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Lo resaltado en amarillo son puntos a revisar.

Lo escrito en letra cursiva roja es lo que se propuso para reformular algunos conceptos.

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación

Subsecretaría de Educación

Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

PROTOCOLO:

Guía de Orientación para la Intervención

en Situaciones Conflictivas

Año 2012

Índice

Introducción……………………………………………………………… 3




Consideraciones generales………………………….…………………… 4




Encuadre normativo………………………….…………………………. 6

Acciones para la promoción de la convivencia en la escuela ………….. 7




Primeras intervenciones…………………………………………………. 9




Maltrato Infanto-Juvenil ………………………………………..……... 12

Presunción de Abuso Sexual Infantil …………………...………….…. 16




Violencias en el espacio escolar …………………………………….….. 19




  1. Fallecimiento ……………………………………………….…………... 23

  2. Suicidio …………………………………………………………..….….. 24

  3. Autoagresiones …………………………………………………………. 26

Niños en Situación de Calle……………………………………………. 27




Trabajo Infantil …………………………………………………….….. 28

Desaparición de personas……………………………..……………….. 31

Sustancias tóxicas……………………………………………………… 33

Bibliografía …………………………………………………….………. 36




Guía de orientación para intervención1 en situaciones conflictivas

Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo de continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por consiguiente nunca hagas preguntar por quien doblan las campanas: doblan por ti. John Donne.

Introducción

Este documento2 (se sugiere pensar a este documento como algo que está a servicio de los otros) aborda las diferentes situaciones conflictivas que pueden suceder en el contexto de la escuela y en su comunidad de referencia, en relación a la vulneración de los derechos tanto de los niños, niñas y adolescentes como de los demásactores institucionales. En este sentido, sostenemos que la escuela es uno de los espacios de cuidado más adecuados para la construcción de subjetividades.

En primer término se plantean consideraciones generales; luego se señala la normativa vigente en relación a las problemáticas tratadas. Posteriormente, se proponen las primeras intervenciones a tener en cuenta en todos los casos, y por último se hacen recomendaciones sobre algunas situacionesen particular, tales como: Maltrato Infanto-Juvenil: Presunción Abuso Sexual: Intrafamiliar, Extrafamiliar y en el Ámbito Escolar; Violencias en el espacio escolar; Fallecimiento; Suicidio; Autoagresiones; Niños en situación de calle; Trabajo Infantil, Desaparición de Personas ySustancias tóxicas.

La finalidad que perseguimos es la de proponer pautas, indicaciones y / o sugerencias a tener en cuenta ante las diferentes situaciones conflictivas que puedan presentarse en el ámbito escolar, apuntando a fortalecer las intervenciones profesionales. Es importante trabajar con los elementos emergentes de la situación concreta sumando el punto de vista profesional de quienes intervienen y en concordancia con los lineamientos propios de la política educativa provincial y la normativa vigente.

Comúnmente a estos instrumentos se los denomina “protocolos de intervención”, pero en nuestro caso, preferimos llamarlos “guía de orientación para la intervención” con intención de quitarles cierta rigidez, ya que entendemos que un protocolo puede llevar a interpretarse como un modelo de intervención pautado e incuestionable, sin tener en cuenta las peculiaridades que ofrece cada situación en particular.

Consideraciones generales

En el presente contexto socio educativo, se nos presentan, con frecuencia, situaciones conflictivas de carácter extraordinario y, en ocasiones, de urgencia. Las actuales condiciones de existencia colectiva y de convivencia en instituciones con otros, siempre diferentes, ha generado una irrupción de nuevas violencias. Podríamos afirmar que el conflicto es inherente al ser humano. No es, por lo tanto, un obstáculo para nuestro trabajo, sino que forma parte de él.

En las situaciones que habitualmente conllevan una vulneración de derechos, suele producirse un fuerte impacto en lo cotidiano que muchas veces hace caer los garantes de estabilidad existencial, por lo que requieren de una intervención específica.

Cuando estas situaciones incluyen una dimensión de amenaza contra la integridad psicofísica, ya sea autoinfligida o hacia otros, es necesario recurrir a un enfoque integral, es decir, abordado desde distintas dimensiones: lo institucional, lo áulico, lo comunitario, incluyendo el aprendizaje de todos en el marco de una corresponsabilidad. Desde nuestro lugar de adultos, debemos realizar intervenciones, de las que dependerán en cierta forma las repercusiones positivas o negativas en los distintos actores institucionales. Es importante por lo tanto mantener una actitud reflexiva, abierta a la discusión con otros, y siempre en función de la defensa y promoción de los derechos de los niños3. La escuela no debe pensarse como una isla, es parte de una sociedad que construye sujetos, por lo tanto es co-constructora de esos sujetos.

Las estrategias de intervención que aquí se proponen se fundamentan en una lectura situacional, desde la singularidad de cada hecho, de cada institución, de cada familia, de cada grupo áulico, de todos los afectados, considerando lo singular de la comunidad en cuestión. Es por ello que las siguientes sugerencias no deben aplicarse irreflexivamente, como “receta única”, a riesgo de traicionar el propósito de este Documento.

Las problemáticas que particularmente nos interesan están determinadas por lo histórico y lo social. Coincidimos con Emiliano Galende (2005) cuando sostiene que los problemas se expresan en las personas. Este autor plantea que las situaciones conflictivas hacen dramáticamente visibles situaciones que ya estaban funcionando en la sociedad pero todavía sin datos ni señales que nos hicieran tomar conciencia de las mismas. Desde esta posición podemos debemos (se propone pensar en potencial) diseñar una intervención con perspectiva desde la corresponsabilidad4, superando las limitaciones que conlleva definir intervenciones a partir de entenderlas como problemáticas individuales solamente. (Aquí se propone la idea de pensar al niño ligando los contextos en los cuales se encuentra5, y la de definir qué se entiende por enfoque integral). Por ello la responsabilidad como docentes va más allá de atender a las situaciones cuando ellas emergen. Si bien constituye una obviedad saber que cuando los hechos aparecen y son visibles hay que atenderlos, se requiere una reflexión por fuera de los hechos inmediatos que nos permita estar atentos a las señales que hagan visibles estos problemas en el seno de la vida de la comunidad escolar o de la sociedad en su conjunto. Esto supone una reflexión permanente que permita estar abierto a poder ver lo que sucede, sin naturalizar conductas, prácticas, rituales y hábitos de una escuela o de una comunidad.

A modo de síntesis, orientándonos por el principio de que todos los niños deben habitar la escuela, es necesario reconocer y definir tres cuestiones claves en toda intervención:

- ¿Cuál es la situación conflictiva?

- ¿Cuál es la red de actores institucionales y comunitarios para su abordaje?

(En relación a esta segunda pregunta, se resalta la importancia que tendría el diseño de un plan para cada escuela en particular, que forme parte de la planificación institucional). ACUERDOS NOTA AL PIE

- ¿Cuál es la propuesta de acciones a desarrollar?

  • Encuadre normativo

La comunidad docente debe conocer la legislación vigente en materia de derechos y deberes que deben respetarse y cumplirse en cada sector de la sociedad. Nos permitimos recordarla.

Leyes Nacionales

  • Ley 23.849/90 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue a su vez fue aprobada por las Naciones Unidas en 1989 estableciendo, a grandes rasgos, que todo niño tiene derecho a la supervivencia, al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño.

  • Ley 24.417/94 de Protección contra la Violencia Familiar, la cual contiene disposiciones de fondo y de forma referida a la problemática de la violencia familiar en el seno intrafamiliar y el abordaje judicial e institucional que debe cumplirse ante este tipo de situaciones.

  • Ley 26.061/06 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece los presupuestos que deben cumplir los diferentes organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como también la familia, para garantizar el pleno goce del ejercicio de los derechos por parte de los niños y adolescentes.

  • Ley 26150/06 de Educación Sexual Integral, la cual establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, entendiéndose como educación sexual integral a aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

  • Ley 26.390: que prohíbe el trabajo de los niños y niñas por debajo de los 16 años, en tanto protege el trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años.

Leyes de la Provincia de Buenos Aires

  • Ley Provincial 12.569/01 sobre Violencia Familiar y Decretos Reglamentarios 2875/05 y 2785/06. Esta ley en su articulado establece cuestiones vinculadas a las diferentes situaciones de violencia familiar y las formas de actuar ante las mismas, siendo una de ellas, la conformación de Mesas locales y Mesa Intersectorial Provincial.

  • Ley 12.807/01 sobre Abuso Sexual Infantil, la cual hace hincapié en su prevención teniendo como punto central la capacitación al personal de las dependencias oficiales e instituciones privadas que realicen tareas vinculadas directamente con niños, para reconocer y detectar síntomas que indiquen que un niño haya sido o está siendo objeto de una situación de abuso sexual. Se destaca la importancia a su vez de la denuncia del mismo, así como la necesidad de informar los lugares receptores de denuncias y servicios de apoyo jurídico, terapéutico o social (debe garantizarse al niño el acceso al tratamiento terapéutico, procurando su recuperación).

  • Ley 13.298/05 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con la ley 26.061, aparece como novedad la creación del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, el cual se implementa a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o desconcentrado, y por entes del sector privado.

  • Ley 13.634/07 del Fuero de Familia y Responsabilidad Penal Juvenil. Se constituye a partir de ella el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que define al Ministerio de Desarrollo Social como la contraparte del Poder Ejecutivo encargada de formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y medidas destinadas a trabajar con jóvenes en conflicto con la ley, asegurando sus derechos y garantías,que posibiliten su real inserción en su comunidad de origen; quedandoprohibida la difusión de la identidad de los niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales.

  • Ley 13.803 de Erradicación del Trabajo Infantil.

  • Reglamento General de Escuelas, 2012.

Acciones para la Promoción de la Convivencia en la Escuela

Se sugiere revisar los distintos puntos de este apartado, ya que no quedaría claro si se trata de propuestas preventivas de la situación o propuestas para la intervención de las situaciones. Además, debería revisarse el orden de estas propuestas, de manera tal que se agilice la lectura para poder reflexionar a la hora de actuar.

Es muy importante que las instituciones contemplen en su Proyecto Institucional algunas acciones favorecedoras de la Convivencia en la Escuela. Entre otras, mencionamos:

  • favorecer dispositivos que posibiliten circuitos de información y actualización en relación a los nuevos paradigmas vinculados a la promoción y protección de los derechos de la infancia y adolescencia y las normativas vigentes acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño.

  • trabajar la temática de las violencias y las formas pacíficas de resolución de conflictos en las diferentes instancias institucionales y comunitarias. Para ello, es pertinente la construcción genuina y colectiva de los Acuerdos Institucionales de Convivencia; la formación de Centros de Estudiantes y otros espacios colectivos de democratización como las Mesas de Participación Juvenil.

  • construir un piso mínimo de consenso entre los actores institucionales que intervendrán (Equipo Directivo, Equipo de Orientación Escolar, Equipo docente, Equipo Interdisciplinario Distrital en el caso de que sea convocado por el Inspector). Aquí se señaló que el Equipo Interdisciplinario Distrital quedaría por fuera de la institución, por lo cual debería reformularse la referencia a los “actores institucionales” o excluirse al Equipo Interdisciplinario Distrital.

  • prever qué acciones institucionales deben extenderse en el tiempo y cuáles no.

  • diseñar estrategias de intervención que se focalicen en todos aquellos sectores de la comunidad educativa que se encuentren afectados, sin centrarse necesariamente en los aspectos psicológicos de los individuos y en sus familias.

  • disponer una mirada atenta y una escucha activa a la convergencia de determinados indicios que pueden devenir en situaciones de conflictos de muy alta complejidad.

  • propiciar un abordaje específico que intervenga en la singularidad de cada situación, evitando la uniformidad de los dispositivos y procedimientos que llevan a actuar de la misma manera en toda situación.

  • activar la red de equipos complementarios, en red institucional-social hacia la comunidad territorial.

  • convocar a las familias para que participen de la vida institucional. Algunas podrán, otras no. Las familias forman parte de la comunidad educativa. Si sólo son convocadas frente a las dificultades de sus hijos, generamos más retraimiento que presencia6.

  • establecer vínculos de diálogo con los referentes familiares, en los que sea posible el intercambio para enriquecer el proceso educativo de sus hijos.

  • favorecer espacios de expresión de las afectaciones y tramitación colectiva, ya sea por circulación de la palabra, escuchando el “decir” de cada actor, o por talleres de actividades expresivo-lúdicas.

  • trabajar en el armado de un clima de confianza y respeto para procurar el cuidado y la protección mutua de todos los integrantes de la comunidad educativa.

  • trabajar con los actores institucionales sobre la importancia de la respuesta responsable y adecuada en los tiempos de la urgencia.

Primeras Intervenciones

  • Ante la presentación y/o conocimiento de una situación conflictiva, lo primero que debería debe hacerse es asistir atender, generando prácticas o espacios de cuidado7. inmediatamente a los sujetos afectados de manera directa o indirecta, realizando el acompañamiento necesario a quienes corresponda y a sus familiares. En relación a esta cuestión, se sugiere aclarar qué criterio se esta teniendo en cuenta a la hora de decidir qué actores institucionales serán los que realizarán el acompañamiento, considerando la posibilidad de pensar siempre en alguien que tenga un vínculo con el niño/a o adolescente (Por ejemplo, un profesor de lengua). Los referentes institucionales no siempre son los integrantes del Equipo de Orientación Escolar.

  • Las primeras acciones a realizar son de competencia interna, sea cual fuere la institución educativa. Los que deben actuar son aquellos actores institucionales que hayan detectado la situación, quienes se vincularán con el Equipo Directivo y el Equipo de Orientación Escolar, entendiéndose siempre que todas estas problemáticas son del ámbito de lo social. Reformular esta frase, para que se entienda que se hace referencia a la corresponsabilidad.

  • Labrar las Actas8 necesarias con todas las personas vinculadas a la situación detallando los hechos, circunstancias, lugar, fecha, la participación y el modo de cómo se conoce o conoció el hecho, preservando la identidad de los niños/as que estarían involucrados.

  • Por medio de los miembros que correspondan en la estructura jerárquica, se debe determinar el curso de las acciones a seguir, la coordinación hacia adentro y hacia fuera de la Institución Educativa, articulando, de ser necesario, con los Equipos Interdisciplinarios Distritales y Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de la comunidad de referencia.

  • En todos los casos se deberá garantizar la protección efectiva de los derechos de los niños/as y adolescentes en situación de vulneración y violación de derechos, evitando prácticas que los revictimicen9.

  • Ante el conocimiento de una situación en la que se sospechara la presunta comisión de un delito (se sugiere aclarar que sería en el caso de la comisión de un delito por parte de un adulto), se deberá denunciar en el marco que determina la ley, a las autoridades Policiales y/o Judiciales más próximas. Se recomienda la elaboración de un registro de datos (a modo de “recursero”) de las instituciones y organismos de cada distrito que funcionan para intervenir en estas situaciones. Se sugiere agregar un señalamiento en relación a que hay que basarse en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, 2012. También es pertinente aclarar qué se entiende por delito, para entender en qué debe basarse el posible denunciante.

  • Cuando sea necesario siempre, se deberá formular una estrategia de intervención coordinada con los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos del Municipio, subsidiariamente (y/o) de ser necesario con los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos. Aquí debe reiterarse el concepto de corresponsabilidad, hacerse una referencia a las diferencias que deben considerarse entre niños y adultos, en relación a situaciones de delito en las cuales deben intervenir otros efectores de la justicia. Considerar la posibilidad de hacer esta propuesta de intervención en las distintas situaciones consideradas en la guía.

  • Si por la situación que dio lugar a la intervención se hubieran suspendido las actividades, antes del reinicio de las mismas, corresponde reunir al personal y relatar lo acontecido, ilustrando la conveniencia de abstenerse de hacer comentarios en el aula o en sus actividades (este punto se contradice con lo sugerido anteriormente en relación al valor que tiene la circulación de la palabra. Debe reverse) Es siempre el encargado de la Institución Educativa y/o un referente, quien debe informar brevemente a la comunidad educativa sobre lo ocurrido, en forma clara y sin abrir juicio valorativo, en tanto no afecte la privacidad y/o identidad del o de los sujetos involucrados. Debe aclararse que los espacios se brindarán en virtud de los intereses del niño. Debería hablarse de lo que le pasó puntualmente al niño, sin mencionar, por ejemplo, las consecuencias legales que puede tener determinada situación. Debe apuntarse a cuidar la subjetividad de ese niño.

  • Salvo extrema necesidad, y de acuerdo a las características del hecho, se debe priorizar la continuidad de la actividad escolar.

  • Se recomienda que las acciones que se realicen se informen de inmediato (aquí se hace un señalamiento sobre informar sólo situaciones graves. Debe aclararse si deben informarse sólo las situaciones incluidas en esta guía). con los datos más relevantes, a los Inspectores de Enseñanza10, los cuales deberán informar a su vez al Inspector Distrital y a la Dirección del Nivel y/o Modalidad. En el informe siempre debe resguardarse la identidad de los/las alumnos/as, mencionando solamente las iniciales de los/los mismos/as.

  • Debe darse inmediato conocimiento e intervención a los familiares del niño/a o adolescente involucrado, siempre y cuando éstos no sean presuntos responsables del hecho. Se dará prioridad al familiar responsable de la inscripción del alumno en el establecimiento escolar. De no encontrarse los familiares directos, se recurrirá a los números de contacto que se hayan establecido en el legajo del alumno, para informar de manera sintética la situación sucedida.

  • Si las circunstancias lo ameritan, se deben trabajar comunitariamente e interinstitucionalmente las diferentes problemáticas, dado que por lo complejas que resultan las problemáticas sociales, no alcanza sólo con la contención escolar.

  • Se debe mantener reserva de identidad de los/las alumnos que estuvieron involucrados en la situación que suscitó la intervención correspondiente en todos los casos, brindando esta información solamente a la autoridad de competencia ante expreso requerimiento y/o debida manifestación necesaria. Es al Juez y/o Fiscalía interviniente a quienes se le debe responder todo lo solicitado. Aclarar este punto con los asesores legales.

  • En caso de que los medios de comunicación se presenten pidiendo información, sugerimos ofrecer una respuesta institucional sintética y clara evitando detalles innecesarios. Se sugiere elegir a un vocero para interactuar con los medios (preferentemente un directivo). El mensaje podría contener algunos de los siguientes tópicos: “la escuela esperará la decisión de la justicia”, “mantendrá informada a las familias”, “notificará a las autoridades cualquier aspecto que permita de aquí en más evitar hechos de esa naturaleza en el sistema educativo” y “abordará la cuestión de la prevención desde un enfoque pedagógico con todos los alumnos”.

Un aspecto importante a tener en cuenta en esta instancia es el tema del resguardo de la identidad de la víctima. Respetar su intimidad es un derecho consagrado por la ley. Sabemos que esta situación puede ser particularmente delicada cuando los medios de comunicación toman nota del tema ya que, por lo general, lo abordan de manera sensacionalista11.
Situaciones Conflictivas

  1. Maltrato infanto-juvenil

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el abuso o maltrato de menores abarca toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual12, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Se puede decir entonces que la noción de maltrato alude a toda situación que perjudica la salud física y / o psicológica de niñas, niños y adolescentes, que pone en riesgo su desarrollo integral, siendo difícil de solucionar sin ayuda externa y constituye una grave vulneración de sus derechos. El maltrato puede desarrollarse en contextos públicos o privados, y cuando ocurre en el hogar, se lo denomina maltrato familiar o intrafamiliar. Por otra parte, el maltrato suele expresarse involucrando a otros actores sociales junto a la familia tales como trata de menores, inducción a la delincuencia, explotación laboral y/o sexual, maltrato institucional.

Es necesario tener en cuenta, ante la situación de maltrato, que se están vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes claramente identificados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Nacional y en las Leyes Nacionales y Provinciales previamente enunciadas.

La Convención sobre los Derechos del Niño expresa en sus fundamentos que la infancia es un bien de la humanidad, trascendiendo el resguardo de la vida privada de la familia, cuando ésta no se encuentra en condiciones de garantizar sus cuidados básicos. Por lo tanto no puede invocarse el “derecho a la intimidad” frente a la omisión de denuncia y a la obligación legal y ética de intervenir. El “derecho a la intimidad” corresponde a la figura legal que protege la privacidad de las acciones que ocurren en la esfera personal y familiar. Pero cuando ocurre una vulneración grave de derechos, prevalece sobre aquél el principio rector del “interés superior del niño”.

No hay una sola manera de detectar una situación de maltrato. A veces, es el/la propio/a niño/a, niño o adolescente quien explicita la situación. Otras veces es necesario prestar atención a señales muy diferentes:

  • Lesiones (lastimaduras, contusiones, mordeduras, quemaduras, entre otros).

  • Cambios de comportamiento, que pueden darse tanto en dimensiones socio-afectivas como intelectuales.

  • Ausencias reiteradas sin motivo o con justificaciones que resulten poco válidas.

  • Aislamiento.

  • Temor exagerado ante las comunicaciones de los docentes con los padres.

  • Resistencia a cambiarse de ropa ante las actividades o uso de mangas largas en épocas de elevadas temperaturas.

  • Descuido en el aspecto exterior.

Es importante observara la/os niña/os y/o adolescentes en diferentes momentos y situaciones que hacen a la vida escolar. Esto nos permitirá realizar una evaluación de la situación para determinar cuáles serán las acciones a seguir.

Si un niño, niña o adolescente recurre a un adulto significativo de la institución, probablemente lo haga con la seguridad de obtener, ante todo, la garantía de una respuesta comprometida; confía en nosotros y nos está eligiendo. Aquel adulto que reciba el relato de ese niño/a o adolescente que estaría siendo víctima de algún tipo de maltrato, deberá en primer término hacerle saber el gran valor que tiene el hecho de estar buscando ayuda; es importante que este último pueda identificar su situación como injusta y por tanto modificable, para lo cual el adulto deberá participar en la desnaturalización de la misma, ofreciéndole confianza, respetando sus tiempos sin avasallarlo (entendemos que esta es una de las cuestiones de difícil aceptación por parte de los adultos ante la urgencia por socializar y derivar a los organismos pertinentes, pero sugerimos evaluar a conciencia la oportunidad de las acciones a fin de no obturar el proceso de confianza que se va construyendo). De esta manera, se estará ayudando a este niño/a o adolescente a constituirse como sujeto de derechos en su máxima expresión.

Minimizar, negar o relativizar la veracidad del relato de ese niño/a o adolescente generará posiblemente en él/ella la convicción de que la justicia es nula, o que está condenado/a para siempre a soportar situaciones de vulneración. De igual manera su subjetividad será gravemente afectada si ese adulto no puede sostener la privacidad de su relato y lo comparte indiscriminadamente con otros agentes de manera innecesaria. Ambas situaciones pueden ser consideradas revictimizaciones.

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que, frente a una situación de vulneración de derechos, se debe estar atento a la repercusión que la misma puede tener en el grupo que integra el niño afectado, con el fin de evaluar la pertinencia de una posible contención, o quizás la posibilidad de abrir espacios de reflexión colectiva acerca de temáticas relacionadas a los derechos de niños/as y adolescentes en el marco de la construcción de ciudadanía. Toda acción que se lleve cabo debe hacerse siempre respetando la voluntad del alumno afectado, evitando socializar enteramente los detalles de su situación en particular, preservando así su intimidad.

Las situaciones de maltrato presentan diferentes niveles de gravedad y urgencia, por ello es necesario pensar las acciones a emprender de forma diferenciada. Es común realizar esta apreciación intuitivamente, sin embargo es conveniente establecer criterios compartidos por los actores institucionales, a fin de priorizar adecuadamente las estrategias.

Una situación de maltrato requiere una intervención urgente cuando la vida del niño, niña o adolescente corre peligro o su integridad física y psicológica se encuentra seriamente comprometida.

Intervención ante la situación de maltrato:

Quien toma contacto13 con la situación debe:

  • Escuchar activamente al alumno/aafectado por esta situación.

  • Labrar un Acta especificando fecha, horario, lugar, circunstancias, la manifestación del alumno/a con la mayor cantidad de detalles posibles, respetando lo dicho textualmente (encomillado), resguardando el lenguaje y las formas en las que fue enunciado el problema, evitando emitir juicio de valor.

  • Notificar al personal Directivo y Equipo de Orientación Escolar respetando la índole confidencial de la información a la que se tuvo acceso.

El Equipo de Orientación Escolar14 deberá:

  • Realizar de inmediato una entrevista con el personal docente y no docente a fin de conocer la existencia de conductas o indicios que puedan ampliar el relato del alumno/a. Seguidamente, registrar el Acta correspondiente.

  • Designar Sugerir al Equipo Directivo una o dos personas de la institución para que le brinden contención al alumno/a.

El director o quien esté a cargo del establecimiento educativo deberá informaral Inspector del Nivel y de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, quienes avisarán a su vez a Jefatura Distrital15.

Ambos Inspectores, posteriormente, deberán acordar acciones a seguir. Sobre este punto es de suma importancia el trabajo articulado con el Equipo de Supervisión.

El Inspector de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social deberá orientar al Equipo de Orientación Escolar en las primeras acciones:

  • Ante situaciones de maltrato leve16:

Es necesaria la intervención, con un trabajo en red para la atención del niño/a o adolescente y su grupo familiar, a través de la articulación intersectorial con servicios de salud y organismos sociales descentralizados de promoción y protección de derechos.

  • Si el maltrato físico se presume grave17:

-En primer lugar, en caso de que existieran lesiones físicas, debe asegurarse a ese alumno el recibimiento de atención médica. Simultáneamente, debe contactarse a un referente adulto de ese/a niño/a o adolescente, si lo hubiere. ¿Y si no lo hubiere?

-Siempre debe considerarse la particularidad de cada situación, teniendo en cuenta el ámbito donde se produce el maltrato y la pertinencia de involucrar al grupo familiar directo u otro referente significativo para ese alumno/a.

-Luego de haber tenido en cuenta lo anteriormente señalado, debe realizarse la denuncia. De ser posible corresponde que el familiar la realice, pudiendo ser acompañado por el Directivo o el Equipo de Orientación Escolar. Si esto último no es factible, debe presentarla la institución escolar.

Si la denuncia se realiza desde la Institución Educativa, al momento de formularla debe presentarse un informe previamente redactado, al cual deben anexarse copias de las actas del relato y de las entrevistas con el niño, firmado por los docentes involucrados y por el personal directivo. Las gestiones las realizará el Equipo Directivo con el acompañamiento del Equipo de Orientación Escolar.

-La denuncia puede hacerse con reserva de identidad Rever con el área legal (Art. 6º Ley 12.569) en Juzgados de Familia, Comisarías de la Mujer y la Familia (si la hubiere en el distrito), Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y ante los Jueces de Paz, según corresponda al domicilio y los recursos con que se cuenten en el Distrito. Cuando las circunstancias lo aconsejen es conveniente poner en conocimiento al Asesor de Incapaces y/o Tribunal de Familia, a los fines de que se ordenen las medidas de Protección de Persona, que establece la Ley.

-Todas las intervenciones que se realicen deben ser en articulación con el Servicio Local o Zonal y/o con los recursos institucionales con que cuente el territorio.

-Deberá realizarse un seguimiento de la situación. NO SOLO A LO PUNTUAL, SI NO COMO SE RESUELVE DESDE LO PEDAGOGICO Y LO INSTITUCIONAL.

Agregar consideraciones en relación a las posibles. Aclarar cómo debe continuarse después.
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