsabilidad directa del FMI/BM en la implantación del ajuste y, por tanto, en sus resultados. Esta aclaración no es baladí, puesto que constantemente se producen declaraciones de empleados o ex empleados de estos organismos que les eximen de cualquier responsabilidad en ellos; por ejemplo, Feito (VV AA, 1994: 46 47) afirma:
la dureza del proceso de ajuste, la caída de los niveles de vida que tiene que sufrir el país para equilibrar sus cuentas exteriores vendrá determinada esencialmente por la gravedad de la situación de partida, por las condiciones de la demanda mundial y por la oferta de financiación internacional, no por las medidas que configuran el proceso de ajuste del FM1, medidas que vienen impuestas por el estado de esas variables ( ... ) una situación como la descrita no deja alternativas a la política económica ( ... ) no se debe culpar al programa de política económica diseñado por el FMI de amenazar la estabilidad social de estas naciones, sino a las condiciones de la economía internacional, al marco institucional que regula las relaciones internacionales y a la política económica instrumentada en el pasado por estos gobiernos que permitió que sus desequilibrios alcanzarán tamaña magnitud.
Una última aclaración respecto a la evaluación de los resultados. Interesan tanto los relativos a los objetivos declarados como, especialmente, al objetivo implícito de fondo, es decir, el restablecimiento de las condiciones de valorización del capital (8). Como señalan Lichtensztejn y Baer (1986: 99 100),

más que la evaluación de los objetivos formales de equilibrio (financiero y de precios) en el corto plazo ( ... ) lo esencial de esas políticas sería comprender sus eventuales efectos reestructuradores sobre la dinámica de la acumulación y las relaciones de poder económico.
3.4.1. Destrucción económica
Los planes de ajuste se inscriben en el esquema neoliberal según el cual asegurar la estabilidad de los mercados garantiza el crecimiento y, por ende, la mejora de las condiciones de vida de la población. Es decir, plantea dos relaciones causales encadenadas. Ninguna de las dos es constatada empíricamente.

La estabilidad no garantiza el crecimiento, y menos si el instrumento para lograrla son las políticas monetaristas. Recuérdense los casos citados de EE UU y Gran Bretaña en los primeros ochenta o el caso chileno en el mismo período, en el que 1982, el año de menor inflación (9,9%), es también el de mayor caída de la producción ( 14,1%), y en donde la posterior recuperación del crecimiento ha ido acompañada de mayores niveles de aumento de los precios (Arrizabalo, 1995: 284 y 298).

Y el crecimiento económico tampoco certifica la disminución de las deficiencias sociales. Es más, en muchos casos se basa en su mantenimiento y profundización, como en el caso del elevado crecimiento reciente de China o del propio Chile durante los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición.

Desde el punto de vista instrumental y cortoplacisia, las políticas de ajuste logran algunos de sus objetivos, aunque no siempre. Por ejemplo, en muchos casos se consigue controlar la inflación. Sin embargo, las contradicciones que incluyen dificultan la consecución de otros. Es el caso del de la reducción de los déficit públicos, complicada por el efecto recesivo de las políticas antiinflacionarias adoptadas que restringen los ingresos fiscales, mientras incrementan los gastos de compensación.

Desde el punto de vista estructural, el ajuste también tiene resultados ambiguos. Por una parte, es evidente que la ampliación de espacios de ganancia realizada mediante la apertura y las privatizaciones (que también hacen disminuir los salarios indirectos y diferidos) y el deterioro de las condiciones laborales (especialmente del salario) por la desreglamentación favorecen la acumulación. Pero también lo es que los mecanismos utilizados conducen a la destrucción productiva y a la orientación masiva de capitales a la especulación; por ejemplo, con la ya reseñada liquidación de segmentos de actividad (los no rentables desde la lógica privada), derivada de las privatizaciones.

Consecuencia de las políticas de ajuste es el renovado impulso que reciben las actividades de carácter especulativo, parasitario. En 1984 sólo el 5% de los contratos responde a entrega de mercancías. En 1986 solamente las transacciones de eurodólares en Londres era 25 veces superior al comercio internacional (en 1979, 6 veces) y, en 1992, el movimiento de los nueve principales mercados de divisas era de 910.000 millones de dólares (el doble de las reservas de oro de los países industrializados), 1,2 billones en 1994; datos de Tobin, Walter y Fitzgerald (Torres, 1995: 137). Otro, dato: en 1984, la deuda pública y privada en EE UU era de cuatro billones de dólares frente a los 400.000 millones de 1960 (ib., 138).

La destrucción de fuerzas productivas es la otra cara del enorme crecimiento de la especulación, del parasitismo, y se plasma en todos los ámbitos de la actividad productiva, especialmente en la industria (sobre todo, en subsectores como la siderurgia, los astilleros' etc.), pero también en la agricultura, ganadería, minería, pesca, etc. En este sentido, la política comunitaria en la UE es paradigmática. Opera a través de la subvención directa del cierre de segmentos importantes de la actividad productiva en estos sectores, o incluso de la multa cuando se sobrepasan las cuotas asignadas.

Y la repercusión de esta destrucción de fuerzas productivas se expresa en la infrautilización de la mano de obra disponible, tanto por el desempleo abierto como por su uso precario.

Incluso el crecimiento que muestran los indicadores en determinados años, como en la segunda mitad de los ochenta, basado en la destrucción previa y en el espacio generado por el ajuste, no permite la recuperación del empleo. Hoy día constituye un lugar común afirmar que para que se reduzca el desempleo, el crecimiento del PIB debe ser superior al 3%. Como apunta Gill (1996: 724):
tras la recesión de 1980 82, los países de la OME han conocido un cierto crecimiento en el curso del resto de la década, de 1983 a 1990, a una tasa anual media del orden del 3%, mientras que el empleo no aumentaba más que a un ritmo anual del 1,5% y que la tasa de ahorro, en lugar de aumentar con las reducciones de las tasas marginales de imposición, disminuía en el curso de la década en la casi totalidad de los países de la OCDE.
Incluso el propio FMI (1993: 70) reconoce que la reducción del desempleo es más lenta que el aumento.

La destrucción de fuerzas productivas derivada de las necesidades del capitalismo actual se expresa también en la depredación de los recursos naturales. Facilitada por la desreglamentación emprendida, esta depredación, que la contabilidad nacional no considera, hipoteca las posibilidades de crecimiento futuro. Sin embargo, sí hay estimaciones de su magnitud. Por ejemplo, para el sector pesquero chileno, Gómez Lobo calcula su crecimiento (promedio anual en 1980 1989) restándole al dato oficial del 8,8% el consumo de capital natural a ritmos superiores a los que posibilitan su renovación (estimado en 4,2%), de manera que se sitúa en un mucho más modesto 4,6% (9).
3.4.2. Regresión social
Las políticas de ajuste y la destrucción productiva a la que conducen tienen efectos negativos en las condiciones de vida de la población. El primer ámbito en que se plasman es la elevada proporción de la fuerza de trabajo que se encuentra sin empleo  más del 10% en la UE  o con empleo precario.

Así, hay dos rasgos en el mercado de trabajo, el exceso de oferta y su desreglamentación, que presionan los salarios a la baja. Unidos a la política de privatizaciones que reduce el salario indirecto y el salario diferido, suponen una auténtica desvalorización de la fuerza de trabajo.

Thurow (El País, 23 de mayo de 1996) lo ilustra de forma elocuente:
Una vez ajustados a la inflación, los salarios reales semanales de los trabajadores norteamericanos que no ocupan puestos de dirección (alrededor del 80% de la mano de obra) son un 19% más bajos que en 1972. Mientras que, en 1995, los salarios reales del trabajador medio descendieron, la remuneración de los presidentes ejecutivos creció en más de un 30%. Estos resultados son simplemente inaceptables en una economía norteamericana en la que el PIB "per cápita" real ha aumentado un 45% en el mismo período.
Tortosa estima que entre 1979 y 1992 los salarios ajustados a la inflación cayeron un 20,3% Galbraith, que en la década de los ochenta, mientras las rentas procedentes de los intereses aumentaron un 150%, los salarios sólo lo hicieron en un 97% (Torres, 1995: 126 y 154), y Reich, que en 1990 los salarios de los obreros de las principales empresas de EE UU eran inferiores a los del año 1965 en tanto las remuneraciones de los altos ejecutivos aumentaron el 12% anual entre 1977 y 1990 (10).

Al hilo de estos resultados, algunos autores comenzaron a hablar de "deuda social" y a intentar estimar su monto. Para el caso chileno, Vuskovic aborda la cuestión como sigue:
los que tuvieron empleo sufrieron disminuciones de sus re muneraciones reales respecto a las remuneraciones promedio de 1970 (para no llevar la comparación a las todavía más altas de 1971 1972) que acumuladas a lo largo del período 1974 1989 equivaldrían a unos 40.000 millones de dólares actuales. Y los puestos de trabajo perdidos respecto de los que se habría tenido de mantenerse la tendencia del empleo del lapso 1960 1973 valorados según el salario promedio de 1970, representan una pérdida adicional equivalente a unos 25 mil millones de dólares: una "deuda social" que casi cuadruplica el total de la deuda externa acumulada por la dictadura» (1l).
Pero además de la pérdida de participación directa del trabajo en el ingreso por el elevado desempleo y los bajos salarios, la distribución final del ingreso se concentra aún más como consecuencia de la reducción del gasto público social. Entre los países de la OCDE, este fenómeno se da de forma muy marcada en Gran Bretaña y en EE UU. Concretamente, en la economía estadounidense "37 millones de obreros americanos no tienen cobertura social" y "el grado de desigualdades entre las familias está en su más alto nivel desde los años 30"  NYT y BBUM respectivamente (Cize y otros, 1990: 171) . Según un trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, en Gran Bretaña, durante la década de los ochenta, sólo el decil más rico aumentó su participación en el ingreso (un 9,5%), reduciéndola todos los demás, hasta en un 10,7% el más pobre, mientras en EE UU aumentaron su participación los tres más ricos (hasta un 6,4% el mayor) disminuyendola los siete más pobres (hasta un 8,7% el más pobre) (12).

La traducción de todos estos fenómenos es el tremendo deterioro de las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de la población mundial. Este deterioro, agudizado desde la aplicación generalizada de los planes de ajuste del FMI/BM, se constata en los países subdesarrollados y en aquéllos en los que el capital fue expropiado (antiguo CAME), pero también en los llamados desarrollados.

Incluso el propio sistema de Naciones Unidas a través de la CEPAL reconoce que en América Latina, tras la aplicación de las políticas de ajuste para el pago de la deuda durante los años ochenta, la población que se encuentra en situación de pobreza ha aumentado, alcanzando en 1990 a 195,9 millones de personas (un 45,9% de la población total). La misma tendencia se observa en el número de indigentes (93,5 millones, un 22%) (13) . Pero también se dispara el número de pobres en la UE, donde aumentan en 20 millones entre 1970 y 1987 o en EE UU, donde alcanzan la cifra de 36 millones en 1992 (Torres, 1995: 129 130)

Asimismo, empeoran otros indicadores, dramáticos, como el del hambre. Sutcliffe expone:
de manera muy general, las cifras sugieren que una quinta parte de la población mundial (un cuarto de la población de los países en desarrollo y la mitad en los continentes más afectados) sufren una infraalimentación severa. La proporción de los que no tienen una dieta adecuada seguramente ascenderá a cifras mucho más elevadas. Lo que sí se puede afirmar es que las deficiencias en la primera necesidad de la vida, la alimentación, es un problema de la mayoría de los seres humanos. En años recientes la evidencia sugiere que el problema no mejora ( ... ) el número absoluto de personas que sufren infraalimentación muy severa está aumentando (14)
Estos datos resultan escandalosos cuando la humanidad tiene sobrada capacidad tecnológica y de recursos para resolver esta situación. Parece evidente, por tanto, que lo que fallan son las reglas del juego, es decir, las relaciones de producción capitalistas.

En efecto, estas tendencias son coherentes con la lógica del capital. Especialmente en lo que se refiere al deterioro salarial en la medida en que, al aumentar la tasa de plusvalía, ensancha el margen de ganancia. Sin embargo, también refuerzan las contradicciones. Por ejemplo, al debilitar la demanda total de manera que se dificulta la realización de dicha ganancia (es decir, su materialización monetaria a través de la venta, del paso de M' a D'). El caso español es paradigmático de este fenómeno por el estancamiento del consumo privado a que llevan la magnitud del desempleo y el decaimiento de los salarios.
1   2   3   4   5

similar:

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconEn Torre de Babel, 1997

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconPlan de Estudios: 1997 Asignatura

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) icon[Diana C. Rosenberg et al.]. Buenos Aires : conicet, 1997

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconModifica el Reglamento (CE) número 939/1997 por el que se establecen

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) icon1997-1998 Instituto “Ignacio Allende” Guadalajara, Jal

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconNoviembre 2000 Sustituye: td406 de Diciembre 1997 Autor: pla página

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconNoviembre 2000 Sustituye: td421 de Diciembre 1997 Autor: pla página

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconNoviembre 2000 Sustituye: td405 de Diciembre 1997 Autor: pla página

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconPonencia al 49o Congreso Internacional de Americanistas, Quito, Ecuador, Julio 1997

Arrizabalo montoro, Xabier (Ed.) (1997) iconEl altruismo”, Robert A. Hinde. En: Bases biológicas de la conducta...


Medicina





Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com