Notas sobre la la educación técnico profesional (etp) en la argentina




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NOTAS SOBRE LA LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (ETP) EN LA ARGENTINA.
1. Qué es la modalidad de educación técnico profesional
En su capítulos 3º y 4º, la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058 define :
Art. 3º.: La “La Educación Técnico Profesional es un derecho de todo habitante da la Nación Argentina, que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes. Como servicio educativo profesionalizante, comprende la formación ética, ciudadana, humanístico general, científica y tecnológica.”

Art. 4º.; La Educación Técnico Profesional promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.
A su vez, la Res. CFCyE Nº 269/06, define el contenido de las trayectorias formativas que brinda:

Las trayectorias formativas encaminadas al otorgamiento de títulos y certificaciones técnico profesionales se distinguen por brindar:
a) Formación orientada a la apropiación por parte de los estudiantes de los conocimientos, habilidades, actitudes, valores culturales y éticos correspondientes a un perfil profesional, cuya trayectoria formativa integra los campos de la formación general, científico-tecnológica, técnica específica, así como el desarrollo de prácticas profesionalizantes y el dominio de técnicas apropiadas que permitan la inserción en un sector profesional específico.
b) Un saber técnico y tecnológico, con sustento teórico científico de base, que permita intervenciones técnicas específicas en procesos productivos con cierto nivel de autonomía y responsabilidad en la solución de problemas tecnológicos en diversos sectores de la producción de bienes y servicios.
c) Preparación para el desempeño en áreas ocupacionales determinadas que exigen un conjunto de capacidades y habilidades técnicas específicas, así como el conocimiento relativo a los ambientes institucionales laborales en los que se enmarca dicho desempeño.


  1. 1 Características


La educación técnico profesional, iniciada en nuestro país hacia finales del siglo XIX, ha mostrado avances -en términos comparativos con otras modalidades- que hoy es necesario fortalecer y resignificar: la valorización del trabajo, el carácter propedéutico hacia carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico nacional, la formación de egresados con mayores capacidades de gestión laboral y productiva y posibilidades de inserción en el sector socio productivo
En la actualidad, las instituciones educativas que pertenecen a la modalidad de la ETP se encuentran en proceso de cambio por diversos motivos.
A partir de la sanción de la Ley Nº 26058 de Educación Técnica Profesional, en septiembre de 2005, y en el marco de las políticas públicas que los estados nacional y provinciales instrumentan para el mejoramiento del sistema educativo, la modalidad técnica ha iniciado una serie de cambios e innovaciones. Esto se debe al carácter estratégico de la ETP en términos del desarrollo humano y social y del crecimiento económico, y a la necesidad de valorar su estatus social y educativo, dar respuesta a la necesidad de otorgarle una identidad propia, garantizar criterios de unidad nacional, así como actualizar sus modelos institucionales y estrategias de intervención
1.2. El contexto de la educación técnico profesional a partir de las políticas públicas de finales del siglo XX
A efectos de contextualizar, es imprescindible recordar que, en la Argentina, las primeras instituciones de ETP, aún vigentes, fueron fundadas en el siglo XIX y desde entonces han sido reconocidas por su prestigio no sólo por la pertinencia y calidad de la preparación propedéutica de los egresados de las escuelas técnicas y agrotécnicas, como por la adecuación de su perfil, lo que ha permitido cubrir los requerimientos de personal calificado a las grandes, medianas y pequeñas empresas del país. En la Argentina, a diferencia de otros contextos, la educación técnica no es concebida como una opción de menor calidad que el bachillerato, ni está destinada para la población de menores recursos.

Sin embargo, en los años 90 algunas políticas públicas desdibujaron su perfil y vaciaron de contenidos los planes de estudio, intentando sustituir las ofertas tradicionales orientadas al sector socioproductivo por aquellas otras que pudieran satisfacer los nuevos requerimientos del sector de servicios.

Este viraje produjo desmantelamiento, vaciamiento de contenidos y desgranamiento de la matrícula.

Más dramáticamente se produjeron también demandas y apelaciones de padres y alumnos al Estado, debido a la falta de reconocimiento y validez de sus títulos y certificados, lo que sumado a la escasa preparación y solvencia científico tecnológica esperable obturó la posibilidad de lograr la inserción esperada en el mercado laboral.

Al mismo tiempo, creció la oferta de educación técnico superior, mayoritariamente ofrecida por el sector educativo de gestión privada.

Muchos de los países desarrollados, a partir de sus dificultades para ofrecer puestos de trabajo a los más jóvenes, reformaron sus sistemas educativos, traccionando la titulación profesional al nivel superior de manera tal de posponer las aspiraciones de ingreso a la sobreabundante e insatisfecha oferta laboral. En esos esquemas, al nivel medio se le adicionó alguna forma de “orientación para el mundo laboral” o bien, espacios de formación profesional agregados a formaciones más generales.

Dado que en Latinoamérica, en general, los estudios terciaros son arancelados, algunos organismos de crédito internacional enarbolaron esta tendencia, procurando “colocar” esta reforma, a la par de iniciar intentos de instalar “community colleges”, colegios universitarios, estrategias más cercanas al merchandising de instituciones educativas internacionales, en el marco de la concepción de la educación como mercancía.

La propuesta, perfectamente adecuada a las políticas de “achicamiento” del Estado, fue aceptada por muchos países.

En la Argentina, además, la descentralización de servicios educativos produjo un vaciamiento de los organismos de supervisión, sobre todo en este nivel, con lo cual, proliferaron con escaso control las ofertas de tecnicaturas superiores, muchas de las cuales demostraron estar carentes de planes de estudio, con contenidos más cercanos al nivel medio o a la formación profesional que a un estudio de nivel superior, con escaso y en ocasiones también obsoleto equipamiento, con un cuerpo docente de escaso crédito académico y sin observar la imprescindible adecuación a la demanda laboral que son los requisitos propios de este tipo de titulaciones. Por las mismas razones estas ofertas carecen aún hoy de validez nacional, y en muchos casos, no presentan normativa provincial que las avale, ascendiendo a más de 1000 las denominaciones de estas ofertas formativas.

2. Reposicionamiento de la modalidad técnico profesional en el sistema educativo. El respaldo legal
A partir del año 2003, el Ministerio de Educación trazó nuevas políticas públicas, las que se vieron plasmadas en un conjunto de leyes y en el lanzamiento de nuevos planes y programas para su ejecución:
Ley de los 180 días de clase Nº 25864

Ley Fondo Nacional de Incentivo Docente Nº 25.919

Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26058

Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075

Ley de Educación Sexual Nº 26150

Ley de Educación Nacional Nº 26206
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica, por indicación del Consejo Federal de Cultura y Educación, tuvo a su cargo el proceso de consulta y elaboración del Anteproyecto de Ley de Educación Técnico Profesional.

El mismo se llevó a cabo en el período abril-noviembre de 2004. La estrategia de elaboración se basó en una serie de consultas con autoridades provinciales, directivos y docentes, gremios docentes del sector público y privado, gremios de los sectores de la producción, cuerpos académicos de universidades nacionales, centros de investigación, organismos nacionales e internacionales, entre otros.

En el mes de noviembre de 2004 el Presidente de la Nación elevó el Proyecto al Honorable Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados la aprobó en agosto de 2005 y la Cámara de Senadores le dio sanción definitiva el 7 de septiembre del mismo año.
2.1. Puntos principales de la Ley 26058
Son los objetivos de esta Ley:

a) “Contribuir al desarrollo integral de las personas y a proporcionarles condiciones para el crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de una ETP continua y permanente.

b) Ampliar la formación básica y de fundamentos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos de las personas, a partir de la contextualización técnico tecnológica de los saberes vinculados a campos ocupacionales.

c) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades así como la reinserción voluntaria y la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades educativos.

d) Promover y desarrollar la cultura del trabajo y la producción en los diversos programas, niveles e instituciones de ETP.

e) Fortalecer a las instituciones de ETP como espacios sociales donde se lleva a cabo la formación integral de las personas, siendo uno de sus principios el que considera la trabajo productivo como la actividad socialmente integradora por excelencia.

f) Vincular las instituciones y los programas de ETP con los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la producción y el trabajo, a nivel nacional, regional y local.

g) Mejorar y fortalecer las instituciones y los programas de ETP en el marco de políticas nacionales y estrategias de carácter federal que integren las particularidades y diversidades jurisdiccionales.

h) Favorecer niveles crecientes de equidad, calidad, eficiencia y efectividad de la ETP; como elementos clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y crecimiento socio-económicos del país y sus regiones, de innovación tecnológica y de promoción del trabajo decente.”
Para facilitar su lectura, se destacan los conceptos principales de la Ley de ETP. Las llamadas a pie de página informan sobre las Resoluciones del Consejo Federal y documentos anexos que reglamentan la Ley.
• la educación técnico profesional no puede estar separada o escindida de la formación ética ciudadana, de la formación general integral, además de capturar, sostener y fortalecer la formación de fundamentos científico tecnológicos. Esto recupera una tradición de las escuelas técnicas en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países latinoamericanos, porque gran parte de la “pérdida” de vocaciones para las carreras del área de la arquitectura e ingeniería en sus distintas expresiones tiene mucho que ver con la pérdida de graduados de la formación científico tecnológica en el nivel secundario.

• Todos los mecanismos de la educación técnico profesional son a partir y desde la mirada de las instituciones, con sus múltiples denominaciones: escuelas, institutos superiores, centros de formación profesional, etcétera.

Dadas las historias diferentes que tienen estos tres tipos de formación, el alcance de esta Ley nuclea a estas tres dimensiones de formación: de técnicos medios, en los múltiples ámbitos, tanto industrial, agropecuario como de servicios, la formación de técnicos superiores, así como la formación profesional.

En este punto hay que resaltar que en la legislación anterior se había omitido un aspecto central de la formación técnico profesional: el carácter profesional de la mayoría de los títulos técnicos. Esto significa que tanto los títulos técnicos, tanto medios como superiores, que tienen carácter profesional, tienen además regulaciones en sus colegiaciones particulares, como por ejemplo el maestro mayor de obras, el técnico químico, el técnico aeronáutico. Algo similar sucede con ciertas ofertas de formación profesional, por lo que requieren de la habilitación para su matriculación; es el caso de los gasistas e instaladores.

• Validación de los títulos y certificaciones profesionales: la Ley define el alcance de estas denominaciones así como la especificación de todas las instancias que participan en dicho proceso y las responsabilidades de cada una de las jurisdicciones educativas y del Consejo Federal.1

• Las características que tienen las ofertas formativas de la educación técnico profesional, tanto en el área de la industria como en la de la producción agropecuaria en cuanto a servicios, personal docente y al equipamiento necesario para garantizar una práctica profesional en el interior de las instituciones.

• La generación de un fondo nacional, que garantiza los recursos necesarios para afrontar la inversión que generan las prescripciones de esta Ley. Su monto anual no puede ser inferior al el 0,2 por ciento del total de las Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el sector público nacional. Este Fondo es adicional a los recursos que el Ministerio de Educación de la Nación tiene asignados a otros programas de inversión en las escuelas.

En los años 2006 y 2007 fueron transferidos y ejecutados $ 269 000 000. El Fondo previsto para el año 2008 fue de $ 330 000 000 y el presupuesto 2009, en ejecución es de $ 550 000 000.2

• La mejora continua de la calidad: se constituye en un conjunto de procesos dinámicos y complejos en el que intervienen múltiples actores y se vincula con el fortalecimiento de los diversos ámbitos institucionales y niveles de intervención., a través de tres mecanismos de regulación de carácter federal: el proceso de homologación de títulos técnicos, la constitución del catálogo de títulos y el registro federal, que deben actuar combinadamente. Estos instrumentos y mecanismos de carácter federal deberán garantizar, principalmente, el derecho de los estudiantes y de los egresados a que sus estudios, certificaciones y títulos acrediten calidad equivalente y sean reconocidos en todo el territorio nacional. 3

 El proceso de homologación permite el análisis y evaluación comparativa de títulos y certificaciones basándose en el marco de referencia pertinente, con el propósito de refrendar o establecer su reconocimiento y validez nacional, en los casos en que así lo soliciten las jurisdicciones educativas. El marco de referencia está constituido por un conjunto de criterios y estándares acordados federalmente, que definen y caracterizan los aspectos sustantivos relativos al perfil profesional y a la trayectoria formativa correspondientes a los diferentes títulos y certificaciones, actualmente vigentes o a ser desarrollados a futuro. 4

 El Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones estará organizado en función de familias y perfiles profesionales y será fuente de información sobre certificaciones y títulos y sus correspondientes ofertas formativas, en particular sobre aquellas cuyo ejercicio profesional pone en riesgo la salud, la seguridad, los derechos y los bienes de los habitantes. 5

 El Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional canaliza el compromiso y la acción conjunta de los gobiernos nacional y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un doble objetivo: actualizar, fortalecer y equipar las instituciones que brindan educación técnico profesional y dar garantía pública de que dichos establecimientos cumplen con las condiciones institucionales según los criterios de calidad acordados federalmente. 6
 Los planes de mejora, que se financian con recursos provenientes del Fondo Nacional, están destinados a:

a) desarrollar acciones de alcance nacional y/o jurisdiccional que, en el marco de acuerdos federales, permitan incrementar la identidad, la calidad y la especificidad de las instituciones de educación técnico profesional.

b) Revalorizar el papel del conocimiento científico tecnológico y la cultura del trabajo como ejes de los procesos formativos

c) Fortalecer el nivel académico de las instituciones de ETP facilitando la formación continua y la capacitación de los docentes y directivos, el intercambio y la cooperación entre las jurisdicciones educativas y la asistencia técnica de organismos nacionales e internacionales.

d) Favorecer estrategias de vinculación y articulación intersectorial en el nivel regional y/o local

e) Fortalecer, en el ámbito federal, la gestión organizativa e institucional de las instituciones de educación técnico profesional, mejorando sus condiciones de funcionamiento así como los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de modo tal que les permita brindar una formación relevante, pertinente y de calidad.

f) Facilitar las condiciones institucionales que favorezcan la vinculación de las acciones formativas con las necesidades sociales y productivas, sectoriales y regionales.
Estos planes de mejora jurisdiccionales e institucionales deberán expresar el conjunto integrado de acciones a ser desarrolladas con el propósito de alcanzar las condiciones institucionales que requieren las instituciones de ETP para el desarrollo de propuestas formativas profesionalizantes.

Las líneas de acción previstas refieren a: formación inicial y continua de directivos y docentes de ETP, estrategias para la igualdad de oportunidades, vinculación con instituciones de ciencia y tecnología y con entidades del sector socio-productivo, prácticas profesionalizantes, equipamiento de talleres, laboratorios, espacios productivos y proyectos institucionales, condiciones de higiene y seguridad en talleres, laboratorios y espacios productivos en que se desarrollan las prácticas pre profesionales y profesionalizantes, conexión a Internet, bibliotecas híbridas técnicas especializadas, equipamiento informático y refacción integral de edificios.
• Gobierno y administración de la educación técnico profesional. Se establecen las responsabilidades del Ministerio nacional, de los ministerios provinciales y del Consejo Federal y se incorporan dos figuras más: el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CONETyP), de carácter consultivo, y como espacio de discusión intersectorial y tripartito, de modo de conservar la representación del Estado, de los empleadores y de los trabajadores en el interior de las lógicas, de las políticas y de las estrategias que se propongan para el desarrollo de la educación técnico profesional y la Comisión Federal de Educación Trabajo, conformado por los responsables técnico-políticos de las jurisdicciones. Actúa como un espacio de trabajo sostenido, en el que se acuerdan las políticas se discuten las estrategias como instancia previa y posterior a la toma de decisiones que se toman en el Consejo Federal y, como consecuencia, de las decisiones que se toman en el Consejo Federal de Cultura y Educación.
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