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Ley 12/1997, de 23 de diciembre, de Tasas de la Generalitat Valenciana. (1)

[DOGV núm. 3.151, de 29 de diciembre]
PREÁMBULO
I


La tasa, categoría con larga tradición en nuestro Derecho Tributario, fue objeto de la atención del legislador estatal mediante la Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales de 26 de diciembre de 1958, norma ésta que, heredera de precedentes muy variados, incorporó al ordenamiento una definición a la que la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, dio más tarde acogida en su texto. La idea subyacente al concepto de tasa acuñado por aquella ley era la de contraprestación, pues el pago de la tasa iba asociado a la existencia de una actividad administrativa en contraprestación de la cual se exigía.
Con posterioridad, la Ley del Estado 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, retomó la cuestión, dando una nueva definición de tasa de ámbito más reducido y creando, al mismo tiempo, la figura del precio público, cuya obtención se produce a partir del concepto originario de tasa contenido en la citada Ley de 26 de diciembre de 1958, algunos de cuyos presupuestos de hecho asume. El criterio delimitativo de ambas categorías es, como la propia Exposición de Motivos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, reconoce, la noción de coactividad. De este modo, cuando la relación entre la Administración y el administrado en cuyo seno cabe inscribir la actividad de aquélla es contractual y voluntaria la contraprestación retributiva de la misma se conceptúa como precio público, mientras que la utilización de la tasa se reserva para el supuesto de actividades que sean fruto de la coactividad.
A tenor de la Ley 8/1989, de 13 de abril, la Generalitat acometió en el año 1991 la publicación de una norma en la que actualmente se contiene el régimen general aplicable a los precios públicos de la Hacienda Valenciana, el Decreto 73/1991, de 13 de mayo, cuya finalidad es, según se indica en su parte preliminar, introducir en el ordenamiento jurídico valenciano la regulación de los precios públicos, atendiendo, principalmente, a la delimitación de esta figura que se contiene en la Ley 8/1989, de 13 de abril. A tenor de dicho Decreto se han ido dictando, pues, conforme las necesidades de gestión lo han ido requiriendo, las distintas normas -decretos y órdenes- por las que actualmente se rigen dichos precios públicos. Se constata, por tanto, que el régimen jurídico de los precios públicos valencianos ha sido construido, en su totalidad, mediante instrumentos normativos de carácter reglamentario.
En este orden de cosas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, por la que se declara la inconstitucionalidad parcial del artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, pone de manifiesto que, al amparo de la categoría financiera de los precios públicos, se han creado en algunos casos verdaderas prestaciones patrimoniales de carácter público, cuyo establecimiento únicamente merece el juicio de validez constitucional en la medida en que respete el principio de legalidad, consagrado en el artículo 31.3 de la Norma Fundamental.


II


Por lo que respecta a las tasas de la Generalitat, su régimen jurídico vigente se halla contenido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 14 de noviembre de 1995, que, dictado en cumplimiento del mandato contenido en la Disposición Final Primera de la Ley de la Generalitat 12/1994, de 28 de diciembre, toma también su concepto de tasa de la Ley 8/1989, de 13 de abril. Otra ley de la Generalitat, la 8/1995, de 29 de diciembre, da nueva redacción, a través de su artículo 26, a determinados preceptos de dicho Texto Refundido. Además, desde la promulgación del Texto Refundido de la Ley de Tasas de 14 de noviembre de 1995 la Generalitat ha ampliado el ámbito de sus competencias, bien por derivación, en virtud de transferencias desde el Estado, bien de modo originario, cuyo ejercicio, tanto en un caso como en otro, conviene revestir financieramente mediante la aplicación de las correspondientes tasas.


III


Resulta necesaria, pues, en virtud de todo lo anterior, la promulgación de una nueva ley reguladora de las tasas autonómicas, al servicio de un triple cometido: 1) Adaptar al principio de legalidad la situación jurídica de aquellos precios públicos que tienen carácter de prestación patrimonial de carácter público; 2) Crear nuevas tasas, fruto de competencias asumidas por la Generalitat con posterioridad a la promulgación del Texto Refundido de 14 de noviembre de 1995, cuyo encaje en él resulta difícil; y, 3) Sistematizar el elenco de tasas contemplado en el citado Texto Refundido. En relación con el primero, la presente Ley opta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en la redacción dada al mismo por el apartado tres del artículo único de la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, por la derivación hacia el campo de la tasa de aquellos precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público. Surge, de este modo, un nuevo concepto de precio público, de ámbito más reducido que el hasta ahora existente, que obliga a introducir los pertinentes cambios en el régimen actualmente vigente en esta materia, lo que se efectúa mediante las oportunas Disposiciones Adicionales de esta Ley, así como a través de su Disposición Derogatoria.
En cumplimiento del tercero, esta Ley presenta un Título Preliminar más reducido que el del Texto Refundido de 14 de noviembre de 1995, del cual se excluyen todas aquellas menciones que, por encontrarse presentes en normas de general aplicación, no resulta necesario reproducir. Con ello se pretende convertir dicho Título Preliminar en un espacio de la Ley reservado a la regulación de los aspectos específicos comunes a todas las tasas de la Generalitat. La presente Ley tiene en cuenta, además, las actualizaciones que para los ejercicios 1996 y 1997 se contienen en las Leyes de la Generalitat 9/1995, de 31 de diciembre, y 4/1996, de 30 de diciembre, respectivamente. La primera de estas normas eleva para 1996, a través de su artículo 37, en un 3,5 por 100 los tipos de cuantía fija de las tasas y otros ingresos de derecho público de la Hacienda de la Generalitat. En este mismo sentido, el incremento recogido en el artículo 39 de la segunda de las leyes citadas es del 8 por 100. En ambos casos se excluyen, sin embargo, de la aplicación del correspondiente incremento porcentual los precios públicos y la tasa por los servicios administrativos de casinos, juegos y apuestas. Quedan, no obstante, fuera del ámbito de la presente Ley las tasas por inspección y control sanitario de carnes frescas, cuya regulación, por la especificidad de la materia, es aconsejable acometer mediante la promulgación de una ley especial.
Finalmente, la presente Ley opta por la derogación explícita de todas aquellas normas que se ven afectadas por lo en ella dispuesto. Se pretende así hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 16 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, nunca afectado por las sucesivas reformas que dicha norma ha ido experimentando, y, sin embargo, tan pocas veces observado.


TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales
Artículo 1. Fuentes

Uno. Las tasas de la Generalitat se regirán por lo dispuesto en esta Ley, y, en su caso, en las normas de desarrollo de la misma.

Dos. Subsidiariamente se aplicarán las normas tributarias de carácter general, y, en particular, la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y el Reglamento General de Recaudación.

Tres. Se regularán en todo caso por ley la determinación del hecho imponible, del sujeto pasivo, de las exenciones y demás beneficios fiscales, de la base, del tipo de gravamen, del devengo y de todos los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.


Artículo 2. Concepto

Uno. Son tasas de la Generalitat aquellas prestaciones pecuniarias, legalmente exigibles por ésta, cuyo hecho imponible consiste en la utilización de su dominio público o en la prestación por ella de servicios públicos o la realización de actividades en régimen de Derecho público de su competencia, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud voluntaria para los administrados.
b) Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente.

Dos. A los efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado anterior, se considerará que no existe voluntariedad por parte de los administrados cuando se dé cualquiera de las dos circunstancias siguientes:
a) Que la solicitud venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
b) Que los servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante o receptor.


Artículo 3. Sujeto pasivo

Uno. Serán sujetos pasivos de la tasa, en calidad de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, a quienes se refiera, afecte o beneficie alguno de los supuestos constitutivos del hecho imponible.

Dos. Por ley podrán designarse sustitutos del contribuyente cuando, por las características del hecho imponible, resulte aconsejable la implantación de esta modalidad de sujeción pasiva.


Artículo 4. Exenciones y bonificaciones

Uno. En la gestión de las tasas de la Generalitat no se aplicarán más exenciones y bonificaciones fiscales que aquellas que estén expresamente previstas en esta Ley o en cualquier otra disposición de igual rango normativo.

Dos. Las exenciones y bonificaciones subjetivas alcanzarán, en su caso, a quienes se subroguen en los derechos y obligaciones que directamente deriven de los actos exentos o bonificados, siempre que se acredite fehacientemente la subrogación.


Artículo 5. Elementos de cuantificación de las tasas

Uno. Cuando las características de las tasas lo permitan, será tenida en cuenta la capacidad económica de las personas que deban satisfacerlas.

Dos. El importe de las tasas se fijará según las reglas que a continuación se indican:
a) Cuando se exijan por la utilización del dominio público de la Generalitat, tomando como referencia el coste de mantenimiento en condiciones normales de uso de los bienes o derechos demaniales de que se trate, sin que pueda sobrepasarse el mismo.
b) Cuando se fijen por prestación de servicios o realización de actividades por parte de la Generalitat no podrá exceder del coste de los mismos. En cualquiera de los dos supuestos de este apartado, si resultasen sobrantes deberán modificarse las correspondientes tarifas para obtener el preceptivo equilibrio entre coste y recaudación.

Tres. Las Leyes de Presupuestos de la Generalitat podrán modificar los elementos de cuantificación aplicables a las tasas de ésta.

Cuatro. Tanto la creación o establecimiento de nuevas tasas como la revisión de la cuantía de las ya existentes, requerirán la remisión a las Cortes Valencianas por parte del Gobierno Valenciano de una memoria económico-financiera en la que se justifique, a partir de los costes que deban ser tenidos en cuenta, las cuantías propuestas. Dicha memoria será requisito indispensable para la tramitación del correspondiente proyecto de ley.


Artículo 6. Devengo

Las tasas se devengarán cuando se utilice el dominio público, se preste el servicio o se realice la actividad de que se trate, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tres del artículo 9 de esta Ley.


Artículo 7. Liquidaciones

Siempre que exista un acto administrativo de liquidación de tasas, los contribuyentes afectados, así como quienes detenten un interés legítimo, podrán requerir a la autoridad u órgano que lo haya dictado para que manifieste los fundamentos y antecedentes que hayan servido para su adopción.


Artículo 8. Gestión

Uno. Sin perjuicio de las facultades de gestión atribuidas a los órganos de las Consellerias, corresponde a la de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Tributos y Patrimonio, la inspección y control de las tasas, así como la fijación, cuando resulte necesario, de directrices para la aplicación de sus normas reguladoras.

Dos. El funcionario que indebidamente exija una tasa de la Generalitat o lo haga en cuantía distinta a la legalmente prevista será sancionado administrativamente, previa instrucción del oportuno expediente, en el que se le dará audiencia, por la comisión de una infracción de carácter grave, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden a las que pudiere haber lugar.


Artículo 9. Pago

Uno. Las tasas de la Generalitat se satisfarán mediante pago en efectivo, pudiendo realizarse dicho pago mediante dinero de curso legal o cualesquiera otros medios que por la misma, en su caso, se autoricen, sin que resulte admisible la utilización simultánea de varios de ellos para el pago de una misma deuda.

Dos. El pago se realizará de acuerdo con el sistema de recaudación establecido por el Decreto 105/1992, de 6 de julio, del Gobierno Valenciano, y las normas dictadas en desarrollo del mismo.

Tres. El pago de las tasas se exigirá, con carácter general, por anticipado o simultáneamente a la prestación del servicio, realización de la actividad correspondiente o a la utilización del dominio público, según se trate. Sin perjuicio de ello, en aquellos casos en que esta exigencia previa o simultánea pudiera ocasionar daños de cualquier tipo a la salud humana, el pago se exigirá una vez prestado el servicio o realizada la actividad en cuestión, o después de que la utilización del dominio público haya tenido lugar, según corresponda.

Cuatro. Procederá la devolución del importe de la tasa cuando ésta se haya ingresado con carácter previo a la utilización del dominio público, a la prestación del servicio o a la realización de la actividad de que se trate, y dicha utilización, prestación o realización no tenga finalmente lugar por causas no imputables, directa o indirectamente, al sujeto pasivo. Los criterios a tener en cuenta en orden a la práctica de la citada devolución serán lo siguientes: 1) Cuando la no utilización, prestación o realización resulte imputable a la Administración la devolución deberá practicarse de oficio por ésta, sin perjuicio del derecho del sujeto pasivo a solicitarla; 2) Cuando la no utilización, prestación o realización tenga su origen en causa de fuerza mayor, la devolución procederá únicamente previa solicitud del interesado, siempre que éste pruebe suficientemente dicha fuerza mayor.

Artículo 10. Aplazamientos y fraccionamientos

Uno. Salvo lo dispuesto en las normas específicas de cada tasa, resultará de aplicación al aplazamiento y fraccionamiento del importe de las mismas lo dispuesto en el apartado dos siguiente.

Dos. Previa solicitud, podrá concederse el aplazamiento o fraccionamiento del pago del importe de las tasas. En caso de aplazamiento, no podrá concederse un plazo superior a un año. En caso de fraccionamiento, cada plazo parcial no podrá, además, tener una duración superior a tres meses. Tanto en un caso como en otro, se exigirán por ello los correspondientes intereses de demora, de acuerdo con lo establecido al efecto en el Reglamento General de Recaudación.

Tres. En los supuestos de autoliquidación en que concurran circunstancias especiales podrá autorizarse el fraccionamiento del pago anual de la tasa en dos periodos, sin intereses de demora. Esta especialidad resultará aplicable, en particular, en los supuestos de realización periódica del hecho imponible.


Artículo 11. Recursos y reclamaciones

Los actos dictados por los órganos gestores de las tasas serán recurribles en los términos recogidos en el Decreto 34/1983, de 21 de marzo.


Artículo 12. Domicilio fiscal

Los sujetos pasivos y demás obligados explicitarán en sus peticiones su domicilio a efectos de notificaciones, tomándose como tal, en su defecto, su domicilio fiscal.


Artículo 13. Infracciones y sanciones

Las infracciones tributarias relativas a tasas de la Generalitat se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo en esta materia.

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