Código Tributario – Actual Texto Artículos 97 N° 9 – Ordenanza de Aduanas – Artículos 168 y 178 N° 1 – Ley N° 19. 039 – Artículo 28 letra a




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títuloCódigo Tributario – Actual Texto Artículos 97 N° 9 – Ordenanza de Aduanas – Artículos 168 y 178 N° 1 – Ley N° 19. 039 – Artículo 28 letra a
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Expresó, que la empresa Mi Casa, no sólo se atribuyó la propiedad e intentó regularizar el ingreso de las pastas Coolmate Total 12, presentando autodenuncio, sino que solicitó la inscripción de dicha marca ante el Departamento de Propiedad Industrial, acto que tiene por objeto introducir al mercado objetos para su tráfico económico, según establece el artículo 19 letra e) de la Ley 19.039, y eso es lo que pretende esta empresa, no solo ingresarla ilegalmente, sino que intenta inscribir con fines comerciales. Dijo, que de acuerdo a la jurisprudencia, el fin comercial que la norma exige no requiere una venta efectiva, y el dolo, el que define de acuerdo a las diferentes acepciones que otorga el diccionario de la Real Academia, como engaño, fraude y simulación; la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su licitud; intención solapada, de ordinario maligna o picante que se dice o se hace algo; maldad, cualidad de lo malo, entre otros, todos los cuales podrían aplicarse a lo que ocurrió el 6 de octubre de 2006, pues e intentó engañar a la Aduana y al Servicio de Salud declarando pegamentos, para no tramitar el permiso de salud, llevar a efecto un contrabando al ocultar algo e intentar burlar controles, y además intentó ingresar mercadería con marca ya inscrita.

Respecto de la participación, dijo que ha quedado claro que el responsable es la persona jurídica llamada Mi Casa, quien vende, compra, trasporta, declara documentos aduaneros, maneja cuentas corrientes, solicita inscripciones de marca, conoce el sistema marcario, dado que tiene doce marcas inscritas a su nombre, efectúa operaciones a nivel nacional e internacional, y también ha quedado claro, de acuerdo a los poderes amplios que el responsable es el subgerente general don Ronal Ceballos Vega, quien tiene el 99% de participación, confundiéndose con la empresa, pues administra de manera absoluta la empresa, alma en la máquina que tiene agentes, uno se denomina doña Mirta Fuenzalida, porque los empleados de la empresa señalaron que era quien firmaba los documentos, pagaba los transportes, entregaba los cheques, dinero en efectivo, era la autorizada para utilizar el sistema de visación remota, y fue quien declaró a la aduana el pegamento, incluso fue quien concurrió al llamado de la fiscalizadora, y que no obstante ser cierto que no hay acta que consigne el acuerdo para cometer ilícitos, en los delitos económicos cometidos por empresas nunca los vamos a encontrar, pero era Ronald Ceballos Vega la persona con poder para manejar la empresa y era quien actuaba. Ello, aunque la defensa argumentara que los socios son otros, pero éstos no declararon, y las escrituras publicas solamente dan cuenta de un hecho cierto, de acuerdo a normas generales del derecho que esas supuestas sesiones donde él se desliga del poder o de responsabilidad fueron inscritas prácticamente días antes de la preparación del juicio oral, para su sorpresa, pretendiendo demostrar que durante cuatro años la empresa no tuvo gerente general, y ¿Qué pasó con la norma que obliga a reducir a escritura pública dentro de los 15 días de realizada la sesión?. Dijo, que en la documentación aportada por la Zofri consta que en la constitución y delegación de facultades al Sr. Ceballos las sesiones de directorio fueron reducidas a escritura pública e inscritas el mismo día: 15 de Junio del 2001, lo mismo que las publicaciones en el Diario Oficial, o sea, siempre cumplieron las normas del Código de Comercio, no siendo razonable para el tráfico jurídico lo que intenta demostrar ahora.

Adicionó que la norma de importación paralela contenida en el artículo 196 bis e) de la Ley de Propiedad Industrial, es prácticamente una norma de exención de responsabilidad, cuando se acredita que lo adquirido es legitimo, a una empresa legitima, a un productor legitimo, liberando de responsabilidad, pero ello no se acreditó, pues sólo se argumenta que se incurrió en error, pero el error fue intentar burlar a la Aduana y al Servicio de Salud.

Respecto a la infracción a la Ley de Propiedad Industrial sostuvo que no se ha discutido que Mi Casa sea la propietaria de la pasta de dientes sub-lite, y por el contrario, intentó inscribirla en el Departamento de Propiedad Industrial, advirtiendo que la referida registra dos marcas para establecimientos comerciales de nombre General Sound, que sorpresivamente, es el mismo proveedor de los dentífricos, empresa relacionada, la misma empresa, sucursales extranjeras, agencia extranjera.

En cuanto al llamado a recalificar respecto del inciso primero del artículo 97 N°25, dijo que está diseñada para cubrir otras figuras delictivas, operaciones para defraudar al Fisco,, porque las exenciones de contribuyente de Zona Franca supera con creces al comerciante normal, y el fisco le dice que tal régimen de exenciones se rompe cuando se rompe la buena fe, porque esta empresa con tanto capital fijo pretende obtener ganancias ilícitas defraudando al fisco ingresando ocultas pasta dentales, intenta inscribirlas haciendo pasar un negocio ilícito por lícito ,y desde ese punto de vista el Ministerio Público pueda estar de acuerdo con esa recalificación.

DECIMO NOVENO: Que, por su parte, la querellante 1 y demandante civil argumentó que de acuerdo al DFL 341, Ley de Zona Franca y su reglamento, pueden ingresar al país y a los recintos de Zona Franca todo tipo de mercaderías, salvo las armas, municiones, mercaderías que atenten contra la sanidad vegetal y contra la salud, las que necesitan de una autorización especial, constituyéndose el Servicio de Aduanas como primera frontera, primera medida de control de ingreso al país, cuyo control social va más allá del netamente recaudador. En este caso se intentó internar pastas dentales no aptas para el consumo de la población, según sostuvo la perito del ISP, y con la declaración maliciosa, el importador intentó evitar que el Servicio pudiera controlar efectivamente mercadería sujeta a una reglamentación especial, que necesita efectivamente un certificado de salud anterior previo a la autorización de su ingreso a zona franca, según prescribe la Ley 18.164, y como latamente refirió el Seremi de Salud, comprende la ruta que deben seguir estos productos, el lugar y condiciones donde va a ser depositado, pues las pastas de dientes se asimilan a cosméticos, no resultando atendible la alegación de error subsanable a través de un autodenuncia, que no se acreditó haber presentado ante el Servicio Nacional de Aduana, porque se trata de un delito insubsanable administrativamente según el artículo 2° de dicha ley, como sucede también respecto de las sustancias psicotrópicas, porque el delito de contrabando se configura cuando se elude la potestad aduanera y se intenta ingresar una mercadería que necesita un requisito especial, con el objetivo de cuidar efectivamente la salud publica. Agregó, que el acusado nunca negó ser propietario de los dentífricos, argumentando sólo un simple error al haberlas descrito como pegamento, lo que permite concluir la concurrencia del dolo en los acusados, porque tenían conocimiento que traían pasta de dientes, y la testigo de descargos indicó que anteriormente también las habían ingresado, pero en su inventario no parecen registradas, lo que sugiere la posibilidad de que los dentífricos presentes en el comercio informal en el mes de septiembre hayan sido introducidas igualmente por los acusados y su empresa, pues a esa época no contaban con autorización para su almacenamiento, lo que sólo se impetró recién el 3 de enero del 2007, lo que demuestra que los acusados, estando en conocimiento que necesitaban del certificado decidieron no tramitarlo e ingresar la mercadería al país, y ello, porque según expuso la fiscalizadora, solamente el 2% de las operaciones aduaneras es sujeta al aforo físico, por lo tanto las probabilidades de cometer un ilícito es muy alta. Dijo, que contribuye a lo anterior, el haber comprobado que el Z indicaba el mismo proveedor: General Sound proveedor habitual, según indicó doña Eugenia Ojeda. Además, la sociedad Mi Casa inscribió la marca Genaro Sound, el que proveyó las pastas anteriores compradas antes del 6 de octubre de 2006.

Precisó, que el artículo 36 de la Ordenanza de Aduanas establece que las mercaderías ingresan desde el momento en que son manifestadas, desde el momento en que la señora Fuenzalida firmó el zeta se hizo responsable, y desde que el manifiesto fue autorizado por el servicio, la mercadería ingresó efectivamente al país, no logrando ingresar a la zona franca, porque, en primer lugar eludieron la potestad aduanera declarando como pegamento una mercadería que sabía que era pasta de dientes, después, porque eludieron tramitar el certificado especial, pero sí ingresaron al país.

Respecto de la demanda civil, al haberse roto el principio de la buena fe, se hicieron aplicables todos los tributos y gravámenes de los que el usuario estaba exento, de lo que se sigue un perjuicio fiscal ascendente según le aforo a 23 millones de pesos, por lo que ratifica su posición.

Dijo, que a su parecer en este caso concurren las hipótesis de los incisos primero y segundo del artículo 168 de la Ordenanza, que se castigan como consumados desde su tentativa.

VIGESIMO: Que, por su parte, la querellante 2 alegó que acusó a dos personas, doña Mirta Fuenzalida y don Ronald Ceballos, que representando a la empresa MI CASA S.A., ejecutaron actos de comercio que podríamos identificar con aquellos que nos conducen al artículo tercero del Código de Comercio, pues han ingresado mercadería al país, han trasladado mercadería desde el puerto o han mantenido la intención de trasladarla desde el puerto a sus bodegas, que almacenan mercaderías, venden mercaderías al interior del país, al extranjero, es decir, que realizan todas las hipótesis de actos de comercio relativos a la comercialización de productos. Pero sin nos remitimos al juicio, acerca de lo que lograron probar en éste, se tiene que la señora Carmen Castillo del Servicio Nacional de Aduanas, nos dijo que la cantidad de mercaderías que había requisado no podía tener otro destino, sino que comercial, esto es, no se puede tener 192 mil pastas de dientes para uso personal. Ratificó aquello don Marcos Ortiz quien nos dijo que el promedio mensual de utilización personal de pasta de dientes, era de 10 pomos de pasta de dientes. A su vez, don Orlando Godoy nos dijo que el giro de esta empresa, entre otros, era la compra y venta de productos al por mayor, por lo tanto es absolutamente lógico suponer que estas mercaderías que se ingresan al país tenían por objeto ser comercializadas, además, las compraron porque hay un BL, un invoice que era la factura de compra, tenemos el zeta que era la solicitud de traslado a zona franca, así que por lo tanto, la adquisición de estas mercaderías es absolutamente evidente. Luego, Bernardo Serrano, nos dijo que se necesitaba de la inscripción de una marca para comercializarlas en el país, por cuanto no se inscribe una marca en Chile para comercializar productos en el extranjero, nos indicó además el carácter territorial de las marcas por lo cual claramente el objetivo de estas pastas de dientes era ingresarla al comercio interno porque para algo se solicita posteriormente su inscripción. Enseguida tenemos que esta gran cantidad de mercadería, tal como nos dijo el seremi de salud, requiere de un certificado de destinación aduanera, es decir, para poder sacarla del puerto y llevarla hasta la bodega del usuario se debe contar con este certificado de destinación aduanera, porque en el camino desde el puerto hasta la bodega se podían caer, se las podían robar o ir a un lugar distinto, en este caso, en los días previos a aquello, se detectó que se estaba vendiendo en la ciudad pasta de dientes con la marca COOLMATE, por lo tanto era razonable sostener que estas mercaderías podían perfectamente ingresar al comercio de manera irregular. En cuanto al “comercio efectivamente clandestino”, refiere que “efectivo” es lo que se hace realmente, “clandestino” lo que se hace oculto, oculto a quien tiene derecho a oponerse a ello, y las personas que tienen facultad a oponerse, son el servicio de salud porque se requiere un certificado de destinación aduanera, hay que informarle que ingresan al país pasta de dientes, dónde van a quedar esas pastas de dientes, luego sin duda, el dueño de la marca similar o semejante tiene derecho a ejercer su oposición para la protección de su marca, el servicio nacional de aduana sin ninguna duda, para dar el visto bueno y permitir que desde el puerto ingrese a la bodega del usuario determinada mercadería, se requiere tener este certificado de destinación aduanera, y el SII tiene que velar porque estas mercaderías cuando entran al país como pasta de dientes, ingresen al inventario de esa manera, salgan del inventario de la misma manera, que quien compra esas mercaderías lo haga como pasta de dientes y las pueda vender como tales. Esto hace que la actividad comercial que desarrolla, tanto el proveedor como el consumidor sea absolutamente transparente, pero aquí venían como pegamento, por lo tanto, se debe ingresar como tal mercadería, pero no se pueden vender como pastas de dientes porque no se cuenta con ningún respaldo documental de ingreso de pastas de dientes, y se van a vender como pegamento, por lo cual siempre el bien vendido se tratará de mercadería disfrazada, con distinto valor, con otro nombre, y quien las compre para también realizar acto de comercio, lo hará como pegamento, porque no tiene respaldo documental de pasta de dientes. Tales actividades, significan que toda la cadena de comercialización sea absolutamente clandestina, y que comenzó con la importadora MI CASA S.A., cuando ingresó mercadería descrita como pegamento cuando en realidad era pasta de dientes, por lo tanto desde ese momento hasta que se llegue al consumidor final, toda la actividad comercial será clandestina, nunca el SII podrá tasar dicha mercadería, eso la convierte en una actividad absolutamente oculta al SII, lo que supone que toda la cadena de comercialización no podrá nunca ser fiscalizada por el SII, y no tiene derecho la importadora MI CASA a privar al Servicio de sus facultades de fiscalización, está bien que ella goce de exención tributaria, que no tenga que pagar impuestos, porque se acogió a un régimen de exención, pero éste no le permite nunca poder vulnerar las actividades de fiscalización del SII y menos le permite eludir las obligaciones que como comerciante tiene, a saber, llevar libro de contabilidad, libro de inventario, libros de balances, presentar sus declaraciones de impuestos, pero esos libros y esas anotaciones tienen que ser legítimas para que el SII las pueda fiscalizar, si se ingresa ilegalmente mercadería, si se le pone otro nombre a la misma, esa actividad de fiscalización se encuentra absolutamente destruida. De esta manera se puede decir además, que todos y cada uno de los testigos que declararon en el estrado mencionaron esta actividad oculta, si bien había una cierta confusión, puesto que por una parte teníamos a un vendedor que nos dijo que habían comprado pegamento, según los documentos, pero realmente teníamos que habían comprado pasta de dientes, por cuanto el proveedor extranjero le pide disculpas por haberle mandado pasta de dientes con el nombre de pegamento, así quedó demostrado. En tal sentido no se rectifica lo que no se quiere comprar, por lo tanto si se desea comprar las pastas de dientes, corresponde determinar quiénes las compraron. A su vez, la señorita Isabel dijo que los accionistas saben lo que compran, pero el contador de la sociedad ¿no sabe lo que compran?, y la persona que gira los cheques ¿no sabe lo que están comprando?, ¿qué anotaciones va a registrar el contador en los libros?, ¿en base a qué se giran los cheques?, las operaciones normales de un comerciante suponen que cada vez que se extiende un cheque, se debe contar con un respaldo documental de giro, por cuanto de las empresas no egresa dinero sin saber para quién sale, ni por qué concepto, la gente no compra cosas al azar, sin saber lo que está comprando, no paga sin saber lo que está pagando, porque en este caso hay diferencias de precios, no valen lo mismo los pegamentos que las pastas de dientes, por lo tanto, no era sólo determinante el nombre que le doy a la mercadería sino que además determina el precio de ella. Por otra parte, resulta que no hay ninguna sesión de directorio actualizada, llama poderosamente la atención que hayan transcurrido 5 años 10 meses, 5 años 7 meses, 3 años 6 meses, antes de actualizar las sesiones de directorio, en circunstancias que don Orlando dijo que era una empresa que había efectuado una actividad comercial ininterrumpida, que nunca ha dejado de realizar actos de comercio, esto es, todos los años compra, vende, respeta sus declaraciones de impuestos, y sin embargo, para un hecho tan importante como los poderes de una empresa, incurre en una demora de 5 años, 3 años, y como consecuencia no puede saber la gente con quién tiene que negociar en MI CASA S.A., pues si va a revisar los registros públicos, encuentra que figura Ronald Ceballos como representante, si consulta al SII, va aparecer éste como representante de MI CASA S.A.. En tal sentido, llama la atención en aquellas sesiones de directorio que jamás se revoquen lo poderes, siempre se otorgan nuevos poderes, se utilizan las expresiones también, se ratifican poderes pero jamás se revocan lo poderes otorgados a don Ronald Ceballos Vega, y es más, hasta hoy día en el SII figura como representante de MI CASA S.A., don Ronald Ceballos Vega. Por lo tanto, a su juicio la participación de don Ronald Ceballos y doña Mirta Fuenzalida en este caso, es absolutamente evidente. Así, doña Mirta Fuenzalida es la persona que da la cara, es la persona que firma el zeta, es la persona que firma el auto denuncio, la persona que le paga al transportista, la persona que le paga a los trabajadores y por eso pudo ser reconocida en el estrado por doña Carmen Castillo y por el resto de las personas, por ello todo el mundo sabe su nombre, pero respecto de quién determina lo que se compra, lo que se vende, cuánto se paga, cuánta es la plata disponible, cuánta es la mercadería que ingresa a los inventarios. A su turno, compareció don Ronald Ceballos, pero a él nadie lo pudo reconocer, porque para eso estaba la señora Mirta, uno se quedaba en la oficina, la otra daba la cara, uno se quedaba detrás de los libros y ella era la cara visible de la empresa, es así como funcionaba la importadora exportadora MI CASA S.A., el resto de los supuestos socios no contaban con RUT, no aparecen ni siquiera en las sesiones de directorio con su RUT, se ignora si son chilenos o extranjeros, dónde viven, un vendedor dijo que no los veía nunca, jamás estaban, pero en el mundo real hay una persona que administra y hay otra persona que es la que ejecuta, y en este caso se tiene que quien toma las decisiones, quien administra, quien maneja las platas, quien maneja los libros, quien se encarga de los timbrajes de documentos, tiene nombre y apellido: don Ronald Ceballos Vega y la persona que da la cara, está en la oficina, que todo el mundo ve, es doña Mirta Fuenzalida, sin duda, ambos están juntos en esta operación comercial, aunque nos pretendan decir que en las personas jurídicas, sólo responden por los que realmente han intervenido en los actos de comercio, pero en la especie, la intervención de ellos es evidente. Por último señaló que el bien jurídico protegido por este delito, es el orden publico económico, es decir, aquellos principios o valores que configuran la actividad económica de un país y en este caso se pueden identificar, primero, la libre competencia, y para que haya libre competencia se requiere que las personas estén en igualdad de condiciones, y no lo están quienes transparentan sus operaciones comerciales, quienes se ajustan al sistema legal interno, en cambio, aquellos que se sustraen de él, rompen la libre competencia, porque es de su esencia competir en igualdad de condiciones, esto se prueba en el juicio con la rotulación de la mercadería, así mientras una empresa ingresa mercancía al país debidamente rotulada, resulta conocido el certificado del instituto de salud publica, el fabricante, el licenciatario, pero de la otra no se sabe nada, en tal sentido, dijo la señora Carmen Duvauchelle que no aparece el fabricante, lo dijo el señor Oyanedel de Carabineros, lo se pudo observar en la fotografía, uno se ajusta a la normativa el otro no hace nada, luego en la protección al consumidor, se cuenta con dicha rotulación, pero hay un detalle mayor: esta pasta de dientes ofrece un componente activo que no tiene, además engaña al consumidor, pues le ofrece un producto antibacterial, es decir, precisamente para evitar las bacterias que no tiene, así lo confirmó la señora Carmen Duvauchelle, que examinada una de la mercaderías dubitada, no cuenta con el componente triclosan, es decir, más encima engaña al consumidor, en circunstancias que la protección al consumidor es integrante al poder publico económico y finalmente respecto de los principios de igualdad , aquí claramente no hay igualdad en materia económica, los costos que uno utiliza respecto de la otra son distintos, así, el señor Marcos Ortiz dijo que ellos invertían en marketing, en investigación, en certificaciones a los consumidores, y el señor Marino del Servicio de Salud señaló que es indispensable para comercializar este tipo de productos, que se asegure a la población que se trata de productos aptos para el consumo y en la especie, no lo son, y en cuanto a la hipótesis de que la mercadería iba dirigida al extranjero, ni siquiera ella podía transitar por las calles de este país, no podía salir del puerto porque no contaba con una bodega especial donde dejarla, aunque sea cierto que a nuestro país no le importa la salud de el resto de los países porque es un rol que le corresponde a cada cual, visto desde el punto de vista de certificación del ISP, es una obligación de que esa mercadería deba quedar en un lugar determinado y que hay que acreditarle a la autoridad chilena que cada una de esa pastas de dientes se fuera al extranjero y no se quedaran en Chile, para ello, relató el señor Marino, que había un procedimiento especifico; en suma, claramente aquí no existe igualdad, pues uno cumple todas las norma y el otro no lo hace. Atendido lo expuesto entonces, es que le asiste la firme convicción de que pudo acreditar cada uno de los elementos típicos del delito además de la participación; y en relación a la invitación que formula el tribunal respecto a una posible recalificación al tenor del artículo 97 numero 25 del Código Tributario, aquí claramente concurren algunas acciones bastantes semejantes, por cuanto este artículo sanciona al usuario de zona franca que utiliza su calidad de tal con la finalidad de defraudar al fisco y el artículo 97 numero 9, se refiere al que realice un ejercicio efectivamente clandestino del comercio o industria, sin duda estamos ante un sujeto activo calificado, pero existe una diferencia, precisamente este precepto comparado con la figura del 97 N° 9 formula una hipótesis mas restringida, el 97 N° 25 exige sólo la finalidad de defraudar al Fisco, y de las acciones desplegadas por la importadora exportadora MI CASA S.A., a través de Ronald Ceballos y doña Mirta Fuenzalida, sin lugar a dudas existe una finalidad de defraudar al Fisco, finalidad que se verá por los ingresos ocultos generados por la actividad comercial y que finalmente se reflejará en su operación renta, pero cree que la figura o la acción desplegada, en el presente caso, es mucho más amplia, no sólo se realiza la conducta con la finalidad de perjudicar al Fisco, sino que además para causar el quebrantamiento del valor publico económico, con el objetivo de sustraerse absolutamente de los controles y de la normativa, y no solo del SII, sino del resto de las autoridades que intervienen, SS, SNA, etc., por lo tanto tiene la convicción que la figura que más se acomoda al caso, sería la del 97 N° 9, toda vez que la acción desplegada por ellos vulnera un bien jurídico mucho más amplio que la sola finalidad de fraude al Fisco. En ese orden de ideas, estima que se debiera condenar por el articulo 97 N° 9, por complementarse en su totalidad la figura, en el caso que se condenara por el artículo 97 N° 25, entiende que también se configura el delito, toda vez que éste no requiere un perjuicio fiscal efectivo, es decir, no sería necesario acreditar, por lo menos por su parte, que se había producido un daño efectivo en el área fiscal, puesto que persigue solo la intención de defraudar el interés del Fisco.

VIGESIMO PRIMERO: Que, por su parte, la querellante 3 expresó que la contundente prueba aportada acreditó la existencia del delito por el que acusó. Dijo, que no obstante no haberse cuestionado la propiedad de su cliente, probó el dominio con el registro marcario, demostrando también cada uno de los elementos del tipo, según analizó, pues el infractor ingresó los dentífricos disfrazados de pegamento, con la intención de confundir, y los internó para fines comerciales, como demuestra la cantidad incautada que es superior a lo que su representada vende en un año en la Primera Región, y además, la duda que surge respecto a la razón tenida en vista por la infractora al solicitar el registro de la marca. Dijo, que la semejanza quedó suficientemente acreditada desde la primera imagen. Aseveró, que también acreditó la existencia del delito de falsedad del articulo 190 inciso segundo del Código Penal, porque se demostró que los acusados, como comerciantes o vendedores pusieron en circulación objetos marcados con una alteración de la marca COLGATE, que además el nombre propio de la firma, la parte más importante de su razón social, con el consiguiente perjuicio económico, pues la calidad de los productos de la afectada la ha posicionado en el mercado mundial y chileno, en atención a su preocupación por la seguridad de los consumidores, lo que no ocurre con el producto en infracción, declarado no apto para el consumo humano por la autoridad sanitaria.

Dijo, que se demostró que para ingresar el producto al país, se llevaron a cabo una serie de operaciones ilícitas destinadas precisamente a colocar la marca alterada y el nombre usurpado en el comercio, no siendo necesario, según jurisprudencia que citó, acreditar la comercialización efectiva de los productos imitadores, bastando solo el producirlos u organizar las condiciones para poder venderlos, pues se trata de un delito de peligro contra la propiedad intelectual En cuanto al elemento subjetivo del delito, consta que todo se hizo precisa y exclusivamente con el objeto de apropiarse del crédito, fama y aptitud distintiva de la marca de su representada.

Sostuvo, que a su juicio, se demostró que la responsabilidad debe atribuirse al acusado Ceballos, lo que está fuera de toda discusión al detentar el 99,8% de la sociedad, siendo quien decide cada uno de los movimientos de las acciones que ejecuta la empresa, sin contrapeso, y no se trata sólo de un contador, sino del socio mayoritario, el accionista principal y el gerente general, quien cuenta con poderes amplísimos y que jamás han sido revocados, contando con el concurso de la señora Mirta Fuenzalida, quien era la jefe de personal, encargada de finanzas y tramitadora autorizada de documentos ante la zona franca y el Servicio Nacional de Aduanas, y aquí, como en todo delito económico, la propiedad intelectual, tan punible como la autoría material, es del acusado Ceballos, porque Mi Casa S. A., no es otra cosa que el fiel reflejo de su voluntad .

Por todo lo anterior, reiteró la solicitud da sancionar a los acusados como autores de los delito materia de su acusación.

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en la misma oportunidad, la defensa de Ronald Ceballos solicitó su absolución, en primer lugar por no haberse comprobado la existencia de ninguno de los delito ampliamente formulados por el acusador y los querellantes, y por no haberse demostrado la intervención de su representado en ellos.

En relación al delito de falsificación del artículo 190 del Código Penal, no se ha indicado su lugar de comisión. Respecto del delito de contrabando, no se ha señalado de qué situación se trata, porque el artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas contempla tres, y no se ha determinado si se introdujo o extrajo del territorio nacional mercancías cuya importación y exportación se encuentran prohibidas, o si ingresó o extrajo mercancía de lícito comercio defraudando a la Hacienda Pública mediante la evasión de pago de tributos que pudieran corresponderle o mediante la no presentación de las mismas a la aduana, pero se asentó claramente por los funcionarios de tal servicio que en este caso no existen tributos, ni derechos aduaneros ni IVA , no obstante lo cual se avaluó la mercancía asignándole valor ad valorem e IVA. Tampoco se configura la hipótesis de introducir mercancía extranjera dentro de un territorio de régimen tributario especial a otro de mayores gravámenes o al resto del país en alguna de las formas indicadas. Tampoco resulta aplicable el artículo 182 que hace extensiva las penas de los delitos de contrabando a las personas que adquieran, reciban o escondan mercancías o habiendo presumido que han sido o son objeto de delito.

En cuanto al comercio clandestino, no existió acto de comercio, definidos en le artículo 3° del código del ramo, entre ellos la venta, el arrendamiento, el transporte, pero acá se iba a tratar de ingresar esta mercancía, porque nunca ingresó realmente al país, porque como sostuvieron los funcionarios del Servicio de Aduanas, esta mercadería nunca se importó, tampoco se nacionalizó, no se completó ese tramite, por lo que no se puso en el comercio, llegando sólo a actos preparatorios para poder hacerlo que fueron truncados por el organismo fiscalizador, por lo que no hubo ejercicio efectivamente clandestino de comercio.

Sostuvo, que tampoco se acreditó la infracción a la propiedad industrial, porque no se demostró que se haya usado efectivamente una marca igual o semejante a otra, porque se fiscalizó y retuvo antes de que ello ocurriera.

Alegó en forma subsidiaria, según entiende el tribunal, que ninguna prueba se rindió para demostrar que su representado haya intervenido en los ilícitos, pues ningún testigo ni documento lo acredita, pareciéndole sorprendente que se encuentre acusado en este juicio por organismos públicos y una empresa transnacional que no acreditaron quiénes son los verdaderos dueños de la empresa MICASA S.A., fundándose su imputaciones, exclusivamente en que era su representante legal, como consigna la base de datos del Servicio de Impuestos Internos, como indicó don Bernardo Godoy, en la que además aparece como el poseedor del casi 99% de la participación de esta sociedad, lo que no es correcto, porque el día 4 de julio en curso su representado ingresó a dicha base datos bajando la información que el mismo había proporcionado en los años tributarios 2004, 2005 y 2006, pues, a partir de 2004, declaró que sólo poseía 10 de las 5.000 acciones de la empresa, lo que introdujo como prueba nueva, y su error consistió en no informar a dicho servicio en el formulario que éste exige y que sería otro distinto de la declaración jurada que presentó en esos años, y entiende ahora por qué razón el fiscalizar don Orlando Godoy hizo no las tuvo en cuenta para emitir su informe, pus no las revisó, pero existen, y tal omisión no lo hace responsable penalmente de un hecho ocurrido el año 2006, lo que fue corroborado por los testigos de descargo de Mirta Fuenzalida, quienes manifestaron que Ceballos no dirige la empresa, no manda, no ordena, no emite ordenes de compra, si bien lo conocen, prácticamente no lo ven, resultando relevante que su jefe directo es un señor de nombre Nitech, cobrando interés su tesis de ser los verdaderos dueños de la empresa los Sres. Malika y Ashok de nacionalidad hindú(sic) o pakistaní, corroborado por la presentación ante el Departamento de Marcas que dirige su correspondencia a nombre de un señor Ashok Barwami y no a Ronald Ceballos Vega, supuestamente poseedor del 98,9% de la sociedad. Además, acompañó el libro de sesiones de directorio cuyo valor probatorio será el que determine el tribunal, libro que estaba en poder de su representado, porque era el contador, y de acuerdo a las máximas de la experiencia estos libros los lleva o el contador o los guarda el abogado de la empresa, lamentablemente a la fecha en que ocurrieron estas sesiones de directorio, el abogado estaba fallecido, todo lo cual demuestra que desde antes de 2006 el referido había dejado de ser el gerente general de la empresa y había renunciado a su calidad de vicepresidente, que tenia y esta participación en la empresa como gerente general y vicepresidente, pues tales cargos los ejerció a solicitud de los verdaderos dueños de la empresa, señores extranjeros para poder constituirse y funcionar legalmente, pero Ceballos nunca quiso realmente pertenecer a ella. Agregó, que aún cuando se estimase que su representado era o es el representante legal de la importadora Mi Casa S.A., no se ha demostrado su participación culpable en los hechos de esta causa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Código Procesal Penal.

Solicitó también el rechazo de la demanda civil presentada por el Servicio Nacional de Aduanas por no existir tributos ni derechos dejados de percibir por el Fisco, lo que excluye el daño al patrimonio fiscal, y por no existir los ilícitos por los que se le ha acusado.

VIGESIMO TERCERO: Que, por su parte, la defensa de Mirta Fuenzalida solicitó su absolución por no haberse probado que su defendida haya intervenido culpablemente en los delitos, pues labora como secretaria, y no es efectivo que pague cheques, sólo los entrega, porque el que paga es una persona jurídica, y si bien firma los Z por tener firma autorizada ante la aduana, no es representante legal de la empresa, pues de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas la representación de éstas la tiene un directorio y un gerente, lo que no cambia mientras no sea inscrito en el Registro de Comercio, norma especial oponible a cualquier situación de cambio de la administración o gerencia. Su cliente no es representante ni accionista de la empresa, y si bien su firma está autorizada para la tramitación de documentos como los zetas y auto denuncios, ello obedece a la exigencia legal, lo que en ningún caso la transforma en representante.

Cuestionando las definiciones de dolo aportadas por el acusador fiscal, dijo que está constituido por los elementos cognitivo y volitivo, no concurriendo en su defendida el conocimiento, pues es una trabajadora sin responsabilidad en el delito, pues labora como secretaria, jefa de personal y encargada de la parte administrativa externa.

Alegó, que la prueba rendida no ha logrado demostrar la existencia de los delitos, por varias razones: en primer término, por emanar mayoritariamente de testigos con intereses creados por ser funcionarios de las entidades públicas querellantes, del Servicio de Salud, y prestadores de servicios de la querellante privada, lo que declararon, lo que debe tenerse en cuenta al clasificar y calificarlos. En segundo lugar, porque no declararon conforme a derecho, pues los funcionarios públicos sólo depusieron respeto de sus informes, porque así lo dijo el Ministerio Público, no permitiéndose preguntas a los querellantes.

Lamentó la falta de una investigación adecuada a través de las policías para determinar cómo es la empresa, cuál es la sala de ventas, los galpones, y en la especie se intentó ocultar, incluso, que las mercancías iban destinadas al recinto amurallado de zona franca. Por otra parte, ha quedado en evidencia un desconocimiento notable al referir que la mercancía ingresó al territorio nacional desde la manifestación, a través del documento portuario único, y ello, porque la manifestación de la carga la hace Ultramar Agencias Marítimas Limitada, que es la empresa que ingresa la mercadería al territorio nacional, ¿Cómo entonces puede ser responsable su representada por la manifestación si la importadora Mi Casa presenta solamente un zeta que es revisado en el patio de aforo, y el único hecho cierto es que éste llegó al patio de aforo declarando pegamentos, pero al abrir el contenedor encuentran pastas de dientes, ese lugar es una zona primaria, ficción legal, una frontera aduanera, pero nadie quiso decirlo, porque no revisaron la carga en el barco ni en el puerto, sino al ingreso de la mercancía a zona franca, y es importante determinar que es una zona primaria, porque el oficio 2186 respecto del cual depuso el Seremi de Salud don Antonio Marino, dice que la Ley 18.164 establece normas de carácter aduanero, señalando que el retiro de este tipo de mercancías desde recintos primarios de aduana requiere autorización, la que habría solicitado si se lo hubiesen permitido por encontrarse en zona primaria, autorización que en la práctica casi no existe, porque por ejemplo, la ropa americana y los alimentos, ingresan y después de ingresados a la zona franca se piden recién los permisos para reexpedir o para importar. Sostuvo que la Ley 18.164 exige la autorización para retirar mercancía de la zona primaria, y zona primaria es el patio de aforo, por lo que en ese momento pudo pedirla para el ingreso a zona franca, pero se lo impidieron, porque determinaron que simplemente había delito, y al requerir la presencia del representante, su defendida tuvo que dejar su reposo por enfermedad y llegar al patio de aforo, y al llegar él, los funcionarios de aduana le informan que el procedimiento ya se había adoptado por la fiscalía, por lo que nada puso hacerse en el sistema administrativo, pero aplicando la resolución 74 del año 1984 del Ministerio de Hacienda, permite el auto denuncio, el que no puso realizarse en línea, porque el sistema arrojaba error, porque la mercancía no había ingresado a la zona franca y el zeta no había sido actualizado, ante lo cual él ordenó hacer el documento en forma escrita, porque la resolución 74 exige un formato escrito que es parte de la referida norma y que acompañará para ilustrar al tribunal al final del juicio. Sostuvo que el auto denuncio recibió visación, porque así lo comprueban los orificios y numeración que consigna, pero la Aduana no lo recibió, porque dijo que esto era materia penal.

Dijo, que no hay congruencia entre los alegatos y lo que se presentó en juicio, pues ahora dicen que la investigación surgió por la venta de pastas de dientes, pero el Dr. Marino que las incautadas eran otras y se vendieron con anticipación.

Sostuvo que el querellante particular COLGATE ha sorprendido al tribunal y a todo el mundo, al atribuirse un derecho que no es tal, y sorpresa tienen que causar sus palabras, y si bien las fotografías muestran que las marcas son casi idénticas, y respecto a la marca denominativa, existe un juicio de oposición donde profesionales prestigiosos representan a la usuaria, pues se alega que las marcas tienen al inicio de ellas la palabra que quede grabada en el consumidor, y uno es Coolma y el otro es colga, totalmente diferentes, en ese juicio de oposición van a obtener sentencia favorable, y cuando comparece aquí el señor Serrano que es abogado del mismo estudio jurídico de la querellante, una persona que sabe muchísimo y habla sobre temas marcarios que son totalmente ciertos, quien no expuso nada que sea falso, y supuso en algún momento éste iba a ser un poco menos transparente en su declaración, pero no fue así, explicando que la diferencia entre una palabra denominativa y una clase mixta era que en la marca de la querellante había gráficamente signos visibles, lo que estaba protegido y en este caso COLGATE estaba protegido, lo que sí se omitió contar fue que ésta en el título que señala, la etiqueta registrada, consiste en la impresión COLGATE, en un rectángulo negro con letras blancas pero, ninguna de estas dos cajas estaba protegida por este título, que es el registro 737658, porque las incorporadas al juicio son rojas, con líneas plateadas, dorado, en tanto que el registro es negro, con gris y blanco, y el dibujo que se exhibe aquí, no es que esté en blanco y negro, los dibujos de los títulos se presentan en color como se supone que sea el logo del título, pero éste según el registro es negro con blanco y gris, por lo cual esta caja no está protegida por la legislación porque no se encuentra inscrita, solamente está inscrito y guarda relación lo denominativo y denominativo, como aparece bien claro en la contestación de la oposición ( en el juicio marcario), es que son diferentes COOLMATE y COLGATE. Ahora bien, cuando dijo en mi alegato de inicio que en inglés significaba otra cosa, el Ministerio Público presentó una definición que es textual en inglés, en circunstancias que se debe analizar el contexto, y esto significa “menta fresca”. Agrega que se ha planteado una situación en que la querellante señala que le copiaron la caja, por lo que el consumidor se va a equivocar, pero ocurre que ella no está registrada, no se encuentra registrado el modelo, son distintos colores, entre un rojo y un negro, supone que no hay consumidor que se pueda equivocar, mirado desde ese punto de vista el título es el que habla, para el delito económico los documentos dicen más que un testigo, en el delito económico es como la sangre para el homicidio. Luego, indicó que estando claros respecto a las cajas, se debe analizar el tipo penal, que dice “los que maliciosamente usen con fines comerciales..”, pero en este caso no se puede imputar a su representada el uso de la marca, si esta mercancía que traía puesta la misma, de partida ella no la conocía, ni sabía que venia con marca, y en segundo término, no alcanzó a ingresar a zona franca, pues no se permitió el ingreso y no está registrado, y por ello el oficio del Ministerio Público que emitió la Zofri, dice que no esta actualizado, significa que no esta actualizado o que no existe y ante esa situación hay un procedimiento administrativo que posteriormente lo voy a tocar, el cual omitieron contar. Si no existe, si no se cumplió el verbo rector USAR una marca, no es posible condenar a una persona cuando no hay tipicidad y antijuridicidad de un hecho, hay un tipo, hay un hecho, pero ese acto no es típicamente antijurídico porque no se cumplen los presupuestos. Respecto al otro delito del 190 del Código Penal, establece que no acusa en forma exclusiva COLGATE PALMOLIVE y tal delito es para el que fabrique o distribuya, no hay distribución y la fabricación aquí, pues se hace en el extranjero, este tribunal es incompetente en algún momento para fallar o condenar por fabricación de ese producto si por la propia prueba de los acusadores se acreditó que esa mercadería fue fabricada en el extranjero, es decir, el principio de ejecución y la comisión si es que existió fue en el extranjero. En tal sentido se entregaron a los acusadores los documentos y los antecedentes para ejercer la acción penal contra quien corresponda, pero no corresponde que la ejerzan acá contra su representado, eso respecto a la marca. Ahora en la propiedad industrial se ha demostrado que no hay delito, la prueba así lo dice, después tenemos al servicio de Impuestos Internos que persigue el delito de comercio clandestino, y funda éste en que había otras pastas de dientes en el comercio local. Sin embargo, hay droga por todo chile y no porque pillen a alguien en algún momento y tiene droga significa que el la distribuyó. Se quiere condenar a esta persona porque alguien ingresó mercadería anteriormente sin prueba, sin nada, por eso queremos condenarla porque a lo mejor es lo mismo, por ese a lo mejor es la diferencia, por lo que se le debe absolver. Respecto al comercio clandestino, que comercio puede haber si el zeta ni siquiera alcanzó a ingresar a Zona Franca, no hay comercio y respecto a que dicen que lo ingresaron a Chile ya se demostró con el documento que acompañaron ellos mismos, que es el ingreso de esa manifestación el cual lo hace una agencia naviera, entonces por que no esta el capitán del barco o el gerente de la agencia naviera sentado acá, si ese fuera el punto, es absurdo, porque se debe aplicar la legislación cuando ingresa ala mercadería a Zona Franca y ese efecto es el zeta. Cuando hablan de diferencia de beneficios que tienen los usuarios de Zona Franca ello fue regulado por Ley, de manera que no puede haber perjuicio para el Fisco ni para el estado de Chile. La mercadería no ingresó a Zona Franca y de ello no entró al territorio nacional. Respecto al segundo punto de la recalificación estima que su representado en ningún momento realizó los actos que señala este articulo 97 N° 25 inciso primero que dice “o teniendo la calidad de usuario de zona franca lo haya utilizado con finalidad de defraudar al fisco”, acá no se ha usado con la finalidad de defraudar al fisco, hubo un error de descripción y existía un procedimiento que debió ser utilizado pero que se obvio para poder condenar a estas personas. También hablan de la intención, lo están ingresando a zona franca para posteriormente comercializarlo ilegalmente en el territorio nacional, eso es no conocer zona franca, si en algún momento yo quiero ingresar mercancía ilegal a zona franca no la ingreso al recinto amurallado, la ingreso al barrio industrial porque para sacarlo del recinto amurallado hay que volver a pasar por el control aduanero, lo que no es necesario en el caso del barrio industrial, de modo que no resulta posible atribuir a su representada tal intención ello no estaba en su fuero interno, no existiendo tal elemento no se puede condenar por este delito. No existe, a su juicio es un híbrido jurídico donde juntan mil cosas, mil elementos pero no dicen nada, han hablado, han dicho, pero probar un delito nunca. Finalmente respecto del Servicio Nacional de Aduanas, los únicos testigos que prueban este supuesto contrabando son dos funcionarios aduaneros. Supuesto contrabando porque se ignora que tipo penal se esta imputando y cuando se le pregunta por el tribunal al Servicio Nacional de Aduanas dicen que hay un concurso, así que son todos, eso no es una forma seria de imputar. Ahora bien respecto a este tipo penal, se debe fijar un punto, Zona Franca, se rige por la Ley de Zona Franca, Decreto de Fuerza de Ley 341 del año 1977 y su reglamento y por el Manual de Zona Franca, Resolución 74 del año 1984 del Ministerio de Hacienda, resolución que establece como conseguir un zeta, que es un zeta, cuales son los procedimientos y también establece que cuando hay errores de descripción existe el autodenuncia, cuando procede el autodenuncio y no establece nunca que cuando hay aforo físico no procede tal instrumento, si no lo fija la ley. Aquí existía un procedimiento administrativo previo, para investigar los motivos del error en la designación de la mercadería en el “Z” que no fue observado por Aduanas, ya que de inmediato se llamó al Ministerio Público y se inicio la persecución penal en contra de su representada sin escucharla. Ahora en cuanto al tipo penal del articulo 168, se sostiene que la importación de la mercancía fue al momento del manifiesto, sin embargo el manifiesto lo hizo el capitán del barco ó la agencia naviera. También sostienen que es contrabando introducir al territorio de la republica o extraer de él mercancía de ilícito comercio, sin embargo los “Z” no pagan tributo, la esencia de zona franca es que no se pagan derechos, es mas, el D.F.L.N° 341 que así lo señala, es una ficción legal pero ella permite que exista Zona Franca y debemos respetarla. Otro elemento es que no se probó que la mercancía fuera de ilícito comercio, se dijo que no era apta para la salud humana esta pasta de dientes, pero cuando se le pregunta a la perito si hizo un análisis químico, solo hizo un análisis comparativo de tres elementos, pero no hay un informe técnico que diga que no es apto para la salud humana, es mas, el carabinero que la perició, la probó y esta presente y no le paso nada, es decir, no puede se tan mala, se ha de probar con documentos reales que esa mercancía no es apta para la salud, el hecho que no tenga resolución sanitaria no significa que sea dañina para la salud, es mas, los dueños de la empresa Mi Casa piensan registrar esta marca y después pedir la resolución sanitaria porque encuentran que es un abuso lo que esta ocurriendo en esta situación. Así en este caso el hecho no es típicamente antijurídico, y es por eso que pide al tribunal que absuelva a su representada.

VIGESIMO CUARTO: Que se ha desechado la alegación de absolución a favor de Mirta Fuenzalida, por los fundamentos contenidos en los motivos décimo cuarto a décimo sexto , donde se ponderó la prueba que permitió demostrar la existencia de los delitos y acreditar la participación que como autora cupo a la referida.

Debe precisarse que la referida cumplía funciones de administración de la empresa, que excedían con creces su cargo de secretaria, pues conforme a la prueba aportada, se demostró que efectuó gran parte de las gestiones necesarias para el ingreso de la mercancía cuestionada, impartiendo instrucciones precisas a sus dependientes y al transportista y suscribiendo la documentación aduanera para franquear su entrada al país, sin que el hecho que buena parte del los testigos de cargo se desempeñen en las instituciones y empresa afectadas por los distintos ilícito sea, en este caso, una razón suficiente para restarle valor a sus testimonios, ya el tribunal los apreció directamente, comprobando lo informado.

Por otra parte, se haya o no intentado ocultar el verdadero carácter de las mercaderías en los respectivos ítems del Z N° 040651, al singularizarlas como pegamento, lo cierto es que conforme se razonó en los motivos décimo cuarto a décimo sexto, las mercaderías pedidas y adquiridas por la empresa Mi Casa S.A. y que en definitiva llegaron en el container que fue objeto del aforo físico por parte del Servicio de Aduanas, fueron más de 192.720 unidades de pasta de dientes marca “Coolmate”, similar en su denominación y en el diseño de su logo, en su pomo, al conjunto de la marca compuesta “Colgate” protegida por la Ley de Propiedad Industrial.

El hecho que con posterioridad a este hallazgo de confeccionara un proyecto de autodenuncia y se intentara por parte de la empresa a cuyo nombre actuó la acusada Fuenzalida, inscribir en el Registro de Marcas Comerciales, las marcas denominativa “Coolmate” y “Coolmate plus”, en nada altera el carácter triplemente ilícito de la acción de ingresar al país un cargamento de mercaderías con las características arriba indicadas.

En tal sentido el uso malicioso de una marca similar a otra protegida, viene dado por el hecho que la empresa a cuyo nombre actuó la imputada Fuenzalida, adquirió dichas especies ilícitas en el extranjero, las ingresó al territorio nacional con el evidente propósito de comercializarlas en su calidad de usuario de Zona franca sea en Chile o enviándola al exterior.

A su turno contra lo sostenido por esta defensa existió comercio clandestino según extensamente se consignó en los motivos mencionados, desde que quien adquirió e ingresó al país la mercancía ilícita es un comerciante chileno asentado en Chile, sin que el hecho que se valga de un régimen tributario especial por su calidad de usuario de Zona franca le reste o haga desaparecer las calidades descritas, de modo que su actuar afectó tanto a los restantes comerciantes del país sean o no beneficiarios de las franquicias de zona franca, a los consumidores, receptores finales de estas mercancías falsas y en definitiva la debida igualdad que debe existir entre todos los contribuyentes.

Finalmente, en cuanto al delito de contrabando, debe estarse a lo razonado, en especial a que la especie de ilícito que se asentó fue un contrabando de especies prohibidas, por lo que ha de quedar fuera toda consideración a derechos eludidos, y el carácter prohibido de las mercaderías deriva de que ellas ostentaban una marca similar a otra protegida, y no contaban con las autorizaciones sanitarias que eran indispensables para su ingreso al país, por lo que su comercialización sería necesariamente clandestina, es decir al margen del control de la autoridad de toda índole.

Habiéndose acogido la tesis absolutoria de la defensa de Ronald Ceballos, no se efectuarán otras consideraciones al respecto.

VIGESIMO QUINTO: Que se reconocerá a Mirta Fuenzalida la atenuante de irreprochable conducta anterior alegada por su defensor en la audiencia prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal, acreditada con el atestado de su extracto de filiación y antecedentes incorporado con lectura resumida, exento de anotaciones prontuariales pretéritas, estimándose suficiente prueba al efecto por tratarse de un instrumento público que da fe suficiente de que la referida no ha sido objeto de reproche social anterior relevante para estos efectos.

VIGESIMO SEXTO: Que, estimando el tribunal que los ilícitos concurren en concurso ideal, al tratarse de un hecho que constituye varios delitos, impondrá las sanciones en la forma establecida en el artículo 75 del Código Penal, aplicando la pena mayor asignada al delito más grave, en este caso el ilícito del artículo 97 N°9 del Código Tributario.

Siendo la sanción asignada al delito de comercio clandestino el presidio o relegación menores en su grado medio y multa del treinta por ciento de una unidad tributaria anual a cinco unidades tributarias anuales, el tribunal impondrá la privativa de libertad y la pecuniaria, las que aplicará en su mínimo a Sonia Argandoña por la concurrencia de una atenuante sin agravantes.

EN CUANTO A LA ACCION CIVIL

VIGESIMO SEPTIMO: Que, como se expuso en el motivo cuarto, la querellante 1, Servicio de Aduanas, accionó civilmente en contra de los acusados, para que sean condenados en forma conjunta a pagar las sumas de dinero con los intereses y reajustes allí referidos, a título de reparación del daño causado al Fisco de Chile con su delito, acción que los acusados solicitaron rechazar por no haberse demostrado la existencia del delito que le sirve de fundamento ni su responsabilidad en ellos.

VIGESIMO OCTAVO: Que, se desechará la acción indemnizatoria, porque en la especie el delito de contrabando acreditado no ha causado daño material al Fisco de Chile, porque la acción ilícita se funda en que se ingresó al país mercancía cuya importación está prohibida, de lo que se sigue que el actor jamás pudo percibir tributos o derechos por tal acto.

Por estas consideraciones, normas citadas, y lo dispuesto en los artículos 1, 11 N°6, 14 Nº 1, 15 Nº 1, 18, 21, 24, 26, 30, 49, 50, 67, 69 y 75 del Código Penal; artículos 168 inciso segundo y 178 de la Ordenanza General de Aduanas; artículos 97 N° 9 del Código Tributario; artículos 19 bis d) y 28 letra a) de la Ley 19,039; artículo 3° del Código de Comercio; artículos 1, 45, 59 y siguientes, 295, 296, 297, 324, 325 y siguientes, 340, 341, 342, 343 y 348 del Código Procesal Penal,

SE DECLARA:

I.- Que se absuelve a RONALD ALBERTO CEBALLOS VEGA, ya individualizado, de los cargos que se le formularon como autor de un delito de contrabando, de una infracción a la Ley de Propiedad Industrial y de un delito de comercio clandestino, perpetrados en esta ciudad el 6 de octubre de 2006.

Acordada en esta parte con el voto en contra de la magistrado Sra. Ríos, quien estuvo condenar al referido en calidad de autor de los delitos que se le imputaron , porque de la prueba rendida emana que es casi dueño absoluto de las acciones sociales de Mi Casa S.A, cuya transferencia no se demostró en la forma prevista en los artículos 13, 14 y 15 del reglamento de la Ley 18.046, y porque en cuanto a la cesación en su cargo de gerente y director no cumplió con las formalidades que establece el artículo 135 de la ley referida, hecho abonado con la presunción de conocimiento que sobre las materias señalas emana de su profesión de contador auditor, todo lo cual conduce a demostrar que ha sido de su total dominio la conducción de la administración de su empresa.

II.- Que se condena a MIRTA TERESA FUENZALIDA RIVERA, ya individualizada, por su responsabilidad como autora de un delito de contrabando previsto y sancionado en los artículos 168 inciso segundo y 178 N° 1) de la Ordenanza General de Aduanas, como autora de un delito de comercio clandestino sancionado en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, y como autora del delito sancionado en el artículo 28 letra a) de la Ley 19.039, cometido en esta ciudad el 6 de octubre de 2006, a una pena única de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio; a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; al comiso de todas las mercancías incautadas materia del aforo físico practicado por el Servicio de Aduanas; al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al treinta por ciento de una unidad tributaria anual, esto es, tres como seis unidades tributarias mensuales, que cumplirá simultáneamente con la pena principal, y al pago de las costas de la causa.

Si la sentenciada no pagare la multa impuesta, sufrirán por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, en este caso 18 días.

Concurriendo respecto de la referida los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 18.216, se suspende en su favor el castigo corporal y se le concede el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujeta al control administrativo del Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile que corresponda, por el término de quinientos cuarenta y un días, y obligada al cumplimento de las obligaciones que su articulo 5° le impone, declarándose que no existen abonos de tiempo que computar.

III.-. Que se rechaza la demanda civil interpuesta por el Servicio de Aduanas en contra de Mirta Fuenzalida Rivera y Ronald Ceballos Vega, sin costas por la plausibilidad del motivo para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Devuélvase a las partes los documentos y especies acompañados durante la audiencia.

Ofíciese en su oportunidad a los organismos correspondientes para hacer cumplir lo resuelto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal.

Remítanse los antecedentes necesarios al señor Juez de Garantía para los fines pertinentes, y hecho, archívese.

Redactada por la juez Sra. Juana Rosa Ríos Meza, y el motivo décimo séptimo por sus redactores.

RUC 0610017199-4

RIT 122-2007
PRONUNCIADA POR LOS JUECES DEL TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE, DON MOISES PINO PINO, DON FELIPE ORTIZ DE ZARATE FERNANDEZ Y SRA. JUANA ROSA RIOS MEZA.
TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE – 11.07.2007 – RIT N° 122-2007 - C/ RONALD ALBERTO CEBALLOS VEGA Y OTRA – MINISTROS SRES. MOISES PINO PINO - FELIPE ORTIZ DE ZARATE FERNANDEZ - JUANA ROSA RIOS MEZA.
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