Colección latinoamérica






descargar 1.86 Mb.
títuloColección latinoamérica
página3/26
fecha de publicación09.02.2016
tamaño1.86 Mb.
tipoLección
med.se-todo.com > Derecho > Lección
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Nadie que no fuera un obcecado podría haber dudado de la inmensa popularidad de Warren Gamaliel Harding, el hombre que reemplazaba a Woodrow Wilson en la presidencia de los Estados Unidos.

En la primavera de 1920, un cacique electoral republicano, Boies Penrose, había vaticinado: “Cualquier buen republicano puede ser escogido como candidato a la presidencia y derrotar a cualquier demócrata.” El periodista provinciano Harding fue ese buen republicano y obtuvo 404 de los 531 votos del colegio electoral imponiéndose al candidato demócrata James M. Cox.

Para Morison y Commager, Harding era un hombre completamente vulgar, sin pretensiones intelectuales o sociales, despreocupado y conservador, “dispuesto a dejar que las cosas siguieran su curso y convencido de que en Estados Unidos todo iba bien”. Su carrera política había sido impulsada por amigos y caciques locales que esperaban gratitud, aprovechándose de un carácter moralmente débil.

Para Beard, Harding era un “norteamericano de tipo corriente”, un average American, un camarada festivo, “el mejor individuo del mundo para jugar con él una partida de póquer los sábados por la noche”. Y debía de ser por lo menos un jugador consecuente, porque cuando le anunciaron que había triunfado, comentó así el suceso: “Me siento como un hombre que entra en el juego con un par de ochos y sale con todos los ases.” Su espíritu deportivo se manifestó otra vez cuando, al saludar por vez primera a los miembros de su gabinete, les dijo: “Bien, muchachos, estamos en la Liga Grande y debemos jugar limpio.”

Su campaña presidencial había sido bastante reposa­da. Sus consejeros temieron que si hablaba mucho, los electores podrían notar su desconocimiento de los problemas nacionales, y le aconsejaron no hacer el tradicional viaje de los candidatos a través del país. Sus adversarios llamaron entonces a la suya, “la campaña de portal”, porque recibía a sus amigos y simpatizantes en el portal de su casa, y allí espetaba sus discursos.

Harding amaba los buenos tiempos idos de Mckinley, cuando la política de las la tarifas proteccionistas republicanas llenaba el tesoro y al mismo tiempo ofrecía a la industria norteamericana aquella protección que estimu­laba el desarrollo, que tuvo la virtud de hacer que “nuestra ganancia careciera de igual en toda la historia del mundo”. En materia internacional continuó la política iniciada bajo la administración de Wilson con relación al Caribe. Ahora contaba esa política con la eficaz sabiduría del honorable Charles Evans Hughes, el internacionalista y jurisconsulto más notable de su época, asesor de la General Motors. De tal modo, los ímpetus de Bernard Hall, el “vigoroso manipulador en petróleos” y enemigo declarado de toda opinión liberal, partidario decidido de la intervención armada en México, iban a tener un adecuado contrapeso legalista.

Al hablar con nostalgia de las “décadas preciosamente tranquilas de la posguerra”, Bemis anota que Estados Unidos estaba dispuesto y aun impaciente para “liquidar su control político en la región mediterránea de Améri­ca”. Señala que el sentimiento público, particularmente en los sectores liberales y obreros, en las organizaciones pacifistas femeninas y en los círculos académicos y culturales, era manifiestamente antiimperialista. Luego agrega:
En respuesta a la nueva situación, el secretario de Estado Hughes, portavoz de la política exterior de la restauración republicana, decidió liquidar las intervenciones de Estados Unidos en El Caribe y en Centroamérica tan pronto como pareciera haberse implantado la estabilidad política y estuviera asegura­da en términos razonables la seguridad de los extranjeros. No estaba dispuesto explícitamente a abandonar los tratados que permitían la intervención en Cuba, Panamá, República Dominicana y Haití, ni tampoco en Nicaragua; ni lo estaba tampoco a renunciar al derecho de los ciudadanos de Estados Unidos en países extranjeros a un mínimo de justicia en la legislación internacional y al derecho legal a intervenir para conseguirlo, si era negado. En esto no se diferenciaba de sus antecesores, pero incumbió a Hughes la tarea particular de convencer a la América Latina, en el nuevo cuadro de la política mundial, de que el “garrote” no significaba en realidad imperialismo19.
Aunque parezca mentira, Bemis no se expresa con sorna. Como su obra está presidida por el deseo de justificar la política de su patria en América Latina, es perfectamente sincero cuando intenta convencernos de que sus tropelías imperiales no son tales, sino apenas la necesaria —y decorosamente ineludible— manifestación de su deseo de proteger y resguardar las fronteras y bases estratégicas indispensables a la seguridad de la Unión.

Harding tenía en cuenta ese nuevo pensamiento cuando dijo, refiriéndose a la política exterior, que debía ser emprendida por su patria:
“Tampoco emplearé indebidamente el poder ejecutivo para cubrir con un velo de misterio los actos ya repetidos y que no deben ser respaldados, de nuestra intervención injustificada en los asuntos internos de las pequeñas repúblicas de la América Central y de la América del Sur, como ha ocurrido en los pocos últimos años y que no solamente han hecho enemigos nuestros de aquellos países que deberían ser nuestros amigos, sino que con muy justa razón, han desacreditado a nuestro país, no siendo ya el vecino en que ellos habían puesto su confianza.”
Hughes era con toda probabilidad el ideólogo de esa filosofía que, aparentemente, se disponía a liquidar el imperialismo. Siguiendo las inspiraciones de Summer Welles, entonces estrella en ascenso de la diplomacia de la Unión, decidióse la evacuación de Santo Domingo.

El paso siguiente fue el de encarar el “problema” de América Central.

II
Para comprender mejor la dinámica de la interven­ción norteamericana en Nicaragua, preciso es conocer el papel que jugó el petróleo en las relaciones entre México y Estados Unidos.

Como se recordará, en plena Guerra Mundial, Venustiano Carranza había sancionado la Constitución de Querétaro. Algunas de las cláusulas del artículo 27 significaban una modificación de la situación en lo que a petróleo y a régimen agrario se refiere, y un cambio total en el espíritu con que se habían llevado las cosas hasta ese momento, en materia de concesiones a empresas extranje­ras.

Al amparo del Código de Minería de 1884, la legislatura porfirista había dictado disposiciones que hicieron posible el acaparamiento de los yacimientos petrolíferos mexicanos, realizado por Doheny, Rockefeller, Pearson y Hammond merced a concesiones de los propietarios de las superficies de los terrenos, aprove­chándose de su ignorancia y pagándoles rentas ridículas. Camilo Barcia Trelles señala que por 100 pesos anuales por hectárea las compañías obtenían terrenos que en ocasiones producían 100.000 barriles diarios, es decir, 56 millones de barriles por año. “Sabemos que el ejemplo es excepcional —dice—, pero basta que haya constituido una realidad, para percatarse de la iniquidad genésica de muchas concesiones petrolíferas.” Así, de la producción total, el 40 por ciento correspondía a sólo tres empresas: Compañía Internacional, El Águila y Huasteca Petroleum. De 1.347.973 toneladas exportadas en el segundo semestre de 1915 por los puertos de Tampico, Tuxpan y México, 1.472.811 lo fueron por seis entidades —Trans­continental, Huasteca, El Águila, La Corona, Penn, Mexican Fuel Co. y Standard Oil—. Es decir, que el 79 por ciento del petróleo mexicano estaba en manos de esas contadas compañías, que erogaban ridículos impuestos al Estado.

Para remediar ese estado de cosas se consignó en la Constitución de Querétaro el articulo 27, cuyos párrafos, a pesar de que no implicaban despojo alguno, ya que consagraban que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública, y mediante indemnización”, provocaron que las compañías norteamericanas desata­ran una verdadera batalla periodística, sosteniendo que se pretendía dar carácter retroactivo a sus disposiciones. El propio Carranza se vio obligado a salir al paso de esa campaña, declarando públicamente: “Todos los derechos de carácter privado adquiridos antes del 1 de mayo de 1917, cuando se adoptó la nueva Constitución, serán respetados y ampliamente protegidos; el famoso artículo 27, una de cuyas cláusulas declara propiedad de la nación los derechos del subsuelo, no tendrá efecto retroactivo, ni nunca lo ha tenido.” Los que en verdad podían considerarse lesionados eran aquellos superficiarios que habían mantenido sus terrenos sin catear ni explotar, no ejercitando la facultad conferida por la ley de 1884 y privando así a México de los beneficios de su usufructo. Sólo en estos casos la ley tenía efectos retroactivos.

El 19 de febrero, 31 de julio, 9 y 12 de agosto, 14 de noviembre y 27 de diciembre de 1918, se dispuso imponer nuevas contribuciones a la industria del petróleo, así como el registro de los títulos de las propiedades. Se establecía en las nuevas disposiciones un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y sobre los contratos celebra­dos antes del 1 de mayo de 1917 y que tuvieran por objeto el arrendamiento de terrenos para la explotación de carburos de hidrógeno. La protesta de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda se hizo sentir sin demora. Los ciudadanos Garfield y Roades impugnaron el primero de esos derechos en mayo de 1918, alegando sobre todo el carácter retroactivo del impuesto, ya que “modificaba” la condición de los contratos celebrados al amparo de leyes anteriores a la sanción de la nueva Constitución. Las compañías norteamericanas, sobre todo, promovieron juicios de amparo contra las leyes y decretos del Poder Ejecutivo mexicano.

México defendió su derecho con denuedo y no se dejó amilanar. Al argumento favorito de las empresas respon­dió con el razonamiento de que al promulgarse la “ley seca” en Estados Unidos, se clausuraron las fábricas de alcoholes sin que se indemnizara a sus dueños, los cuales las habían establecido al amparo del régimen legal precedente y habían adquirido legítimamente un derecho que la ley contra el alcoholismo no respetó ni indemnizó, siendo, por lo tanto, retroactiva.

La campaña adquirió características de chantaje y provocación. El ex embajador Henry Lane Wilson, que ya en 1914 había propuesto al Congreso de la Unión el establecimiento de un Estado artificial al norte del paralelo 26 —para englobar en él la zona minera mexicana más rica—, recomendaba ahora que ese Estado autónomo, que se formaría del mismo modo que Texas, se extendiera a partir del paralelo 22. El senador Cummings de Iowa, preconizaba a su vez, la adquisición, por compra o por conquista, de la Baja California. Tal pensamiento lo expresó abiertamente M. B. I. Rice en un artículo publica­do en el New York Petroleum Exchanger: “México, sin la protección y el control temporales de Estados Unidos, no puede establecer un gobierno capaz de hacer que la ley se aplique. Estados Unidos tiene la obligación, deducida de sus deberes para con la humanidad, de establecer un protectorado sobre México, de tal modo, que México pueda prolongar su existencia y que la vida y la propiedad de los norteamericanos y mexicanos sea protegida.”

Un artículo del diario laborista inglés Manchester Guardian resumía por aquel entonces el estado de las relaciones mexicano-norteamericanas:
El estudio de lo acaecido en México, los diez últimos años, demuestra que cuando el gobierno de México se expide en contra de los intereses inmedia­tos de las grandes compañías petroleras norteameri­canas, es fácil pronosticar un movimiento revolucio­nario. No ha existido en los últimos nueve años ni un solo desorden en México, en el cual los yanquis no hayan participado otorgando su apoyo a los partidos opuestos al gobierno; han sostenido a Madero contra Díaz, a Huerta frente a Madero, a Carranza frente a Huerta, a Villa y Zapata frente a Carranza. La norma de conducta de los yanquis en México está sintetizada en estas palabras: “Standard Oil Must Preval”. (“La Standard Oil debe imperar”). Todo lo que a esa máxima se opone es combatido; así procedió la “National Association for the Protection of American Rights in México”, organizando una violenta campaña de prensa frente a Carranza, apoyada en los periódicos de Hearst.
El hecho de que el articulista no quisiera mencionar la participación en los sucesos de su compatriota Pearson —luego lord Cowdray—, no disminuye la verdad innega­ble de su afirmación. Tanto es así, que a Álvaro Obregón, que advino a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1920, de resultas del asesinato de Carranza, se le imputó ser hombre de Deterding. Lo cierto es que Estados Unidos se negó a reconocerlo.

El 7 de julio de 1921 Charles Evans Hughes, notorio asesor de la Standard Oil, y entonces secretario de Estado, indicó a México el interés de la Unión por la salvaguardia del derecho de propiedad, contra las confis­caciones que pudieran realizarse de entrar en vigor la reglamentación del artículo 27 de la Constitución, que Obregón parecía decidido a aplicar. En su Mensaje al Congreso, del 2 de septiembre de 1921, Obregón lee:
“Estados Unidos hace depender el reconocimiento del gobierno mexicano de la conclusión de un tratado de amistad y comercio, de cuyas cláusulas se deduciría una situación privilegiada para los norteamericanos, parangonada con la de otros extranjeros; a estos últimos había que extender esos derechos en virtud de la cláusula de la nación más favorecida; tratábase de un reconocimiento condicional, atentatorio a la soberanía de México. Nues­tro gobierno se mostró siempre inclinado a reanudar el servicio de la deuda, a indemnizar equitativamente a los extranjeros perjudicados por las revoluciones, a no considerar retroactivo el artículo 27 de la Constitución. Pero imponer esas tres condiciones en un tratado respecto a un solo Estado, atentaría a nuestra dignidad.”
Cuando trasciende que se está redactando la ley orgánica para la ejecución del artículo 27, Summerlin, encargado de negocios norteamericanos en México, solicita a Pani, ministro de Relaciones Exteriores, copia de esos proyectos y anticipa que su gobierno no los aceptara. La respuesta de Pani, sugerida por Obregón, es:

“El honor y la soberanía de la nación prohíben aceptar leyes que han sido previamente censuradas por un gobierno extranjero.” La Cámara mexicana aprueba por unanimidad esa actitud y hace comunicar a todas las repúblicas de Hispanoamérica el proceder de la Unión.

Otra ofensiva se desata cuando Obregón impone, el 7 de junio de 1921, una tasa de exportación al petróleo mexicano, que salía del país sin ser sometido a labores de refinación y por lo tanto sin dejar utilidad alguna a la nación. A pesar de que los grupos controlados por la Royal Dutch Shell se avinieron sin protestas a la tasa, los grupos controlados por la Standard adujeron que era injusta y confiscatoria. Esto, a pesar de que la empresa repartía, en 1920, 160 pesos por cada acción de 100 y de que el grupo Doheny, en el mismo año, declaró un beneficio neto de 28 millones de dólares, anunciando para 1921, un incremento de esos beneficios de un 250 por ciento.

¿Qué pedía México? Que se le abonara un 25 por ciento del valor de cada barril exportado —10 a 15 por unidad— que a la empresa le costaba de 14 a 40 centavos y que era vendido en Estados Unidos a 1,75 dólares. Es decir, que en poco o nada afectaba a la empresa que el barril le costara —en el peor de los casos— 78 centavos en total, si lo vendía a más del doble, y aun así competía con el extraído en la propia Unión. A tal punto era esto cierto, que la Mid Continent Oil and Gas Association, que representaba los intereses de cientos de productores independientes, realizó una campaña a fin de que el petróleo mexicano fuera sometido a un derecho de importación al ser desembarcado en Estados Unidos, impuesto que se fijaba en 1,50 dólar por barril y que hubiera proporcionado al fisco 250 millones de dólares. Lo contradictorio era que no se estimara confiscatorio un impuesto de entrada de 1.50 dólar, y sí en cambio, el impuesto de salida de 15 centavos.

La actitud de la Standard Oil se expresó a través de su presidente, Walter Teagle, cuando anunció que cesaría de exportar petróleo mexicano y retiraría sus buques de los puertos de México. No sólo perseguía el objeto de no pagar la tasa, tan necesaria al erario, sino provocar la desocupación entre los obreros de Tampico y, a través de ella, desórdenes; además, la no extracción provocaría el aumento de los precios de petróleo en Estados Unidos, y ¿por qué no habría de beneficiarse la empresa, que siempre cuida de tener grandes
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

similar:

Colección latinoamérica iconTransacciones petroleras internacionales en latinoamerica”

Colección latinoamérica iconHistoria de la criminología en latinoamérica / history of the criminology in latin-america

Colección latinoamérica iconLatinoamérica Es La Región Más Involucrada En Redes Sociales a Nivel Global

Colección latinoamérica iconCelebracion dia del quimico farmaceutico por paises en latinoamerica

Colección latinoamérica iconLa educación en Latinoamérica ha venido evolucionando dentro de varios...

Colección latinoamérica iconHa fomentado exitosamente el documental desde las Televisiones Públicas...

Colección latinoamérica iconEnfoque curricular basado en competencias, bajo la perspectiva teórica...

Colección latinoamérica iconColección de la mácula

Colección latinoamérica iconColección general

Colección latinoamérica iconColección Conciencia


Medicina





Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com