Lenguas Vivas "Juan R. Fernández"




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Política y legislación lingüísticas

Roberto Bein
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
I.E.S. en Lenguas Vivas "Juan R. Fernández"


http://www.salvador.edu.ar/vrid/publicaciones/revista/bein.htm

A. Introducción

¿Por qué hablar de política lingüística en unas jornadas de la lengua española que tienen como tema las lenguas en contacto: lengua materna, segundas lenguas y lenguas extranjeras? Comencemos por delinear brevemente el panorama idiomático argentino actual: lo conforman las distintas variedades del castellano, lenguas aborígenes –el guaraní, el quechua, el aymara, el mapuche, el wichí, el toba, el pilagá y muchas más–, lenguas de inmigración antigua –el italiano, el francés, el alemán, el inglés, el danés, el ídish y muchas otras que ingresaron en el siglo XIX–, lenguas de inmigración reciente –como las del sudeste asiático, del este europeo y, nuevamente, lenguas aborígenes– e interlectos entre el español, el guaraní y el portugués, sumados a la presencia masiva del inglés como lengua internacional y a lenguas que son materia de estudio, como el latín y el griego clásico.

Ante esta situación, que se va modificando tanto en sentido de la homogeneización por aculturación de las minorías como en el de la diversidad por el arribo de nuevos inmigrantes, debemos preguntarnos por qué cambian las lenguas y por qué se cambia de lengua. Estas preguntas, que cautivaron a la humanidad desde antiguo, obtuvieron distintas respuestas a lo largo de la historia de la lingüística: desde causas sociohistóricas, como las migraciones, las mezclas entre pueblos, las guerras y los genocidios, hasta motivos intralingüísticos, como la ley de la economía lingüística, la fuerza del intercambio, la teoría del cambio ligado a la existencia de la variación lingüística, la necesidad de nombrar nuevas y la caída en desuso de viejas realidades, y otras. Pero poco se tuvo en cuenta como respuesta y como estudio hasta hace unas décadas el hecho de que las lenguas también cambian, y también se cambia de lengua, por intervención directa de los hombres en las lenguas, en sus funciones y en las prácticas discursivas. Cuando estas intervenciones son practicadas por los Estados, responden a orientaciones conscientes que llamamos una política lingüística.

En este sentido, la política lingüística abarca el conjunto de las decisiones que se toman conscientemente con relación al uso público del lenguaje, como la de instituir una lengua como lengua oficial, dotar de escritura una lengua ágrafa, ordenar una reforma ortográfica, fijar una terminología, proteger las lenguas minoritarias, establecer qué lenguas extranjeras se deben enseñar en el sistema escolar público, decidir qué habilidades lingüísticas deben adquirir los estudiantes de los distintos niveles, velar por la edición de libros para ciegos, garantizarle a alguien que no conoce la lengua oficial un intérprete en los juzgados u obligar a los locutores provinciales de radio y televisión a usar el estándar de la capital. Todas estas son decisiones que se tomaron en algún momento en la Argentina.

Hasta ahora habíamos definido la política lingüística como acción estatal sobre las lenguas. Así lo piensa, por ejemplo, Louis-Jean Calvet, quien señala que "Cualquier grupo puede elaborar una política lingüística [...]. Pero sólo el Estado tiene el poder y los medios para pasar al estadio de la planificación." (Calvet 1997). Otros, en cambio, creen que aun cuando se pueda reservar el significado de "decisiones del Estado sobre el uso público de la lengua" para el sintagma "política lingüística", los cambios provocados por intervenciones de los hombres no se agotan en las decisiones estatales, sobre todo cuando no se trata de un Estado fuerte, como el francés, sino de Estados débiles o dependientes. Pues entonces pueden también tener efectos prácticos las acciones sobre las lenguas o las prácticas discursivas de otros colectivos, como asociaciones de profesores de lenguas, representaciones de terceros países y comunidades inmigrantes, o de individuos aislados pero con repercusión pública, como la que tuvieron sobre el lenguaje literario argentino Jorge Luis Borges y Julio Cortázar y sobre la configuración del español traducciones como la que en el siglo XVI hizo Juan Boscán de El Cortesano, de Baldassare Castiglione, o incluso los acuerdos que puedan surgir de unas jornadas como estas. En otras palabras, en esos casos hay que volver a analizar la relación entre lengua y poder.

Así, Georg Kremnitz (Kremnitz 2001), recoge un estudio de los catalanes Emili Boix y Xavier Vila (Boix y Vila 1998), quienes grafican a los actores de la política lingüística y sus roles distinguiendo entre el "Estado" con sus tres poderes, por una parte, y, por la otra, la "sociedad civil", en la que incluyen el poder económico y mediático, pero también todas las asociaciones civiles, desde los sindicatos hasta las asociaciones de lingüistas. Kremnitz considera útil ese análisis; sin embargo, critica que la "población", el tercer componente de este esquema, aparezca casi sólo como receptor del cual prácticamente no parten impulsos político-lingüísticos, pues cree que si bien la población aparece como masa difusa que, cuando se articula, suele hacerlo a través de organizaciones civiles, su papel político-lingüístico no es secundario. Y añade:

"Por eso me parece que tiene sentido aguzar la mirada sobre los participantes de los procesos político-lingüísticos y sus posibles papeles. Mi hipótesis es que los papeles de los participantes se modifican en conexión con los cambios en las condiciones sociales de la comunicación, y que estos cambios se plasman en los desarrollos pero especialmente en los resultados de los procesos".

Creemos poder precisar esta hipótesis para la política lingüística argentina. En ella se puede observar que quienes han tomado las medidas o influido en ellas han ido variando conforme a la dinámica social; en otras palabras, no ha sido siempre el Estado la fuente de la política lingüística. Pero antes de continuar analizando la política lingüística argentina, debemos tratar la otra parte del título de esta conferencia.

¿Por qué hablar de legislación lingüística en estas jornadas? Primero debemos definirla: consideramos como tal toda legislación que se refiere directa o indirectamente a lenguas en lo relativo a su uso, su enseñanza, su defensa o su prohibición y a los derechos individuales y sociales con relación a las lenguas.

La legislación lingüística es una herramienta central de la política lingüística. Es la manera en que el Estado expresa sus opciones en lo que atañe al uso público de las lenguas. En línea con lo que hemos dicho antes, queremos mostrar que esas leyes, aunque como tales emanen del Estado, reflejan también la presencia de esos otros actores de la política lingüística a los que nos referimos antes. Las demás intervenciones estatales están relacionadas con lo que llamamos la planificación del lenguaje, que es la puesta en práctica de una política lingüística, como la creación de escuelas, la confección de material de estudio, la formación de docentes y traductores, la asignación de dineros para lograr esos fines y también la sanción concreta de los usos lingüísticos indebidos. Aquí nos dedicaremos sobre todo a la política lingüística, y no tanto a su puesta en práctica.

La legislación lingüística se puede dividir conforme a ámbitos, los modos, los temas de intervención de esa política. Así, la legislación puede abarcar una escuela, un tipo de escuela, una jurisdicción, todo el país o ámbitos supraestatales; puede tener distinta jerarquía, como un decreto, una ley, una constitución, etc.; y puede referirse a los distintos temas de la política lingüística que hemos ido mencionando.

B. El banco de datos Mercolingua

Para presentar un panorama de esa legislación en la Argentina nos basaremos sobre todo en el banco de datos Mercolingua. Este banco de datos surgió por iniciativa del llamado Grupo de Trabajo de Políticas Lingüísticas del Mercosur en el año 2000; en una reunión en Porto Alegre se decidió que lo constituyera cada uno de los países miembros para tener una base de la cual partir para armonizar la política lingüística de la región. En la Argentina el proyecto fue impulsado por el Ministerio de Educación, el cual otorgó en 2001 una subvención a un equipo constituido por Fabia Arrossi, María Imelda Blanco, María Eugenia Contursi, Laura Eisner, Fabiola Ferro, María López García y Ana Lucía Rivas y coordinado por mí, que, entre otras tareas, debía constituir el banco de datos. Publicamos una primera versión de los resultados en enero de 2002.

Unas observaciones sobre la metodología empleada. Partimos sobre todo de dos colecciones: un CD producido hace unos años por la Academia Nacional de la Educación bajo el nombre de LENA (Legislación Educativa Nacional Argentina) y el sistema on-line SAIJ (Servicio Argentino de Informática Jurídica"), y buscamos en ambos palabras clave como "lengua", "idioma", "aborigen", "indígena", "extranjero", "dialecto", "discurso, "texto", así como sus plurales y adjetivos correspondientes. Luego, con esa misma base virtual SAIJ comprobamos desde cuándo o hasta cuándo estaban vigentes los textos legales. También analizamos algunos textos especiales, como por ejemplo la Constitución Nacional, la normativa de la actual reforma educativa y las normas lingüístico-legales del Mercosur. Dividimos los resultados según los criterios que explicaré a continuación y extrajimos los fragmentos textuales referidos a lenguas.

Los criterios de clasificación fueron los siguientes:

  1. La jerarquía del texto normativo, p.ej. Constitución Nacional, convenio internacional, Constitución provincial, ley nacional, decreto o decreto-ley nacionales, leyes provinciales, resoluciones ministeriales, etc.

  2. El ámbito de aplicación del texto normativo:

  1. legislación educativa, con una subclasificación: enseñanza del castellano, de lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales como el de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes;

  2. legislación sobre medios masivos (radio y televisión, diarios y revistas, libros);

  3. legislación sobre derechos y obligaciones civiles y políticos

  4. legislación en materia de apoyo/defensa/promoción de lenguas, en especial, el castellano y las lenguas aborígenes de Argentina;

  5. normas referidas al uso de las lenguas en la industria y el comercio (p.ej., la rotulación de los productos);

  6. la legislación concerniente al Mercosur (que tratamos por separado para su comparación con la de otros Estados miembros).

  1. El orden cronológico de las normas.

Los criterios surgieron pragmáticamente. Partimos de una clasificación inicial, pero tuvimos que modificarla a medida que se acumulaban los textos. Por ejemplo, dejamos de lado la clasificación por el objeto de la norma –una sola escuela, un tipo de escuela, una provincia, una región o todo el país– porque, con algunas desviaciones, en general esa división coincide con la jerarquía del texto. Otra división de la legislación lingüística, como la propuesta por Louis Jean Calvet (Calvet 1997) en leyes incitativas e imperativas, en nuestro caso no resultó productiva, pues salvo las "recomendaciones" de los documentos del Mercosur, prácticamente todas las leyes son imperativas tanto por el léxico como por el tipo textual, lo cual no significa que, dadas las posibilidades políticas, económicas y prácticas (por ejemplo, el número insuficiente de profesores de lenguas extranjeras) realmente se las aplique.

En cambio se podría distinguir entre legislación directa e indirectamente referida a lenguas. Si bien esa distinción no es nítida, tal vez ayuden a su comprensión los siguientes ejemplos. Un ejemplo de referencia directa es la Constitución Provincial del Chubut de 1994, que en su capítulo "De los indígenas" declara en su artículo 34 que

"La Provincia reivindica la asistencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto de su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural."

Un ejemplo de referencia indirecta, la Convención que creó en 1945 la UNESCO (en la Argentina: ley 13.204 de 1948), y que en su artículo 1° señala que

"La finalidad de la organización es contribuir a la paz y a la seguridad promoviendo la colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua y religión [...]".

C. Los resultados

Nos encontramos con un panorama abigarrado y fascinante, que también permite contestar la pregunta de si el Estado argentino posee una política lingüística. A esta cuestión me referiré más adelante. Daré algunos ejemplos de cada ámbito de aplicación, pero, por su importancia como ley suprema, quiero comenzar por analizar la Constitución Nacional.

En la Constitución de 1853 no encontramos ninguna referencia a la lengua. La oficialidad del castellano se tomaba como natural y que, por tanto, no hacía falta la intervención humana en una obra de la naturaleza (lo mismo ocurre en otras Constituciones argentinas). La representación sociolingüística de "la Argentina, país monolingüe", no reflejaba, sin embargo, una evidencia. Hasta el surgimiento como nación independiente, la política lingüística en nuestro suelo había sido, desde luego, la de la corona española, con sus diferencias entre la casa de los austrias (siglos XVI y XVII), los cuales practicaron una hispanización incitativa más que imperativa, y la de los borbones (desde el siglo XVIII), que fueron centralistas, dirigistas y castellanistas, como lo prueba la Real Cédula de Aranjuez de 1770, en que Carlos III ordenó la castellanización absoluta y la eliminación de las lenguas indígenas en toda la América hispana, medida que, como dice Ana Gerzenstein (Gerzenstein 1999), contribuyó menos a la difusión del español que al daño que provocó a las lenguas indígenas. De hecho, la Asamblea del año XIII redactó sus conclusiones no solo en castellano, sino también en tres lenguas aborígenes. Ahora bien: podríamos pensar que cuarenta años después el castellano ya se había impuesto en todo el territorio, si no fuera porque otros hechos contradicen esa presunción, como la publicación de la Gramática y diccionario de la lengua pampa, de Juan Manuel de Rosas (1825), la creación de escuelas de comunidades inmigrantes en las que no o apenas se enseñaba el castellano y que en la segunda mitad del siglo XIX sufrieron intervenciones gubernamentales más estrictas al respecto, la persistente vitalidad de algunas lenguas indígenas hasta el día de hoy y la inmigración de minorías alóglotas, que ya comenzaba, si bien no con la masividad de los años ochenta. En ese sentido, un hecho curioso pero no único que me informaron alumnas de la Universidad Nacional del Litoral es que las actas del Concejo Municipal de la ciudad santafesina de Esperanza fueron escritas entre 1861 y 1864 en francés. El Concejo estaba constituido por igual número de franceses que de alemanes; en buena parte se comunicaban a través del secretario del Concejo, que era trilingüe alemán-español-francés. Pero para las actas se desestimó el alemán porque la letra gótica dificultaba su lectura.

A la luz de estos hechos, la falta de mención de la lengua oficial debemos explicarla por otras razones. Posiblemente –y esta hipótesis no podemos demostrarla aquí– la razón central radique en la concepción de ciudadano: no lo eran los indios ni los inmigrantes, sino los criollos hispanoparlantes. Como escribimos Elvira Arnoux y yo en otro lugar, "debemos considerar las representaciones no sólo como esquemas orientadores socialmente compartidos de la percepción y evaluación de las distintos fenómenos lingüísticos sino también como diseños más o menos complejos del universo social que los discursos sobre el lenguaje construyen, aunque hablen sólo del lenguaje". En encuestas sociolingüísticas a menudo las valoraciones negativas acerca de algunas lenguas, entre otras, de lenguas indígenas ("inútiles") o del alemán ("feo") son claramente juicios sociales y culturales que no se basan en una experiencia lingüística propia. Ahora podría añadir que también el silencio acerca de lenguas realmente existentes es una forma de representación sociolingüística y, por lo tanto, una representación de la realidad social.

En la reforma constitucional de 1994 tampoco se fija una lengua oficial, pero en el Art. 75 se señala entre las atribuciones del Congreso:

"17.- Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural [...].

19.- Proveer lo conducente al desarrollo humano [...]

Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; [...]."

Además, el texto constitucional de 1994 incorpora varias convenciones y pactos de derechos y garantías internacionales; entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada Pacto de San José de Costa Rica), la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre los derechos del niño. Esta última, por ejemplo, exige en su artículo 1 (c): "Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya". El Pacto de San José de Costa Rica, de 1969 (en la Argentina: Ley 23.054 de 1984), señala en su parte I, capítulo 1, art. 1:

"1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social."

Y en el capítulo 2, art. 8: Garantías Judiciales

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

    1. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; (…)"

Percibimos, pues, un claro cambio con relación a 1853: si bien no se ha avanzado en una política lingüística del Estado, el derecho a la lengua propia se considera ahora parte de los derechos humanos.
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