Colección latinoamérica






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El año 1927 se inició bajo el eco de la batalla de Laguna de Perlas. Las tropas revolucionarias habían tendido una hábil emboscada a las fuerzas conservadoras. Si bien las noticias de su resultado fueron en principio confusas, posteriormente aparecieron detalles significati­vos de la gran victoria obtenida para Sacasa.

Los diarios de todo el mundo ostentan grandes titulares con las noticias provenientes de Nicaragua. En nuestro país no son excepción ni La Prensa, ni La Nación, ni Gálica. El primero de ellos, sobre todo, dedica páginas enteras a los sucesos. Todos fustigan despiadadamente a la intervención. En Chile, Uruguay, Brasil y México la reacción es análoga a la de Berlín, París, Londres o Madrid. En Estados Unidos los diarios dividen su castigo o su aplauso, según sean demócratas o republicanos sus propietarios, o su orientación. Las publicaciones de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas o simple­mente centristas o liberales, fustigan sin piedad a Coolidge y Kellogg, destacándose entre las independientes, The World y The Nation, ambos de Nueva York.

Las críticas en la Unión se hacen tan acerbas que el 31 de diciembre de 1926, el presidente Coolidge pide a los periodistas que adopten una “actitud norteamericana”, prestando su apoyo a la política gubernamental:
“El Poder Ejecutivo Nacional —dijo— es el responsa­ble de la adecuada protección de los ciudadanos que se ausentan al exterior y de sus intereses morales y materiales, y si bien es justo reconocer que la política gubernativa que a ello tiende es apoyada por los órganos de la prensa de todo el país, debe recordarse que los artículos que frecuentemente se publican en la prensa norteamericana dan motivos para que algunas naciones consideren que tal apoyo no es decidido y crean la errónea impresión de que el país no presenta, como en realidad lo hace, un frente unido en la consideración de estos asuntos.”
The World recoge el guante y en editorial titulado: “Libertad de prensa”, ataca a su vez:
Hay precedentes para justificar el hecho de que un diario que se respete, se niegue a permitir que Mr. Coolidge le diga lo que debe pensar y decir.

Ni durante el periodo de neutralidad de Estados Unidos, ni de las operaciones militares efectivas, ni de la Conferencia de la Paz, concedió la prensa norteamericana a Mr. Wilson aquel incondicional y unánime apoyo que pretende ahora para sí Mr. Coolidge, respecto de sus procedimientos en México y Nicaragua.

No ha sido costumbre en Estados Unidos permitir que los funcionarios del gobierno dirijan los diarios, y no llegará a ser costumbre. La clase de prensa que desea Mr. Coolidge se llama prensa reptil, que recibe sus inspiraciones de los funcionarios del gobierno y de los grandes intereses comerciales, y que imprime lo que desean aquéllos que están en el poder, suprime lo que desean aquéllos que se suprima y publica como noticias aquellos hechos que ayudan a sus patrones a alcanzar sus finalidades. No tiene conciencia ni opiniones propias, no realiza ninguna investigación independiente de los hechos, toma lo que se le da y hace lo que se le ordena.
Los diarios que apoyan al Partido Republicano centran el fuego sobre la presunta ayuda del presidente de México a la facción de Sacasa. Se habla con igual desaprensión de soldados rusos y soldados mexicanos luchando para instaurar poco menos que el Soviet en Nicaragua. La palabra “bolchevique” figura en todos los artículos de esa prensa. El índice de esa actitud está dado por el Washington Post, que en editorial de 31 de diciembre expresa que “si la Unión no apoya a Díaz, equivaldría a contribuir a los propósitos del general Calles de derribar al actual gobierno, para establecer en su lugar un gobierno comunista”, y luego sostiene: “Con el control comunista en Nicaragua, dirigido desde Méxi­co, Estados Unidos tendría al enemigo en las mismas puertas del Canal de Panamá.”

En realidad, el gobierno de Calles no había enviado a Nicaragua barco ni contingente alguno de soldados ni de marinos. No habiendo reconocido a Díaz, el gobierno mexicano, de acuerdo con las prescripciones del derecho internacional, no podía impedir la exportación de armas para combatir un gobierno al que no había reconocido. Prueba de la sinceridad y absoluto desinterés de México fue reconocer inmediata y públicamente al gobierno de Sacasa. Hablar de intervención armada resultaba risible, conociéndose como se conocía la debilidad militar y la falta absoluta de intereses o capitales mexicanos en Nicaragua.

No obstante, Díaz da a la publicidad una declaración dirigida al “público extranjero y norteamericano en general”, en la que después de advertir que se esperaba el inminente desembarco en Nicaragua, de una “expedición de filibusteros, trayendo armas, municiones, aeroplanos y personal militar mexicano”, informa que “ha solicitado de Estados Unidos que adopte las medidas pertinentes”.

Seguidamente expresaba: “No puedo creer que el gobierno y el pueblo norteamericanos permanezcan indiferentes ante la situación por la que atraviesa Nicaragua y que permitan que se les engañe mediante la propaganda tendenciosa de México, basada en el supuesto imperialismo norteamericano en América Central: Niego que haya existido en Nicaragua la influencia de banqueros de Nueva York y aseguro que Nicaragua no debe ni un centavo a banqueros extranjeros. En el desembarco de las fuerzas de marinería estadounidense veo solamente la mano protectora del gran hermano norteamericano, protegiendo a Nicaragua contra la dominación mexicana”.

El 3 de enero de 1927, La Prensa de Buenos Aires expresaba en su editorial:
El mundo civilizado y principalmente las naciones hispanoamericanas, no sale de su asombro al contem­plar la acción ilegal, desde el punto de vista del derecho propio y del universal, que las fuerzas navales de Estados Unidos realizan en Nicaragua.

Por el momento pudo abrigarse la esperanza de que el abuso que humilla a una soberanía, cesaría espontáneamente por efecto de la reacción mental, que parecía lógico se produjese cuando sus autores comprobasen, en el comentario general, que su actitud pone en peligro los progresos que el derecho internacional ha realizado en América.

Pero el presidente Coolidge ha dirigido a su pueblo unas palabras de año nuevo, que suenan a demanda de apoyo para la acción ilegal que ordenó, y el secretario de Estado también ha declarado que no existe ni existió el menor pensamiento de retirar las fuerzas estadounidenses desembarcadas en Nicaragua [...]. Los hombres que embarcaron en Estados Unidos en la aventura contra Nicaragua, pequeño país que tiene derecho a existir y manejarse independiente­mente [...] pudieran ser más grandes si confesaran su yerro.
La referencia a Kellogg obedecía a que dos días antes, dicho ministro había desautorizado una noticia de Londres, publicada por la News Agency, según la cual la Unión habría ordenado el retiro de la marinería en Nicaragua.

II
La repercusión de los hechos en el Senado de la Unión es intensa. El sector demócrata encabezado por Borah, La Follete, Norris y Wheeler fustiga despiadada­mente a Kellogg y Coolidge. El 2 de enero Wheeler presenta un proyecto de resolución declarando la “legali­dad de la elección del doctor Sacasa en 1924” y sosteniendo, que según la constitución nicaragüense, éste debía ser presidente en reemplazo de Solórzano; también se establece en el documento “que Díaz usurpó el poder violando el artículo 103 de la Constitución, que estipula una elección por voto popular como única autoridad para ejercer las funciones de presidente de la República”.

La resolución terminaba así: “Insistimos en que la vida de los residentes estadounidenses en Nicaragua no corre ningún peligro y llegamos a la conclusión de que Estados Unidos violó el derecho internacional y que por lo tanto, todos los buques de guerra y los marinos deben ser retirados inmediatamente.”

El 4 de enero las fuerzas navales yanquis, al llegar de El Bluff a Puerto Cabezas, proceden a desarmar a las tropas del gobierno que pelearon en Laguna de Perlas. Ese es el justificativo para adoptar idéntica medida con las fuerzas liberales, lo que confirma un telegrama de United Press, procedente de Washington. Otro cable se hace eco de las declaraciones de “un portavoz de la Casa Blanca”, según las cuales la política de Coolidge obedece a la necesidad de resguardar los derechos para la construc­ción del malhadado Canal, ya que “cualquier revolución o estado de anarquía que surja en Nicaragua, constituye una amenaza para los derechos de Estados Unidos, que fluya del mencionado tratado [...] como igualmente contra los intereses comerciales norteamericanos”, de donde se desprende que la Unión debe perseverar en su política de “protección”. El mismo cable consigna que “ha causado sorpresa la resolución del gobierno de vincular la cuestión de los derechos de una base naval con el conflicto de Nicaragua...”

El 5 de enero la Casa Blanca declara, con respecto a la suspensión de la prohibición de exportar armas en favor de Díaz, que a pedido del gobierno de éste, “hemos indicado que daríamos autorización para la exportación de las armas y municiones compradas por ese gobierno en Estados Unidos”.

El senador Borah manifiesta entonces:
La propaganda que se está haciendo, según la cual la doctrina Monroe halla la misma aplicación en los casos de México y de Nicaragua, no está fundada en hechos. La doctrina Monroe no tiene relación con las cuestiones suscitadas. Ningún gobierno europeo, ni exterior a América, está interviniendo en Nicaragua ni en México, ni pretende hacerlo. La revolución nicaragüense es llevada a efecto por los que preten­den que Sacasa es el presidente constitucional y ésta es una cuestión puramente interna. En México se trata de los derechos petroleros. Las compañías petroleras británicas parecen dispuestas a cumplir las leyes mexicanas. Bajo ninguna teoría concebible puede hallar aplicación en esto la teoría de Monroe.
Como si no hubiera sido suficiente con el secuestro del armamento de los liberales y la ocupación de las zonas que éstos retenían en la costa atlántica —que además eran neutralizadas para evitar toda ulterioridad—, el almiran­te Latimer, pretextando que las costas del Pacífico están amenazadas de invasión por fuerzas reclutadas en México, ordena la ocupación total de Nicaragua. El 6 de enero los diarios informan oficialmente que ciento cincuenta mari­nos del crucero Galveston desembarcaron en Corinto y se dirigieron hacia Managua, “a fin de proteger la Legación de la Unión”.

El departamento de Estado, que al principio se negó a comentar dicho desembarco, declaró más tarde que los encargados de negocios de Gran Bretaña e Italia, en Managua, “hicieron saber al enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Estados Unidos en aquella capital, que consideraban que los intereses de sus connacionales se encontraban en inminente peligro, y solicitaron la intervención del diplomático de la Unión”. El senador Wheeler manifiesta entonces que ese nuevo desembarco demuestra “la hipocresía del gobierno esta­dounidense, máxime cuando esa actitud contradice la última declaración del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, de que los marinos no serán utilizados para apoyar ni a Díaz ni a Sacasa”.

Los ciento cincuenta marinos del Galveston fueron apenas una punta de lanza. El 6 de enero, los elementos de guerra desembarcados fueron tan cuantiosos, para el país y para esa época, que durante toda la noche y parte de la mañana del día siguiente desfilaron desde la estación del ferrocarril hasta el Campo de Marte. Las fuerzas de Latimer se componían de 16 barcos de guerra, doscientos quince oficiales, tres mil novecientos soldados y ochocien­tos sesenta y cinco marinos.

Con tal motivo, Díaz da a conocer un manifiesto, en el cual expresa la “profunda satisfacción que le causa la llegada a Managua de las fuerzas navales de Estados Unidos, las que son recibidas por el pueblo de Nicaragua como una manifestación de la amistad y del interés de la Unión y como un augurio de una pronta paz y prosperidad para Nicaragua, cuya independencia y tranquilidad ha sido amenazada por la guerra civil instigada y financiada por México”. El pueblo, continúa el manifiesto, “ve con sumo agrado la medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos, para proteger la vida y la propiedad de sus connacionales residentes, amenazadas por una domi­nación mexicana en Nicaragua”. Termina sosteniendo que la intervención “ha sido plenamente justificada y agradece sinceramente el interés de Estados Unidos en esta emergencia”.

Para que no queden dudas sobre su contento, se declara feriado ese día. Los marinos a las órdenes del teniente coronel W. N. Richardson, desfilan según infor­mación de Managua, entre mueras a México y a los mexicanos y vivas a Estados Unidos. Las fuerzas quedan acantonadas en el mismo sitio en que lo estuvieron anteriormente, durante trece años.

La Federación Norteamericana del Trabajo declara entonces que Mr. Kellogg “cometió un error al recono­cer al presidente Díaz, y que el reconocimiento ha causado un malentendido innecesario, acerca del presti­gio moral de las instituciones democráticas norteamerica­nas en todo el mundo, porque fue injusto, dañoso e inútil para los pueblos de Nicaragua y de Estados Unidos”. La respuesta a este lamento la suministra el contralmirante Eberle, jefe de operaciones navales en el Caribe: 6 buques de guerra adicionales han sido enviados a Nicaragua: la nave-madre Argonne, con cuatrocientos soldados, los cruceros Cincinatti y Marblehead, y los destructores Barker, Smith, Thompson y Osborne.

Como circula el rumor de que dichas fuerzas tienen instrucciones para detener a todo barco mexicano que conduzca armas para el ejército liberal, los periodistas entrevistan a Kellogg, quien responde que “en las actuales circunstancias no es prudente informar si el almirante Latimer tiene o no esas instrucciones”, pero es sintomático que esas fuerzas sean las más numerosas que se hayan movilizado para operaciones en Centroamérica desde 1914, cuando ocurrió la ocupación de Veracruz.

Nuevas protestas de los senadores Wheeler, Norris, Copeland y Borah se dejan oír. El primero, que tres años antes había provocado la renuncia de Daugherty, el procurador coimero, exige la de Kellogg, el “secretario incapaz”. Norris, a su vez, expresa: “Hemos permitido a Sacasa; esto significa que estamos participando en un acto de guerra. Esto es, prácticamente, una declaración de que sostendremos el régimen de Díaz con nuestras armas y nuestro ejército, lo que tendrá como resultado para el gobierno de Washington, la pérdida de las pocas amistades que le quedan en la América Latina”.

III
El 7 de enero, al término de la reunión de gabinete, Kellogg, entrevistado por los periodistas, declara que “no corresponde a Estados Unidos el deber de buscar al presidente fugitivo (Solórzano) y volver a colocarlo en el poder. La Constitución de Nicaragua —agrega— estable­ce la elección del presidente por la legislatura en el caso de destierro o huida del presidente electo; esto fue lo que hizo la legislatura y por consiguiente, el señor Díaz es el presidente legal y constitucional”.

El mismo día, el New York Times dice: “En Washing­ton apenas se notan algunos indicios de imparcialidad, no se niega con convicción, sino con una especie de sonrisa enigmática, que estamos interviniendo en Nicaragua.” Pero los diarios de Hearst, New York American y New York Journal, no parecían resentirse por tal actitud. Al contrario, como lo veremos por los párrafos que a continuación siguen, propugnaban medidas más enérgicas aún:
Mr. Coolidge ha resuelto mantener firmemente la política norteamericana con respecto a Nicaragua. Debe ser felicitado y el pueblo de Estados Unidos merece también serlo. Hemos sido demasiado débiles en vacilar durante tanto tiempo en la política exterior de nuestro gobierno. Hemos estado obser­vando los débiles principios de Wilson, en lugar de inspirarnos en las políticas de Cleveland y Roosevelt. Este país desea el mantenimiento de la paz, pero también desea mantener la dignidad y prestigio de la nación y los derechos e intereses de su pueblo. Es un país demasiado grande para hacer el “bravo” y demasiado grande también para aparecer como un cobarde. Una política norteamericana firme tendrá el apoyo de todos los norteamericanos viriles, y los figurones políticos que levanten sus voces contra ella se convencerán muy pronto que no interpretan de manera alguna los sentimientos y el espíritu de nuestro pueblo.
Este artículo, que lleva la firma del propio Hearst, figuraba en la primera página de los diarios citados, con títulos notables orlados con diminutas banderas estadou­nidenses. Contrastando con esta actitud, el Comité de la Liga por una Democracia Industrial protestaba ante Kellogg por la acusación que éste dirigiera contra México, imputándole actividades “bolcheviques”, como justificati­vo por su intervención en Nicaragua. La carta firmada por el historiador socialista Harry Laidler, recordaba las obras realizadas por Calles en materia de instrucción pública, finanzas, riego y reforma agraria, y señalaba la oposición existente entre el gobierno mexicano y el movimiento comunista internacional. A su vez, el senador Borah volvía a la carga con otra declaración:
La presidencia de Díaz —decía— viola todos los preceptos constitucionales y todas las estipulaciones del tratado de las cinco naciones centroamericanas. Por mi parte me opongo a la participación de Estados Unidos en las controversias centroamericanas, pero si hemos de participar en ellas ha de ser para apoyar a las autoridades constitucionales. Si hay alguien en Nicaragua que tenga títulos constitucionales eviden­tes para ser presidente, es Sacasa.

El resultado de todo esto es que ahora hemos reconocido a aquéllos que han provocado la revolución contra los que legal y constitucionalmente habían elegido como vicepresidente al doctor Sacasa. Díaz no tiene más derecho a ser presidente constitu­cional de Nicaragua que cualquier otra persona de ese país que nosotros elijamos.
Es preciso, a riesgo de abrumar al lector con la reproducción de las informaciones periodísticas, traerlas a colación, para que tenga una noción lo más aproximada posible del clima creado en torno de la intervención. Nada lo da mejor, precisamente, que los comentarios de la época, mucho menos reservados que los que hoy es dable leer acerca de asuntos interamericanos no menos graves e importantes.

Podría decirse algo más todavía acerca de las declaraciones de Kellogg referentes a la “huida” de Sacasa y sobre lo que el abandono de su cargo entrañaba; por ejemplo podrían reproducirse estas significativas declara­ciones de Carazo Morales, secretario de Sacasa, cuando éste se hallaba en la Unión, hechas a
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