Instrucción núm. 1/2009, sobre los delitos contra la seguridad vial






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La Junta de Fiscales Jefes Provinciales de Extremadura, en reunión celebrada el 15 de diciembre de 2008, a propuesta del Fiscal Delegado de Seguridad Vial de Badajoz, acordó aprobar la siguiente Instrucción relacionada con los delitos contra la Seguridad Vial:

Instrucción núm. 1/2009, SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

De conformidad con el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 4.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, art. 547 y ss. L.O.P.J., art. 10 del R.D. 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial y sin perjuicio de las instrucciones que pueda dictar el Exmo. Fiscal General del Estado, el Exmo. Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial o Exmo. Fiscal Superior de Extremadura, siempre preferentes a la presente, se dirige a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional Policías Locales, Academia de Seguridad Pública de Extremadura encargada de su formación y Jefatura Provincial de Tráfico de la provincia de Badajoz, la presente Instrucción, para el mejor cumplimiento de sus funciones relacionadas con los delitos contra la seguridad vial con motivo de la aplicación de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre (BOE 1-12-07), por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre en materia de seguridad vial y con aplicación de los criterios consensuados por los Fiscales Delegados de Seguridad Vial en Madrid el 17 y 18 de enero de 2008 y con las instrucciones decretadas con posterioridad por otras Fiscalías de España en la materia.
PRIMERO.
Con relación al artículo 384, continúa siendo de plena aplicación nuestra Instrucción nº 2/2008, si bien sobre la misma hay que hacer algunas precisiones derivadas de la práctica.
El precepto quedó redactado como sigue:
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Las mismas penas se impondrán al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”.
Este artículo está en vigor completamente desde el 1 de mayo de 2008. La primera precisión tiene por objeto ciertas consideraciones sobre los autores.
Decía la anterior INSTRUCCIÓN que son SUJETOS ACTIVOS:

Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del apartado 2 de este artículo, maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales. (anexo I LSV)

Se exceptúa en consecuencia al Peatón, “Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 2. Son también peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de impedido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y los impedidos que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor.”

Lógicamente sólo cometen el delito los conductores de vehículos a motor o ciclomotores.

Pero, este concepto de autor se ha quedado corto a la vista de la aplicación práctica del precepto, que ha generado algunas dudas con relación a la posibilidad de acusar por el delito de conducir sin permiso al propietario no conductor que presta el vehículo a quien no tiene permiso o licencia, conociendo dicha circunstancia, en concepto de cooperador necesario. La respuesta debe ser afirmativa.
Tanto la doctrina como la Jurisprudencia del Tribunal Supremo han analizado las distintas figuras de autoría previstas en el Código Penal de 1995, en su art. 28, que dice son autores, “quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.”
Trasladando estos criterios a la aplicación del art. 384 del Código Penal, resulta que los supuestos más frecuentes que se han detectado, son la utilización de vehículos de parientes: se utiliza el coche o ciclomotor del cónyuge o pareja, o el de los padres o hermanos. En otros casos el propietario es una persona jurídica, cuyos responsables deben exigir a sus empleados estar en posesión de los permisos o licencias necesarios para poder utilizar los vehículos de la empresa. Y por último los casos de las empresas de alquiler de vehículos respecto de sus clientes.
En estos casos debe plantearse la imputación del delito del art. 384 del Código Penal al propietario del vehículo, no conductor cuando concurran los requisitos legales y jurisprudenciales siguientes:

Uno, de carácter objetivo: Facilitar el uso del vehículo a motor o ciclomotor, elemento material imprescindible para cometer el delito.

Otro, fundamentalmente de carácter subjetivo: La constancia de que el usuario no tiene el permiso o la licencia necesaria que le habilite para el uso del vehículo, y el conocimiento general de cualquier ciudadano, de que conducir sin él es delito, por lo que su conducta facilita la consumación. Conocimiento que parece evidente en el ámbito familiar con menores, en relaciones de dependencia laboral y de prestación de servicios.
No cabe duda, en aplicación de lo antes expuesto, que la participación del propietario en estos casos colma los requisitos doctrinales y jurisprudenciales para considerarle cooperador necesario, pues sin su decisiva aportación no sería posible cometer el delito por parte del conductor no propietario.
En consecuencia, con la debida ponderación, deberán dirigir sus actuaciones de investigación no sólo sobre los conductores sin permiso o licencia, sino también sobre los propietarios para determinar su participación en los hechos y en su caso, cumplidos los requisitos antes referidos, imputarles el delito del art. 384 del Código Penal, si tras la investigación quedara acreditado su participación en el hecho punible como COOPERADOR NECESARIO.
Los atestados incoados en los casos de conductores sin permiso o licencia y que además son propietarios del vehículo o van acompañados de éste, se deberán tramitar como juicios rápidos.
En los demás atestados en los que deba investigarse la identidad y participación del propietario, teniendo en cuenta que la instrucción de estas causas no reviste especial complejidad, podrán presentarse como juicios rápidos, una vez concluida esa mínima investigación.
Investigación que además facilitará lo ya acordado en la Instrucción 2/2008 -y que más abajo se expone- en aras a acordar en su caso el comiso.
SEGUNDO.

Ha entrado en vigor el reglamento del Seguro Obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor por RD 1507/2008, de 12 de septiembre (BOE 13-09-08). Que define entre otros aspectos en el artículo 1 lo que es vehículo a motor; en el artículo 2, los Hechos de la circulación; o, en el artículo 4, propietario de vehículo a motor. Definiciones que completan la anterior instrucción y pueden ayudar a resolver dudas, como que los vehículos a motor eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración de juguetes según artículo 1.1 RD 880/1990, de 29 de junio no están dentro del concepto de vehículo a motor o ciclomotor. Sí lo están las minimotos que por su potencia, cilindrada o velocidad encajen en el concepto de ciclomotor o vehículo a motor del ANEXO I la LSV.

Estos vehículos, no pueden circular por las vías públicas, pero si lo hacen, cuando se puedan considerar ciclomotores o vehículos a motor, precisarían de autorización administrativa (permiso o licencia) para su conducción, por lo que en consecuencia cometen el delito del artículo 384 del C.P. quienes realicen la conducción de los mismos careciendo de dicho permiso o licencia.

A la vista de lo expuesto no se imputará la comisión de un delito por la conducción sin permiso o licencia cuando se circule con una moto eléctrica. En relación a las minimotos sí en cuanto por sus características tengan encaje en la categoría de ciclomotor o vehículo a motor.
TERCERO
COMISO
Conviene recordar la anterior instrucción donde se exponía:
El artículo 127 del C.P. regula el comiso del modo siguiente “1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente.”

En los delitos contra la seguridad vial se contempla el comiso en el párrafo 3º del artículo 381 –antiguo artículo 385- para los supuestos de conducción con consciente desprecio para la vida de los demás. Comiso que la jurisprudencia había entendido solo aplicable al delito del anterior artículo 384, entre otras razones al especificarlo así el precepto y dado que, puesto que el legislador no lo había señalado para los otros delitos del capitulo IV del TITULO XVII, se interpretaba que había querido excluirlo expresamente.

La situación ha cambiado sustancialmente; en cuanto a la ubicación del comiso en el capítulo, ya no está al final, estando previsto en el artículo 381 y el delito de conducir sin permiso se sitúa posteriormente. En cuanto a la naturaleza del delito, esencialmente doloso y que como coherente y lógica consecuencia de su comisión debe llevar aparejada la pérdida del vehículo, al no tener el conductor la habilitación y capacidad para circular con el mismo.

En consecuencia, tras la reforma el comiso es una posibilidad a la que hay que atender con especial atención, sobre todo para conductores reincidentes o que hayan generado un especial peligro. El problema que puede plantear y además es consustancial al delito, es que el vehículo pertenezca a un tercero de buena fe –no es normal que una persona que no tenga permiso o licencia posea el automóvil a su nombre- por lo cual se exige por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad una investigación exhaustiva de a quien pertenece realmente el vehículo, ya que no será tercero de buena fe el titular que no conduce, ya sea por edad u otro impedimento físico o cuando las características del coche o ciclomotor evidencian que pertenece realmente al que lo conduce sin permiso –ya sea porque se localizan documentos suyos, esta personalizado (tuneado) o diversos testigos refieren que siempre lo mueve él…-. En función de esa investigación será el Fiscal quien valorará si es procedente o no interesar el comiso.
Esa investigación policial para, en su caso, poder acordar el comiso, también será útil para imputar al propietario como cooperador necesario en el delito del artículo 384 del C.P.
CUARTO.
A los efectos del delito del art. 379.2 del Código Penal, se deberán tener en cuenta los márgenes de error normativamente permitidos en la Orden ITC 3707/2006, fijándose la tasa de alcohol en 0,65 mgs. por litro de aire espirado, a partir de la cual los Agentes de la Autoridad confeccionarán el oportuno atestado, en el cual se incluirá la hoja de síntomas, que se remitirá a la Autoridad Judicial. Sin perjuicio ello, cuando, aún siendo inferior a dicha tasa, se infiera la influencia del alcohol en la conducción, merced e la concurrencia de cualquiera de las circunstancias previstas en las correspondientes Instrucciones de la Fiscalía General del Estado (síntomas exacerbados, conducción peligrosa o negligente, infracción reiterada al Reglamento General de Circulación, accidente con culpabilidad, etc.), también deberá confeccionarse el atestado que corresponda, con inclusión de la hora de síntomas, y remitirse a la Autoridad Judicial.
QUINTO.
Las pruebas legalmente establecidas para acreditar el consumo de alcohol según el reglamento de Seguridad Vial son dos separadas por al menos 10 minutos. La segunda no es de contraste, por lo cual el conductor no puede renunciar a la misma y, en consecuencia, si se niega comete el delito del artículo 383 del C.P. (STS. 1/2002, de 22 de marzo; Instrucción 17 de marzo de 2008 Fiscalía de Navarra)
SEXTO.
En los casos que se traslade el vehículo a un depósito por la comisión de un delito contra la seguridad del tráfico, los gastos del traslado y depósito siempre corresponde abonarlos al titular del mismo. En ningún caso puede quedar exento de tasas tal y como resulta del art. 71.2 de la LSV y del artículo 25.4 del RD 1428/08: “Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del vehículo serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder por él”.

SEPTIMO.
Cuando un conductor que no posea permiso o licencia ocasione un accidente del que se deriven daños a las cosas o lesiones a las personas responde de los mismos (artículo 109 y 116 C.P.), por lo que en la tramitación del atestado como juicio rápido se debe determinar quién es el perjudicado al que se citará, y se concretarán los daños con averiguación del titular de los bienes, que se citará junto al perito tasador.
OCTAVO.
Cuando un conductor no efectúa correctamente las pruebas de alcoholemia o se niega a efectuarlas comete el delito del artículo 383 del C.P., y si además presenta síntomas de hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, cometerá también el delito del artículo 379.2 del C.P. Infracciones que se hallan en relación de concurso real de delitos y no de concurso de normas. (STC nº 43/2007, de 26 de febrero deniega el amparo solicitado por condenado en Sent. A.P. de Madrid por la comisión de los dos delitos, en el mismo sentido hace un profundo estudio la Sent. A.P. de las Palmas nº 325/2004 de 14 de diciembre, acuerdo de mayo de 2008 en Junta de las Secciones de lo Penal de la A.P. de Madrid)
NOVENO.
Se está produciendo una duplicidad innecesaria de procedimientos en la jurisdicción penal, derivada de que las Jefaturas Provinciales de Tráfico remiten a FISCALIA las denuncias que a su vez les remite la Policía Local o Guardia Civil por la comisión de distintos delitos contra la seguridad vial, sobre todo por conducir sin permiso o licencia o por exceso de velocidad. En muchos de esos casos, las Fuerzas de Seguridad también han efectuado atestado que se tramita ante el Juzgado de Guardia competente como juicio rápido.

La incoación de Diligencias duplicadas se puede evitar haciendo constar en el boletín de denuncia que, por esa infracción, se ha elaborado atestado.

En consecuencia, en los casos que los agentes de la autoridad remitan una denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico por la comisión de una infracción, por la que hayan elaborado atestado, deberán hacerlo constar expresamente en el boletín.
Cáceres, 15 de enero de 2009
EL FISCAL SUPERIOR


Fdo.: Aurelio Blanco Peñalver




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