Colección latinoamérica




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Associated Press el 9 de enero:
“Los funcionarios del Departamento de Estado, mientras el señor Sacasa estuvo en este país, le aseguraron que obtendrían que volviese a la presidencia. Cada vez que el señor Sacasa estuvo en este país, los funcionarios de la División Latinoamericana del Departamento de Estado le recomendaron que permaneciese en Washington, particularmente en una ocasión en que, en febrero del año pasado, Sacasa recibió un telegrama de Nicaragua instándole a regresar inmediatamente. Esos mismos funcionarios le recomendaron que esperase un mes más. Al cabo de ese tiempo le dijeron que tuviese paciencia, pues todo se arreglaría sin derramamiento de sangre”.
Este deambular por las oficinas de Washington no habla muy bien de Sacasa. Mucho menos bien hablaría de él, entretanto, la siguiente declaración que hizo a United Press el 9 de enero:
La guerra civil que en estos momentos se desarro­lla en Nicaragua no afecta en lo más mínimo las concesiones de Estados Unidos para la construcción del canal o sus bases navales. Para este país, la lucha nuestra debe ser una cuestión puramente interna y limitada al restablecimiento del orden constitucional y a la destrucción del régimen viciado de nulidad que actualmente impera en el país.

Desde mucho tiempo atrás el Partido Liberal ha hecho pública manifestación de su respeto hacia los compromisos contraídos por la República, y yo he reiterado idénticas declaraciones en el discurso inaugural al pueblo de la nación. No existe, por otra parte, ningún antecedente que justifique el recelo de que el Partido Liberal o yo personalmente, actuemos en contra de los altos intereses de Estados Unidos en Nicaragua.
Objetivamente, estas declaraciones tenían muy poca o ninguna diferencia con las que formulaba Díaz para granjearse la buena voluntad y el apoyo de Washington. Últimamente había declarado Díaz: “El Partido Conserva­dor de Nicaragua hace 15 años encontró al gobierno soportando la carga de una deuda de 32 millones de dólares. El partido buscó la ayuda de los peritos financieros norteamericanos, lo que dio por resultado la reducción de la deuda a 7 millones, y el ferrocarril nacional y el banco son ahora propiedades libres de hipoteca del Estado nicaragüense”.

Pero Díaz no decía que la deuda de 32 millones era en pesos papel, amortizada en una proporción de 2.50 a 1; que los peritos yanquis recibieron buenos honorarios por sus benévolos servicios, y que exigieron una ganancia de más de 2 millones de dólares antes de que el ferrocarril y el banco quedaran libres de hipoteca; y que de esa propiedad libre de hipotecas del Estado nicaragüense, los peritos obtenían una entrada anual de 36000 dólares. En cuanto a la expresión de Díaz: “Mi gobierno con agrado contrataría un empréstito para la construcción de una línea férrea hacia el Atlántico; desgraciadamente, los banqueros neoyorquinos que desean explotar a Nicara­gua, según se deduce, no están dispuestos a considerar empréstito cuantioso alguno, mientras no se asegure la tranquilidad en Nicaragua mediante la protección contra las agresiones mexicanas”. The World manifestaba:
“La transparencia de la precitada declaración no requiere análisis ulterior: significa que los banqueros neoyorquinos no están dispuestos a extraer un beneficio de otros dos millones de Nicaragua, a menos que la Unión ponga en evidencia sus intenciones de mantener a Díaz en la presidencia”.

IV
El 8 de enero, ante un grupo de visitantes norteame­ricanos, el presidente Calles les manifiesta que la legislación mexicana confirma y reconoce los derechos sobre el subsuelo adquiridos antes de la vigencia de la Constitución de 1917, pero como las empresas petroleras afirmaban que se lesionaba su derecho de propiedad, en lo cual se veían respaldadas por el Departamento de Estado, México estaba dispuesto a someter las nuevas leyes del petróleo y de tierras ante el Tribunal Internacional de La Haya.

Agregó Calles que la cuestión planteada por Estados Unidos era “falsa y ficticia”, porque las empresas productoras de petróleo no habían sido privadas de derecho alguno. La única cuestión —observó— “ha sido planteada entre el pueblo mexicano y un grupo escaso de capitalistas norteamericanos, que tratan de valerse de su influencia ante el Departamento de Estado, para que se haga uso de la fuerza contra México, en favor suyo”. Afirmó luego que su gobierno no era bolchevique y que dudaba de que los miembros de su gabinete fueran capaces “de hacer una definición del bolcheviquismo”. Su progra­ma, concluyó Calles, no podía clasificarse en una escuela o una teoría política o científica alguna, “porque es sencillamente mexicano”.

Ese mismo día volvieron a escucharse airadas declara­ciones en el Senado de Estados Unidos. Ante la defensa que de Coolidge aventuró el republicano Edge, con el discutible argumento de que el presidente obraba de acuerdo con la “doctrina” Monroe, su colega Burton K. Wheeler le preguntó: “¿Hubiéramos jamás permitido nosotros, durante la Guerra de Secesión, que Gran Bretaña enviara tropas a Estados Unidos y declarara aquí zonas neutrales?”.

Luego, el senador Heflin sostuvo que la política del Departamento de Estado tenía por objeto la protección de las concesiones financieras estadounidenses en México y Nicaragua. Acto seguido el demócrata Hudleston presentó un proyecto de resolución en favor del retiro de las tropas de Nicaragua: “Yo no quiero —explicó— que un solo muchacho de Estados Unidos sea enviado a México para permitir a las compañías petroleras que continúen pagando gruesos dividendos a sus accionistas. Yo no quiero, desde mi banca de senador, permitir que mi patria sea llevada a una posición que no pueda ser recibida con honor ni dignidad, o que pueda conducirnos a una guerra. Protesto contra la política del gobierno, que deliberada y conscientemente está conduciendo al país a una guerra con México y creo que si se pidiera a nuestro pueblo su voto en el asunto, la casi totalidad votaría en contra.” Finalmente, Hudleston expresó que la imputa­ción hecha al gobierno de Calles, de hacer propaganda comunista en América Central, y que tenía un “gobierno soviético”, era una simple calumnia; y que si pese a todo la guerra estallaba, los primeros en ser enviados al frente de batalla debían ser los magnates petroleros E. B. McLean, propietario del Washington Post, y William R. Hearst, “el dueño de los pestilentes y escandalosos diarios amarillos”, que en conjunto eran los que más azuzaban la invasión a México.

El senador Wheeler volvió a tomar la palabra para preguntar por qué Estados Unidos no desembarcó marines en Italia, cuando el gobierno fue derrocado por Benito Mussolini. Enumeró luego las concesiones privadas que la Unión había logrado en Perú, Bolivia y otros países sudamericanos y preguntó si Coolidge iba igualmente a enviar tropas a esos países para proteger sus concesiones, en caso de que éstas corriesen riesgos. Por último tronó: “¿Es que vamos a emplear a los marines para proteger a las compañías petroleras de Doheny Sinclair y la Standard Oil?”

Que el verdadero motivo era México y su petróleo, y no Nicaragua, era denunciado con todas las letras en un editorial del New York Times:
Es evidente que el presidente cree que la verdade­ra gravedad del asunto reside en México y no en Nicaragua, y no es imposible que las severas palabras de Mr. Coolidge respecto de la conducta del gobierno de México puedan eventualmente provocar la caída de este. Tendríamos entonces el raro espectáculo de un gobierno norteamericano que de hecho promove­ría una revolución con motivo de denunciar otra. En los actos dispuestos por Mr. Coolidge y Mr. Kellogg, residen posibilidades de desagradables consecuencias.
Las “severas palabras” de Coolidge fueron pronun­ciadas en el Mensaje que éste enviara al Congreso el 10 de enero acerca de los sucesos de Nicaragua, o “dificulta­des”, como las llamaba, “las cuales —decía— en la actualidad amenazan seriamente la vida y las propiedades de los ciudadanos norteamericanos residentes en esa República y ponen en peligro, además, la estabilidad de toda Centroamérica, amenazando también los derechos acordados por Nicaragua a Estados Unidos para la construcción de un canal interoceánico”.

El mensaje merece por su importancia y para la mejor comprensión de los acontecimientos posteriores, ser transcripto en varias partes más. Después de referirse a la intervención de Taft en 1912, Coolidge agregaba:
En las actuales circunstancias, creo mi deber tomar todas las medidas necesarias tendientes a la estabilidad del gobierno de Nicaragua, si éste continúa amenazado por la revolución, puesto que los intereses de Estados Unidos serán seriamente afecta­dos o posiblemente, destruidos.

Los Estados Unidos no pueden dejar de preocupar­se con todo empeño en cualquier amenaza formal hecha contra la estabilidad de un gobierno constitu­cional en Nicaragua, que tienda a la anarquía y ponga en peligro los grandes intereses que le son propios, especialmente si tal amenaza o estado de cosas es fomentado por influencias exteriores, o por otra potencia.

Siempre ha sido y será la política de Estados Unidos adoptar en tales circunstancias, iguales medi­das, pues se ha considerado y se considera ahora necesario proteger la vida, la propiedad y los intereses de los ciudadanos norteamericanos y aun los del gobierno mismo.
Declaraba luego Coolidge que “en contestación a los numerosos pedidos”, el secretario de Estado pidió en una carta del 24 de agosto de 1926, al secretario de Marina, el envío de buques de guerra a Corinto y Bluefields, para proteger “los intereses de los ciudadanos norteamerica­nos y extranjeros en general”; que el ministro ordenó el 26 de octubre al almirante Latimer, declarara a Bluefields zona neutral, lo que éste habría hecho “con el consenti­miento de ambas facciones, redactándose un protocolo que aún están en vigencia”. Luego se refería a la Conferencia de Paz habida a bordo del Denver, en el puerto de Corinto, entre elementos de los partidos Liberal y Conservador, sobre lo cual acotaba:
Los delegados del señor Sacasa afirmaron libre­mente en esa conferencia, que la aceptación por parte de ellos, de cualquier gobierno que no fuese encabe­zado por el señor Sacasa mismo, sería faltar grave­mente a las promesas hechas a sus aliados mexicanos.

Sería fuera de toda lógica que Estados Unidos no prestara apoyo a un gobierno reconocido por nuestro país, en momentos en que fuerzas revoluciona­rias estaban recibiendo armas y municiones de países extranjeros. Algunos de los barcos que transportan esos pertrechos de guerra a los liberales de Nicaragua, han sido cargados en puertos mexicanos, y algunos de esos pertrechos presentan evidencias de haber pertenecido al gobierno de México. También parece ser que estos barcos han sido cargados con el conocimiento y en algunos casos, con el estímulo de funcionarios mexicanos. Hay hasta un ejemplo, en que un buque cargado de municiones estaba bajo el comando de un oficial de la reserva naval de México.
Seguidamente, el mensaje historiaba el tratado de 1923 entre las cinco repúblicas centroamericanas, y las consecuencias que tuvo para Nicaragua y para las elecciones donde triunfaran Solórzano y Sacasa; y relataba detalles ya conocidos del golpe de Chamorro, dos meses después de la partida de las tropas de ocupación.

El mensaje omitía señalar que antes de marchar a Bluefields, Sacasa había perdido su tiempo en antesalas en el Departamento de Estado, donde lo “demoraban” promesas de bienes futuros.

Coolidge describía luego la emisión de los empréstitos nicaragüenses en el extranjero, a raíz del tratado de 1924 con Estados Unidos, en el cual se adoptó un programa financiero “bajo el cual las finanzas nicaragüenses quedaron rehabilitadas en una forma muy satisfactoria”. A continuación sostenía que la revolución afectaría seriamente a las inversiones, “así como los tenedores extranjeros de esos bonos, se dirigirían indudablemente a Estados Unidos en demanda de protección para sus intereses”. Luego afirmaba:
Las relaciones de Estados Unidos con la actual situación en Nicaragua están determinadas por los hechos que he descrito. Estamos en una situación de peculiar responsabilidad, traídos a ella por los derechos de propiedad de Estados Unidos en la parte nicaragüense del Canal de Panamá (¿?), por todas las consecuencias de estos derechos para el dominio del canal y también por las obligaciones que provienen de la gran inversión de capital por parte de nuestros conciudadanos, en suelo de Nicaragua.

Tengo la seguridad de que no es el deseo de Estados Unidos intervenir en los asuntos internos de Nicara­gua o de cualquier otra nación centroamericana, pero a pesar de ello debe confesarse que tenemos un interés especial y definido en el mantenimiento del orden y de un buen gobierno en Nicaragua en el momento actual, y también debe decirse que la estabilidad, la prosperidad y la independencia de todos los países centroamericanos, son cosas a las cuales nunca podremos ser indiferentes.
Los buenos oficios de Estados Unidos fueron solicitados por las dos facciones en la contienda política de Nicaragua, con el propósito de llegar a un término del conflicto. El almirante Latimer hizo posible que se realizara un armisticio entre ambos bandos, para permitir que los delegados de cada uno de ellos pudieran reunirse con propósitos de discu­sión. Este armisticio, que en un principio era por un periodo de quince días, fue prorrogado por otros quince más.

A pedido de ambos partidos, las tropas de marine­ría de Estados Unidos desembarcaron en Corinto, para establecer una zona neutral, en la que la conferencia tuviera lugar. El señor Sacasa fue invitado a concurrir, pero se negó a hacerlo, permaneciendo en la ciudad de Guatemala. Estados Unidos no tuvo ninguna participación en la susodicha conferencia, salvo para proveer un presidente neu­tral para los debates, y para ofrecer los mencionados buenos oficios, con el propósito de hacer posible la celebración de la asamblea y la demarcación de la citada zona neutral.

Yo entiendo que en esa conferencia el señor Chamorro ofreció presentar su renuncia y permitir que el Congreso eligiese la persona a quien designase presidente. La conferencia no tuvo ningún resultado, pues precisamente cuando parecía que por medio de alguna concesión o arreglo se llegaba a un acuerdo, los representantes del señor Sacasa inte­rrumpieron repentinamente las negociaciones.
Después de reseñar el desembarco de Sacasa en Puerto Cabezas y los hechos que lo siguieron, Coolidge continuaba:
Como se tuvo conocimiento de que los revoluciona­rios estaban recibiendo armas y municiones, estimé que era absolutamente injusto no acordar a un gobierno reconocido por Estados Unidos, el proveer­se de armamentos en el extranjero y en consecuen­cia, el Departamento de Estado notificó al señor Díaz que serán acordados los permisos necesarios para la exportación de armas que adquiriera en Estados Unidos.

El artículo 106 de la Constitución de Nicaragua establece que a falta de presidente y de vicepresiden­te, el Congreso designará a uno de sus miembros para que complete el periodo de la presidencia. Como el presidente Solórzano había renunciado y estaba residiendo durante los tiempos que nos ocupan en California, y por otra parte, como el vicepresidente Sacasa residía entonces en Guatemala, habiendo estado fuera del país desde noviembre de 1925, la acción del Congreso de Nicaragua designando presi­dente al señor Díaz era perfectamente legal, y de acuerdo con esto el gobierno de Estados Unidos extendió al señor Díaz, en noviembre 17, su recono­cimiento como jefe del gobierno de Nicaragua. Y al asumir la presidencia el señor Díaz, solicitó de Estados Unidos, en noviembre 15, el apoyo del gobierno.
El mensaje del presidente Coolidge finalizaba de este modo:
Está fuera de toda duda, que si la revolución continúa los negocios e intervenciones norteamerica­nos en ese país quedarán gravemente amenazados, si no destruidos. La moneda nicaragüense, actualmente a la par tendrá que ser inflada. Los tenedores de bonos, tanto norteamericanos como extranjeros en general, tendrán que dirigir sus ojos al gobierno de Estados Unidos en demanda de protección de sus intereses.

Es cierto que Estados Unidos no estableció este plan financiero por ningún tratado, pero se realizó por las vías diplomáticas y asesoró las negociaciones y la implantación de ese plan para la reconstrucción financiera de Nicaragua.

Por estas consideraciones, creo de mi deber hacer uso de las facultades que me son conferidas para otorgar una protección adecuada a todos los intere­ses norteamericanos en Nicaragua si se encuentran en peligro, sea por los disturbios internos o por la intervención extranjera en los asuntos que son del resorte exclusivo de esta República.

V
Veamos ahora de qué modo reaccionó la opinión pública mundial frente al Mensaje de Coolidge.

Comencemos por anotar que el mismo día en que se leía, un telegrama procedente de Puerto Cabezas informa­ba que la marinería yanqui había arrojado al río Grande 2.500.000 cartuchos, propiedad de los revolucionarios. Junto a esta breve información, aparecían las críticas más demoledoras y acres con que prácticamente todos los diarios del mundo castigaban a Coolidge. En Londres, París y Berlín, la reacción adversa era idéntica.

En la capital alemana, para destacar el contraste, los diarios felicitaban al encargado de negocios alemán en Managua, que se había negado a suscribir con sus colegas inglés e italiano, el pedido de intervención y protección formulado por éstos. Además, la propia cancillería de Berlín ratificaba esa actitud de su funcionario, que había adoptado éste por propia voluntad y sin consulta previa.
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