Una vez definido el marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de calidad ambiental con la aprobación de la Ley 7/1994, de




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Características de los residuos no admisibles por su incompatibilidad en los vertederos


· "Explosivos": Tendrán la consideración de "explosivo", las sustancias y preparados que puedan explosionar:

- Bajo el efecto de la llama.

- Por choques o fricciones, para ello se tomará como referencia el comportamiento al respecto del dinitrobenceno.

· “Fácilmente inflamables": Tendrán la consideración de "fácilmente inflamable" aquellas sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación inferior a 21º C (incluidos los líquidos extremadamente inflamables).

- Aquellas sustancias o preparados que puedan calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire o temperatura ambiente sin aplicación de energía.

- Aquellas sustancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que combinen ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición.

- Aquellas sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal.

- Aquellas sustancias y preparados que en contacto con agua o aire húmedo, emiten gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

· “Inflamables": Tendrán la consideración de "inflamable" aquellas sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación superior o igual a 21º C e inferior o igual a 50º C.

· “Comburentes": Tendrán la consideración de "comburente", aquellas sustancias y preparados que presenten reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables.

· “Infecciosos": Tendrán la consideración de "infeccioso" aquellas sustancias que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de las que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos.

Los méritos para caracterizar los residuos como explosivos, inflamables, comburentes o infecciosos, son los recogidos en la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización46.

1 Deberá tenerse en cuenta la posterior aprobación a la Ley autonómica de Protección Ambiental de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 96/1998, de 22 de abril) y de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE 99/1997, de 25 de abril).

2 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

3 Véase nota anterior.

4 Derogada, en Disposición Derogatoria Única, por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE 96/1998, de 22 de abril). La Ley 10/1998 abandona el calificativo “tóxico”, definiendo “residuos peligrosos” como “aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997 (BOE 160/1997, de 5 de julio; Derogado en todo lo que se oponga a la Ley 10/1998), así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido clasificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte” (art. 3.c).

5 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

6 BOE 176/1973, de 24 de julio.

7 BOE 308 Y 309/1972, de 25 y 26 de diciembre.

8 BOE 107/1964, de 4 de mayo (Rectificación BOE 156/1964, de 30 de junio).

9 BOE 155/1986, de 30 de junio.

10 La Ley 29/1985 (BOE 189/1985, de 5 de agosto), ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (BOE 176/2001, de 24 de julio).

11 BOE 181/1988, de 29 de julio.

12 Respecto al Real Decreto Legislativo 1/1992 (BOE 156/1992 de 30 de junio, rectificado en BOE 177/1992 y 38/1993) deben tenerse en cuenta diversas consideraciones: la primera, la anulación de buena parte de sus preceptos por la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo (BOE 99/1997, de 25 de abril); la segunda, la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y ordenación urbana (BOJA 73/1997, de 26 de junio), para salvar conyunturalmente la situación de falta de regulación normativa motivada por la referida Sentencia Constitucional, estableciéndose la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1992, que se asume como normativa propia de la Comunidad en tanto no se elabora y aprueba la Ley que desarrolle la competencia autonómica exclusiva en materia de urbanismo; y la tercera, y última, la aprobación por el Estado de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones (BOE 89/1998, de 14 de abril), que deroga varios de los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992 subsistentes a la STC 61/1997.

13 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía (BOJA 134/1999, de 18 de noviembre).

14 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

15 Véase nota anterior.

16 Véase nota anterior.

17 Véase nota anterior.

18 Véase nota anterior.

19 Ley 39/1988 (BOE 80/1985, de 3 de abril. Corrección en BOE 139/1985, de 11 de junio).

Artículo 24*.

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. Dichas tasas son compatibles con otras que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas deban ser sujetos pasivos conforme a lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.

2. En general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.

3. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente Ordenanza Fiscal, en: a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, b) Una cantidad fija señalada al efecto, o c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos.”

* Nota: Artículo 24 redactado conforme a la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público (BOE 167/1998, de 14 de julio).

20 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

21 Véase nota anterior.

22 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

23 La formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía fue aprobada por Acuerdo de 9 de diciembre de 1997 (BOJA 144/1997, de 13 de diciembre). En la actualidad se encuentra en trámite de información pública, conforme a Resolución de 13 de enero de 1999, de la Dirección General de Protección Ambiental (BOJA 22/1999, de 20 de febrero).

24 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

25 BOJA 8/1994, de 22 de enero. Corrección en BOJA 55/1994, de 23 de abril.

26 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

27 Véase nota anterior.

28 Véase nota anterior.

29 “Artículo 17. Los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio a que se refiere el artículo 5 apartado 2 de esta Ley, sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación especial o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán:

a) La expresión territorial del análisis y diagnóstico del sector.

b) La especificación de los objetivos territoriales a conseguir de acuerdo con las necesidades sectoriales y criterios establecidos para la Ordenación del Territorio.

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y con las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que les afecten.”

30 Decreto 83/19995, de 28 de marzo, por el que se aprueba la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (BOJA 65/1995, de 5 de mayo).

31 Ley 30/1992 (BOE 285/1992, de 27 de noviembre; corrección en BOE 311/1992 y 23/1993), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 12/1999, de 14 de enero).

Artículo 86. Información pública.

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.

2. A tal efecto, se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma, o en el de la Provincia respectiva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, o la parte del mismo que se acuerde.

El anuncio señalará el lugar de exhibición y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.

4. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.”

32 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

33 Véase nota anterior.

34 Véase nota anterior.

35 En la actualidad corresponde a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico cuya estructura orgánica viene establecida en el Decreto 244/2000, de 31 de mayo (BOJA 66/2000, de 8 de junio).

36 Véase la nota al artículo 2.3 sobre la terminología utilizada (residuos “tóxicos y peligrosos”) por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

37 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

38 Véase nota anterior.

39 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

40 Véase nota anterior.

41 BOJA 8/1994, de 22 de enero. Corrección en BOJA 55/1994, de 23 de abril.

42 Véase nota al artículo 15.3.b).

43 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía (BOJA 91/1998, de 13 de agosto).

44 Véase nota al artículo 14.2.

45 BOJA 79/1994, de 31 de mayo; BOE 156/1994, de 1 de julio.

46 BOE 270/1989, de 10 de noviembre.



Consejería de medio ambiente (Coordinación General de la Secretaría general Técnica) §180. Decreto 283/1995
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