Abb S. A. c/ Nobleza Piccardo S. A. I. C. y F




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Abb S.A. c/ Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.

Voces: CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - COMPRAVENTA MERCANTIL - COMPRAVENTA DE MERCADERIAS - PRUEBA DOCUMENTAL - FAX - VALORACIÓN DE LA PRUEBA - PRUEBA TESTIMONIAL - FACTURAS - FACTURA IMPAGA - LIBROS DE COMERCIO - LIBROS IVA

Partes: Abb S.A. c/ Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 16-oct-2009

Cita: MJ-JU-M-52413-AR | MJJ52413

Producto: SOC - Microjuris

Para acreditar la existencia de una compraventa mercantil puede servir la presentación de una orden de compra o nota de pedido del comprador incluso por fax, medio de comunicación actual. El hecho de que la demandada no hubiera recibido la factura no quiere decir que la deuda reclamada y su causa (o sea, la cosa o prestación facturada) no pueda tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse, así, su cobro judicial. No puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoria cuanto menos indiciaria cuando lo que resulta de él cuenta con el correlato coadyuvante de otros medios probatorios.

Sumario:

1.-Los contratos comerciales y, por ende, la compraventa, pueden justificarse por los medios indicados por el art. 208 del CCom., y aun por otros medios distintos, ya que la enumeración de ese precepto es simplemente enunciativa.
2.-Para acreditar la existencia de una compraventa mercantil puede servir la presentación de una orden de compra o nota de pedido del comprador y ello aun si resultase de un fax, pues no puede ignorarse el uso que tiene este medio de comunicación como modo de instrumentar tanto un pedido concreto como para fijar las condiciones del contrato, cuando quien lo trae e invoca es quien aceptó la orden y la cumplió.
3.-La ponderación favorable de una declaración testimonial no se opone a lo dispuesto por el art. 209, primer párrafo, del CCom., norma que debe ser interpretada en consonancia con la doctrina explicativa del art. 1193 del CCiv. Es que la prohibición de la prueba testimonial si no hay principio de prueba por escrito, solamente alcanza a lo que concierne a la acreditación del contrato mismo, mas no es aplicable cuando se pretende demostrar los hechos que exteriorizan el contrato, siendo claro, de otro lado, que esa prohibición se refiere al caso en que no existe documento escrito, pero no cuando lo hay y de lo que se trata es de determinar su autenticidad (en el caso, una orden de compra instrumentada en un fax).
4.-La negativa sobre la recepción de una factura cuyo cobro se persigue no constituye por sí mismo óbice a la procedencia del reclamo de pago sino solamente, en su caso, a la aplicación del art. 474 del CCom., desde que la falta de recepción de la factura impide hacer jugar lo dispuesto por su párrafo 3º en el sentido de establecer una presunción iuris tamtum de cuentas liquidadas frente al silencio posterior. Mas es claro que el cobro de los importes que se consignan en facturas comerciales, no depende formalmente de que tales documentos hubieran sido previamente recibidos por la parte deudora, pues de ser así con sólo negarse a su recepción fácilmente se eludiría la obligación de pago de dichos importes.
5.-El hecho de que la demandada no hubiera recibido la factura y que, por tanto, no pueda ser aplicado lo dispuesto por el art. 474 del código mercantil, no quiere decir que la deuda reclamada y su causa (o sea, la cosa o prestación facturada) no pueda tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse, así, su cobro judicial.
6.-El libro IVA carece de la eficacia probatoria en juicio entre comerciantes asignada por el art. 63 del CCom., por no ser jurídicamente un libro de comercio y no reflejar un cuadro verídico de los negocios (conf. art. 53 , cit. Código). Empero, si bien por sí mismo el libro IVA no puede tener el valor probatorio asignado a los de comercio por el art. 63 del código mercantil, sus registros pueden servir, no obstante, para corroborar otras pruebas que se hubiesen rendido. Dicho con otras palabras, aunque no tenga la aptitud prevista por el citado art. 63, no puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoria cuanto menos indiciaria cuando lo que resulta de él cuenta con el correlato coadyuvante de otros medios probatorios.
N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 16 de octubre de 2009, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa "ABB S.A. c/ NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F. s/ ORDINARIO", registro nº 87436/2004, procedente del JUZGADO Nº 8 del fuero (SECRETARIA Nº 16), donde esta identificada como expediente Nº 86698, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Vassallo, Dieuzeide.
Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo:
1º) La sentencia de primera instancia -dictada a fs. 671/681- admitió la demanda de autos, mediante la cual Asea Brown Boveri S.A. (en adelante, ABB S.A.) reclamó a Nobleza Picardo S.A. el pago de la suma de U$S3.799,40 correspondiente a la factura nº 0003-00000980, expedida con motivo de una compraventa de dos motores, con más sus intereses y las costas del juicio.
Para así decidir, el juez a quo concluyó que si bien la demandada había desconocido la compraventa invocada por su contraria, esta última logró acreditar su realidad a través de la prueba rendida en autos. En tal sentido, destacó el magistrado que fue acreditado que hubo una orden de compra de la demandada de la cual tomó conocimiento la actora mediante fax remitido por un intermediario de esta última; que con posterioridad ABB S.A. remitió por intermedio de Transportes La Sevillanita S.R.L. los bienes objeto de la compraventa, lo que quedó documentado en la guía factura nº 0027-03435252 que, además, aparece como recibida por un operario de Nobleza Picardo S.A.; y, finalmente, que dicha guía factura fue registrada en lo libros de la actora. Por otro lado, entendió que las declaraciones de los testigos también corroboraron la existencia de la compraventa a la que se refiere la factura nº 0003-00000980. Finalmente, en cuanto a la moneda de pago, consideró que correspondía mantenerse la de origen pactada, negándose la "pesificación" ordenada por las pertinentes normas de emergencia, ya que la compraventa se refirió a bienes importados y adquiridos en dólares estadounidenses.
La parte demandada se alzó contra el pronunciamiento reseñado (fs. 682). Expresó sus agravios en fs. 711/722, siendo contestados por la parte actora en fs. 724/739.
2º) En primer lugar, se agravia la demandada porque entiende que la sentencia apelada hizo una equivocada valoración de la prueba referente a la existencia del contrato de compraventa, particularmente en cuanto admitió que hubo una orden de compra de su parte, lo que niega.
La queja, así planteada, lleva a recordar que los contratos comerciales y, por ende, la compraventa, pueden justificarse por los medios indicados por el art. 206 del Código de Comercio, y aun por otros medios distintos, ya que la enumeración de ese precepto es simplemente enunciativa (conf. Garo, F., Tratado de las compra-ventas comerciales y marítimas, Buenos Aires, 1945, t. I, p. 76, nº 46).
En ese orden de ideas, ha resuelto la jurisprudencia que para acreditar la existencia de una compraventa mercantil puede servir, por ejemplo, la presentación de una orden de compra o nota de pedido del comprador (conf. CNCom. Sala D, 4/11/88, "Sika Argentina S.A. c/ Propulsora Siderúrgica S.A."), y ello aun si resultase de un fax, pues no puede ignorarse el uso que tiene este medio de comunicación como modo de instrumentar tanto un pedido concreto como para fijar las condiciones del contrato, cuando quien lo trae e invoca es quien aceptó la orden y la cumplió (conf. CNCom. Sala A, 7/2/06, "Australtub S.A. c/ Manuli Auto do Brasil s/ ordinario" ).
Aunque en el caso la existencia de la orden de compra enviada por fax que se invocó en la demanda no pudo ser corroborada pericialmente ya que, como lo explicó el perito contador, "...si bien...es uno de los documentos que respalda la compra de un bien, su emisión no genera ningún tipo de registración..." (fs. 497, ap. "ii"; y fs. 604, punto A), sí pudo serlo, en cambio, por otro medio de prueba.
En tal sentido, obra en autos la declaración testimonial brindada por el señor Mora Valdez quien aseveró: (i) que el encargado de compras de Nobleza Picardo S.A. pidió ciertos motores, y que a ese fin se emitió una orden de compra (fs. 509, respuestas 5ª y 6ª); (ii) que fue el propio declarante el que recomendó el equipo para su compra, y quien recibió la orden de compra que después retransmitió por fax a ABB S.A. (respuestas 2ª, 3ª y 8ª). Asimismo, el citado testigo reconoció como auténtico el fax que contuvo la orden de compra (respuesta 14ª).
La apelante ha intentado relativizar con distintos argumentos el valor probatorio del testimonio precedentemente citado. Sin embargo, tales argumentos son inconsistentes.
Al respecto, observo que la demandada no compareció a la audiencia en la cual declaró el señor Mora Valdez, por lo cual no puede dicha parte agraviarse ahora por supuestas contradicciones incurridas en su testimonio (fs. 713 y vta). Ello es así, en primer lugar, porque si no se ejerció en la audiencia respectiva el derecho de repreguntar conferido por el art. 442, segunda parte , del Código Procesal, parece impertinente realizar impugnaciones sobre los dichos del testigo, sin haber dado previamente oportuna ocasión para las aclaraciones que correspondieran; y porque, frente a las supuestas falsedades que se invocan como incurridas por el declarante, la actitud esperable de quien las considera existentes es su denuncia en la misma audiencia a los fines de posibilitar lo dispuesto por el art. 449 del mismo código, o bien posteriormente recurrir a la justicia penal para dilucidar la existencia de falso testimonio, nada de lo cual ha ocurrido en la especie (conf. CNCom. Sala D, 13/5/08, "Argentoil S.A. c/ Soft Pack S.A." ; íd Sala B, 27/8/91, "Torreiro, Oscar c/ Vilas, Jorge"; íd. Sala B, 29/6/07, "Ripio, Javier c/ Sagazola S.A. s/ ordinario").
Por otra parte, a contrario de lo expuesto en fs. 714, no se opone a la ponderación del testimonio de Mora Valdez lo dispuesto por el art. 209, primer párrafo , del Código de Comercio, norma que debe ser interpretada en consonancia con la doctrina explicativa del art. 1193 del Código Civil (conf. Rouillón, A. y Alonso, D., Código de Comercio comentado y anotado, Buenos Aires, 2005, t. I, p. 436). Es que la prohibición de la prueba testimonial si no hay principio de prueba por escrito, solamente alcanza a lo que concierne a la acreditación del contrato mismo, mas no es aplicable cuando se pretende demostrar los hechos que exteriorizan el contrato, siendo claro, de otro lado, que esa prohibición se refiere al caso en que no existe documento escrito, pero no cuando lo hay y de lo que se trata es de determinar su autenticidad (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2005, t. 3-C, p. 12), situación esta última que es, precisamente, la de autos con relación a la orden de compra instrumentada en el apuntado fax.
En fin, el testimonio de Mora Valdez tampoco se ve desmerecido por el la circunstancia de emanar de quien actúa como intermediario de la actora, desde que: a) por su falta de oportuna impugnación, no puede calificárselo como mendaz; b) tampoco se ha acreditado que posea un interés personal en el resultado del pleito; y c) no puede ser calificado sino como un testigo necesario por la función que cumpliera en la celebración del negocio (art. 456 del Código Procesal).
3º) Otro punto sobre el que la demandada basa su defensa estriba en sostener que los motores objeto de la compraventa nunca estuvieron en su planta Zuviría, Provincia de Salta, y que tampoco se probó que hubieran sido entregados.
Es cierto que el peritaje contable constató que en el Libro Inventario de bienes de la planta Zuviría de la demandada no aparecen registrados los motores referidos por la factura reclamada en autos (fs. 503, punto 3).
Sin embargo, la presencia de esos bienes en la referida planta (sita Estación Zuviría, de la localidad de El Carril, Provincia de Salta), e igualmente la previa entrega de ellos a la demandada, ha quedado demostrada por otras probanzas, de suerte tal que la ausencia de una inclusión en el Libro Inventario debe atribuirse a una omisión registral y nada más que a ello.
En efecto, el testigo Mora Valdez declaró que los motores fueron instalados "...en la línea de despalillado, en la planta el Carril...", y que "...hicimos la puesta en servicio de los mismos..." (fs. 509, respuestas 8ª y 9ª).
Por otra parte, y corroborando tal declaración, fue agregado a los autos el remito nº 0003-00001064, que se refiere a dos motores, para ser entregados en la planta indicada más arriba, al cliente Nobleza Piccardo S.A. (fs. 15). Tal remito fue recibido el 1/12/99 por Transportes La Sevillanita S.R.L. (véase el sello de recepción en el anverso de ese documento), quien en la misma fecha expidió la "Guía Factura" nº 0027-03435852 (cuya autenticidad quedó corroborada en fs. 197), la cual si bien no aludió como objetos transportados a los dos motores mencionados en el remito refirió, en cambio, a la carga para su transporte de dos envases que eran enviados por la actora a la demandada, con un valor declarado respecto del cual no se alegó que difiriera del consignado en la factura nº 0003-00000980 (fs. 19), la cual a su vez cita al remito nº 0003-000001064. En otras palabras, existe entre los distintos documentos citados (remito, guía-factura y factura) una coincidencia de datos tal que, ciertamente, permite excluir cualquier duda en orden a que lo entregado por ABB S.A a la porteadora "La Sevillanita" para su remisión a la demandada fue, ni más ni menos, que los motores por cuyo precio se reclama en autos. Y puesto que ese material transportado resultó, finalmente, recibido por Nobleza Piccardo S.A. el día 9/12/99 (véase el correspondiente sello de recepción en la guía-factura de fs. 17), forzoso resulta concluir que no es aceptable la afirmación de la recurrente en el sentido de no estar acreditada la entrega de los efectos (véase, asimismo, informe de fs. 458). Por el contrario, no solo está acreditado esto último, sino también su posterior instalación en la planta Zuviría, tal como lo relató el testigo Mora Valdez.
En fin, si alguna duda todavía cupiera, corresponde observar que lo precedentemente concluido aparece también corroborado por:
(a) el testimonio de Rómulo E. Arnedo, que fue quien intervino personalmente en la apuntada recepción del 9/12/99; en este sentido, el mencionado testigo declaró a fs. 627 que trabajó para Nobleza Picardo S.A. desde el 24/01/1983 hasta el 31/12/2001 como operario en recepción y almacenes (respuestas 3ª, 4ª y 5ª al interrogatorio agregado en fs. 529); y reconoció como propia la firma puesta en el sello de recepción inserto en la guía-factura nº 0027-03435252, así como el sello mismo (respuestas 2ª y 3ª).
(b) el registro contable por la propia demandada de la guía-factura nº 0027-03435252 (conf. peritaje contable, fs. 604, punto C), lo que tiene el valor probatorio que resulta del art. 63, segunda parte , del Código de Comercio.
4º) De otro lado, critica Nobleza Piccardo S.A. que no se haya tenido debidamente en cuenta la ausencia de prueba referente a la falta de recepción de la factura nº 0003-00000980.
Se trata de otro agravio improcedente.
La negativa sobre la recepción de la factura cuyo cobro se persigue no constituye por sí mismo óbice a la procedencia de la demanda, sino solamente, en su caso, a la aplicación del art. 474 del Código de Comercio, desde que la falta de recepción de la factura impide hacer jugar lo dispuesto por su párrafo 3º en el sentido de establecer una presunción iuris tamtum de cuentas liquidadas frente al silencio posterior. Mas es claro que el cobro de los importes que se consignan en facturas comerciales, no depende formalmente de que tales documentos hubieran sido previamente recibidos por la parte deudora, pues de ser así con sólo negarse a su recepción fácilmente se eludiría la obligación de pago de dichos importes. Expresado de otra manera, que la demandada no hubiera recibido la factura y que, por tanto, no pueda ser aplicado lo dispuesto por el art. 474 del código mercantil, no quiere decir que la deuda reclamada y su causa (o sea, la cosa o prestación facturada) no pueda tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse, así, su cobro judicial, tal como ocurre en el caso (esta Sala, 12/9/2007, "Estancia Las Encadenadas S.A. c/ Agropecuaria Hispano Argentina S.A. s/ Ordinario").
En el caso, el contrato de compraventa, así como la remisión y entrega de los elementos vendidos, ha quedado debidamente acreditado por las probanzas examinadas en los considerandos anteriores. Al ser ello así, lo atinente a la invocada falta de recepción de la factura carece de relevancia.
A todo evento, observo que según fuera informado por el experto contable, la factura nº 0003-00000980 se encuentra registrada por la actora en el folio nº 838 del Libro Copiador IVA Ventas nº 1 (fs. 500/501, punto iii). Al respecto, no dejo de observar que, como regla, atento sus fines impositivos, y no encontrándose mencionado por el art. 44 del Código de Comercio, el libro IVA carece de la eficacia probatoria en juicio entre comerciantes asignada por el art. 63 de ese código, por no ser jurídicamente un libro de comercio (conf. CNCom. Sala D, 5/2/91, "Tintoreria Industrial Muller y Cía. S.A. c/ Dubella S.A. s/ sum"), y no reflejar un cuadro verídico de los negocios (conf. art. 53, cit. Código; CNCom. Sala D, 29/9/86, "Complements S.A. c/ Diaz de Manssur"; íd. Sala D, 13/10/06, "Paramen S.A. c/ Rutilex Hidrocarburos S.A. s/ ordinario"; íd. Sala D, 20/11/06, "Equifarma S.A. c/ Dis-Far-Mar S.A.; íd. Sala D, 4/6/07, "Creatividad y Arte Publicitario S.R.L. c/ Araneta, Edgardo Bautista s/ ordinario"; íd. Sala B, 14.11.01, "Conapa Cía. Naviera Paraná s/ quiebra s/ inc. de verif. por Marítima Seghini"; íd. Sala B, 7/8/90, "Ledafilms S.A. c/ Video de la Costa S.A. s/ sum."). Empero, si bien por sí mismo el libro IVA no puede tener el valor probatorio asignado a los de comercio por el art. 63 del código mercantil, sus registros pueden servir, no obstante, para corroborar otras pruebas que se hubiesen rendido (conf. CNCom. Sala C, 14/7/00, "Inter Cotton Asociados S.A. c/ La Plata Cereal Co. S.A. s/ ordinario"; íd. Sala C, 1.3.05, "Alvarez, Viviana c/ Italpapelera S.A. s/ sumario"; íd. Sala E, 3/6/94, "Giordano, Ángel c/ Pedraza, Bruno s/ ord."; íd. Sala B, 12/5/99, "Perfidur S.R.L. c/ Gypsum Arg. S.R.L."; íd. Sala D, 31/10/06, "Alambres Moreno S.A. s/ conc. prev. s/ inc. por Acindar"). Dicho con otras palabras, aunque no tenga la aptitud prevista por el citado art. 63, no puede privarse al libro IVA de una eficacia probatoria cuanto menos indiciaria (conf. CNCom. Sala C, 7/4/00, "Obregon Cano, Maria y otros c/ Carlozzi de Cabrera, H."; íd. Sala D, 14/3/06, "Lombardini S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. revisión por Aguilar, Nilda") cuando lo que resulta de él cuenta con el correlato coadyuvante de otros medios probatorios (conf. Anastasio, J., La eficacia probatoria del libro IVA, ED t. 167, p. 285), situación esta última que, por cierto, es la de autos pues la factura registrada en el indicado libro tiene correlato con la orden de compra de que da cuenta el fax de fs. 11, con el remito nº 0003-00001064 y con la guía-factura nº 0027-03435252 (considerandos 2º y 3º).
En síntesis, encontrándose suficientemente demostrada la compraventa, así como la ejecución por la actora de la prestación a su cargo, y siendo claro respecto de ello que nada predica en contrario la eventual falta de recepción de la carta documento de fs. 21 (aspecto mencionado por la recurrente en fs. 719 vta.), no cabe sino concluir en la admisibilidad de la demanda por cobro del precio indicado en la factura nº 0003-00000980, lo que conduce a confirmar la sentencia en el aspecto principal de la litis.

5º) Se agravia la demandada porque el juez a quo no admitió la "pesificación" de la deuda de acuerdo a lo que ordena la legislación de emergencia dictada en el año 2002.
Cabe observar que el reclamo de autos fue propuesto en dólares estadounidenses aseverándose que si se admitiera la "pesificación" de la deuda se produciría un daño a la actora porque "...para reponer la mercadería vendida a la accionada..., debería realizar una nueva importación desde España, abonando el precio correspondiente en la moneda extranjera precedentemente indicada..." (fs. 104). Asimismo, destacó que la "pesificación" era improcedente por hallarse la compradora en mora (fs. 105), y que, en todo caso, procedía el reajuste equitativo de la deuda, para cuyo cálculo pidió se tuviera en cuenta el valor de reposición de la cosa vendida, toda vez que es mercadería importada, de acuerdo a lo establecido por el art. 2 del decreto 320/02 (fs. 105).
Es de observar que la demandante no cuestionó la constitucionalidad del bloque normativo que "pesificó" las obligaciones expresadas en moneda extranjera con existencia anterior al 6/1/02. Al ser ello así, se debe examinar, en primer lugar, si la deuda reclamada se encuentra eximida de la "pesificación" por las razones aducidas por la actora.
En ese sentido, destaco que el precio adeudado por la demandada no se encuentra aprehendido por ninguna de las excepciones contempladas por el art. 1º del decreto 410/02. En rigor, se trata de una compraventa nacional, no vinculada al comercio exterior, hecha entre personas jurídicas nacionales, y no sometida a ninguna ley extranjera. El hecho de que la mercadería hubiera sido adquirida por la vendedora en el exterior califica, en todo caso, a esa adquisición en su relación con el proveedor extranjero, pero no a la venta referida por la factura nº 0003-00000980. La actora compró en el extranjero para revender en nuestro país, y es esta última operación la que está en juego en el sub lite, la cual, consiguientemente, no es más que una compraventa local pactada en moneda extranjera con anterioridad al 6/1/02.
Por otra parte, corresponde advertir que a la "pesificación" del precio de esa compraventa local no forma óbice la mora de la demandada, tal como lo ha decidido esta Sala en repetidas ocasiones, y resulta expresamente del citado art. 11 de la ley 25.561, texto según ley 25.580, art. 3 (conf. CNCom. Sala D, 3/4/08, "Arc & Ciel S.A. c/ Sky Argentina S.A.", entre muchas otras).
En tales condiciones, no es dudoso que la deuda reclamada no puede ser mantenida en la moneda de origen, pues ha quedado alcanzada por la conversión legal ordenada por dicho art. 11 de la ley 25.561 y por el art. 8 del decreto 214/02.
Cabe, pues, hacer lugar al agravio de la demandada en este punto.
6º) Lo decidido precedentemente conduce, naturalmente, a examinar la pretensión subsidiaria de reajuste equitativo planteada en la demanda (fs. 105), y que la actora mantuvo al contestar agravios cuando insistió en la aplicación de lo dispuesto por el art. 2º del decreto 320/02 (fs. 738).
Sobre el particular, corresponde recordar que este último precepto determina que a los efectos del reajuste equitativo autorizado por el art. 8º del decreto 214/02 "....se deberá tener en cuenta el valor de reposición de
las cosas, bienes o prestaciones con componentes importados...".
Pues bien, como ya lo ha señalado esta Sala en anteriores ocasiones siguiendo el voto del juez Vassallo (causas "Química Oeste S.A. c/ Genencor Internacional Argentina S.R.L. s/ ordinario", sentencia del 25/10/07; y "Advanced Technology Laboratories Argentina S.A. c/ Fernández, Emilio Ángel s/ ordinario", sentencia del 17/4/09), la referencia que el art. 2º del decreto 320/02 hace de los "componentes importados" en nada modifica sustancialmente las pautas a tener en cuenta para aplicar el llamado "esfuerzo compartido" previsto tanto en el artículo 11 de la ley 25.561, como en el mentado artículo 8 del decreto 214/02 pues, en definitiva, siempre se trata de cotejar el resultado de la "conversión legal" con el valor actual del bien.
En el sub lite, empero, tal cotejo es de imposible realización porque la parte actora no ha acreditado cuál es el valor actual de los bienes objeto de la compraventa. En tal sentido recuerdo que la procedencia del referido cotejo está subordinada a la acreditación por parte del interesado de que "...por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o inferior al del momento del pago...". Es decir, la previsión legal supone dos hipótesis diferentes. La primera, refiere al caso en que el resultado de la conversión a razón de un dólar estadounidense (U$S1) igual un peso ($1), incrementado con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) o el Coeficiente de Variación de Salarios (C.V.S.), fuese "superior" que el de la cosa, bien o prestación al momento del pago. La segunda, refiere el supuesto de que el resultado de dicha conversión e incremento fuese, por el contrario, "inferior" al valor de la cosa, bien o prestación en el momento indicado, lo cual podría tener lugar, por ejemplo, tratándose de cosas usadas, dejadas de fabricar o tecnológicamente desactualizadas (conf. Pita, E., Pautas para la adecuación contractual en el régimen de la emergencia económica, LL 2003-II, p. 1170). En ambas hipótesis, bien se ve, se requiere la prueba del valor de la cosa, bien o prestación. Y trasladado todo ello al concreto supuesto de autos, es claro que la prueba que hubo de rendir pero ni siquiera ofreció la actora para lograr algún reajuste equitativo debió ser, en concreto, la de los "componentes importados" en cuestión.
Esa omisión probatoria de la actora debe conducir inexorablemente al rechazo del reajuste equitativo peticionado, tanto más ponderando que su adversaria fue clara en el sentido de admitirlo solamente "...de existir diferencias..." (fs. 721vta.), las que, se insiste, no fueron acreditadas.
Frente a ello, y toda vez que no se trata de un supuesto de obligaciones dinerarias puras (único en el que pueden ser aplicados criterios de revisión porcentual o aritméticos; conf. Ariza, A., Revisión judicial de los contratos en la emergencia económica, JA 2002-IV, p. 1065, esp. p. 1087), entiendo que debe modificarse la demanda con el efecto de que quede condenada Nobleza Piccardo S.A. a pagar a la actora la suma de $3.799,40 (o sea, la cantidad de moneda extranjera reclamada convertida a la paridad $1 = U$S1), con más los siguientes accesorios: (a) entre la fecha de la mora ocurrida el día 16/1/2000 (fs. 19 y 680) hasta el 6/1/2002 se calcularán intereses sobre U$S3.799,40 a la tasa activa que percibía en ese lapso el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones en dólares estadounidenses, debiendo el resultado convertirse a moneda de curso legal a la citada paridad de $1 = U$S1; (b) la cantidad que surja de sumar el capital de $3.799,40 y los intereses mencionados precedentemente, será incrementada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia; y (c) a partir del 6/1/2002 el capital incrementado del modo precedentemente indicado, llevará intereses a la tasa del 5% anual (esta Sala, 12/3/2007, "Mochón, César Raúl c/ Adaro, Leopoldo Oscar").
7º) De conformidad con lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal corresponde decidir sobre las costas.
Al respecto, entiendo que en ambas instancias deben quedar a cargo de la demandada, pues ha sido sustancialmente vencida, aun cuando en alzada hubiera logrado una disminución del quantum de la condena.
Así lo entiendo, porque la noción de vencido que aprehende el art. 68 del Código Procesal ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base, es procedente que las costas sean impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber la parte demandada pagado aquello procedente (conf. CNCom. Sala D, 30/7/82, LL 1982-D, p. 465; íd. Sala D, causa nº 43.072 "Toledo, Rolando de Carmen c/ Navarro, Miguel Ángel s/ ordinario", sentencia del 10/4/2007; íd. Sala D, 3/10/2007, "Ferreyra Edgardo Leopoldo c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ ordinario"; íd. 5/6/08, "Gaggero, Mercedes Anselma c/ Banco Patagonia Sudameris S.A." ; Morello, A., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, t. II-B, p. 112, La Plata-Buenos Aires, 1985; Highton, E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 2, p. ps. 60/61, Buenos Aires, 2004).
8º) Por lo expuesto, voto porque se modifique la sentencia con el alcance que resulta del considerando 6º, y porque las costas de ambas instancias queden a cargo de la demandada.
Así lo propongo al acuerdo.
El señor Juez de Cámara, doctor Vassallo adhiere al voto que antecede.
El señor Juez de Cámara, doctor Dieuzeide dijo:
Adhiero al voto del señor juez preopinante, excepto en lo que atañe a la impertinencia de la aplicación del denominado "esfuerzo compartido". En razón de la opinión vertida en el voto que emití en la causa "Pirato Mazza, G. y otro c/ Rodriguez J.C.F." fallada el 10.7.08 sobre la pertinencia de la aplicación del esfuerzo compartido únicamente por acatar el precedente de la C.S.J.N. en la causa "Longobardi I.G. c/ Instituto de Educación Integral San Patricio" del 18.12.07 pero no por que tenga sustento jurídico en la denominada "legislación de emergencia", entiendo que cabe prescindir de tal legislación y aplicar dicha doctrina en la forma establecida por la C.S.J.N. en ese fallo a las obligaciones en moneda extranjera preexistenes al dictado de aquella con prescindencia de mediar petición concreta de las partes. En consecuencia, considero que al reexaminar la pretensión de reajuste equitativo propuesta en la demanda corresponde efectuar la condena de acuerdo con la suma que resulte de transformar a pesos el capital reclamado en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el cincuenta por ciento (50%) de la brecha que exista entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio, tipo vendedor, del día en que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización previsto en las normas de emergencia económica arroje un resultado superior, con más una tasa de interés que no cuantifico por carecer de mayoría decisoria.
Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:
(a) Modificar la sentencia con el alcance que resulta del considerando 6º.
(b) Imponer las costas de ambas instancia a cargo de la demandada.
(c) En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las tareas desarrolladas como así también las etapas procesales efectivamente cumplidas, redúcense a $ ... para los letrados de la parte actora, Leonardo Pablo Cippitelli, Virginia Andrés, Daniel Jorge Vidovic y María F. Rossi -en conjunto-; a $ ... para los letrados de la parte demandada, Karina L. Gallelli y Luis Alberto Cremona -en conjunto- (art. 505 del Código Civil; arts. 6, 7 , 9 , 19 , 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432 ).
Por las tareas desarrolladas desde la aceptación del cargo (v. fs. experticia de fs. 496/506 y contestación a las impugnaciones de fs. 556 y fs. 603/606), redúcese el honorario a $... para la perito contadora, Sandra Domínguez (Dec. Ley 16.638/57, arts. 3 y ccdtes. ).
Fíjase en $... el honorario del mediador, Horacio C.A. Scheinkman (Decreto 91/98, art. 21 ).
Por el escrito de fs. 724/739, fíjase en $... el honorario de la letrada patrocinante de la actora, María Florencia Rossi y en $... el honorario de el apoderado de la misma parte, Leonardo Pablo Cippitelli (art. 14 de la ley 21.839).
Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.
Pablo D. Heredia
Juan José Dieuzeide
Gerardo G. Vassallo
Fernando M. Pennacca
Secretario de Cámara

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