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Concepto de Experticia

Rengel Romberg, define la experticia así:

“Es un medio de prueba consistente en el dictamen de personas con conocimientos especiales (científicos, artísticos, técnicos o prácticos), designadas por las partes o por el juez, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hecho sobre las cuales debe decidir el juez según su propia convicción”

En esa definición se destaca:

a) Nuestra Ley, siguiendo la concepción tradicional, contempla la experticia en el Código Civil, entre los medios de prueba de las obligaciones y en el Código de Procedimiento Civil, al tratar de la instrucción de la causa, en el Capítulo VI de los medios de prueba, de su promoción y evacuación.

b) Por su estructura, lo mismo que el testimonio, el dictamen de los expertos es una declaración representativa, emitida por escrito; pero mientras el testigo aporta al proceso la representación de su percepción individual, el perito aporta la representación de su saber no individual y fungible. De donde se sigue que la experticia es una prueba directa, porque la percepción no la tiene el Juez por si mismo, directamente, sino mediante el dictamen escrito de los peritos.

c) La experticia es una prueba personal, puesto que solo las personas son capaces de conocer, tener percepciones y transmitirlas a los demás, ya oralmente o por escrito.

d) Las personas designadas como peritos deben tener conocimiento especiales (científicos, técnicos o prácticos), puesto que por su esencia misma la experticia trata de suplir las deficiencias del Juez en cuanto a dichos conocimientos.

e) La experticia solo puede ser promovida a petición de las partes, las cuales tienen legalmente la carga de esta prueba y solo excepcionalmente de oficio por el Tribunal, en los casos permitidos por la ley (1426 C.C., 401 Ord. 5, 514 Ord 4, 249 C.P.C.. Antes se citaron algunos ejemplos).

f) Por su función la experticia tiende a la formación de la convicción del juez sobre hechos de la causa y se resuelve en la enunciación de proposiciones que sirven para la verificación de las afirmaciones de las partes en torno a los hechos de la causa.

g) Los jueces no están obligados a seguir el dictamen de los expertos si su convicción se opone a ello (1427 C.C.). Esta es una de las características de la experticia como medio de prueba y una manifestación del principio racional de la valoración de las pruebas por el Juez conforme a las reglas de la sana crítica (507 C.P.C.).

h) En la práctica del foro se discute si el dictamen de los peritos es nulo si no se llena todos los requisitos indicados en el artículo 1425 del C.C., que señala que el dictamen de la mayoría de los expertos se extenderá en un solo acto que suscribirán todos y debe ser motivado, circunstancia sin la cual no tendrá ningún valor. Si no hubiere unanimidad, podrán indicarse las diferentes opiniones y sus fundamentos.

Respecto de la motivación de la experticia, la Casación ha entendido siempre, que debe estar constituida, sin duda, por el conjunto de razones que han motivado a los peritos a inclinarse en determinado sentido. Para que pueda considerarse una experticia carente de motivos –ha precisado la Casación- es necesario que esté desprovista en absoluto de razonamientos previos a la conclusión o que ellos sean tan vacuos o inconsistentes que rechacen por si mismos el carácter de tales.

Clasificación de la prueba de experticia:

Rengel Romberg, no clasifica la prueba de experticia.

Devis Echandía lo hace de así:

La clasificación de las peritaciones y de los peritos depende del punto de vista que se adopte para considerarlos.

En una primera clasificación, Devis Echandía distingue entre el perito percipiendi y el perito deducendi, y señala:

a) Hay peritaciones para verificar la existencia o las características de los hechos técnicos, científicos o artísticos, de que hablan Lessona, Carnelutti, Florian, Mittermaier, Franchi, Mallard, Alsina, Scardaccione, Denti, Andrioli, Silva Melero, Guasp, Sicard. A estas peritaciones corresponde el llamado perito percipiendi.

Considera Devis Echandía que esta clase de dictamen es, indudablemente, un medio para la comprobación de hechos. Los autores que le niegan a la peritación el carácter de medio de prueba, olvidan que esta clase de dictamen es quizás el más frecuente, lo mismo en los procesos civiles que en los penales y laborales.

b) Otras peritaciones tienen por finalidad aplicar las reglas técnicas, artísticas o científicas de la experiencia especializada de los expertos, a los hechos verificados en el proceso, por cualquier medio de prueba, para deducir de ellos las consecuencias, las causas o las calidades o valores que se investigan. Los peritos hacen las dos operaciones, de enunciar las reglas de la experiencia técnica pertinente y de aplicarlas a los hechos probados en el proceso, para formular las deducciones concretas que corresponden. A esta clase de peritación corresponde el llamado perito deducendi.

También en esta clase de peritación se verifican o prueban hechos: los que constituyen la causa o el efecto (el perjuicio, por ejemplo) de los otros hechos probados por medios distintos, o aspectos concretos de tales hechos, que equivalen a una prueba pericial de los mismos (como el valor económico de un objeto o un daño, la calidad artística de una obra de arte, la buena o mala calidad de una mercancía).

Aceptan expresamente esta clase de peritaciones, entre otros, Carnelutti, Mittermaier, Mallard, Guasp, Aguirre, Alsina. Quienes admiten este medio para establecer la existencia o el valor de los perjuicios ya causados o que puedan ocasionarse en el futuro, en virtud de hechos debidamente probados, en ese proceso, o la causa de un hecho también probado allí, implícitamente aceptan esta segunda clase de peritaciones.

c) Teóricamente puede suceder que los peritos reciban el encargo de enunciar simplemente las reglas de la experiencia técnica que los califica, para que el juez proceda a aplicarla a los hechos comprobados en el proceso y a obtener las conclusiones. En ese caso el dictamen sería un simple instrumento para la integración del juicio lógico del juez, una simple regla de experiencia para la apreciación de las pruebas. En la práctica es muy raro que se presente esta tercera clase de peritación, pues por lo general contiene la verificación total o parcial de hechos, que existe en las dos primeras clases que hemos explicado.

2) Citando a Lessona, Devis Echandía también distingue entre peritaciones forzosas y potestativas o discrecionales, según que la Ley exija o no su práctica para el caso.

3) También distingue las peritaciones judiciales de las peritaciones prejudiciales, según que ocurran en el curso de un proceso o en diligencia procesal previa. Las últimas están autorizadas en muchas legislaciones como la colombiana, la salvadoreña, la argentina, etc.

4) Con un sentido similar al de la anterior clasificación, se habla de peritaciones de presente y peritaciones de futuro, entendiendo por aquellas las que se practican en el curso de los procesos, para que surtan de inmediato sus efectos probatorios, y por las últimas las que se producen anticipadamente, para futura memoria, en vista de un litigio eventual, en diligencia judicial previa al proceso en donde se aducirán como prueba.

5) Puede hablarse también de peritaciones oficiosas o por iniciativa de las partes, según que medie o no este impulso del interesado.

6) Por último, señala Devis Echandía, si se admite la peritación para establecer la ley extranjera y la costumbre nacional o extranjera, lo mismo que para interpretar la ley que utiliza expresiones técnicas o científicas, pueden distinguirse las peritaciones sobre hechos y sobre el derecho, o en lenguaje carneluttiano, las técnicas y las jurídicas.

En cuanto a las distintas clases de peritos, además de los mencionados percipiendi y deducendi, puede hablarse de esporádicos o accidentales (cuando adquieren esa condición para el caso concreto y en virtud del nombramiento especial del juez) y de continuos o permanentes (si desempeñan un cargo cuya función consiste en emitir dictámenes, para cierta clase de procesos, como por ejemplo los médicos legistas o forenses que deben dictaminar sobre las causas y el momento de la muerte o sobre las consecuencias de las heridas, en los procesos penales). Se acepta que los últimos no estén sujetos al requisito del juramento previo a cada dictamen, en razón de haberlo prestado, para todas sus actuaciones futuras, al tomar posesión del cargo.

Promoción y evacuación de la prueba de experticia.

Santana Mujica, señala –antes de la entrada en vigencia del actual código- que su promoción abarca todo el lapso de prueba (289 CPC derogado) y su evacuación va desde que se admita la prueba hasta los últimos informes, por aplicación extensiva del lapso establecido para las posiciones juradas.

Tanto en primera como en segunda instancia, el juez en los autos para mejor proveer, puede disponer que se practique alguna experticia sobre los puntos que establezca, o se amplíe o aclare la que existiere en autos . Inclusive en razón del artículo 1426 del CC, el juez frente al dictamen no claro, puede de oficio ordenar nueva experticia por uno o más expertos, siempre en número impar y designado por el Tribunal.

Formas de Promoción


En el escrito de pruebas o por diligencias, se debe indicar la voluntad de que se sometan a experticias hechos determinados. Por tanto se debe señalar el tipo de estudio técnico que se quiere se realice, los hechos o cosas que quieren hacer examinar, indicar los procedimientos científicos que se desea se usen y las conclusiones que se aspiran obtener.

En la de oficio, el juez debe señalar el fundamento legal de promoverla y los puntos de hecho sobre los cuales quiere el dictamen.

Rengel Romberg, señala que la prueba de experticia luego que ha sido oportunamente promovida y admitida según las reglas generales del procedimiento ordinario, tiene lugar el primer acto de procedimiento contemplado en el artículo 452 del C.P.C., que es la fijación por el Juez de una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos.

a) Las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez. Si no convinieren en que se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento.

En caso de litisconsorcio, si los interesados no se acordaren en el nombramiento del experto que les corresponde, el Juez procederá a insacular los nombres de las personas que ellos propongan y se nombrará el que resulte elegido por la suerte. Si al acto concurre uno solo de los litisconsortes, éste hará el nombramiento del experto.

Cuando alguna de las partes dejare de concurrir al acto del nombramiento de los expertos, el Juez hará la designación por la parte que faltare y la del tercer experto y si ninguna de las partes concurriere al acto, éste se considerará desierto.

Por otras parte, cuando la experticia se haya acordado de oficio el Juez nombrará uno o tres expertos tomando en cuenta para ello la importancia de causa y la complejidad de los puntos sobre los cuales deben dictaminar los expertos.

b) Una vez nombrados los expertos, se procederá a su juramentación, la cual tendrá lugar al tercer día siguiente a su nombramiento por las partes, a la hora que fije el Juez. Los nombrados deberán concurrir al Tribunal sin necesidad de notificación a prestar el juramento de desempeñar fielmente el cargo. A tal efecto, cada parte, por el solo hecho de hacer el nombramiento de su experto, tiene la carga de presentarlo al Tribunal en la oportunidad aquí señalada. Si el experto nombrado no compareciere oportunamente, el Juez procederá inmediatamente a nombrar otro en su lugar. En la experticia acordada de oficio o a pedimento de parte, el experto o los expertos que nombre el Juez prestarán su aceptación y juramento dentro de los tres días siguientes a su notificación.

No indica el Código Civil, ni el de Procedimiento Civil que la falta de juramentación sea causa de nulidad de la experticia o de remoción del experto. La jurisprudencia de la Casación, a la cual hechos hecho referencia con anterioridad, interpretando lo dispuesto en el artículo 1425 del Código Civil, concluyó que la nulidad contemplada en la citada norma se refiere sólo a la experticia que no esté motivada; decisión esta reiterada en posterior sentencia del 19-10-72. Sin embargo, Borjas opina que los expertos, como funcionarios que son, han de prestar juramento de desempeñar fielmente su encargo y sus funciones adolecerían de nulidad se entrara a desempeñarla con omisión de dicho requisito.

Rengel Romberg no comparte esa opinión, pues considera que la Ley no establece esa nulidad, ni tampoco califica de funcionarios públicos a los peritos.

c) Prestado el juramento, el Juez fija el plazo para desempeñar el encargo. A este fin, en el mismo acto de juramentarse los expertos, el Juez consultará a cada uno de ellos sobre el tiempo que necesiten para desempeñar el cargo y luego lo fijará sin exceder de treinta días y fijará también el término de la distancia de ida y vuelta respecto del lugar donde haya de practicarse la diligencia, si fuere el caso.

En relación al plazo, la ley prevé por una parte, la posibilidad de su ampliación o prórroga cuando los expertos lo soliciten antes de su vencimiento y el juez lo estime procedente en fuerza de las razones aducidas; y por otras la reducción o supresión del plazo, cuando el objeto de la experticia fuere de tal naturaleza que a juicio de los expertos las diligencias puedan practicarse inmediatamente después del juramento, rindiendo el dictamen acto continuo, previa autorización del Juez.

La fijación del plazo para practicar la experticia y su eventual prórroga conforme a los citados artículos 460 y 461 del C.P.C., considera Rengel Romberg que no afectan el lapso general de la evacuación de las pruebas a que se refiere el artículo 400 del C.P.C., en el sentido que la eventual prórroga de aquel por un tiempo que supere y exceda el lapso general de evacuación, no implica que este lapso ha quedado extendido o prorrogado por el mismo tiempo de aquel y por ello la preclusión del lapso general de evacuación de las pruebas, estando todavía pendiente el vencimiento del lapso especial de la experticia, impide que el procedimiento pueda seguir la secuencia ordinaria, que es el acto de informes previsto en el artículo 511 del CPC, mientras no concluya el lapso de la experticia y el resultado de esta prueba conste en autos.

En cuanto a la naturaleza del plazo fijado a los expertos para rendir su dictamen, la ley no ha previsto que la prueba de experticia sea nula en ausencia de fijación del término para practicarla, por lo que la Casación ha decidido reiteradamente que no es un trámite esencial del procedimiento; que los expertos puedan rendir su dictamen aunque no se les hubiere fijado plazo para ello y aun después de vencido el plazo fijado, con la única consecuencia de la multa prevista para los expertos; pero que lógicamente debe entenderse en ambas situaciones que el dictamen ha sido presentado antes de que la causa entre en estado de sentencia.

d) Señala el artículo 463 y siguientes del CPC: Que los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos. Que los expertos están obligados a considerar en el dictamen las observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales acompañarán originales al dictamen. Que los expertos procederán libremente en el desempeño de sus funciones, pero no podrán destruir o inutilizar las cosas sometidas a su examen sin autorización del Juez. Que los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia. Que el dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito ante el Juez de la causa o su comisionado, en la forma indicada por el Código Civil. Se agregará inmediatamente a los autos y deberá contener por lo menos: descripción detallada de lo que fue objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados en el examen y las conclusiones a que han llegado los expertos. Que en el mismo día de su presentación o dentro de los tres días siguientes, cualquiera de las partes puede solicitar del Juez que ordene a los expertos aclarar o ampliar el dictamen en los puntos que señalará con brevedad y precisión. El Juez, si estimare fundada la solicitud, así lo acordará sin recurso alguno y señalará a tal fin un término prudencial que no excederá de cinco días. Que el experto que dejare de cumplir su encargo sin causa legítima, incurrirá en una multa de quinientos a dos mil bolívares, que le impondrá el Juez según la gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir.

e) La ley prevé los casos de falta absoluta de alguno de los expertos, en los cuales se nombrará otro conforme a las disposiciones anteriores; y en los demás casos de falta, se hará únicamente nuevo señalamiento de plazo para realizar la experticia. En todo caso, si el impedimento del experto durase más de quince días se nombrará nuevo experto conforme a las disposiciones anteriores.

f) Por lo demás los peritos son recusables, pero una parte no podrá recusar al experto que haya nombrado, o aquel que nombre el Juez en su lugar, sino por causa superviniente. No contempla nuestro Código reglas especiales a cumplirse en el caso de recusación de los peritos, como ocurre en otros derechos, entre ellos el colombiano, en el cual el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil Colombiano establece algunas reglas para el caso de que el perito conozca el impedimento en que se encuentra y no se excusa o se abstiene de tomar posesión del cargo. En nuestro sistema se aplican las reglas generales relativas a la recusación e inhibición de los funcionarios judiciales, en cuyo artículo 90, tercer aparte, se establece: “Los asociados, alguaciles, jueces comisionados, asesores, peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales podrán ser recusados dentro de los tres días siguientes a su nombramiento, si se trata de jueces comisionados, o de la aceptación en el caso de los demás funcionarios indicados, salvo disposición especial”.
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