La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo




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07/06/2013



La tasación de costas en la primera instancia del proceso civil de acuerdo con los recientes criterios de valoración del Tribunal Supremo

(Empezando a caminar)

Alejandro MARTÍNEZ GARCÍA

Secretario Judicial titular del Juzgado de instancia n.o 2 de Denia, con funciones compartidas de Registro Civil

Fernando CREMADES LÓPEZ DE TERUEL

Secretario Judicial titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.o 1 de Denia

María DEL MILAGRO ROMERO PÉREZ

Letrada en ejercicio

Carolina del Carmen CASTILLO MARTÍNEZ

Magistrada Juez titular del Juzgado de instancia n.o 2 de Denia, con funciones compartidas de Registro Civil

Diario La Ley, Nº 8100, Sección Doctrina, 7 Jun. 2013, Año XXXIV, Editorial LA LEY

LA LEY 2838/2013

I. PRELUDIO

1. El camino

La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de tasación de costas ha resituado drásticamente la actividad de tasar las costas procesales a sus parámetros semánticos más ortodoxos. Así la Real Academia Española define el término «tasación» como «estimación del valor de un bien o servicio» y el término «tasar» como «graduar el precio o valor de una cosa o un trabajo». De este modo la función de tasar recupera en gran parte el sentido primigenio de valorar tomando como prisma la especialización y cualificación del agente tasador y como sustrato las particulares circunstancias de, por ejemplo, un trabajo presentado a tasación sin más «contaminación ambiental» que las características presentadas del mismo, el marco en que se inscribe y las circunstancias que lo informan. Todo ello bajo los básicos parámetros de razonabilidad y proporcionabilidad.

De este modo, queda atrás una actuación tasadora fundada principalmente en comprobar la adecuación de las minutas de honorarios a baremos y aranceles y, en caso de impugnación de la tasación practicada, al acogimiento, en asumida vinculación, del preceptivo informe del correspondiente Colegio Profesional, todo ello bajo el parámetro quasi totémico de la cuantía del procedimiento.

El Alto Tribunal en su Auto de la Sala Primera de fecha 3 de mayo de 2011 (rec. 868/2004) señala la necesidad de que «la minuta incluida en la tasación sea razonable dentro de los parámetros de la profesión y no solo calculada de acuerdo con criterios de cuantía, sino adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso, el contenido del escrito de impugnación del mismo, la intervención de otros profesionales en la misma posición procesal y las minutas por ellos presentadas a efectos de su inclusión en la tasación de costas, sin que, para la fijación de esa media razonable que debe incluirse en la tasación de costas, resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio de Abogados». Es más, fijados los criterios anteriores, expresa especial consideración al «esfuerzo de dedicación y estudio exigido por las circunstancias concurrentes, el valor económico de las pretensiones ejercitadas en el pleito, la complejidad y trascendencia de los temas suscitados en esta fase del procedimiento, las Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, y el escrito de alegaciones». Así, pasamos de una función de tasación ciertamente subordinada a parámetros ciertos de cuantía del procedimiento, baremos, aranceles e informes en lo que se podría definir como actividad reconocedora de debida adecuación, a una actividad de alto componente valorativo, estrictamente tasadora, deudora de una adecuada interpretación de conceptos indeterminados y de una debida apreciación al caso.

Esta nueva órbita de la tasación de costas caracterizada por transitar alrededor de conceptos indeterminados y de aparente interpretación volátil como «circunstancias concurrentes», «complejidad del asunto», «esfuerzo de dedicación y estudio», «complejidad y trascendencia»... parece dejar al Secretario Judicial responsable de la tasación huérfano de certezas basales que permitan construir con «suficiente grado de objetividad» la tasación de costas. Esa objetividad que los colectivos de abogados y procuradores entienden perdida al «deslegitimar los Baremos de Honorarios profesionales y dejar al albur (arbitrio) del Secretario Judicial o Juez o Magistrado (en su resolución final) la cantidad que es procedente fijar por parte del letrado minutante» (1) , o cuando se ha venido a señalar al respecto de la limitación aplicada a los derechos arancelarios de los Procuradores operada por el Tribunal Supremo en su auto de 19 de julio de 2011 (rec. 3337/2007) que no resulta reprochable aplicar el principio de proporcionalidad en los derechos arancelarios pero cuando se trata de vaciar una norma reglamentaria, y romper una amplia tradición de pacífica aplicación convendría que fuese el propio legislador, o el propio ejecutivo al reglamentar, el que debiera de tomar la decisión oportuna (véase cómo se habla de ruptura de la paz procesal hasta la fecha habida y, más aún, en el primer caso se asigna al término albur el significado de arbitrio, completamente desconocido para la RAE que le asigna exclusiva e inequívocamente el de azar).

Con este trabajo los autores no pretendemos concluir ningún modelo alternativo, aun plenamente arraigado en los parámetros valorativos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no sólo porque la tasación de costas queda ahora completamente instalada en la casuística de cada litigio generador de gastos procesales exigibles sino, y especialmente, porque no resulta posible descender al detalle sin afectar nuclearmente a la libre apreciación y valoración de los distintos criterios de tasación. Al contrario, entendemos la necesidad de adentrarnos en el terreno inaugurado por el Alto Tribunal y tratar de trazar una mínima cartografía, que si bien de trazo elemental, permita definir debidamente sus contornos proponiendo la necesidad de un nuevo camino que habrá, en su caso, de ser urbanizado entre todos. Es por ello que elaboramos este trabajo desde las diferentes perspectivas que concurren en una tasación de costas, siendo los autores una letrada, dos secretarios judiciales y una magistrada. De este modo pretendemos ahondar en el trazado del contorno de una materia en proceso de redefinición que permita cuanto menos atisbar la silueta completa del nuevo modelo. Desde la perspectiva del letrado a la hora de abordar la necesaria justificación de la cuantía de su trabajo, lo que no deja de ser una primera «tasación», del secretario judicial responsable de la tasación de costas y de la resolución de su posible impugnación como actor principal que ha de conjugar todos los elementos concurrentes en el presente estadio procesal y, finalmente, del juez o tribunal que, en recurso de revisión, decide definitivamente los términos finalmente controvertidos bajo parámetros específicos que deben significar la primaria atención del mandato constitucional consagrado en el art. 24 de la Carta Magna.

No podemos desconocer que quienes suscribimos este trabajo nos desenvolvemos en distintos recodos de un mismo plano. Es previsible, por un lado, la posición del Secretario Judicial que pretenda la mayor libertad en la valoración de los criterios jurisprudenciales a la hora de su concreción en la particular tasación, por otro la del letrado que pretenda estabilizar los parámetros valorativos a fin de constreñir lo más posible la soberana actuación tasadora del fedatario público y, finalmente, la posición del Juez que en fase de revisión, más allá del examen de adecuación de la tasación a los principios básicos de proporcionalidad y razonabilidad, pretenda planear sobre los conceptos justificados por el letrado en su minuta y su apreciación por el Secretario Judicial. Por todo ello, partiendo todos de la misma premisa: Los criterios de valoración establecidos por el Tribunal Supremo, hemos preferido mantener las puntuales y naturales divergencias que surgen en los distintos colectivos afectados a la hora de abordar esta materia ofreciendo así al lector todos los matices de planteamiento que puedan surgir, antes que obtener a base de conjugar únicamente elementos comunes, un destilado argumental si bien homogéneo en su conclusión, claramente monocromo en los múltiples matices que esta materia, a partir del planteamiento propuesto, ofrece.

No pretendemos sentar criterio sino apuntar camino. Un camino en el que vamos a planear por todas las estaciones, en cada una con su particular y singular paisaje, desgranando las complejas tonalidades de este apasionante viaje.

2. Mirando

¿Realmente la subordinación de baremos, aranceles e informes generan un vacío sin más cobertura que el peregrino parecer del secretario judicial responsable de la tasación?, ¿resulta posible una valoración de honorarios profesionales sin sujeción a las tradicionales tablas de fijación u orientación presupuestaria? Lo cierto es que el Tribunal Supremo ha abierto la puerta de un estancia procesal todavía sin amueblar pero fijando unos patrones acondicionadores lo suficientemente esbozados para poder construir un modelo cierto, completamente alejado de la casualidad o lo aleatorio, perfectamente asentado en el terreno valorativo y plenamente instalado en el primigenio sustrato de la interpretación jurídica.

Hemos hablado de una estancia procesal todavía sin amueblar, pero ¿ello ha de significar ausencia de mobiliario? Ciertamente no. Y así, en la búsqueda de esos muebles que puedan adaptarse a nuestra casa procesal llegamos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Existe una abundante jurisprudencia europea en materia de costas, perfectamente asentada y adecuada a nuestra preocupación pues ya el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido reiteradamente que «al no prever el Derecho comunitario disposiciones equiparables a un arancel profesional, el Tribunal debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes, el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, así como sus dificultades y el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido exigir a los agentes o abogados que intervinieron» (en particular, el auto del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 2010, Celia/Leche Celta, y el auto del Tribunal General de 10 de enero de 2002, Starway/Consejo). Sigue diciendo la jurisprudencia comunitaria que «además, al fijar las costas recuperables, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento en que se dicte el auto de tasación de costas, incluidos los gastos necesarios correspondientes al procedimiento de tasación de costas. Así pues, procede determinar la cuantía de las costas recuperables en función de los mencionados criterios» (Auto del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 3 de septiembre de 2009, en el asunto C-326/05 P-DEP). Vemos, pues, que ausente el derecho comunitario de arancel profesional, el Tribunal tiene el deber de apreciar libremente los datos del asunto, establece unos criterios de ordenación valorativa y finalmente se vincula a determinar la cuantía de las costas recuperables en función de los mencionados criterios. Así, el Tribunal de Justicia, distingue, he incluso epigrafía en sus resoluciones, los siguientes criterios básicos de valoración:

I. Sobre el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario y las dificultades del asunto.

II. Sobre los intereses económicos en juego y la amplitud del trabajo.

Atendiendo a la sistematicidad práctica que se deriva de los pronunciamientos judiciales vamos a desglosar los anteriores en tres criterios básicos de análisis:

1. El objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho Comunitario y las dificultades del asunto.

La jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisan separadamente cada uno de estos tres elementos de valoración pero en íntimo grado de conexión por lo que se llega de facto a constituir un criterio valorativo único. Si bien, en algunos pronunciamientos se tiende a identificar el objeto y la naturaleza del litigio acudiendo a la naturaleza de las cuestiones a resolver por el Tribunal, lo habitual es trazar la conexión de esa naturaleza y objeto con el ámbito normativo del Derecho Comunitario afectado con el propósito de determinar su grado de relevancia y finalmente poder determinar valorativamente la dificultad del litigio que motivó la concreta determinación y reclamación de las costas recuperables (2) .

La integración de estos tres elementos se hace necesaria para alcanzar una conclusión que va a suponer uno de los elementos determinantes en la final valoración de las costas. El Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no renuncian a definir compartimentada y separadamente estos tres elementos pero se observa la íntima relación entre ambos en aras de obtener la primera convicción relevante: La complejidad del litigio del que resultan reclamadas las costas recuperables como base esencial para luego poder valorar la justificación del trabajo invertido en la llevanza del asunto.

En relación al objeto y naturaleza del litigio, observamos que el TJUE, en su Auto de 19 de marzo de 2009, rec. C-122 P(R)-DEP/2006 señala que «en primer lugar, en lo que se refiere al objeto y a la naturaleza del litigio, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia conoce de este litigio a través de un recurso de casación. Ahora bien, tal procedimiento se limita, por su propia naturaleza, a las cuestiones de Derecho y, por tanto, no tiene como objeto la comprobación de hechos» y en su Auto de 3 de septiembre de 2009 ya reseñado más arriba, vuelve a reiterar que «el procedimiento de casación se limita ciertamente, por su propia naturaleza, a las cuestiones de Derecho y, por tanto, no tiene como objeto la comprobación de hechos (autos de 14 de septiembre de 2006, Comunidad Autónoma de La Rioja/Ramondín y Ramondín Cápsulas, C-186/02 P-DEP, apartado 16, y Gas Natural/Endesa, antes citado, apartado 19)».

Un primer subcriterio parece desprenderse de las anteriores aseveraciones que el TJUE reitera en su jurisprudencia: La necesaria apreciación que ha de hacerse acerca de si el litigio productor de las costas recuperables se limita a cuestiones de Derecho lo que implica una actividad estrictamente jurídica o comprende también la práctica de prueba lo que determina a su vez una actividad de comprobación/desnaturalización de hechos. Con ello se empieza a trazar un camino de potencial carga económica que puede variar ostensiblemente entre la mera actividad de asesoría jurídica o la más intensa de necesitar la intervención de diversos profesionales de distinta naturaleza que vengan a intensificar la correspondiente actividad procesal para las partes en litigio.

Con generalidad el Tribunal General (TG) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando no conexamente con los demás criterios de valoración, realiza una simple identificación del asunto que permita el posterior sustento de nuevos criterios que de forma cumulativamente agregada proporcionen unas conclusiones adecuadas para su conversión económicamente cuantitativa. Lo cierto es, que la jurisprudencia incurre habitualmente en la tentación de exceder de la mera identificación de esa naturaleza y objeto para «anticipar» en cierta medida la inmediata consecuencia valorativa: la complejidad del asunto. Elemento éste esencial para poder medir adecuadamente la cuenta justificativa del profesional acreedor de las costas. La medida del asunto es baremo esencial para medir el trabajo.

Así, el Tribunal General en su auto de fecha de 16 de noviembre de 2011, en el asunto T-161/07 DEP, viene a considerar que «en cuanto al objeto y a la naturaleza del litigio, procede señalar que se trataba de un recurso relativo al riesgo de confusión entre una marca comunitaria denominativa anterior y un signo figurativo cuyo registro como marca comunitaria se solicitaba. A este respecto conviene señalar que el litigio nacido de la oposición formulada por Ugly al registro del signo figurativo Coyote Ugly ya había dado lugar a un examen, en un primer momento ante la División de Oposición de la OAMI y, a continuación, ante la Segunda Sala de Recurso de la OAMI», en que se observa una mera identificación del asunto. Sin embargo, en el auto de 28 de septiembre de 2009, de la Sala Primera del TJUE, en el asunto T-420/03 DEP, el tribunal manifiesta que «el procedimiento principal presentaba, en cuanto a su objeto y su naturaleza, una cierta complejidad, especialmente desde el punto de vista de la interpretación, por una parte, del art. 74, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [actualmente art. 76, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)], y de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 4 supra, y, por otra parte, de las disposiciones del Reglamento n.o 40/1994 y del Reglamento (CE) n.o 2868/1995 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/1994 (DO L 303, p. 1), relativas a la prueba de la existencia de los derechos anteriores invocados en apoyo de una oposición». En este supuesto, se viene a calificar esa naturaleza y objeto justificando el grado de complejidad, sabedor el tribunal de la trascendencia de este dato para construir la argumentación cuantificadora que en definitiva supone basamento de la decisión sobre lo debido o indebido de la cuenta que como costas recuperables ha presentado la parte, en este caso, impugnada.

En relación a la importancia del litigio desde el punto de vista del Derecho Comunitario, la jurisprudencia comunitaria incide nuevamente en aquellos componentes que pueden «complicar» el trabajo de los litigantes a efectos de defender su respectiva posición jurídica, y siempre a expensas del pronunciamiento sobre la condena en costas que determinará su posición en la impugnación que motiva la jurisprudencia que aquí analizamos. Así, el TG y el TJUE inciden en el carácter más o menos novedoso de la cuestión jurídica planteada en la medida que la espesura doctrinal y jurisprudencial preexistente determinará el volumen de trabajo a desarrollar para su fundamentación. Así vemos como el Tribunal de Justicia señala que «en lo que atañe a la importancia del litigio desde el punto de vista del Derecho comunitario, procede declarar que el litigio en cuestión versaba sobre una materia especialmente sensible, como es la protección de la salud y del medio ambiente, y que el Tribunal de Primera Instancia hubo de examinar cuestiones de Derecho inéditas» (Auto de 3 de septiembre de 2009, TJUE), o en el mismo sentido que «Endesa no negó que el asunto principal planteara cuestiones de Derecho comunitario nuevas e importantes. En consecuencia, el litigio revestía cierta trascendencia desde el punto de vista del Derecho comunitario. Aunque dichas cuestiones no suscitaron ninguna dificultad particular que hiciera necesario atribuir el asunto a una Sala ampliada del Tribunal de Primera Instancia, cabe declarar que el litigio presentaba cierta dificultad» (Auto de 12 de diciembre de 2008, TJUE, en el asunto T-417/05 DEP). En otras ocasiones, el TJUE señala la que el litigio originador de las costas «no revestía especial importancia desde el punto de vista del Derecho comunitario» o «no presentaba especial importancia» como se observa en sus Autos de 25 de octubre de 2010 y 6 de octubre de 2009, respectivamente.

Lo que resulta realmente relevante de todo ello a efectos interpretativos es la fijación de estos dos elementos (el objeto y naturaleza del litigio y su importancia) para finalmente determinar motivadamente la dificultad del asunto. Es este último parámetro, dentro de este primer criterio de cuantificación, el que recogiendo la determinación de los dos anteriores, de naturaleza más bien descriptiva, nos adentra en el primer elemento de naturaleza fundamentalmente valorativa. Elemento que, además, va a ser conclusivo de este primer criterio y va a servir de pedestal para ingresar en la esencia del segundo criterio de cuantificación: la amplitud del trabajo de defensa jurídica desarrollado que es el directamente generador de los gastos potencialmente repercutibles en concepto de costas. Para llegar a esta conclusión, es cuando la jurisprudencia comunitaria ingresa el elemento de la dificultad del asunto como conclusión a los anteriores bien de forma separada o, lo que resulta más habitual integrada con el resto. Y ello para llegar a un colofón: el asunto presenta una complejidad alta, media o baja.

Así, podemos citar como ejemplos:
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