Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas




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E. Concienciación

35. En varias respuestas se indicó que la concienciación sobre el daño causado por el matrimonio infantil, precoz y forzado, incluso entre los hombres y los niños, contribuía a menudo a promover normas sociales que apoyaban el empeño de las niñas y sus familias por retrasar la edad para contraer matrimonio. En cuanto a algunas de las normas sociales subyacentes y las actitudes individuales, en varios países se ha registrado una disminución en el apoyo a esa práctica por parte de la población en general. Por ejemplo, en el estado indio de Rajastán se emitieron por televisión bodas comunitarias y se adoptaron otras medidas comunitarias de concienciación acerca de la ley que penaliza el matrimonio infantil, tras lo cual varias aldeas hicieron público su compromiso colectivo para poner fin a la práctica del matrimonio infantil mediante una recogida de firmas67.

36. Varios Estados trabajaban para concienciar en colaboración con los celebrantes de matrimonios religiosos y civiles, los centros para migrantes y los de recursos legales, los servicios relacionados con la violencia doméstica, los servicios de asistencia a niños, las familias y los dirigentes comunitarios, así como las mujeres y los niños pertenecientes a grupos vulnerables68. Como ejemplo cabe citar el Gobierno de Zambia, que, con líderes tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, ha puesto en marcha una campaña nacional para poner fin a los matrimonios infantiles. La campaña ha alimentado el debate público en las reuniones celebradas en los poblados y varios jefes han prohibido esa práctica. En Malasia, el Ministro de la Mujer, la Familia y el Desarrollo Comunitario se pronunció públicamente acerca de la tendencia al alza en el matrimonio infantil pese a la existencia de leyes y señaló el peligro que representaba para la salud de las niñas69. El Canadá señaló que había organizaciones de la sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres inmigrantes, que informaban sobre los matrimonios forzados, además de otros temas, como la capacidad de liderazgo de las niñas. Varias organizaciones informaron acerca de las campañas de concienciación sobre la ilegalidad y los efectos nocivos del matrimonio infantil, precoz y forzado en las situaciones de conflicto y de crisis humanitaria70.

F. Medidas de protección

37. En varias respuestas se destacó la importancia de garantizar medidas adecuadas de seguridad y protección para las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados, como albergues temporales concebidos específicamente y servicios especiales en ellos para las víctimas de la violencia. Australia, a través de su programa de apoyo a las víctimas de la trata de personas, ofrece servicios de apoyo a las presuntas víctimas de matrimonios forzados, como por ejemplo albergues71.

38. Como se mencionó anteriormente, la Ley de Protección Civil del Reino Unido permite que las víctimas y terceros obtengan órdenes de protección contra el matrimonio forzado y se está estudiando la posibilidad de tipificar como delito las infracciones de esas órdenes72. Suiza está estudiando la posibilidad de introducir órdenes de protección similares73 y en Quebec (Canadá) se ha iniciado un estudio sobre la conveniencia de introducir las órdenes civiles de protección74. En 2006, la India aprobó la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil, que permite la intervención de los tribunales a través de órdenes de suspensión para detener matrimonios infantiles inminentes e imponer sanciones punitivas. En virtud de esta Ley, las víctimas pueden solicitar la anulación del matrimonio y tratar de obtener una reparación pidiendo apoyo financiero al marido o a la familia política antes de volver a contraer matrimonio75.

39. Las medidas adoptadas para proteger a los testigos y las víctimas vulnerables pueden ser esenciales para promover el procesamiento de los casos de matrimonio infantil, precoz y forzado. Australia, por ejemplo, destacó el hecho de que, en junio de 2013, su Parlamento había aprobado la Ley de Testigos Vulnerables, que permitía que estos prestasen testimonio en las actuaciones penales por televisión en circuito cerrado, videoconferencia o grabación de vídeo, limitaba su contacto con el acusado o el público en general y estipulaba la presencia de una persona de apoyo con ellos mientras testificaban76.

40. Varios Estados ejecutaban programas de capacitación para los funcionarios públicos pertinentes, como los agentes del orden y los funcionarios de la administración local. Por ejemplo, el Gobierno de Suiza había asignado fondos a las redes de control de matrimonios forzados, de reciente creación. Las redes ofrecían orientación y apoyo a las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados y capacitación a los profesionales que daban acceso a los servicios de apoyo77. En el Canadá estaba previsto ofrecer formación en línea sobre las cuestiones relacionadas con el matrimonio forzado y la violencia basada en el "honor", elaborada por la Real Policía Montada del Canadá y que se pondría a disposición de la policía municipal y otros organismos78. En Australia se incluyó en la formación profesional obligatoria de los celebrantes civiles un módulo sobre el matrimonio forzado79. El Gobierno de Omán, en colaboración con el UNICEF, estaba preparando un programa de capacitación sobre la protección de la familia que incluiría los matrimonios infantiles dirigido a los maestros, los agentes del orden y los que trabajaban en otras esferas pertinentes80. El Gobierno del Reino Unido publicó directrices sobre matrimonios forzados con la intención de mejorar las prácticas entre los trabajadores de primera línea, como la policía y los servicios sociales81 .

VII. Retos y deficiencias en la aplicación

41. En las comunicaciones aportadas para el informe se han mencionado varios retos y deficiencias en la aplicación.

42. Con respecto a los problemas relacionados con el marco jurídico y la aplicación de las leyes, 147 países autorizan actualmente el matrimonio de menores de 18 años de edad, ya sea con el consentimiento paterno, conyugal o de los cuidadores, con autorización judicial o de conformidad con las prácticas culturales o las normas religiosas82. De los 147 países, 54 permiten que las niñas contraigan matrimonio a una edad inferior que los niños. En la mayoría de los casos, las disposiciones sobre el matrimonio en los sistemas jurídicos plurales son incompatibles con las obligaciones internacionales83. Por ejemplo, en algunos casos, el Código Civil establece en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, mientras que las normas consuetudinarias y religiosas permiten que un progenitor, con frecuencia el padre, decida cuál es la edad mínima para que una hija contraiga matrimonio84. Varios países con sistemas jurídicos plurales también tienen leyes que aplican diferentes edades para contraer matrimonio a distintas comunidades religiosas85. En otros países, la edad mínima para contraer matrimonio se basa en la edad de responsabilidad penal, la edad mínima para el consentimiento sexual, el inicio de la pubertad o el embarazo86.

43. Otro de los retos está relacionado con las leyes que eximen de castigo al violador si contrae matrimonio con su víctima87. En algunas circunstancias, podrá recurrirse a las leyes relativas a la violación o estupro para ayudar a las niñas sometidas al matrimonio infantil. Sin embargo, en muchos países la ley establece una excepción cuando el autor es el marido88.

44. Suele haber disposiciones relativas al matrimonio infantil, precoz y forzado en diversas leyes, a veces contradictorias. Por ejemplo, en Egipto, pueden encontrarse en la Ley de la Infancia, el Código Penal, la Ley por la que se Regula el Estado Civil, la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y el Decreto Nº 11 de 2011 sobre la tipificación del acoso como delito89. En Nigeria, la Ley de los Derechos del Niño establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, si bien hay excepciones en algunos estados que la rebajan, y contradice la disposición constitucional pertinente90.

45. Incluso en los casos en que la legislación se ajusta a las normas internacionales, la aplicación efectiva de la ley se ve limitada con frecuencia por la presencia constante de las condiciones subyacentes que, como señaló el UNFPA, son, entre otras, "la desigualdad de género, la falta de protección de los derechos humanos de las niñas, la persistencia de las tradiciones en favor del matrimonio precoz, la pobreza, las crisis humanitarias y las difíciles condiciones económicas"91. Además, la aplicación de la legislación suele verse afectada por creencias culturales muy arraigadas y la falta de concienciación entre los funcionarios, los padres y los familiares acerca de los motivos que explican las leyes contra el matrimonio infantil, precoz y forzado y los efectos perjudiciales de esta práctica92.

46. Varias organizaciones de la sociedad civil observaron que la penalización del matrimonio precoz podía disuadir a las víctimas, especialmente los miembros de comunidades de inmigrantes o comunidades minoritarias, de denunciar lo sucedido, especialmente si ello podía dar lugar al procesamiento y encarcelamiento de familiares93, y pusieron de relieve la necesidad de acompañar las reformas jurídicas con iniciativas de sensibilización dirigidas a las familias y las comunidades.

47. Los principales obstáculos a la aplicación de la legislación vigente sobre protección de la infancia son la falta de un registro oficial sistemático, gratuito y obligatorio de los matrimonios y los nacimientos y de un registro obligatorio de los matrimonios consuetudinarios y religiosos94 95.

48. Varios Estados informaron de que los matrimonios concertados por la fuerza podrían ser nulos, anularse o disolverse96. Sin embargo, las comunicaciones de organizaciones de la sociedad civil señalan que en muchos países las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados se enfrentan a obstáculos jurídicos y prácticos cuando intentan tener acceso a medidas correctivas. Entre esos obstáculos se encuentran las limitaciones al presentar solicitudes de nulidad, las dificultades económicas y el requisito de que "una niña cuente con el apoyo de un adulto si es menor de edad" para poder presentar una solicitud97. Por otro lado, las leyes que solo prevén recursos civiles suelen transferir a la niña la responsabilidad de solicitar la anulación del matrimonio. Por ejemplo, en el Reino Unido se ha pedido la derogación o prórroga del plazo para la presentación de solicitudes de nulidad a fin de proteger a las víctimas del matrimonio forzado, ya que muchas se casan jóvenes y "carecen de la confianza necesaria para cuestionar su situación" en los primeros años de matrimonio, lo que quiere decir que a menudo prescribe el plazo para solicitar la anulación98.

49. Otro problema es garantizar la financiación adecuada de las organizaciones que ofrecen refugio a las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados. Women's Aid, organización de la sociedad civil con sede en el Reino Unido que ofrece refugio a las víctimas de la violencia doméstica, incluidos los casos de matrimonio forzado, señaló que tenía que rechazar diariamente a un número considerable de mujeres por falta de espacio99.

50. En lo relativo a la prevención, el acceso a una educación de calidad para las niñas sigue siendo un problema importante en muchos países. Si bien varios gobiernos han logrado notables avances en la mejora del acceso a la educación en el marco de sus programas relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los obstáculos estructurales y sistémicos, como las arraigadas normas sociales por las que los padres prefieren invertir en la educación de sus hijos y no en la de sus hijas y las considerables limitaciones de recursos hacen que un gran número de jóvenes, sobre todo niñas, sigan sin asistir a la escuela100. El Gobierno de Etiopía estima que el número de escuelas debería ser más del doble del actual para hacer frente a la demanda generada por el gran aumento en las matriculaciones en enseñanza primaria registrado durante los últimos 15 años101. Las leyes que impiden que las niñas embarazadas asistan a la escuela, como en Papua Nueva Guinea y Swazilandia, suponen que el acceso de los menores casados puede verse gravemente restringido102. La calidad de la educación también sigue siendo motivo de preocupación.

51. La persistente presión social que considera el matrimonio infantil, precoz y forzado como medio para evitar el embarazo fuera del matrimonio y salvaguardar el honor en los casos de violación sigue constituyendo un problema103. En un pequeño número de las comunicaciones recibidas se informó sobre la labor realizada para hacer frente al estigma asociado con la violencia sexual y la sexualidad de la mujer.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

52. A pesar de los avances logrados, sigue habiendo problemas importantes en la adopción y aplicación de leyes, políticas y estrategias para hacer frente a los factores sistémicos y subyacentes que permiten la existencia del matrimonio infantil e impiden que las mujeres contraigan matrimonio con el cónyuge de su elección. En la actualidad, la legislación de 147 países contiene excepciones que permiten el matrimonio de los menores de 18 años y, aun en los casos en que la legislación está en consonancia con las normas internacionales, no es fácil llevar a la práctica la prohibición del matrimonio infantil y forzado debido a varios de los problemas mencionados anteriormente, como las actitudes culturales que lo apoyan.

53. Se necesitan enfoques amplios y coordinados para abordar con eficacia el matrimonio infantil, precoz y forzado. Se recomienda la formulación y ejecución de políticas y estrategias nacionales con la participación de los departamentos gubernamentales competentes en los planos nacional y local, las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de mujeres, los líderes religiosos y comunitarios, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros interesados pertinentes, incluidos los legisladores y los jueces.

54. Las medidas y las estrategias políticas y de protección deben guiarse por el interés superior del niño, estar adaptadas a los contextos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Deberían formar parte de una labor más amplia para promover la igualdad y eliminar la discriminación contra las mujeres y las niñas, no solo en el acceso a la educación sino también, entre otras cosas, en el empleo, la participación política, la salud, el derecho de sucesión, la tierra y los recursos productivos. Esas políticas y planes, según corresponda, deberían abarcar las siguientes grandes áreas:

a) Garantizar un marco jurídico nacional conforme a las normas internacionales de derechos humanos, en particular con respecto a la mayoría de edad y la edad mínima para contraer matrimonio para los niños de ambos sexos, la prohibición de los matrimonios forzados, y la inscripción en el registro de nacimientos y matrimonios.

b) Armonizar la legislación nacional sobre el matrimonio, entre otros medios modificando las leyes existentes para eliminar los obstáculos jurídicos a que se enfrentan las niñas que buscan el cumplimiento de las leyes nacionales sobre la prevención o prohibición del matrimonio infantil y sobre los recursos jurídicos, eliminar los excesivos requisitos legales para poner fin oficialmente a un matrimonio infantil y proporcionar acceso a los recursos a quienes abandonan un matrimonio.
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