Informes portal mayores número 24






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INFORMES PORTAL MAYORES
Número 24

Pautas de actuación en caso de personas mayores que viven solas y no pueden valerse por sí mismas









Autor: Santos Urbaneja, Fernando


Filiación: Audiencia Provincial de Córdoba

Contacto:

Fecha de creación: 16-11-2004



Para citar este documento:



SANTOS URBANEJA
, Fernando (2004). “Pautas de actuación en caso de personas mayores que viven solas y no pueden valerse por sí mismas”. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal Mayores, nº 24. [17/11/2004]. <http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/santos-pautas-01.pdf

Una iniciativa del IMSERSO y del CSIC © 2003


ISSN: 1885-6780


PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS Y NO PUEDEN VALERSE POR SÍ MISMAS



Fernando Santos Urbaneja

Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental.
PLANTEAMIENTO
Este trabajo está elaborado desde la experiencia de actuación en Andalucía.

Esta Comunidad cuenta desde 1999 con una Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores (Ley 6/1999 de 7 de Julio) cuya efectividad se asienta, en buena medida, en la coordinación entre las distintas instituciones y organismos que tienen entre sus funciones la atención o protección a las personas mayores.
En la actualidad es creciente el número de personas mayores que viven solas en su domicilio. Cuando estas personas enferman la obligación de atención recae en primer lugar en los familiares cercanos.

Cuando los familiares no pueden “razonablemente” hacerse cargo de su atención o simplemente no existen, la Administración de modo subsidiario acude en su socorro procurando, hasta donde es posible, su permanencia en el hogar a través de dispositivos como la teleasistencia o la asistencia domiciliaria.

Ocurre en ocasiones que el estado de la persona mayor es tan precario que estas medidas se tornan insuficientes.

Especialmente graves y frecuentes son los supuestos en que la persona desarrolla trastornos o patologías mentales que le inhabilitan para tomar decisiones y que demandan una solución para no generar graves crisis de desamparo.
En otras ocasiones el problema aflora de repente, cuando se conoce a través de vecinos, policía, etc... la existencia de una persona mayor en condiciones de insalubridad lamentables y con claros síntomas de insanía mental.
En todos estos casos extremos y generalmente respecto de personas que han superado ampliamente los setenta años, se suele presentar como única alternativa sociosanitaria viable, el ingreso en una Residencia para personas Mayores donde se proporcione la asistencia y tratamientos adecuados.
Ocurre que estos ingresos, cuando se aprecia que la persona no se encuentra en condiciones de decidir por sí misma o existan dudas al respecto, están sometidos a control judicial por afectar a un derecho fundamental de la persona cual es el la libertad para fijar libremente su residencia y desplazarse con igual libertad por donde estime conveniente ( Art. 19 Constitución Española ).

Establece además el Art. 17-1 de la Constitución que “nadie puede ser privado de la libertad sino en los casos y en la forma previstos en la Ley
El precepto que establece cuales son los casos y la forma en que puede producirse un ingreso de modo involuntario en un centro, por razón de padecer un trastorno psíquico, es el Art. 763 de la LECivil.
Este trabajo va dirigido especialmente al colectivo de los Trabajadores Sociales quienes, por su profesión y cercanía son los primeros que detectan o reciben la noticia de que existe una persona mayor en situación de desamparo y aquejada por problemas mentales que necesita ayuda.


Tras los Trabajadores Sociales vendrán otros profesionales.

Este trabajo pretende informar sobre los pasos que deben darse para evaluar la capacidad de la persona mayor afectada por trastornos mentales que vive sola en su domicilio y, en su caso, los pasos para proceder a su ingreso en una Residencia para personas mayores.
Se trata de un proceso en el que además de los Trabajadores Sociales pueden intervenir Médicos de atención primaria, Juez, Fiscal, Médico Forense, Fuerzas de Seguridad, etc....

Todos ellos deben saber a que atenerse en cada momento y cual es su cometido a fin de que el proceso se complete con normalidad y no quede frustrado por las objeciones infundadas de unos o de otros que, a la postre, van a suponer un perjuicio añadido para la persona mayor.
Conviene tener presente que desde el punto de vista del Derecho Civil, entre la presunción de capacidad y la incapacidad declarada en sentencia tras el procedimiento de incapacitación, existe un estadio intermedio que es el “persona presuntamente incapaz
Es cierto que a partir de los dieciocho años todas las personas gozan de la presunción de capacidad pero, cuando media un informe médico que pone de manifiesto la existencia de una patología mental que afecta de modo notable a la capacidad de decisión, la “presunción de capacidad” se torna “presunción de incapacidad”.
Una vez establecida la “presunción de incapacidad” el ordenamiento jurídico pone al servicio de la persona en orden a su protección un numeroso grupo de mecanismos y medidas, entre ellas, el hecho de que los ingresos residenciales no se contemplen ya como voluntarios, sino como “involuntarios” y se sometan a control judicial.
Otra de las consecuencias de este estado es que cualquier persona puede ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal al objeto de que valore la necesidad o conveniencia de instar la declaración de incapacidad.
Si se trata de funcionarios públicos la comunicación al Fiscal es obligada.

El Fiscal, en defecto o en ausencia de familiares cercanos, instará la declaración de incapacidad si lo considera conveniente pero, en todo caso, la persona mayor se encuentra bajo el amparo de todos los poderes públicos. Todos deben actuar en su beneficio, todos deben proteger sus derechos.
Nadie puede escudarse para no actuar en el hecho de que la persona no se encuentra judicialmente incapacitada pues la situación de “incapacidad presunta” obliga a ello.

EL ARTÍCULO 763 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL



Dispone el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1.- El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por si, aunque esté sometida a patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento

La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. en este caso el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el Centro donde se haya producido el internamiento. Dicho Tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del Art. 757 de la presente Ley.
...//...

3.- Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se haya efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida.

Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oir el dictamen de un facultativo por él designado.

En todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el Art. 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.

4.- En la misma resolución que acuerde el internamiento, se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada, de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente.
Los informes periódicos serán emitidos cada seis meses, a no ser que el tribunal, atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento, señale un plazo inferior.


Recibidos los referidos informes, el tribunal previa la práctica, en su caso de las actuaciones que estime imprescindibles, acordará lo procedente sobre la continuación o no del internamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los facultativos que atiendan a la persona internada consideren que no es necesario mantener el internamiento, darán el alta al enfermo y lo comunicarán inmediatamente al tribunal competente.”

LA LEY PREVÉ DOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL JUDICIAL DE LOS INGRESOS INVOLUNTARIOS


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