Capitulo II conclusiones de derecho constitucion del e. L. A. De puerto rico




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Principios Generales


1.. Se procurará incorporar el Código de conducta a la legislación y a las prácticas nacionales.

2. Para alcanzar las metas y los objetivos establecidos en el artículo 1 del Código y sus correspondientes comentarios, la definición de "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" se interpretará de la manera más amplia posible.

3. El Código de conducta será aplicable a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cualquiera que sea la jurisdicción a la que estén sometidos.

4. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban instrucción, en su formación básica y en todos los cursos consecutivos de capacitación y repaso, sobre las disposiciones de la legislación nacional que estén vinculadas con el Código de conducta, así como los demás textos básicos sobre la cuestión de los derechos humanos.

B.     Cuestiones Específicas


1.Selección, educación y capacitación. Se dará una importancia primordial a la selección, educación y capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los gobiernos promoverán asimismo la educación y la formación mediante un intercambio provechoso de ideas en los planos regional e interregional.

2. Salarios y condiciones de trabajo. Se dará a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una remuncraci6n suficiente y condiciones de trabajo adecuadas.

3. Disciplina y supervisión. Se establecerán mecanismos eficaces para garantizar la disciplina interna y el control externo, así como la supervisión de los funcionarios encargados de hacer cumplir In ley.

4. Quejas del Público. Se adoptarán disposiciones especiales, dentro de los mecanismos mencionados en el párrafo 3, para recibir y dar trámite a las quejas formuladas por particulares contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se dará a conocer públicamente la existencia de estas disposiciones

II. VIGENCIA DEL CÓDIGO

A.     En el plano nacional


1. El Código estará a disposición de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las autoridades competentes en su propio idioma.

2. Los gobiernos darán difusión al Código y a todas las leyes internas que establezcan su aplicación, para que el público en general tenga conocimiento de los principios y derechos que contienen.

3. Como medidas para promover la aplicación del Código, las autoridades organizarán simposios sobre el papel y las funciones que incumben en la protección de los derechos humanos y la prevención del delito a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

B.     En el plano internacional


1. Los gobiernos informaran al Secretario General, en intervalos adecuados, por lo menos de cinco años, sobre la vigencia real de las disposiciones del Código.

2. El Secretario General preparará informes periódicos sobre los adelantos logrados en la aplicación del Código, basándose igualmente en las observaciones y la colaboración de los organismos especializados y las correspondientes organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social.

3. Como parte de los informes mencionados, los gobiernos comunicarán al Secretario General resúmenes de las leyes reglamentos y medidas administrativas en relación con la aplicación del Código y cualquier otra información pertinente sobre la observancia de sus disposiciones, así como información sobre las dificultades con que se hubiere tropezado en su aplicación.

4. El Secretario General presentará los informes mencionados al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia para que examine y tome las medidas que procedan.

5. El Secretario General pondrá el Código y las presentes Directrices a disposición de todos los Estados y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados, en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

6. Las Naciones Unidas, como parte de sus servicios de asesoramiento y sus programas de cooperación técnica y desarrollo:

a) Pondrán a disposición de los gobiernos que los soliciten los servicios de expertos y de asesores regionales e interregionales para ayudarles a aplicar las disposiciones del Código;

b) Promoverán seminarios nacionales y regionales de capacitación y otras reuniones sobre el Código y el papel y las funciones que incumben en la protección de los derechos humanos y la prevención del delito a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

7. Se estimulará a los institutos regionales de las Naciones Unidas a que organicen seminarios y cursos prácticos de formación sobre el Código, y a que investiguen en qué medida el Código tiene vigencia real en los países de la región, así como cuáles son las dificultades con que se ha tropezado.

No hemos encontrado evidencia alguna que demuestre que la Policía de Puerto Rico haya adoptado de forma alguna las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas que preceden.
JURISPRUDENCIA APLICABLE
SOBRE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Sec. 4 del Art. II de nuestra Constitución y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica protegen la libertad de expresión en foros públicos. A pesar de que este derecho no es de carácter absoluto, el Estado sólo podrá reglamentarlo en cuanto a tiempo, lugar y manera, siempre y cuando la reglamentación sea neutral, sobre el contenido y cuando fomente un interés apremiante del Estado. Tampoco puede impedir la existencia de otros métodos de expresión. Perry Education Assn. v. Perry Local Educators Assn., 460 U.S. 37, a la pág. 45; Unión Nacional de Trabajadores de la Salud v. Secretario de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

Ha sostenido el Tribunal Supremo de Puerto Rico que ese enfoque se impone, ya que las "leyes que en alguna forma limitan el derecho constitucional de la libertad de expresión, deben ser interpretadas restrictivamente a fin de que esa limitación no traspase el límite de lo absolutamente necesario." Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570 (1953); Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256 (1979).

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a ser oído. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968).

En Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972) el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo un minucioso análisis sobre las limitaciones a la libertad de expresión y expuso lo siguiente:

En general, una disposición legislativa que tiene como propósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida sólo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para proteger un interés legítimo e importante del estado (legitimate and compelling state interest); Mitchell Family Planning, Inc. v. City of Royal Oak , 40 L.W. 2453 (U.S.D.C. of E. Mich., 5 de enero de 1972). Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una restricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarcadora. Martin v. City of Struthers, 319 U.S. 141 (1942). En cuanto a las vías públicas, la Corte Suprema de los Estados Unidos "...[h]a sostenido inequívocamente que las calles son lugares apropiados para el ejercicio de la libertad de comunicar información y diseminar opiniones y que, aunque los estados y municipios pueden reglamentar adecuadamente ese privilegio en el interés público, no pueden gravar injustificadamente ni prohibir su ejercicio en estas vías públicas." Valentine v. Crestensen, 316 U.S. 52, 54 (1941). Se ha resuelto que son inconstitucionales ordenanzas que prohíben la repartición de hojas sueltas en residencias privadas a menos que se haya obtenido permiso previo del dueño. Martin v. City of Struthers, supra; Van Nuys Publishing Co. v. Thousand Oaks, 97 Cal. Rptr. 777 (1971); ordenanzas requiriendo una licencia previa para poder repartir hojas sueltas u otro material propagandístico, si el oficial a cargo de otorgar las licencias no tiene su discreción estrictamente limitada de antemano. City of Bowling Green v. Lodico, 228 N.E.2d 325 (Corte Suprema de Ohio, 1967); imposición de arbitrios sobre publicaciones religiosas vendidas sin fines de lucro. Follet v. McCormick , 321 U.S. 573 (1944); Jones v. Opelika, 319 U.S. 105 (1942); y el exigir que toda hoja suelta o publicación similar tenga impreso el nombre y dirección del que la pública. Talley v. California, 362 U.S. 60 (1959).3

En Peltz v. City of South Euclid, 228 N.E.2d 320 (1967), la Corte Suprema de Ohio declaró inconstitucional una ordenanza prohibiendo las carteles con mensajes políticos dentro de vastas zonas del municipio; y en  Pace v. Village of Walton Hills, 238 N.E.2d 542 (1968), esa misma corte declaró inconstitucional un reglamento de zonificación municipal que prohibía carteles políticos en zonas residenciales.

En Wolin v. Port of New York Authority, 392 F.2d 83, 89 (2d Cir. 1968), cert. denied, 393 U.S. 940 (1969), la Corte de Circuito Federal para el Segundo Circuito sostuvo que el edificio terminal de autobuses en la Ciudad de Nueva York era un lugar apropiado para el ejercicio de los derechos de expresión y libertad de prensa, a pesar de que el propósito primario del edificio no era ése, sino la transportación de personas. Sostuvo dicha corte, a la página 89:

"La privacidad y quietud de los residentes puede exigir que los pasillos de los edificios de apartamientos estén aislados de la excitación producida por las exhortaciones volátiles, o la callada solemnidad de la administración de la justicia puede requerir que los pasillos de las cortes se mantengan libres de demostraciones. Pero esa conclusión se basa en la sabiduría y la experiencia, ya que las fricciones creadas por cualquier expresión protegida interferiría sobremanera a otros intereses--y no sólo por el hecho de que tenga techo el edificio. Es más, el foro público puede ser, por tradición, tanto una sala de asambleas techada como una plaza a pleno sol."

En Brayton v. City of Anchorage, 386 P.2d 832 (1963), se reconoció el derecho del municipio a recobrar, en una acción civil, el costo de remover unos cincuenta carteles políticos que habían sido fijados por el demandado en unos postes del alumbrado pertenecientes a la ciudad. Ante la alegación del derecho a la libre expresión, el Tribunal Supremo de Alaska sostuvo que la ley protege al Estado contra transgresiones a su propiedad reconociéndole el derecho (common law right ) a ser indemnizado por los daños resultantes.

Y en People v. Richards, 31 N.Y.S.2d 457 (1941) se sostuvo la constitucionalidad de una ordenanza de la administración de un parque prohibiendo la fijación de carteles en el mismo, porque (1) permite la expresión en otras formas y (2) tiene un fin legítimo: la preservación de la tranquilidad en un lugar destinado al sosiego de los ciudadanos.

Para justificar las restricciones a la libre expresión en las vías públicas se han invocado ciertos intereses del Estado o la comunidad entre los cuales se destacan la privacidad del hogar, Breard v. Alexandria, 341 U.S. 622 (1950); la tranquilidad en los parques y lugares similares, People v. Richards, supra; la seguridad del tránsito, Peltz v. City of South Euclid, supra; el costo al gobierno de remover los anuncios, Brayton v. City of Anchorage, supra; el peligro que pueden crear para los trabajadores los carteles en los postes y otros lugares; Brayton v. City of Anchorage, supra; y la estética de la comunidad, Cervecería Corona v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). Véase el Informe de la Comisión de Derechos Civiles, Los derechos de expresión y el uso de las vías públicas en Puerto Rico, 1971, págs. 23--30, en el cual se ataca la prohibición absoluta de fijar carteles, sin implicar que el Estado renuncie a la reglamentación razonable, reconociéndose las diferencias que existen entre los distintos lugares y objetos públicos en que se pueden colocar pasquines, ya que hay objetos en que el valor estético o simbólico es máximo (una estatua) y otros en que es mínimo (un poste).
Es importante destacar que las protecciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son mucho más amplias que la dispuestas en la Constitución de los Estados Unidos. Está resuelto que la Constitución Federal determina el ámbito mínimo de protección que debemos reconocer en Puerto Rico, Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605, 618 (1987).

Con esta aclaración, examinaremos los parámetros impuestos bajo la Enmienda Primera en lo respectivo al ejercicio de la libertad de expresión en espacios públicos. Al amparo de dicha enmienda se ha desarrollado la doctrina del foro público, que parte de la premisa de que no hay un derecho absoluto a ejercer la libertad de expresión en la propiedad pública. El derecho a tener acceso a la propiedad pública para ejercer la libertad de palabra depende de las características de la propiedad en cuestión. International Soc'y for Krishna Consciousness, Inc. v. Lee, 505 U.S. 672 (1992); Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, 473 U.S. 788, 799 (1985); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, pág. 44.

En Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos identificó tres (3) tipos de propiedad pública. El primer grupo lo componen aquellos lugares que, por tradición, han sido dedicados a la reunión pacífica y al debate público, tales como las calles, aceras y parques. Perry, supra, pág. 45. A estos lugares se les denomina "foros públicos tradicionales". En ellos, el Gobierno no puede prohibir de manera absoluta el ejercicio de la libertad de palabra. Sólo podrá reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresarse, siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión, responda a un interés gubernamental significativo, limite la intervención a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo (narrowly tailored) y deje abiertas alternativas para la expresión. Íd., pág. 46. Si la reglamentación establece clasificaciones o limitaciones por razón del contenido del mensaje, debe sobrepasar un escrutinio estricto. Es decir, debe responder a un interés gubernamental apremiante y debe limitar su interferencia a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo. Burson v. Freeman, 504 U.S. 191 (1992).

De acuerdo con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el segundo grupo lo componen los foros públicos por designación. Se compone de aquellas propiedades públicas que el Gobierno ha abierto a la actividad expresiva. Una vez abiertos, aplican en éstos las mismas limitaciones al poder gubernamental de reglamentar la expresión que se emplean en los foros públicos tradicionales. Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educators' Assn., supra, págs. 45-46. Dentro de esta categoría, el Gobierno puede designar foros públicos limitados. Éstos se abren para propósitos específicos, tales como la discusión e intercambio de ideas por ciertos grupos o sobre ciertos temas. Por lo tanto, en esos casos, el derecho a expresarse se extendería sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema. Íd., pág. 48. El Gobierno no puede crear estos foros por inacción, sino sólo deliberadamente. Cornelius, supra, pág. 802.

Por último, la tercera categoría de propiedades públicas la componen los foros no públicos. Ésta comprende aquellas propiedades públicas que no son ni foros públicos tradicionales ni foros públicos por designación. En éstas, la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expresiva a aquella que sea compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable, neutral en cuanto a puntos de vista, y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión.

En materia de expresión simbólica está resuelto que el Estado puede reglamentar la misma si: a) existe un interés gubernamental sustancial; b) no se suprime la libertad de expresión; y c) la restricción se limita a lo esencial. Stromberg v. California, 283 U.S. 359 (1931); Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971) y Tinker v. Des Maines, 393 U.S. 503; 21 L. Ed. 2d. 731 (1969). Incluso la libertad de expresión ha sido reconocida en la quema de la bandera de los Estados Unidos. Texas v. Johnson, 491 U.S. 397; 105 L. Ed. 2d. 342 (1989). En Rodríguez v. Secretario de Instrucción, 109 D.P.R. 251 (1979), el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el balance de intereses requiere que sopesemos el alcance de la restricción contra la importancia del interés gubernamental que la anima. Debemos considerar, además, otros medios que pudiera utilizar el Estado para lograr su propósito del modo que menos lesione al derecho a expresarse, así como las vías alternas disponibles para ejercer ese derecho. Señaló nuestro más alto foro judicial que el principio rector es que, a mayor limitación, mayor debe ser el interés estatal así como la lesión a ese interés para que pueda justificarse la limitación a la luz de la Constitución.
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