Una vez definido el marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de calidad ambiental con la aprobación de la Ley 7/1994, de






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Protección Ambiental Residuos

DECRETO 283/1995, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.

BOJA 161/1995, de 19 de diciembre1.

Una vez definido el marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de calidad ambiental con la aprobación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, será el desarrollo reglamentario de la misma el que posibilite la concesión de los instrumentos técnicos y administrativos adecuados para la necesaria obtención de resultados tangibles.

El presente Decreto con el que se aprueba el Reglamento de Residuos supone un paso decisivo para la consecución de los objetivos propuestos por la Ley de Protección Ambiental en la materia, cual es la gestión adecuada de todo tipo de residuos, tras la necesaria precisión de ámbito de aplicación de la norma, a tenor de lo especificado por la legislación sectorial estatal. En este sentido, este Reglamento completa, pormenoriza y precisa la regulación que en materia de residuos realiza la Ley de Protección Ambiental sin una pretensión de exhaustividad, pero con el propósito específico de promover la reducción de la producción de residuos y su peligrosidad, fomentar su recogida selectiva, valorizarlos e incentivar cuanto sea posible su reciclaje y reutilización y eliminar los depósitos incontrolados, asegurando el tratamiento adecuado de los residuos.

Siendo la correcta gestión de los residuos la base sobre la que actuar, no puede dejarse atrás el empeño por reducir la producción de los mismos, ni el énfasis especial a que la referida gestión se encamine al reciclaje y reutilización cuando técnicamente sean posibles. En esta línea, la lucha contra los depósitos incontrolados de residuos, constituirá un pilar básico, con gran incidencia en todos los valores medioambientales a proteger.

Es de resaltar la incorporación de un principio técnico, el de compatibilidad de los residuos en el vertedero, que se enuncia en el Reglamento con el sentido de orientar el alcance de fórmulas prohibitivas a la luz de la mejor tecnología disponible.

La estructura de Reglamento se compone de tres capítulos, siendo el primero una necesaria recopilación de definiciones y pormenorización del ámbito de aplicación.

El capítulo II versa sobre los residuos sólidos urbanos, confirmando la responsabilidad en la gestión de los Ayuntamientos, con reconocimiento tanto de la posibilidad de constitución de Mancomunidades y Consorcios como de las ayudas a prever por la Comunidad Autónoma.

La responsabilidad en la planificación de la gestión se concreta con la elaboración y aprobación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos, integrado por Planes Directores Provinciales. La fijación del contenido del mismo, así como el de las Ordenanzas Municipales en la materia, pretende encontrar la necesaria coordinación que redunde en el óptimo funcionamiento del sistema previsto, en el que las instalaciones de distintos tipos que ocupan un papel fundamental.

El capítulo III regula el ejercicio de las competencias en materia de residuos tóxicos y peligrosos, lo cual se articula a través de instrumentos de planificación cuyo contenido y procedimiento de elaboración se determinan cumplidamente.

Destaca, por último, el establecimiento de los Registros Públicos de productores, Gestores y Pequeños Productores, previstos en la Ley de Protección Ambiental, que posibilitará la aportación de datos de indudable utilidad funcional.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, el artículo 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, oídas las entidades públicas y privadas afectadas, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de noviembre de 1995.
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