Directrices internacionales






descargar 2.19 Mb.
títuloDirectrices internacionales
página7/31
fecha de publicación25.08.2017
tamaño2.19 Mb.
tipoDirectrices
med.se-todo.com > Ley > Directrices
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31
La automotivación para la venta del cupón

Aplicando estas reflexiones sobre la autoestima a las personas que integran la ONCE, no podemos olvidar que un número importante de los empleados de esta organización desempeñan su puesto de trabajo como agentes de venta del cupón y realizan su labor profesional en contacto directo con el público. Este hecho introduce elementos específicos, que vamos a estudiar en el presente epígrafe.

No es fácil encontrar trabajos teóricos que estudien cuál es el efecto detallado que ejercen las campañas de productos de gran consumo dirigidas al público en general, cuando actúan sobre el personal de la red de ventas; prácticamente, todas las investigaciones de marketing se dedican a conocer mejor los productos, el mercado y los consumidores. Pero, de acuerdo con los comentarios y las reacciones del personal de ventas, resulta indiscutible que las campañas dirigidas al consumidor final también constituyen una acción muy eficaz para incentivar su trabajo: bien porque piensan que van a recibir más pedidos y que subirán las ventas, o bien porque se sienten más apoyados por su empresa, reciben un refuerzo psicológico de gran importancia para el impulso comercial del producto.

Joaquín Lorente, uno de los creativos más reputados de la publicidad española, y uno de los primeros que se preocupó de dotar a las campañas de planteamientos y conceptos coherentes, escribe: «Es absolutamente cierto que cualquier campaña dirigida al consumidor final a través de los grandes medios también llega al distribuidor. En definitiva, lee los mismos diarios, ve la misma televisión y descubre los mismos carteles en las mismas calles», Lorente insiste en la importancia que cobra la motivación de los vendedores y en que siempre debería reservarse una parte del presupuesto de publicidad para incentivar el canal de ventas con acciones específicas: «El diálogo y el presupuesto de la empresa no tiene sentido vaciarlos al cien por cien en el consumidor final. Es cierto que el distribuidor es un intermediario pero para la inmen-
sa mayoría de las empresas es también el primer cliente, aquel que realmente paga las facturas, y conseguir su entusiasmo y su fe, o como mínimo, una actitud positiva, se ha de traducir a que nos dé en su establecimiento el punto físico donde se consuma el acto de cambiar dinero por mercancía. (...) Cada empresa debe plantearse, como un tema específico y continuo de acción, cómo debe reforzar su personalidad pública hacia la distribución, y dotar al plan de la gente y el dinero suficiente para conseguirlo. (...) La frase aprendida de que el consumidor es el rey, es mentira. El verdadero rey es el distribuidor» 14.

También David Ogilvy, creativo publicitario y director de una de las multinacionales de la comunicación publicitaria más solventes del mundo, insistía en el efecto positivo que proyectan las campañas sobre la red de ventas y la distribución del producto 15, aunque resulta significativo que un publicitario tan habituado a cuantificar la eficacia de las acciones de comunicación y a citar estadísticas no ofrezca en este caso ningún dato concreto, quizás porque, como afirmábamos antes, no es fácil encontrar estudios al respecto.

Estas afirmaciones insisten en la importancia que tiene la publicidad de la ONCE cuando es percibida por los afiliados y empleados de la organización. Así, además de promover la venta del cupón y favorecer la integración de las personas discapacitadas en la sociedad, estas campañas también actúan sobre el personal de la ONCE y muy especialmente sobre el colectivo de vendedores del cupón, reafirmando su autoestima personal y profesional e impulsando su esfuerzo de venta. Si somos conscientes de la dependencia económica que tiene la labor social de la ONCE de los ingresos del cupón 16, este aspecto cobra una importancia trascendental. En un capítulo posterior analizamos con más detalle cómo los vendedores del cupón perciben y recuerdan las campañas de la ONCE17.

3.1.3.  Creación de estímulos positivos en el entorno inmediato

Para intentar una referencia cuantitativa del colectivo al que nos referimos en este capítulo, podemos partir del número de personas discapacitadas que hay en España —5,7 millones— y multiplicarlo por el tamaño medio del hogar español —3,2 miembros, cifra que sin duda es más elevada porque pocas personas con una discapacidad severa viven en hogares unifamiliares—; entonces tendríamos un colectivo de al menos 18 millones de individuos que podemos definir como «integrantes de familias que viven con una persona discapacitada» 18. Y gran parte de la problemática de este colectivo podríamos extenderla a su vez a un grupo social aún más extenso que comprendería los amigos más cercanos a las personas discapacitadas. Debemos insistir en la enorme importancia que tiene el entorno próximo del individuo con discapacidad, porque modela sus actitudes en cuanto que constituye la primera instancia mediadora del ámbito público: aquí es donde el individuo ejercita inicialmente sus habilidades sociales. También es mediadora «hacia afuera», porque proporciona al individuo una primera lectura del mundo exterior, transmitiendo conceptos, valores y jerarquías.

Ya que la persona con discapacidad depende mucho más de la familia y pasa más tiempo con ella (y, en efecto, es muy reducido el número de personas discapacitadas que viven, viajan, etc. solas), no resulta extraño que dos de cada tres personas discapacitadas sitúen a la familia en el primer lugar como «fuente de ayuda» 19, y que todos ellos la tengan en mayor consideración y se sientan influenciados por ella en mayor grado que el resto de la población 20, cuestión que cobra más importancia en los casos de minusvalía infantil: «Parece indiscutible que la familia es la instancia fundamental de mediación entre los individuos con discapacidad y el resto de entramados sociales. Su influencia es muy considerable —a veces decisiva— en la orientación de los procesos de socialización primaria, cuando el afectado tiene una deficiencia congénita o infantil, e influye también, de manera menos determinante, en las etapas posteriores de inserción laboral y emancipación del hogar paterno —socialización secundaria—» 21.

Respecto a la situación específica de los ciegos, Lukoff documenta con bastante detalle el gran impacto que el entorno más próximo (familia, amigos…) ejercen sobre la persona discapacitada, afirmando que «luego, los objetivos para suavizar la tendencia hacia el aislamiento o la aceptación de la independencia se sienten mucho más cercanos en el hogar que en el público en general»22

Pero en un gran número de situaciones la actuación de los miembros de la familia resulta perniciosa. Guiados por un concepto equivocado de integración, aplican los referentes sociales marginadores como si se tratase de leyes inmutables y no educan a su familiar discapacitado para la acción, sino para la resignación. Estudios cualitativos del Inserso afirman que, influenciados por el modelo social imperante, la familia se siente incómoda ante el simple hecho de mostrar a la persona discapacitada en público, con lo que le niegan el primer paso para su integración social. En esta situación, la familia más que realizar una «función de integración» realiza una «función de neutralización» 23. Otros autores insisten en que «la segregación también es una forma paternal de sobreprotección» 24. Una sobreprotección que prepara a los individuos discapacitados para una restricción en su universo social y para la soledad afectiva fuera del hogar paterno 25, motivo por el que muchos de ellos no llegan a establecer una familia independiente durante toda su vida 26. Pero, muy al contrario, como afirma Vygotski, «la educación del sujeto deficiente no debe ser una educación para vivir con la deficiencia, debe ser una educación para corregir funcionalmente esa deficiencia, para integrarse activamente en la sociedad» 27.

Nadie duda que la familia constituye el primer entorno para aplicar una rehabilitación normalizadora: «El hogar familiar constituye el substrato más favorable de que la comunidad dispone para que los instrumentos rehabilitadores técnicos (medicina, educación, capacitación) puedan incidir más eficazmente. En consecuencia, está en el interés de la comunidad el apoyar ese substrato con medidas concretas cada vez que ello se haga necesario» 28. Y es al incidir sobre estas familias cuando las campañas de integración dirigidas al público general adquieren una dimensión de elevada trascendencia. Porque las campañas están cambiando sus referentes, modificando la percepción de cuál debe ser el papel en sociedad de su familiar discapacitado y favorecen que les impulsen a normalizar su actuación pública de forma más decidida, neutralizando los excesos de una educación sobreprotectora.

Por añadidura, estas actitudes producen un efecto multiplicador cuando se ejercen de forma pública: la forma en que las personas discapacitadas son tratadas por sus familiares más directos tiene una relevante proyección social y emite imágenes que crean patrones de conducta sobre el resto de los ciudadanos. Según Shearer, los actos crean mensajes porque son una hecho de comunicación que actúa como tal, y así son incorporados en la experiencia de los que lo presencian. Y la forma en que un familiar u otra persona que conviva habitualmente con una persona discapacitada trata a ésta en público, se erige en una pauta ante terceras personas, especialmente si se trata del padre de la persona discapacitada 29.

3.1.4.  El papel de los mediadores sociales

Abriendo un poco más el círculo de agentes que intervienen en el entorno personal de la persona con discapacidad, y ya fuera del núcleo de la familia y de los amigos más próximos, encontramos a los denominados «mediadores sociales» 30. Estos mediadores son los profesionales que, estando en contacto directo con la persona discapacitada, vehiculan hacia ella los servicios y ayudas médicas, rehabilitadoras, formativas, psicológicas o de otro tipo, para posibilitar que conozca y acepte plenamente sus posibilidades y limitaciones, sea lo menos dependiente posible de los demás y pueda integrarse progresivamente en la sociedad.

Su importancia es fundamental en el proceso de integración: en el extenso estudio realizado en 1998 para el Imserso por Pereda y otros se concluye que «los procesos concretos de la políticas sociales específicas tiene, pues, como mediadores a los agentes de la inserción social. Estos (...) facilitan, con su autoridad o su poder, la recepción y la fructificación de medidas de ayuda.(...) Las políticas sociales encuentran en estos agentes mediadores un gran apoyo para la inserción o un freno, dependiendo de cuál sea su actitud» 31. Verdugo abunda en la transcendencia de los mediadores: «En la aplicación de sus programas el papel del psicólogo, médico, trabajador, social, terapeuta ocupacional, y otras profesiones, desempeña un papel máximo de autoridad y control sobre el proceso rehabilitador» 32.

Pero estos profesionales suelen realizar su trabajo en un entorno hostil que les somete a una elevada presión psicológica. Al tener que ocuparse de pacientes en situaciones especiales, donde resulta contraproducente aplicar la prudente «distancia afectiva» habitual en otras tareas médicas, no pueden evitar implicarse personal y emocionalmente en los problemas del paciente. Sabemos que éste es un síndrome ampliamente extendido en hospitales y centros médicos, entre el personal que convive con enfermos terminales o con niños gravemente enfermos, también en los profesionales que imparten educación especial, etc. 33 Así, estos mediadores viven en un permanente conflicto interno por la gran responsabilidad emocional a la que les obliga su trabajo, llegando a no valorarse como agentes de sus propias actividades, sino que se perciben a sí mismos como los receptores dependientes de la acción de otros, en nuestro caso, las personas discapacitadas. Es decir, su referencia laboral no es su propio trabajo, sino las personas discapacitadas sobre las que desempeñan su trabajo.

Un elemento que desequilibra aún más el trabajo de estos profesionales es la falta de reconocimiento social de su labor, entre otros motivos debido a la falta de apoyo de las instituciones, o porque el resto de la sociedad prefiere ignorar por desagradables los procesos vividos en los tratamientos de recuperación física y psicológica, como sostienen algunos autores 34.

Es fácil imaginar el efecto de reafirmación ejercido sobre estos profesionales cuando ven reflejados el objeto de su trabajo en una campaña de publicidad dirigida a un público masivo. Por un parte, supone un inmediato reconocimiento social de su difícil y callada labor, con lo que su trabajo les ofrecerá aspectos más gratificantes. Por otra parte, ven elevada de estatus su ocupación laboral. También ven proyectadas sobre toda la sociedad las mismas directrices rehabilitadoras —en el fondo, acciones de integración— que ellos aplican individualmente sobre cada paciente. El mediador se sentirá reforzado en su papel, porque sabe que su trabajo de rehabilitación conseguirá una continuidad posterior en un entorno más amplio, al menos entre el sector de la ciudadanía permeable a los contenidos de la campaña normalizadora. Y también es fácil suponer que, por todo ello, prestará a las personas discapacitadas una mejor asistencia en su labor profesional.

Como hemos estudiado en estos últimos epígrafes, son varios los efectos positivos producidos por las campañas de publicidad integradoras en un entorno próximo a las personas con discapacidad, efectos sobre cuya importancia debería aplicarse una reflexión más profunda de la realizada hasta hoy en día.

3.2.  Las personas discapacitadas ante el mercado laboral

Pasemos ahora a analizar la realidad laboral de las personas con discapacidad. Ésta no resultará una tarea ociosa para este libro, pues el disfrute de un puesto de trabajo propaga una gran cantidad de imágenes integradoras, de la misma manera que el no disponer de él emite imágenes marginadoras y muy relacionadas con la percepción de la persona discapacitada como una carga social. Por este último motivo, además, insistiremos en el ahorro económico que generan a largo plazo todas las acciones que tienen como fin a la integración. Y entre ellas, sin género de dudas, se encuentran las acciones de comunicación.

Por último, no olvidemos que una parte importante de las campañas de integración de la ONCE —las realizadas en colaboración con Fundación ONCE— están enfocadas exclusivamente a fomentar la promoción del empleo para personas con discapacidad.

3.2.1.  La función referencial del empleo

En nuestra sociedad se valora a las personas más por lo que tienen que por lo que son. Como recuerda Peninou, «el valor de un bien no se define ya por su valor propio sino por el valor de lo que representa: el valor de los objetos deviene semiótico» 35. Poseer bienes, disfrutar de ellos y poder mostrarlos como símbolo de estatus está en relación directa con la capacidad adquisitiva de cada individuo. Y ésta, a su vez, suele estarlo en relación directa con el trabajo productivo desempeñado. El propio trabajo, el cargo, la ocupación o el área de actividad profesional es considerado en sí mismo como un símbolo del nivel del éxito social, al igual que lo son la progresión vertical (ascenso en el escalafón de una misma empresa) o lateral (cambio a otra empresa de mayor tamaño o reputación).

El trabajo que ejercemos constituye ante los demás una perfecta medida de nosotros mismos, el resultante más claro de nuestra valía personal, porque la principal fuente de crédito social para valorar a una persona es su capacidad productiva 36. Hoy por hoy, el tiempo dedicado al trabajo y a sus actividades complementarias concentra, para un gran número de los ciudadanos en edad laboral, la mayoría de sus objetivos, aspiraciones y proyecciones sociales. Abundando en ello, otros autores exponen que «el trabajo representa el medio más frecuente de expresión personal y de participación en la vida social de la comunidad. Para las persona minusválidas, siempre amenazados de rechazo y soledad, acceder a un trabajo ganancial tiene una fuerza integradora y normalizadora de primerísimo orden. Representa el abocamiento más visible que se esperaba de la rehabilitación» 37.

Es decir, que la función referencial del trabajo adquiere, en las personas discapacitadas, caracteres especialmente enfáticos: suponen de hecho una «casi equiparación» con la integración plena. Montero Llerandi afirma taxativamente que «están integrados socialmente los que trabajan, quedan excluidos los que no trabajan», exponiendo después los motivos de esta afirmación: «La situación de marginación se articula sobre la dependencia de los otros, percibiéndose como un coste. Mientras se ha mantenido una estructura familiar (...) los minusválidos eran un problema privado. Pero con la incorporación de la mujer al trabajo extradoméstico, el cuidado de los minusválidos tiende a convertirse en un problema social». Finalmente, el citado autor concluye: «Inserción laboral se asocia a independencia, sobre todo económica. La independencia económica del minusválido resuelve dos problemas: no cuesta y no molesta. Si puede trabajar podrá pagar el coste de los servicios que necesita. En suma, será autónomo, independiente, podrá vivir sin depender de los normales» 38. Con ello, no sólo vemos reafirmada la importancia del trabajo como referente para la valoración social de las personas discapacitadas, sino que también podemos relacionar este tema con el coste económico que suponen las pensiones para el sistema de seguridad social y con la percepción que el resto de la sociedad tiene de este gasto.

3.2.2.  Niveles de empleo y desempleo (oficiales y reales)

Pero la mayoría de personas discapacitadas no consiguen integrarse en el mercado laboral y, por consiguiente, tampoco pueden participar en este rico mundo representacional y en los beneficios sociales y económicos que proporciona.

Según datos del Imserso 39, sólo se reinsertan laboralmente el 21% de las personas discapacitadas. Esta es la cifra que podemos dar como «tasa oficial de empleo entre las personas discapacitadas», pero conviene que realicemos un esfuerzo por aproximarnos a las cifras reales. A este porcentaje oficial del 21% tendremos que sumarle la tasa de empleo sumergido, estimada en el 6%, lo que nos da una cifra total de empleo del 27%. Pero, si tenemos en cuenta que un 8% buscan trabajo y no lo encuentran, podemos concluir que la tasa real de empleo sería del 19% —dos puntos menos que la cifra oficial— y por consiguiente, la tasa real de paro se situaría en el 81%.

Es decir, cuatro de cada cinco personas discapacitadas no logran insertarse en el mercado laboral y quedan excluidas del modelo de emancipación más valorado: disfrutar de un hogar independiente y de un buen empleo. No obstante, debemos mencionar que el nivel de incorporación al mundo del trabajo es poco homogéneo entre las personas con discapacidad, dependiendo mucho del tipo de minusvalía. Sabemos que las mujeres gozan de menos oportunidades que los hombres en el mercado laboral en general; pero entre las personas discapacitadas la distancia aumenta en una proporción de casi tres a uno: según datos de 1986, disfrutan de trabajo remunerado el 32% de los hombres con discapacidad pero sólo el 11% de las mujeres. La distribución por sectores laborales se reparte de la siguiente manera:

• En el sector primario del trabajo ordinario, —considerando como tal el que ofrece buena estabilidad y altos ingresos— sólo están empleados un 10% de las personas discapacitadas en edad laboral.

• En el sector secundario —empleo en precario y personas discapacitadas en paro que buscan activamente empleo— se encuentra un 18%. Si incorporamos en este apartado a los parados con discapacidad que desearían encontrar empleo, pero no lo buscan activamente, incluyendo también a las amas de casa en esta misma situación, la cifra se eleva al 35%.

• El mercado de trabajo protegido 40 —centros ocupacionales, centros especiales y venta de cupón 41— ocupa a un 3%.

• El trabajo doméstico ocupa aproximadamente a un 30% (el 25% del total de la población de personas con discapacidad viven con sus padres) 42.

Si a todo ello le añadimos que, según la ONU, «en numerosas ocasiones la minusvalía trae como consecuencia la pobreza o cambios perjudiciales para el sujeto minusválido y su familia, produciendo con ello una distribución más desigual de la renta en la sociedad» 43, y que las minusvalías afectan proporcionalmente más a las clases de menor renta 44 tendremos un panorama claro y desolador de la dura realidad sobrevenida como consecuencia de la minusvalía, cuando a ésta se le asocia además la dificultad para acceder al mercado laboral y un deterioro en el nivel de renta.

Afortunadamente, nuestro país cuenta con un nivel asistencial relativamente amplio en cuanto a régimen de pensiones: según la encuesta cuantitativa realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 1987, dependen de la ayuda social 478.000 personas con minusvalía, lo que supone un 38% del total de personas discapacitadas con menos de 65 años de edad 45. El Imserso corrige levemente al alza este porcentaje situándolo en el 39% 46, y explicando que algunos de los perceptores realizan algún tipo de trabajo remunerado
—suponemos que poco cualificado— para complementar la pensión.

Algunos especialistas piensan que la percepción de pensiones o el empleo protegido pueden crear un efecto negativo, pues desincentivan a la persona discapacitada para integrarse en el mercado laboral y la cronifica como receptora de ayudas 47. Pero estudios más detallados efectuados sobre muestras reales de población discapacitada apuntan contundentemente en la dirección opuesta. Un estudio de campo realizado por el Gobierno de Finlandia en 1972 concluyó que «siete de cada diez discapacitados son vocacionalmente activos. Este grupo parece que no está influenciado por un sistema de pensiones de discapacidad (...) Tres de cada diez discapacitados no trabajan o parecen estar muy mal adaptados al trabajo. Este grupo sí está influenciado» 48. Otros estudios han podido comprobar que las personas discapacitadas que tiene la ocasión de ejercer una profesión en lugares de trabajo normales prefieren hacerlo en esas condiciones aún cuando las ventajas económicas no sean mayores que las conseguidas a través de una pensión 49. Ello constituye un buen indicador de la elevada valoración, en términos de integración, que las personas discapacitadas conceden al hecho de conseguir un puesto de trabajo. Y nos lleva a confirmar que, en efecto, «a lo largo de toda la vida activa, el motivo fundamental del fracaso en la integración social normalizada de las mujeres y los hombres con minusvalía es el no poder trabajar en condiciones de normalidad» 50.

3.2.3.  El papel estratégico de los empresarios

Si establecíamos antes que la principal fuente de crédito social para valorar a una persona es su capacidad productiva, entenderemos por qué la persona discapacitada (que, por supuesto, no es considerada «productiva») es vista como una peso social y asimilada a otros colectivos también improductivos: ancianos, parados... 51. Ello supone una pesada carga de connotaciones negativas que lastran la imagen de las personas discapacitadas y operan muy activamente en la mente y el ánimo de aquellas personas que son los supremos decisores para permitir o impedir el acceso a un puesto de trabajo, en cada caso concreto: los empresarios.

Sabemos que en el colectivo de empresarios operan las mismas imágenes referenciales sobre la discapacidad que en el resto de la sociedad. Pero esos estereotipos adquieren aquí una mayor trascendencia, porque se materializan en un hecho, como hemos visto, de tanta capacidad marginadora como es el acceso al mercado del trabajo. Aún así, esta situación tiene aspectos positivos: los empresarios no son reticentes a la contratación de trabajadores discapacitados porque manifiesten, al menos de forma explícita, una actitud negativa hacia ellos. Igual que ocurre en la sociedad en general, la mayoría de sus prejuicios no están sustentados por ideologías segregacionistas ni son consecuencia de experiencias previas negativas. Son, por el contrario, el resultado de amplias carencias de información sobre la realidad de la discapacidad y sobre las posibilidades productivas que ofrece una persona con minusvalía cuando ha recibido la debida instrucción para adaptarse a un determinado cometido laboral.

Un estudio del Imserso 52 ofrece varias estadísticas muy significativas: dos de cada tres empresarios piensan que el acceso al trabajo es la mejor forma de inserción y reconocen abiertamente el derecho a la igualdad. Pero el 25% jamás ha contratado a una persona discapacitada y la mitad de ellos ni siquiera conocen la obligatoriedad legal de contratar a un 2% de trabajadores discapacitados en plantillas superiores a 50 empleados 53.

Siempre resulta difícil cambiar una percepción cuando está fuertemente interiorizada y cuando obedece a la propia experiencia personal. Pero cuando estamos ante una actitud (marginadora) sustentada pura y simplemente por el desconocimiento y la ignorancia, los medios de comunicación de masas pueden realizar una gran tarea para crear nuevo referentes y emitir imágenes normalizadoras. Y de esta forma, lograr persuadir a los empresarios, para que, cuando busquen al candidato más preparado para un determinado puesto, se fijen en la persona y no en la discapacidad.

3.2.4.  Consecuencias económicas de la integración laboral: ahorro más productividad

Desde luego, en los servicios sociales no debe primar la pura rentabilidad económica sino el deseo de ofrecer un buen nivel asistencial. Por este motivo, la mayoría de los servicios sociales presentan un estado de cuentas claramente deficitario cuando priman la calidad. Pero es bueno saber que las campañas integradoras, desde el momento en que consiguen materializar ciertos avances en el cambio social, pueden proporcionarle a diversas administraciones un importante ahorro, e incluso proveerlas de fuentes adicionales de financiación, ayudando a dinamizar la vida económica en general, como estudiaremos a continuación.

En los países desarrollados, los presupuestos que las administraciones destinan a las personas discapacitadas vía rehabilitación y pensiones asistenciales no deja de crecer. En España, solamente la partida de pensiones no contributivas de invalidez supuso para el Estado más de 500 millones de euros en 1995 54. Y este creciente gasto de la Seguridad Social no es sólo un fenómeno exclusivo de nuestro país. En los principales países desarrollados «pronto o tarde, el desarrollo de la Seguridad Social será superior a la capacidad de generación (de recursos) si los discapacitados (...) no participan. La rehabilitación no es sólo un deber humanitario hacia el discapacitado, es al mismo tiempo la única posibilidad de que sea posible soportar los costes crecientes de los servicios sanitarios y de la Seguridad Social» 55. Varios investigadores, después de analizar detalladamente el planteamiento de los ocho países más ricos para prestar asistencia social a las personas discapacitadas y estudiar comparativamente las variables más significativas, como el gasto per cápita por persona minusválida, evolución del número de beneficiarios, tasas de crecimiento del gasto, etc. insisten en la necesidad de utilizar la rehabilitación como medida para frenar el gasto en pensiones de asistencia social 56.

Algunos países han realizado estudios de seguimiento sobre varios colectivos, generalmente como consecuencia de planes de inserción laboral emprendidos por los gobiernos, para evaluar su eficacia y comprobar si la rehabilitación puede ayudar a reducir el número de personas discapacitadas no productivas. El más completo del que tenemos noticia, por su extensión en el tiempo y por la amplitud de la muestra, fue aplicado en Australia.

Para comprobar los resultados de un plan del Servicio de Rehabilitación de Australia aplicado durante el periodo 1969-70, se estudió caso por caso la evolución laboral de 837 personas discapacitadas que habían obtenido empleo, con un seguimiento completo del 88% de la muestra inicial. Todos las personas empleadas tenían un impedimento severo para la práctica profesional —la mitad de ellas con la calificación de invalidez permanente—, por lo que cabría suponer que todas ellas precisarían de por vida un subsidio asistencial. A pesar de ello, año y medio después de obtener la colocación, el 69% de los rehabilitados varones y el 60% de las mujeres seguían empleados. Sólo el 16% de los varones y el 19% de las mujeres habían vuelto a recibir algún tipo de subsidio. Calculando los beneficios económicos para el Estado en concepto de ahorro asistencial y el aumento de las cotizaciones por el impuesto sobre la renta, y extrapolando dichos datos a todo el colectivo de personas discapacitadas que recibía pensiones, el estudio estimó que los costes de todo el programa oficial de rehabilitación del periodo 1969-1979 podrían quedar cubiertos en sólo cuatro años, a partir de los cuales el Gobierno conseguiría beneficios de la inversión rehabilitadora realizada 57.

Otros estudios no tan amplios, pero con resultados que apuntan en idéntica dirección, fueron realizados en EE UU (1958-1967) e Israel. En este último país, un estudio desarrollado por el Servicio de Rehabilitación del Ministerio de Asistencia Social llegó a la conclusión de que «los éxitos de la rehabilitación daban lugar a ahorros impresionantes en los gastos de asistencia. (...) Mientras que la inversión de la agencia de rehabilitación se realizó de una sola vez, los ahorros son continuos y pueden durar generaciones enteras» 58.

Algunos autores señalan que los beneficios productivos debidos a la rehabilitación laboral «han quedado demostrados en países que representan las tres estructuras económicas dominantes en el mundo: economías desarrolladas de mercado, economías de planificación central (países socialistas) y economías de los países en vías de desarrollo», aunque precisan que es importante asegurar a la persona discapacitada que se incorpora al mercado laboral la rápida recuperación del cobro de su pensión, si pierde su empleo 59.

Todos estos datos ofrecen profundas razones para concluir que las campañas de publicidad y otras acciones integradoras realizadas a través de los medios de comunicación constituyen algo más que una tarea altruista de extraordinaria trascendencia para el bien social. Al margen de consideraciones morales, llegan a constituir una excelente inversión en términos de ahorro para el sistema social, al reducir drásticamente el gasto en pensiones asistenciales, y de generación de nuevas fuentes de ingresos, pues ayudan a convertir al sujeto con discapacidad en una persona que participa plenamente en la vida económica y productiva, y que también colabora en el mantenimiento del estado del bienestar pagando sus correspondientes impuestos.

Por eso, y analizado con la suficiente perspectiva, todo dinero invertido adecuadamente en campañas a favor de la inserción laboral de las personas discapacitadas es posteriormente recuperado por las diversas administraciones con creces. Y, a veces, como hemos visto, al cabo de muy pocos años.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   31

similar:

Directrices internacionales iconCodificación de normas internacionales de auditoríA (nia’s) y declaraciones...

Directrices internacionales iconDirectrices para la Auditoría de

Directrices internacionales iconDirectrices del desarrollo clínico

Directrices internacionales iconDirectrices para la Pastoral de la Salud

Directrices internacionales iconDirectrices por categorías de fuentes

Directrices internacionales iconDirectrices generales de las pruebas libres 2011

Directrices internacionales iconDirectrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad

Directrices internacionales iconDirectrices generales para las pruebas libres 2012

Directrices internacionales iconDirectrices de la oms para la calidad del agua potable

Directrices internacionales iconDirectrices generales para las pruebas libres 2013


Medicina





Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com