I. Introducción




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V. Comentarios


     El Código Penal Chileno define el delito de lesiones en su Libro II "Crímenes y simples Delitos y sus penas", Título III, denominado "Crímenes y simples delitos contra las personas", más concretamente en los artículos 395 a 403 bis. Es así como nuestra legislación penal distingue las violencias agresivas contra las personas, desde un punto de vista punitivo, según la gravedad que alcancen. Surge así una primera división que separa las lesiones no mortales de las mortales. Las primeras son llamadas simplemente lesiones, y dan lugar al delito del mismo nombre. Por lo que es claro que la lesión representa una “huella” orgánica objetiva “reciente” de un hecho judicial pasado que se trata de comprobar y reconstituir; sobre esta lesión y sus consecuencias se basarán la inculpación o la condena.

     Actualmente, el Código Procesal Penal, con relación a las lesiones corporales, en su artículo 200 señala que toda persona a cuyo cargo se encontrare un hospital u otro establecimiento de salud semejante, fuere público o privado, dará en el acto cuenta al fiscal de la entrada de cualquier individuo que tuviere lesiones corporales de significación, indicando brevemente el estado del paciente y la exposición que hicieren la o las personas que lo hubieren conducido acerca del origen de dichas lesiones y del lugar y estado en que se le hubiere encontrado. La denuncia deberá consignar el estado del paciente, describir los signos externos de las lesiones e incluir las exposiciones que hicieren el afectado o las personas que lo hubieren conducido. En ausencia del jefe del establecimiento, dará cuenta el que lo subrogare en el momento del ingreso del lesionado.

     La evaluación del lesionado, implica necesariamente la puesta en marcha de un sinnúmero de procesos judiciales, medicolegales, administrativos y clínicos. Dentro de los medicolegales, el examen externo del lesionado, vivo o fallecido,  requiere de las habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia por parte del examinador y de análisis y tecnología, sustentada en una infraestructura adecuada capaz de responder a dichas necesidades que permitan realizar un trabajo de calidad, inserto en un marco legal que respalde la labor pericial.

     Es necesario destacar que las descripciones al ser lo más completas, aportarán toda la información requerida por la justicia. La fijación de las lesiones, a través de los medios tecnológicos disponibles, permitirá que éstas sean valoradas en un plano objetivo y los registros escritos o visuales estandarizados a través de protocolos, facilitarán los análisis comparativos que permitan evaluar las diferencias, en cuanto a avances o retrocesos en la reparación tisular de las lesiones en los vivos y las eventuales secuelas funcionales y/o estéticas, que sabemos pueden generar discapacidades permanentes.  Muchas de las lesiones se manifiestan de un modo similar, sin un patrón que las caracterice según agente causal, por lo que no estamos ante daños patognomónicos. Esta situación permite establecer síndromes lesionales que orienten hacia el agente causal y el mecanismo, lo que será posible en la medida que existan todos los antecedentes y que la evaluación sea técnica y éticamente prolija.  Este mismo hecho permitirá despejar las dudas paralelas que surjan en relación con las hipótesis diagnósticas, es decir, los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo determinar la vitalidad, la causa de muerte, si se trata de un suicidio u homicidio, si son lesiones autoinferidas o no, etc., que podrían conducirnos a un diagnóstico errado con seria implicancias legales, tales como inculpar a un inocente o exculpar al malhechor, lograr las indemnizaciones correspondientes, las licencias médicas que deban ser cursadas, así como las pensiones por invalidez si es que proceden en los casos por incapacidad laboral, como por ejemplo la Ley 16.744 de 1968, donde existe la protección, contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales para:

1. Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales o intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen, incluso los servidores domésticos y los aprendices;

2. Los funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado municipales y de instituciones administrativamente descentralizadas del Estado;

3. Los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el respectivo plantel;

4. Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares.  

Este seguro cubre, dentro de otras contingencias, toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Con este mismo espíritu, existe un seguro similar al anterior, pero bajo leyes distintas, es el que favorece a miembros de las FF. AA.  Ley 18.984, “Ley orgánica constitucional de las FF. AA.”, y la Ley 18.961, “Ley orgánica constitucional de Carabineros de Chile”. Ambas leyes comprenden los seguros, prestaciones e indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para todos sus miembros activos, tanto en Chile como en el extranjero. Por lo que en nuestro país existe protección para todos aquellos ciudadanos trabajadores, independiente del organismo o labor que realicen. 

     Por último, queremos reflexionar acerca de los transversal que puede ser la evaluación y estudio de las lesiones y el tenue límite entre la búsqueda del bien y el daño que se le puede ocasionar a una persona, la analizar el caso de aquellos individuos que con sobre vida o no, han sido sometidos a una reanimación cardiopulmonar, donde las punciones  para  administrar fluidos generan equimosis, el masaje cardíaco produce petequias subconjuntivales y faciales, además de fracturas costales, las que pueden perforar un pulmón y provocar neumotórax o lacerar un vaso, con la consecuente hemorragia. Por último, los daños que se pueden provocar en la vía aérea al momento de intubar. Todo lo anterior, sin considerar el motivo que nos ha llevado a realizar la reanimación y con el consecuente impacto e el vivo como en el fallecido.

VI. Bibliografía


 

  1. BASILE, Alejandro.  Fundamentos de medicina legal, Deontología y Bioetica. 5ª. ed.  Argentina, Buenos Aires: El Ateneo, 2004.  364 p. ISBN: 950-02-0393-6

  2. DI MAIO, Vincent y DANA, Susana.  Manual de patologia forense.  1ª. ed.  España, Madrid: Díaz de Santos, 1998.  253 p. ISBN: 84-7978-551-9

  3. GISBERT, Juan y VILLANUEVA, Enrique.  Medicina legal y toxicología.  6ª. ed.  España, Barcelona: Masson, 2004.  1394p. ISBN: 84-458-1415-X 

  4. KNIGTH, Bernard.  Forensic pathology.  3ª ed.  England, London: Arnold, 2004.  636p.       ISBN: 0 340 58897 7

  5. KNIGTH, Bernard.  Medicina forense de Simpson.  2ª ed.  México: Manual Moderno, 1999.  263p. ISBN 968-426-820-3

  6. SPITZ, Werner y SPITZ, Daniel.  Medicolegal investigation of death.  Guidelines for the application of pathology to crime investigation.  4ª ed.  Springfield: Charles C Thomas, 2006. 614 p. ISBN: 0-398-07544-1

  7. TEKE, Alberto.  Medicina legal y criminalística.  3ª. ed.  Chile, Santiago: Ediciones Jurídicas de Santiago, año.  377 p.

      ISBN: 956-8285-03-2

  1. DUQUE PIEDRAHITA, Máximo. Guía de procedimientos para la realización de Necropsias médicolegales. 2ª ed. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sept. 2004. Bogotá. Colombia.

  2. CORREA RAMÍREZ, Alberto. La odontología como ciencia forense. 1ª ed. Universidad Autónoma del Estado de México. 2002. ISBN: 968835787-1

  3. SCHNEIDER, Volkman. Atlas de medicina legal. Masson. 1997. ISBN: 84-458-0431-6

  4. ROBBINS. Patología Humana. 7ª ed. Elsevier. 2004. ISBN: 84-8174-666-5.

  5. VARGAS ALVARADO, Eduardo. Patología forense y deontología médica. Ed. Trillas. México DF. 1991.  ISBN: 968-24-3529-3

  6. Ley de Discapacidad 19.284

  7. Evaluación 16.744, Decreto Ley 2.505

  8. FF.AA., CAPREDENA Ley 18.948

  9. DIPRECA Decreto Ley 844, Ley 18.961 y Decreto Ley 412

  10. Evaluación y Calificación AFP Decreto Ley 3.500
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