Sobre el concepto y fundamento de los derechos humanos emergentes




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El sistema interamericano y los derechos de los pueblos indígenas


Las consideraciones iniciales que hemos hecho sobre el carácter ‘conservador’ del Convenio Europeo pueden extenderse también a los instrumentos normativos fundamentales del sistema de protección de derechos humanos en las Américas, a saber, la Declaración americana de derechos humanos (1948) y el Convenio interamericano de derechos humanos (San José, 1969). La primera incluye, como elementos originales respecto de otros instrumentos internacionales, la libertad de investigación y divulgación de las ideas (art. IV), el derecho de petición (art. XXIV) o el derecho a recibir asilo (art. XXVII). La segunda, por su parte, incorpora el derecho a la compensación por error judicial (art. 10), el derecho de respuesta (art. 14) y el derecho al nombre (art. 18), entre otros. Ni una sola referencia, en cambio, a los derechos de un colectivo tan vulnerable como durante años olvidado en el continente: los pueblos indígenas.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha colmado en parte esta laguna cuando ha tenido ocasión de hacerlo. Y no nos referimos únicamente a la aplicación de los derechos reconocidos en el Convenio a los individuos de uno u otro pueblo indígena. Sino al reconocimiento, implícito o no, de derechos colectivos de estos grupos humanos, y de la necesidad de medidas positivas de protección por parte del estado.
La primera ocasión en que la Corte tuvo oportunidad de examinar derechos de pueblos indígenas fue en el caso Aloeboetoe (reparaciones)32 en el que el Alto Tribunal combina principios generales de derecho internacional, en lo relativo a la reparación por el daño causado por Surinam, con la costumbre del pueblo Saramaka en lo relativo a derecho de familia, es decir, quiénes podían considerarse cónyuges y ascendientes de las siete víctimas mortales del ataque perpetrado por agentes del Estado en 1987.33
Más recientemente, la Corte ha conocido de dos asuntos contra Nicaragua relativos también a comunidades indígenas. En Awas Tingni, la Corte observa varias violaciones de derechos humanos por parte del Estado, en particular, del derecho a la propiedad. Y falla por unanimidad la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para delimitar, demarcar y dar título a la propiedad de las comunidades indígenas, de acuerdo con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres.34 En Yatama, caso relativo a la vulneración de derechos políticos, los candidatos del partido político regional “Yatama” fueran excluidos de participar en las elecciones municipales por cuestiones formales (“no consiguieron la personería jurídica dentro de los seis meses anteriores y (...) no habían presentado candidatos en el 80% de los municipios”), que ni la Comisión ni la Corte entran a discutir: se condena al Estado por no prever “normas en la ley electoral en orden a facilitar la participación política de las organizaciones indígenas en los procesos electorales de la Región Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua, de acuerdo al derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de los pueblos indígenas que la habitan”.35
Se trata, pues, de resoluciones judiciales que nada tienen que envidiar a lo establecido en el artículo 5.5 de la Carta de Derechos Humanos Emergentes antes citada, cuando afirma
“El derecho de los pueblos indígenas y de las personas que los integran a medidas especiales de reconocimiento de sus características distintivas para que se beneficien plenamente de sus recursos culturales, intelectuales y naturales”
En este sentido, la reciente adopción por la Asamblea General, en septiembre de 2007, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,36 tras veinte años de debate en la Comisión (y últimamente en el Consejo) de Derechos Humanos, pone de relieve tanto la complejidad como la relevancia de reconocer los derechos humanos específicos de estos colectivos. Entre ellos, los derechos de propiedad, cuyo fundamento y ejercicio es bien distinto al que marcan los cánones occidentales, y de autodeterminación política, que en este caso excluye la secesión. La reciente Declaración es, en tanto que resolución de la Asamblea General, solamente una recomendación a los Estados miembros de la ONU. La Corte y el sistema interamericano de derechos humanos han demostrado, sin embargo, que esos derechos no son sólo justos, sino viables – exigibles – jurídicamente ante un tribunal de justicia internacional.
El sistema de la Unión Africana y los derechos de solidaridad.

A diferencia de sus antecesores regionales, el sistema africano de protección de los derechos humanos sí recoge en su principal instrumento normativo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul de 1981) algunos derechos colectivos o de “tercera generación”. Autodeterminación, soberanía sobre los recursos naturales, paz y seguridad, desarrollo y medio ambiente, entre otros, se formulan como auténticos derechos humanos individuales y colectivos,37 algo insólito hasta entonces en un tratado internacional vinculante. Por su carácter innovador, podría haberse pensado que estos preceptos quedarían en algo puramente declarativo, inaplicable en casos concretos ante los órganos de control del sistema. A falta de un tribunal internacional en la materia,38 la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha demostrado que esos temores eran infundados. En SERAC y CESR c. Nigeria,39 la Comisión establece que la degradación ambiental debida a la producción petrolífera llevada a cabo por el Estado (junto con la compañía Shell), y que afecta principalmente a la comunidad Ogoni, constituye una violación del derecho a la salud y del derecho a un medio ambiente limpio (párrafos 50 y 51), así como del derecho del pueblo nigeriano a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales:
“The destructive and selfish role placed by oil development in Ogoniland, closely tied with repressive tactics of the Nigerian Government, and the lack of material benefits accruing to the local population, may well be said to constitute a violation of [the right of peoples to freely dispose of their wealth and natural resources]” (par. 55).
Por cierto que la misma decisión afirma la vigencia (y vulneración) de derechos humanos implícitamente reconocidos en la Carta, como el derecho a la vivienda y a la alimentación. Del primero, la Comisión afirma que la destrucción de viviendas provoca, como mínimo, afectaciones negativas a la propiedad, la salud y la vida familiar (pár. 60). Del derecho a la alimentación afirma que se halla vinculado a los derechos a la vida, la salud y al desarrollo económico, social y cultural (pár. 64). Aunque quizás lo más significativo de esta decisión, a nuestros efectos, sea la contundente afirmación que realiza la Comisión en el sentido de que los derechos humanos reconocidos en la Carta africana no son una mera declaración de intenciones, sino que todos ellos son susceptibles de hacerse efectivos, de aplicabilidad real (pár. 68). Toda una lección de coherencia y coraje jurídico.
Conclusiones

Las anteriores consideraciones nos permiten llegar a algunas conclusiones preliminares. En primer lugar, resulta palmario que si los derechos emergentes reconocidos por vía jurisprudencial en Europa o América, o establecidos normativamente en África, pueden ser derecho positivo a escala regional –derecho positivo “justiciable”–, también podrían llegar a serlo a escala universal. En otras palabras, no hay nada que lo impida desde el punto de vista técnico-jurídico, sino que se trata únicamente de voluntad política... o de su ausencia.
Asimismo, las mismas experiencias regionales dan cuenta de los límites del reconocimiento jurisprudencial de derechos humanos emergentes. Por su propia naturaleza casuística, esta jurisprudencia a menudo sólo hace aportaciones parciales al reconocimiento de un derecho normalmente más amplio (ruidos y olores respecto del derecho al medio ambiente en el caso europeo, por ejemplo). Además, hay que reconocer que sólo hay un tanto que pueda “estirarse” el texto legislativo a interpretar por el órgano en cuestión. La negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a reconocer la muerte digna como derecho, por ejemplo, pone de manifiesto este tipo de límite.40
En suma, los derechos humanos emergentes no son sólo deseables y hasta posibles, sino que en algunos casos son una realidad jurídica, siquiera parcial o regional. Su completo reconocimiento requiere de un proceso de codificación oficial –progresiva, si se quiere– del que la Carta de Derechos Humanos Emergentes constituye un excelente anticipo.


Barcelona, octubre de 2007


1 Para Truyol “existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados”. Vid. Truyol Serra, A. 1977: Los derechos humanos, 2ª edición, Madrid, Tecnos, p. 11


2 Vid. Bonet Pérez, J. 2006: “Historia y evolución de la protección de los derechos humanos”. En: Sánchez-Bonet, Derechos Humanos, Barcelona, UOC.


3 Vid. a este respecto la introducción histórica en Truyol 1977: Los derechos humanos, cit. supra, p. 11 a 25.


4 Si la singularidad del ser humano reside en su condición de agente libre (Pico della Mirandola), el concepto de libertad en el siglo XXI, cuando el ser humano enfrenta retos nuevos como la degradación ambiental o la revolución tecnológica, ha de ser forzosamente más amplio que en el Renacimiento, cuando este concepto fue formulado por primera vez.


5 Vid. Pérez Luño, A. 2003: Derechos humanos, estado de derecho y constitución, 8ª edición, Madrid, Tecnos, p. 48.


6 Vid. Luño Peña, cit. supra, p. 181 y 559. El autor cita a autores como Habermas o Bobbio en su fundamentación “intersubjetiva” de los derechos humanos. En este sentido, Rafael de Asís señala que “los valores...no aparecen en un momento determinado, sino que son resultado de una evolución comunicativa basada, principalmente, en las necesidades humanas y proyectadas en el tiempo”. Vid. Asís Roig, R. 1989: “Algunas notas para una fundamentación de los derechos humanos”. En: Muguerza, J. (dir.): El fundamento de los derechos humanos, Madrid, editorial Debate, p. 72.


7 Vid. Ramírez, G. 2004: “De la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo XX a la Carta de Derechos Humanos Emergentes del siglo XXI”. Ponencia presentada al Diálogo “Derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos”, celebrado en Barcelona entre el 22 y el 24 de septiembre de 2004.


8 Vid. Pareja, E. – Guillén, A. 2007: “La carta de derechos humanos emergentes: una respuesta de la sociedad civil a los retos del siglo XXI”. En: Naturaleza y alcance de los derechos emergentes: La carta de derechos humanos emergentes y el derecho a la renta básica, Barcelona, IDHC, p. 22


9 Vid. Pisarello, G. – Aparicio, M. 2006: “ Los derechos humanos y sus garantías: nociones básicas”. En: Sánchez – Bonet, Derechos Humanos, cit. supra.


10 En este sentido, Stephen Marks concebía en 1980 la noción de emergencia de derechos humanos internacionales como el establecimiento de reglas de derecho internacional de los derechos humanos conforme con el proceso de creación del derecho definido por el derecho internacional. Vid. Marks, S. 1980-81: “Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980s?”, Rutgers Law Review, vol. 33, p. 436.


11 Por ejemplo, en derecho nacional (el matrimonio entre personas homosexuales en España) o subestatal: el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 incorpora un capítulo de derechos, deberes y principios rectores que incluye entre otros el derecho de las mujeres al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vivienda, el derecho de acceso a los servicios sociales, etc.


12 La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) establece en un texto normativo vinculante, junto con derechos humanos clásicos, nuevos derechos como el derecho humano a la paz, al desarrollo, al medio ambiente y a la soberanía permanente sobre los recursos naturales; derechos que en el plano de las Naciones Unidas son sólo programáticos, contemplados en resoluciones no vinculantes de la Asamblea General. Vid. infra.


13 Vid. Mayor Zaragoza, F. 1998: “Una cuestión de voluntad”. En: AA.VV. Los Derechos Humanos en el siglo XXI, Cincuenta ideas para su práctica, Ediciones UNESCO, editorial Icaria, Barcelona.


14 Como ejemplo puede considerarse el artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite tomar en consideración, como víctima, no sólo a personas físicas, sino también a organizaciones no gubernamentales, asociaciones o grupos de particulares.


15 Vid. Marks, op. cit. supra, p. 441. Los derechos emergentes que identifica en su artículo serían el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho a la comunicación y el derecho a la asistencia humanitaria (ibid., p. 441-451).


16 Entre otras iniciativas, cabe citar, recientemente, la “Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz” de noviembre de 2006 (vid. en Rueda, C.R. – Villán, C. 2007: La Declaración de Luarca sobre el derecho humano a la paz, MADU ediciones, p. 135) o los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, adoptada por un grupo de expertos en marzo de 2007 (http://www.yogyakartaprinciples.org/). Otro ejemplo sería la Declaración de Bizkaia sobre el derecho humano al Medio Ambiente, de 1999 (http://www.gurelurra.net/). Todas ellas son iniciativas de la sociedad civil que, con pretensión declarativa o codificadora, aspiran a positivizar un particular derecho o grupo de derechos humanos emergentes.


17 El texto completo de la Carta puede consultarse en el portal del Institut de Drets Humans de Catalunya: http://www.idhc.org/esp/documents/CartaDHE.pdf. Vid. una descripción de la Carta en Pareja-Guillén, op. cit., especialmente páginas 15-33.


18 Tradicionalmente, ha sido solamente el Estado, entendido como administración central, quien ha asumido compromisos internacionales, a través de tratados, y quién ha reconocido y hecho efectivos (o no) los derechos fundamentales en el plano interno. La idea de “derechos humanos en la ciudad” parte del principio de que el respeto por los derechos humanos no puede concebirse únicamente como un deber exclusivo de los poderes centrales de un Estado, sino que corresponde a toda la Administración, en sus distintos niveles territoriales y sectoriales y dentro de sus respectivos ámbitos de competencias. Esta constatación está en la base de la iniciativa promovida por distintos municipios europeos de negociar, adoptar y asumir una
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