Capitulo II conclusiones de derecho constitucion del e. L. A. De puerto rico




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SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los hechos acontecidos el 30 de junio de 2010 requieren dar una mirada al derecho a acceso a la información como parte de los derechos reconocidos por la Carta de Derechos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho de acceso a la información surge del Carta de Derechos como corolario al derecho de la libertad de expresión, prensa y asociación reconocidos en nuestra Ley Suprema.

En Soto v. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982), el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso lo siguiente refiriéndose al derecho de acceso a la información, siendo esta la normativa prevaleciente en nuestra jurisdicción al día de hoy:

El ideal de una verdadera democracia como desiderátum en que se inspira nuestra Constitución concibe la libertad de palabra, de prensa, de reunión pacífica y de pedir al gobierno la reparación de agravios “dentro de la más dilatada”3 visión. Por ello la Carta de Derechos expresamente consigna que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja” tales libertades. Art. II, Sec. 4. Es lógico, pues, concluir que existe una estrecha correspondencia entre el derecho a la libre expresión y la libertad de información. La premisa es sencilla. Sin conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años.

En Puerto Rico ya habíamos intimado el alto sitial del derecho de información en   Dávila  v.  Supt. de Elecciones,  82 D.P.R. 264, 279 (1960). Allí, al interpretar el derecho estatutario de todo ciudadano de inspeccionar y copiar cualquier documento público--según la Ley de Evidencia--expresamos que “No basta con que se reconozca meramente la importante justificación política de la libertad de información.   Los ciudadanos de una sociedad que se gobierna a sí misma deben poseer el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Debe elevarse ese derecho a una posición de la más alta santidad si ha de constituir un baluarte contra un liderato insensible” (énfasis suplido y en el original).

En cuanto a las limitaciones que puede poner el Estado al acceso a la información, en Soto v. Secretario de Justicia, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la normativa establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States  v.  O’Brien, 391 U.S. 367, 377 (1968), que sostuvo que “una regulación gubernamental estaría suficientemente justificada si: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante  o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión; y (4) la restricción concomitante de los alegados derechos bajo la Primera Enmienda no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés”. A tales fines, nuestro más alto foro judicial reconoció que la Legislatura puede aprobar legislación para impartirle confidencialidad a determinada información. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo la siguiente aclaración:

No obstante, como excepción al fin, toda legislación que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad debe ser interpretada restrictivamente a favor del derecho del pueblo a mantenerse informado. Dicha legislación, como cualquier otra que incida sobre derechos fundamentales, tiene que justificarse a plenitud y contener normas claras y precisas que permitan identificar adecuadamente el material y las circunstancias en que habrá de aplicarse la norma de accesibilidad.   En otras palabras, ninguna legislación que no contenga estándares apropiados para determinar el tipo de documento e información que habrá de estar sujeta al escrutinio público y que, por el contrario, establezca una norma de confidencialidad absoluta, puede superar el rigor de la cláusula constitucional en discusión.

En este mismo caso el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso que “[e]l Estado, como depositario de las funciones que emanan de la soberanía del Pueblo, no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”.

SOBRE EL USO EXCESIVO DE FUERZA

La Constitución de los Estados Unidos de América en su cuarta enmienda reconoce el derecho de todo ciudadano a estar protegidos en su persona y sus bienes así como contra registros y allanamientos irrazonables. La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico en su sección 10 de igual forma protege el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos señaló que el uso de fuerza por agentes es excesivo y en violación a los derechos civiles, si su uso no era razonable para las circunstancias enfrentaba. Así, en Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989), el Tribunal Supremo esbozó los criterios para evaluar cuándo la conducta de un agente constituye uso excesivo de fuerza en violación a los derechos constitucionales. Entre los criterios para evaluar la razonabilidad de la conducta del agente que ha hecho uso de fuerza están: la seriedad o gravedad del delito cometido por la persona intervenida; si la persona sospechosa representa o no una amenaza inmediata a la seguridad de los agentes o a otros; si la persona a ser arrestada está activamente resistiendo el arresto, o representa un peligro de fuga. Graham, supra, a la página 396. Véase también, Jennings v. Jones, 499 F.3rd 2, 11 (1st Cir. 2007); ASSPRO v. Mueller, 529 F.3rd 52 (1st. Cir. 2008).

Varios tribunales han resuelto que el uso de gas pimienta en circunstancias similares a las ocurridas el 30 de junio 2010 frente al Capitolio y dentro del vestíbulo de dicho edificio constituyen uso excesivo de fuerza. Por ejemplo, el uso de gas pimienta por agentes del orden público constituye uso excesivo de fuerza en circunstancias en que se utilizó contra un grupo de manifestantes que se habían encadenado unos de otros para impedir que los separaran. Los oficiales alegaron que por estar encadenados unos de otros esto les hizo difícil separarlos para proceder a ponerlos bajo arresto. Ante estas circunstancias un Tribunal concluyó que el uso de gas pimienta fue uso excesivo de fuerza. Headwaters Forest Defense v. County of Humboldt, 276 F.3d 1125, 1127-30 (9th Cir. 2002). De acuerdo con este caso, no se dieron las circunstancias identificadas en Graham, supra, que indicaran que la fuerza utilizada fue razonable. De forma similar, el uso de gas pimienta contra una persona que había cometido una infracción de ley menor, y estaba gritando descontroladamente se consideró como uso excesivo de fuerza. Vineyard v. Wilson, 311 F.3rd 1345 (11th Cir. 2002).

La conducta exhibida por agentes de la Policía de Puerto Rico el 30 de junio 2010, reflejan no sólo uso excesivo de fuerza por la utilización irrazonable de gas pimienta, sino que además por el uso de gases lacrimógenos que se utilizó en total menosprecio a los manifestantes en el ejercicio de sus derechos Constitucionales de expresión y de asociación y a expresar oposición a la acción del gobierno. De igual forma, en los eventos del 30 de junio de 2010 se hizo uso de gases lacrimógenos incluso siendo lanzados los mismos desde un helicóptero de la Policía contra personas que lo único que hacían era salir del lugar en protección de sus vidas e integridad física.

Además, la conducta de los agentes de la Policía al dar patadas a los/las manifestantes, sentadas en el vestíbulo del capitolio o que se habían caído por empujones propinados por ellos mismos, constituyen uso excesivo de fuerza. Igual resultado llegamos al evaluar el uso del roten y de las macanas que hicieron los agentes ese día. No hubo circunstancias que hicieran dichos actos razonables por lo que constituyen una violación a los derechos garantizados por la Constitución de Puerto Rico y de la de los Estados Unidos.

El record refleja que luego de haber utilizado gas pimienta, afectando así la visión y la capacidad de respirar de los/las manifestantes, agentes agredieron con sus macanas, empujaron algunos escaleras abajo; incluso a uno de ellos lo lanzaron desde la parte alta de las escalinatas luego de balancearlo en el aire. Esto representa un craso menosprecio por la vida y seguridad de las personas allí presentes.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES

Un supervisor responde legalmente por los actos de violación a derechos civiles cometidos por sus supervisados, como el caso de uso excesivo de fuerza, cuando sus actos y omisiones constituyen una condonación o aquiescencia en la supervisión. La conducta u omisión debe reflejar una indiferencia imprudente o insensible. Leyva v. Policía, ELA, 132 D.P.R. 489 (1993). El Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, estuvo presente en el Capitolio ese día desde temprano en la tarde. Ha admitido públicamente ser responsable del operativo y/o las intervenciones que allí hicieron los agentes así como de las instrucciones impartidas. El Superintendente Auxiliar de Operaciones de Campo, Leovigildo Vázquez, el Jefe de Operaciones Tácticas, Miguel Mejías, y un Oficial de alto rango identificado por su apellido Vázquez, entre otros oficiales de alto rango con funciones de supervisión, estuvieron físicamente en el Capitolio el 30 de junio 2010 durante el tiempo que ocurrían las intervenciones y violaciones descritas en este informe y presenciaron las mismas. No surge del récord acto alguno de parte de estos funcionarios para detener las agresiones, el uso indebido de gas pimienta y de gases lacrimógenos donde la vida y seguridad de los manifestantes se puso en peligro. Por el contrario, expresiones públicas del Superintendente de la Policía, sugieren que tenían planificada la forma y manera que intervinieron ese día con los manifestantes. Estos debieron prever que sus actuaciones y omisiones pusieron en movimiento la cadena de eventos que desató las agresiones, los empujones, el uso del gas pimienta y gases lacrimógenos, la falta de perímetro inicialmente y luego la irrazonabilidad del perímetro que pretendían imponer, el uso excesivo de fuerza y los daños que sufrieron los manifestantes así como la persecución irrazonable de los manifestantes que intentaban huir de las agresiones y del humo.

Existe evidencia en el récord de al menos un Oficial de la Policía, identificado como Juan D. Vargas, que estuvo involucrado en actos ilegales el 30 de junio 2010 que tenía un expediente de antecedentes de agresiones que incluía una demanda ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Este fue el oficial que desenfundó su arma e hizo disparos al aire. Sus supervisores conocían o debían razonablemente conocer de esta conducta y de su historial. Del récord lo que surge es que este oficial ha sido promovido de rango, no sancionado por violación de derechos civiles. Esto es evidencia de indiferencia imprudente o insensible a los derechos de los ciudadanos al no tomar las medidas disciplinarias correctivas y apropiadas para que las violaciones no vuelvan a ocurrir. En esta etapa de la investigación desconocemos el historial de los otros agentes que podrían arrojar más información en este aspecto.

Del récord surge, además, que el Superintendente de la Policía así como otros supervisores presentes ese día incurrieron en violaciones de derechos civiles con sus actos propios. Además responderían por su demostrado menosprecio a las violaciones de derechos y dejadez en la supervisión de los oficiales que estuvieron involucrados en los eventos del 30 de junio 2010.

1 Los derechos humanos de que se trata están determinados y protegidos por el derecho nacional y el internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes están la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Convención de Viena sobre relaciones consulares.


2De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el uso de armas de fuego se considera una medida externa. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

3 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2564 (1961).


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