Colección latinoamérica






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fecha de publicación09.02.2016
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Se había podido, pues, impedir que Estados Unidos interviniera en México. El presidente Plutarco Elías Calles había logrado aparentemente capear el temporal descargado por las empresas petroleras norteamericanas. Había sabido suscitar diferencias entre los distintos grupos y crear entre ellos conflictos de intereses, esos intereses, que según Silva Herzog49, “chocaban a menudo en aquel hervidero de ambición y codicia. Había luchas entre grupos opuestos, y las había aun cuando parezca increíble [...] hasta en las filiales y subsidiarias de un mismo grupo, luchas que se traducían en litigios encona­dos, oscuros y muchas veces sangrientos. Alrededor de los gushers más extraordinarios [...] giran sombrías historias de chicanas, robos, plagios, incendios y asesina­tos”.

Tal como lo hemos señalado páginas atrás, la política de Calles de reducir el tiempo para la confirmación de derechos petroleros, y de uniformidad de disposiciones para los dueños de la superficie y arrendatarios, había provocado toda clase de amenazas de intervención por parte del gobierno de Washington. Según lo señala Silva Herzog, la actitud del Departamento de Estado “fue dura y agresiva”. Algunas compañías “se retiraron en parte o totalmente del país, para ir a explotar los campos venezolanos que habían entrado al rango de productores de primer orden. Muy poco tiempo después se resolvió el problema entre el gobierno y las compañías. El gobierno de México se vio obligado a aceptar el principio de la no retroactividad, valiéndose de complicados eufemismos y rodeos jurídicos, ante la presión de la cancillería norteamericana”.

Los graves problemas internos mexicanos probablemente guiaron los cautelosos pasos de Calles en su relación con Washington. Habíase comenzado a acelerar la entrega de tierras a los campesinos, como uno de los medios de cumplir con la Revolución; paralelamente, el maestro de escuela que era Calles promovía un plan extraordinario de educación primaria y rural, y comen­zaban a organizarse ligas agrarias y sindicatos obreros. Surge con fuerza potente la CROM, poderosa central obrera acaudillada por Luis N. Morones. Al mismo tiempo, el conflicto religioso adquiría características de franca insurrección: los “cristeros”, ejércitos de fanáticos, se lanzaron a una virtual guerra civil.

El pragmatismo de Calles iba a conducirle a rebajar el nivel de su intransigencia, respecto del artículo 27, sin renunciar a sus postulados. Cesó de “radicalizar” su posición frente a las empresas petroleras y llevó paulati­namente las cosas hasta un statu quo perfectamente conveniente para la tranquilidad de la Standard Oil y de sus personeros, dando a México un respiro de paz y tranquilidad, por lo menos en el orden de sus relaciones exteriores, normalmente maltrechas en lo que a su poderoso vecino del Norte se refiere.

La transición se operaba por ambas partes, como lo indicaba el proyecto del senador Joseph Robinson. Miles de telegramas y cartas llegaban entretanto a Washington, apoyando la idea del arbitraje, al mismo tiempo que las demandas exigiendo la renuncia de Kellogg se tornaban más insistentes.

Debía entrar en vigor la ley de propiedad territorial para ciudadanos extranjeros, que establecía un registro —por cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores— donde los interesados hacían renuncia formal del derecho que pudiera asistirles, para solicitar protección de sus respectivos gobiernos, en conflictos suscitados dentro de la jurisdicción mexicana. Gran número de propietarios, tanto norteamericanos como de otras nacionalidades, cumplieron el requisito, inscribiéndose. No así treinta y una compañías petroleras, entre ellas las de Águila, Huasteca, Richmond y Transcontinental, que presentaron apelacio­nes ante los tribunales, procurando demorar su cumplimiento. Esas mismas compañías protestaron contra la idea del arbitraje, alegando la promesa hecha por el gobierno de la Unión de “garantizarles sus derechos”. El 21 de enero Calles declaraba estar dispuesto a aceptar en principio, que las “dificultades” con Estados Unidos fueran resueltas por arbitraje, y el 25, el Senado de la Unión aprobaba por unanimidad la moción Robinson, según el siguiente texto:
Se resuelve, que si bien por virtud de su soberanía, el gobierno se halla en el deber de proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos residentes en el exterior, deber éste que no puede ser descuidado ni postergado, es de muy buena política —consistente con el honor nacional, con los bien entendidos intereses de Estados Unidos y con la promoción de la paz y de la buena voluntad internacional— someter a un tribunal arbitral, el cual deberá explicar las fórmulas consagradas del derecho público, las con­troversias con México sobre confiscación o anulación de los derechos de propiedad adquiridos por ciudadanos o corporaciones norteamericanas en dicho país.

Que el convenio para la celebración del arbitraje deberá contener una específica protección de todos esos derechos, mientras duren las negociaciones arbitrales, quedando sin embargo, aquéllos sujetos a la decisión final a que se llegue.

Que con espíritu de amistad y de buena voluntad deben realizarse los más empeñosos esfuerzos para concluir convenios, que obliguen a ambos gobiernos a adoptar una política que observe y ponga en vigor los laudos que puedan dictarse como resultado de estas negociaciones arbitrales.
El 26 de enero, en otro de los innumerables debates acerca de la situación en Hispanoamérica, el senador republicano Hiram Bingham sostuvo que Kellogg poseía las pruebas de la intervención de Calles en Nicaragua. Le contestó Wheeler, preguntándole: “Si así fuera, ¿por qué no las presentó cuando se las pedimos?” Tres días más tarde, el fogoso senador por Montana volvió a la carga:
“Estados Unidos han abrazado una política imperia­lista execrable —dijo—. ¿Cuánta no es nuestra cobardía y de cuánta bajeza no somos culpables al permitir que unos cuantos mercenarios de la ciudad de Nueva York arrebaten las soberanías de pueblos como Haití, Santo Domingo, Nicaragua, México o cualquier otro?

“¿Vamos a consentir que nuestros compatriotas obtengan concesiones o títulos mediante 'coimas' y corruptelas, de países débiles y atrasados, que después serán oprimidos por nuestros soldados, para que aquellas concesiones sean respetadas? Mi temor es que si el Congreso no puede obligar a Mr. Coolidge y a Mr. Kellogg a cambiar su actitud imperialista en México, tan pronto como se aplacen las sesiones legislativas se producirá el retiro del reconocimiento al gobierno mexicano, el cual debiera ser inviolable. A este retiro seguirán los tiroteos, y veremos entonces a nuestros soldados salir de los cuarteles para guerrear en tierra mexicana”.

II
En Washington, la oposición del gobierno a las leyes petroleras mexicanas adquiere otro matiz, cuando se revela que una de las empresas más grandes afectadas por la ley es la Gulf Oil Corporation, en la que poseen una participación fiscalizadora el secretario de Hacienda, Mellon y su familia. Mellon confirma que la Gulf Oil se resistió a aceptar las nuevas disposiciones, pero niega que él posea su fiscalización y agrega que “no ha ejercido su derecho al voto en la dirección de la compañía” desde que empezó a desempeñar su cargo oficial; que no es él sino W. L. Mellon, su sobrino, el presidente de esa empresa. Pero The World denuncia que la mayor parte de la producción petrolera de México está fiscalizada por los “cuatro grandes”, que son Doheny, Sinclair, Mellon y la Standard Oil. Su corresponsal en Washington, Paul Anderson, informa que no es un secreto para nadie que Mellon es el miembro del gabinete que más influencia ejerce sobre Coolidge, influencia que confirma el senador Reed, al sostener que “Mellon domina al gobierno”.

El 3 de febrero, el Senado de la Unión aprueba un proyecto de resolución, por el cual se solicita al secretario de Estado “toda la información referente a la forma en que el gobierno mexicano obliga al cumplimien­to de las leyes sobre tierras y que afectan a los intereses norteamericanos”. Igualmente le solicita el nombre de los norteamericanos y de las sociedades de ese país que poseen o pretenden poseer derechos sobre los terrenos petroleros de México.

El día 15, ante la Subcomisión de Relaciones Exterio­res del Senado, el miembro de la Cámara de Comercio mexicana, José Bejarano, dio cuenta del boicot financiero y económico decretado en la Unión contra México, que estimó estaba dirigido desde el Departamento de Estado. Señaló que los banqueros yanquis se negaron a renovar los préstamos en México y que en algunos casos se negaron a concederlos, siendo muy sintomático el hecho de que las exportaciones de la Unión a su país fueran 10 millones de dólares menores en 1926 que durante el ejercicio anterior. Como irritante contraste, Kellogg declara ese día en el Senado que las compañías petroleras estadounidenses “controlan el 90 por ciento de los campos de petróleo de México, y que producen el 70 por ciento del petróleo de ese país”.

El 28 de febrero, contrariando declaraciones de Kellogg en el sentido de que cuarenta y tres empresas petroleras en México se habían negado a aceptar las nuevas leyes, el presidente Calles, a pedido del senador Borah, informa a éste por carta, que solamente alcanzan a 22 las compañías recalcitrantes, lo que significa un seis por ciento del total. Las que aceptaron la ley explotan en conjunto 26.835.000 acres de tierras petroleras, en tanto que las que la rechazaron —Standard Oil y los grupos Doheny y Sinclair—, 1.568.000 acres. Siguen así las fintas, las réplicas y contrarréplicas, las acusaciones y calumnias, pero aunque no se ha solucionado el problema, la situación en México ha pasado a segundo plano, en virtud de que los sucesos en Nicaragua llaman con más fuerza la atención de todo el mundo. No obstante, el peligro de intervención en México no ha cesado del todo.

El 19 de marzo. The World de Nueva York vuelve sobre la cuestión México:
Los partidarios que la guerra tiene dentro del gobierno, no desean arreglar la disputa relativa a los yacimientos petroleros, sino derrocar al gobierno del presidente Calles: no buscan una solución del conflic­to pendiente, sino una revolución en México y el establecimiento de un gobierno como el que existe en Nicaragua, es decir, que sea un instrumento en manos del Departamento de Estado. Este último, que está dominado por el partido que desea la guerra, quiere que el gobierno de México haga lo que se le ordene, como lo hacen Díaz en Nicaragua y Bornó en Haití. La abrogación de la prohibición de exportar materiales de guerra es el arma que el partido bélico siempre ha querido emplear para derrocar al gobier­no mexicano.

Habrá en el país una oposición suficientemente fuerte y bien preparada para hacer, con respecto a la actual intriga contra México, lo que hizo en ocasión de las intrigas internas bajo el gobierno de Harding. Necesitará algún tiempo, pero la hará.
Las observaciones de The World obedecían al anuncio de que se levantaría la prohibición de vender armas a quienquiera que las solicitase al sur del río Bravo. Como además del gobierno de Calles, los únicos que podían interesarse en compras de armamento eran los “cristeros” o cualquier otro militar que quisiera alzarse al estilo usual contra los poderes constituidos, era evidente que la medida del Departamento de Estado era una nueva reiteración del chantaje utilizado desde los tiempos de Taft y Wilson contra México y su pueblo.

No obstante esas muestras de hostilidad, Coolidge seguía jugando el papel de mansa ovejita, incapaz de dañar a nadie y admirada de que se pusiera en tela de juicio su mansedumbre e ingenuidad. El 25 de abril, con motivo del vigésimo aniversario de la creación de la United Press, pronuncia en el banquete alusivo un discurso, en el que refiriéndose al papel de la prensa, de la que tenía sobrados motivos para considerarse afectado, sostuvo:
“...La otra actitud, que es igualmente peligrosa, consiste generalmente en ataques maliciosos y tendenciosos contra la conducta de nuestro propio gobierno, cuando se esfuerza por defender los derechos de los norteamericanos, en caso de ser éstos amenazados o invadidos por una nación extranjera.

“Nuestro gobierno, por lo general, se ha mostrado demasiado remiso y no demasiado activo, para sostener los derechos de los ciudadanos norteamericanos en el exterior. Esa ha sido durante tanto tiempo nuestra política, que resulta inconcebible que pueda asumir ahora una actitud violenta...”.
Leamos ahora de qué modo justificaba su actitud intervencionista:
La persona y la propiedad de un ciudadano forman parte del dominio general de la nación, aun cuando se halle en el exterior. Por otra parte, hay una obligación importante por parte de los gobiernos que se respeten, que impone el deber de proteger las personas y la propiedad de sus ciudadanos, sea cual fuere el lugar donde se hallen.

Estos principios están comprendidos en algunas de las dificultades que nuestro país ha tenido reciente­mente con otras naciones, y especialmente con México.

En ese país el orden público jamás ha sido del todo completo. Pero últimamente, nuestras dificultades se han hecho mayores, a causa de la emisión de leyes por el mismo gobierno, las que a nuestro parecer, significan una confiscación virtual de la propiedad de nuestros ciudadanos, hasta en los casos en que ésta se hallaba garantizada por títulos establecidos hace muchos años.

Durante más de treinta años el gobierno del presidente Díaz nos animó considerablemente para hacer inversiones de capitales y propender al desa­rrollo de toda clase de fuentes naturales de riqueza del país, lo mismo que de los medios de transporte y de las industrias. Después de terminado el gobierno del mencionado presidente, a consecuencia de una revolución, existió en el país el mayor desorden, sucediéndose los primeros magistrados, los unos a los otros, rápidamente.
Después de relatar los acontecimientos ocurridos en México hasta el momento en que, gracias a la formal garantía de que las propiedades norteamericanas serían respetadas por el general Obregón, éste fue reconocido por Washington, Coolidge añadía:
Durante el invierno de 1924 iniciáronse activida­des revolucionarias en México, las que al parecer iban a lograr la renuncia del presidente Obregón. Para evitar esto, nuestro gobierno abasteció de armas y municiones a este último, acordándole créditos a largos plazos y dándole la ventaja de nuestro apoyo moral. Nuestra ayuda lo mantuvo en su puesto.

Tan pronto como asumió el poder el presidente Calles, éste, de conformidad con el Congreso mexica­no, presentó una serie de proyectos de leyes y ordenanzas que consideramos como una amenaza de confiscación de la propiedad de nuestros ciudadanos. Privada de todo carácter técnico y discusiones legales, es ésta la principal controversia que nuestro gobierno tiene ahora con el de México. No pretende­mos negar su derecho a apoderarse de cualquier propiedad, siempre que pague una compensación justa.

En lugar de desear que prosiga cualquier agresión o participar en cualquier opresión, estamos tratando de demostrar a su gobierno, por intermedio de los más amistosos oficios, que su actitud en lo que se refiere a la propiedad, no solamente traerá como resultado un perjuicio económico para su propio pueblo, al impedir la inversión de capitales extranje­ros tan necesarios para su desenvolvimiento, sino que entorpecerá grandemente sus relaciones amisto­sas con cualquier otra nación interesada.

Es una ley principal y un principio que la propiedad privada no debe ser tomada sin una compensación justa. Este principio figura en nuestra Constitución nacional y en la de los demás Estados. No conozco ninguna constitución escrita que no contenga una cláusula similar.

Posiblemente México siente que el derecho de hacer una Constitución y aprobar leyes es privilegio de su soberanía, y no permitiría que se hiciera de ello cuestión. En consecuencia, parece que es más proba­ble que podamos asegurar un arreglo por medio de negociaciones. Me complazco en informar que el embajador de México ha declarado recientemente que México no tiene la intención de confiscar nuestra propiedad y ha demostrado diligencia en apresar y castigar a aquéllos que asesinaron a ciudadanos de nuestro país, y ha expresado el deseo, que comparti­mos en un todo, de mantener cordiales y amistosas relaciones.
Luego el presidente yanqui expresó, con relación al “problema” de Nicaragua:
Durante una docena de años hemos mantenido una fuerza de marinería en aquel país, a solicitud insistente de su gobierno. En ese tiempo, el pueblo se mantuvo pacífico, ordenado y próspero y se redujo grandemente la deuda nacional. Casi enseguida que yo retiré las fuerzas de marinería, estalló una revolución. Finalmente, el Congreso designó un presidente de la República; nos parecía, como a otros países centroamericanos, que su título era constitu­cional y en consecuencia, nosotros lo reconocimos. Como los desórdenes continuaban, y ante la declara­ción de que él no podía proteger las vidas y las propiedades de los norteamericanos, envié una fuer­za de marinería con ese propósito.

Indudablemente, su presencia impidió que las ciudades más grandes fueran víctimas del saqueo, y la lucha se confinó en su mayor parte a zonas no habitadas. Vendimos armas y municiones —como hicimos en el caso de México— al gobierno de Nicaragua. Las fuerzas revolucionarias estaban reci­biendo al parecer, armas y municiones procedentes de alguna fuente en México.

Además, y aparte de la propiedad privada de nuestros ciudadanos en que se efectúan principal­mente operaciones agrícolas y de aprovechamiento de maderas de construcción, nuestro gobierno se ha asegurado el derecho de construcción de un Canal y el establecimiento de una base naval, por todo lo cual ha pagado la suma de tres millones de dólares.

Contrariamente a la impresión general, no existen propiedades petrolíferas en Nicaragua, por más que he visto caricaturas que representan a ese país lleno de pozos de esa naturaleza. Nuestro país consume grandes cantidades de petróleo y nafta... Si estos productos quieren conservar un precio razonable, lo que es de suma importancia para una gran parte de nuestra población, nuestros ciudadanos, que van al exterior para explotar nuevos yacimientos con los cuales aumentar la producción, deben ser animados y ayudados por nuestro gobierno.

No hacemos una guerra mayor en Nicaragua que la que hace un agente de policía a un transeúnte. Estamos allí para proteger a nuestros ciudadanos y a su propiedad contra la destrucción por la guerra y a la vez, para animar en la medida de nuestras fuerzas a los que desean la restauración de la paz. Mientras que la destrucción de vidas y propiedades ha sido ya así, bastante seria, a no ser por la presencia de nuestras fuerzas militares, hubiera sido mayor.

Hacia los gobiernos de las naciones de este lado del Canal de Panamá que hemos reconocido, sentimos una responsabilidad moral que no existe para con los demás países... Nos hemos propuesto desanimar a los revolucionarios dentro de esta zona y propender a la solución de las diferencias políticas por el método pacífico de las elecciones... Este territorio es rico en fuentes de riquezas naturales, y guiado por gobiernos ordenados, es capaz de llegar a un grado de desarro­llo tal, que todos sus habitantes puedan disfrutar de beneficios de una moderna civilización.

No deja de ser curiosa la circunstancia de que muchos de los que se mostraron más entusiastas cuando se trataba de intervenir en los países del Asia (alude a Borah), tan lejanos y en los que no teníamos otros intereses que los que nos ligan a la humanidad en general, han sido los que más han criticado la actitud de nuestro gobierno cuando intervino, con el único fin de propender al manteni­miento del orden, a la continuación en el poder de gobiernos legalmente establecidos y a la protección de la vida y propiedad de nuestros ciudadanos bajo el dominio general de la ley en estos países, que están tan cerca de nosotros y donde tenemos tantos y tan importantes intereses.
El discurso terminaba con estos conceptos:
Un período reciente ha colocado a Estados Unidos en una nueva posición en el mundo, y tendremos que soportar las inevitables críticas y tratar de descar­garnos de las inevitables obligaciones surgidas de esta condición.

[...] Aunque intentáramos prestar nuestra ayuda para componer las dificultades y apoyar el derecho internacional, debemos esperar que se nos acuse de fines imperialistas. En nuestras actividades interna­cionales debemos mantenernos a la altura de la justicia y de la equidad. Debemos ser calmos en tomar la ofensiva y rápidos en conceder el perdón. El mundo sabe que todo el genio de Estados Unidos siempre apela a la justicia, en apoyo de los derechos universales de la humanidad.

La civilización del mundo se ha conseguido por medio de la aceptación y la observancia general de reglas definidas de la conducta humana. Nuestro deber pide que se entienda bien claramente, tanto en el interior como en el exterior, que no perdemos la fe en esos principios. Aquéllos que los violan no pueden esperar que les concedamos nuestra aprobación. Debe observarse especialmente tolerancia para aqué­llos que todavía luchan para mejorar las condiciones de su propio pueblo y para conquistar una mayor libertad. Apoyamos las demandas de derecho y justicia, e igualmente somos solícitos en la observación de los llamamientos de merced y compasión.
Nos hemos permitido esta amplia transcripción del extensísimo discurso de Coolidge, como nueva prueba de su pensamiento. Sus afirmaciones prácticamente no merecen comentario alguno, ya que son de por sí lo suficientemente explícitas como para precisarlo. No obstante,
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