1. 1 Un conflicto más allá de las guerrillas 7




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COLOMBIA
Un país formal

y otro real


Fundación CEPS

(Centro de Estudios Políticos y Sociales)
Valencia (España), octubre 2006
ÍNDICE


  1. LAS DOS COLOMBIAS 4


1.1 Un conflicto más allá de las guerrillas 7

1.2 Paramilitarismo: una estrategia de Estado 9

1.3 Técnicas paramilitares, “una manera segura y útil” 14

1.4 Convergencia siniestra 17

1.5 Control social y económico 20

1.6 Proselitismo armado 23

1.7 Elecciones 2006: paramilitares en campaña 28
2. LEGALIZAR EL PARAMILITARISMO 32
2.1 Connivencia entre Fuerza Pública y paramilitares 32

2.2 Proceso de paz con las AUC, “un encuentro entre amigos” 35

2.3 Uribe, fichado por el Pentágono 38

2.4 Normas que garantizan la impunidad 40

2.5 La mal llamada ley de “Justicia y Paz” 42

2.6 Una nueva generación de paramilitares 47
3. UNA “SEGURIDAD” CONTRARIA

AL ESTADO DE DERECHO 50

3.1 Legislación represiva 51

3.1.1 Estado de conmoción interior 52

3.1.2 Estatuto antiterrorista 54

3.1.3 Corrupción y guerra sucia en la Fuerza Pública 54

3.1.4 Fomento de la impunidad 56

3.1.5 Limitar la tutela y la Corte Constitucional 59
3.2 Violencia sociopolítica 60

3.2.1 Escasa fiabilidad de la versión oficial 62

3.2.2 Homicidios y desapariciones 65

3.2.3 Torturas 67

3.2.4 Secuestros 69

3.2.5 Desplazamiento forzado 69

3.2.6 Detenciones arbitrarias 73

3.2.7 Infracciones al DIH por parte de las guerrillas 75

3.2.8 Negociaciones con las guerrillas 77
3.3 Grupos especialmente vulnerables 78

3.3.1 Niños y mujeres 78

3.3.2 Indígenas 81

3.3.3 Comunidades en resistencia civil 86

3.3.4 Defensores de derechos humanos 91

3.3.5 Sindicalistas 97
3.4 Un país empobrecido 100
3.5 Conflicto y medio ambiente 107
4. COLOMBIA, EN EL ESCENARIO

INTERNACIONAL 114
4.1 Relaciones difíciles con los vecinos 114
4.2 Intervencionismo de EE UU 116

4.2.1 Plan Colombia 117

4.2.2 Tratado de Libre Comercio 124
4.3 Unión Europea, una de cal y otra de arena 127

4.3.1 Destino incierto de la cooperación 130

4.3.2 España, del distanciamiento a la armonía con Uribe 134
ANEXO I: LA UNIÓN PATRIÓTICA, UNA

ESPERANZA AHOGADA EN SANGRE 140

ANEXO II: LA IZQUIERDA COLOMBIANA,

EN ASCENSO 157

ANEXO III: NUEVOS GRUPOS FORMADOS

TRAS LA DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR 174

ANEXO IV: FICHA DEL PENTÁGONO SOBRE

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 176

ANEXO V: PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE COLOMBIA 177

1. LAS DOS COLOMBIAS

Existen dos Colombias. Una es la que se proyecta en el exterior como la democracia más estable de Latinoamérica a pesar del narcotráfico y del terrorismo, ajena a las dictaduras que asolaron el continente y con elecciones formales cada cuatro años; la que goza de una moderna Constitución que incluye más de un centenar de artículos destinados a consagrar los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección; la que ratifica todos los convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos y la que, según el Banco Mundial1, se convirtió en los últimos años en una de las naciones del mundo con mejores condiciones para hacer negocios2. La otra, la real, es la que sufren diariamente la mayoría de los colombianos sometidos a unas condiciones de vida deplorables (las estadísticas más benévolas sitúan a la mitad de la población en la pobreza) y a una violencia social y política cuya intensidad no deja de aumentar: con el comienzo de este siglo alcanzó la cifra de veinte personas muertas cada día.
En Colombia confluyen una serie de factores que hacen del país una excepción en el contexto latinoamericano y un punto de interés en el escenario internacional. En primer lugar, su situación geográfica -puente entre Centroamérica y Sudamérica, bañada por dos océanos- y sus riquezas naturales la han convertido, a lo largo de la historia, en objetivo codiciado por los más diversos intereses hasta el punto de que a inicios del siglo pasado se provocó su desmembración territorial (independencia de Panamá instigada por EE UU para controlar el canal). Pese a la sucesión de gobiernos de tintes autoritarios siempre ha existido una fuerte respuesta social a través de todo tipo de organizaciones para la defensa de los derechos fundamentales y de sindicatos y partidos de la izquierda. En tercer lugar, hay que destacar que la confrontación política en Colombia se ha expresado, al menos en los últimos cincuenta años, también mediante la lucha armada (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es la guerrilla más antigua del mundo) lo que, al margen de las deviaciones de sus objetivos iniciales, es un factor fundamenteal a la hora de trazar el futuro del país. Además, a partir de la pasada década de los ochenta el narcotráfico ha jugado un papel fundamental en la vida nacional (afectando tanto a los actores legales como a los ilegales del conflicto) y en el escenario internacional (según reiterados informes de la CIA, abastece el 90 % de las necesidades del mayor consumidor mundial, que es EE UU). La combinación de estos cuatro elementos -situación geoestratégica, resistencia social, lucha armada y narcotráfico- ha desencadenado un quinto que en buena parte es la causa, al menos en el siglo XX y en lo que va corrido de éste, de muchos de los males que padece la sociedad colombiana: Estados Unidos ha hecho de Colombia la punta de lanza de sus intereses en la región, “esto hace que la Casa Blanca contemple convertir a este país en una suerte de Israel sudamericano, esto es, una base de operaciones militares, de espionaje y de control territorial, desde la cual monitorear los más diversos procesos políticos, económicos y sociales en curso en el corazón mismo de América del Sur”3, especialmente en la coyuntura actual en la que opciones democráticas contrarias a la política estadounidense gobiernan varios países de la región. Colombia es el país latinoamericano al que se concede más ayuda militar estadounidense (3.647 millones de dólares de 1998 a 2004) y uno de los cinco que más reciben a nivel mundial, junto a Israel, Egipto, Afganistán e Irak. Después de Bagdad, Bogotá es sede de la mayor embajada gringa en el mundo, “toda clase de misiones militares, amén del personal especializado del FBI, la DEA y, por supuesto, la CIA, operan sin tapujos en el territorio nacional en un proceso que bajo el actual Gobierno (de Álvaro Uribe Vélez) se ha intensificado hasta el paroxismo”4.
La ruptura en 2002 de las conversaciones de paz del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y los grupos guerrileros de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) generó en Colombia un ambiente de decepción y escepticismo sobre la posibilidad de una solución política y negociada al conflicto (el Gobierno quería dialogar sin ceder privilegios de las clases dominantes y la guerrilla quería negociar sin parar la guerra). Este hecho, la influencia de los atentados del 11 de septiembre, el mayor rechazo por parte de sectores sociales a los desmanes de la guerrilla -acciones sistemáticas que infringen el derecho internacional humanitario como secuestro, reclutamiento forzado o voluntario de menores, eliminación de militares en estado de indefensión, uso de armas con efectos indiscriminados, masacres contra civiles, etc.- y las presiones que, según las organizaciones sociales, ejercieron los grupos paramilitares en algunas regiones del país propiciaron la victoria en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe Vélez con su eslogan de “mano firme y corazón grande” y su propuesta de Política de Seguridad Democrática supuestamente dirigida a reforzar la lucha contra la insurgencia.
Durante los cuatro años de Gobierno Uribe no sólo no ha mejorado la situación de los colombianos sino que ha empeorado a partir de la aplicación de su “seguridad democrática” sustentada en la convicción de que todos los ciudadanos son combatientes y, por tanto, deben colaborar activamente con las autoridades o arriesgarse a ser perseguidos como sospechosos de terrorismo: la puesta en práctica de la doctrina Bush sobre seguridad. La opción por la guerra ha propiciado la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos, la restricción de los derechos y libertades fundamentales que, al menos sobre el papel, se reconocían a los colombianos y un deterioro alarmante en las condiciones de vida hasta el punto de que casi dos terceras partes de la población vive en la pobreza. Mientras tanto en los presupuestos generales del Estado colombiano para 2005 y 2006 se han destinado 20 billones de pesos (más de 6.000 millones de euros) a la guerra y 71 billones al pago de la deuda externa (más de 23.000 millones de euros); el Gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto para 2007 que contempla 14 billones de pesos (más de 4.000 millones de euros) para seguridad y defensa.
Al mismo tiempo, Uribe Vélez ha impulsado un “proceso de paz” con los grupos paramilitares que, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos y Naciones Unidas, conduce a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables estos escuadrones de la muerte. No resulta extraño, si tenemos en cuenta que paramilitares y Fuerza Pública vienen actuando conjuntamente desde que el propio Estado colombiano creó estos grupos en la década de los sesenta como resultado de la doctrina de Seguridad Nacional exportada por Estados Unidos. Colombia, actualmente, es uno de los mejores ejemplos de lo que denunció el Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la ONU: “El mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terror la democracia traiciona su propia esencia, los estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones militares preventivas”5.
La reelección, el pasado 28 de mayo, de Álvaro Uribe Vélez para dirigir el país durante cuatro años más va a suponer “la permanencia o profundización de la política de `seguridad democrática´, con lo que ella tiene de alejamiento de la solución política negociada al conflicto, de una lógica de guerra, de violaciones a los derechos humanos, de mantenimiento del modelo neoliberal, con aumento de la inequidad y la pobreza, y en general con la consolidación de un entorno autoritario y mesiánico propios del régimen actual. (...) Lógicamente se reforzará el apoyo del gobierno norteamericano al régimen, por su doble condición de aliado en las guerras santas del imperio; el `terrorismo´ y las `drogas´, por un lado, pero también por el creciente papel de punta de lanza o muro de contención frente a los nuevos gobiernos de América Latina. Paradójicamente, aumentará el apoyo europeo, en tanto, el gobierno reelecto simultáneamente se relegitima y la Unión Europea efectivamente cree que el proceso de `desmovilización paramilitar´ merece una oportunidad y no podrá oponerse a él, en tanto este mostrará a algunos líderes paramilitares condenados, aunque cumpliendo sus penas en condiciones favorables, la devolución de algunos miles de hectáreas de tierra y una ficticia reinserción”6.
1.1 Un conflicto más allá de las guerrillas
El conflicto colombiano hunde sus raíces en una realidad social que va más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en la pasada década de los sesenta. Tras la independencia, hubo ocho guerras civiles nacionales, 14 guerras civiles locales, innumerables asonadas, dos guerras contra Ecuador y tres golpes de Estado; algunos historiadores aseguran que en el siglo XIX Colombia era un país en guerra permanente. Los instigadores fueron los dos partidos tradicionales, Conservador y Liberal, que aún hoy dominan la vida política del país a través de múltiples formaciones y supuestos movimientos cívicos. Pero entonces, igual que en la actualidad, las diferencias ideológicas entre ambos no eran fundamentales y mucho menos explican la intensidad de la violencia. Miles de hombres participaron en los ejércitos de los terratenientes locales a cambio de favores o recompensas y, al ver caer a sus compañeros o familiares, acrecentaron su odio al enemigo, al que combatían más por venganza que por convicción. La guerra de los Mil Días (1899-1902) fue la última del siglo XIX y la primera del XX, dejó un saldo de 170.000 muertos y desencadenó la separación, por instigación de Estados Unidos, de Panamá. Todos estos enfrentamientos y los que se sucederían después tienen un elemento en común que explica la continua violencia que azota Colombia: existen unas élites dominantes dispuestas a recurrir a la fuerza para defender sus privilegios políticos, económicos y sociales, que en ocasiones se enfrentan entre ellas por el reparto del poder, pero habitualmente actúan unidas para mantener el control frente a los excluidos.
Durante la primera mitad del siglo XX las tensiones entre las clases dirigentes de ambos partidos se contuvieron hasta que estallaron el 9 de abril de 1948. Ese día fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal con gran arraigo popular, y se desató un levantamiento popular en la capital -conocido como Bogotazo- que se extendió a otras zonas del país. La respuesta fue la represión estatal contra las reacciones de protesta populares y el enfrentamiento armado entre los dos partidos. El conservador Laureano Gómez -declarado admirador de Franco- ocupó la Presidencia de la República y comenzó una etapa de la historia de Colombia conocida como la Violencia, en la que cayeron asesinados unos 300.000 colombianos. Inicialmente los perseguidos fueron los liberales, que conformaron guerrillas que lucharon conjuntamente con las autodefensas campesinas organizadas por el Partido Comunista para defenderse de las agresiones de los terratenientes. Pero en 1953 un sector de los conservadores, con el visto bueno de los dirigentes liberales, propició el golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, quien decretó la aministía para los guerrilleros excepto los comunistas; muchos de los líderes de las guerrillas liberales que se acogieron al perdón fueron asesinados en los años siguientes. El intento del general Rojas Pinilla de consolidarse en el poder volvió a unir a los enemigos de antaño y liberales y conservadores firmaron un pacto en España por el que acordaron provocar la renuncia del militar -que se produjo el 10 de mayo de 1957- y alternarse en el Gobierno durante 16 años al menos, mediante la fórmula de un Frente Nacional que excluía de todas las instituciones y de la competencia electoral a quienes no militaran en alguno de los dos partidos. Durante décadas las élites dominantes utilizaron a las clases populares en sus luchas partidistas y éstas pusieron los miles de muertos para facilitar el acuerdo de reparto del poder que los dejó al margen.
Sin embargo, pervivían lo que se conocía como “repúblicas independientes”, unas pequeñas comunidades de campesinos creadas por el Partido Comunista que organizaban su propia autodefensa. El Ejército, con la ayuda de consejeros militares estadounidenses y de su plan Laso (Latin American Security Operation), lanzó una ofensiva en 1964 contra estos reductos de resistencia: 16.000 soldados rodearon el valle de Marquetalia, donde trabajaban 42 campesinos (según su líder, Manuel Marulanda), mientras la Fuerza Aérea bombardeaba la zona. Casi todos los campesinos de esta y otras zonas similares atacadas lograron escapar y formaron guerrillas móviles que dieron lugar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los años siguientes surgieron otros grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el grupo guerrillero indígena Movimiento Armado Quintín Lame, la Autodefensa Obrera (ADO) y disidencias de los anteriores, entre otros. Todos ellos se fueron desmovilizando a partir de la década de los noventa, excepto las FARC y el ELN que, según el Ministerio de Defensa, contaban en 2003 con 13.000 y 4.000 hombres, respectivamente. Con el ELN existe actualmente un proceso de acercamiento propiciado por la comunidad internacional mientras que con las FARC no ha habido ningún intento de negociación desde que en febrero de 2002 se puso fin a la zona de despeje (un área del sur de Colombia donde Gobierno y guerrilla adelantaban conversaciones de paz). La última vez que las FARC decretaron un cese el fuego prolongado fue en 1984 tras los acuerdos de La Uribe; entonces algunos dirigentes guerrilleros dejaron las armas para pasar a ejercer la actividad política a través de un partido de nueva creación: la Unión Patriótica (UP); en diez años, más de 3.000 miembros de la UP fueron asesinados7.
Por eso, aunque a lo largo de siglo XX sólo hubo una dictadura militar en Colombia, muchos de los gobiernos que dirigieron el país ejercieron similares funciones represivas que los militares del Cono Sur. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos aseguran que los muertos y desaparecidos bajo estos gobiernos supuestamente democráticos superan ampliamente las cifras del horror de la mayoría de los regímenes dictatoriales del resto del Continente, “en otras palabras, para consumar un verdadero genocidio no hubo necesidad, en Colombia, de recurrir a las fuerzas armadas. Bastaba con los gobiernos civiles”8.
1.2 Paramilitarismo: una estrategia de Estado
La tragedia de la UP y la de tantas otras formaciones de izquierda, movimientos cívicos o, simplemente, ciudadanos que se atrevieron a alzar la voz tiene su origen en el modelo de Estado que han ido configurando, en una cuasi perfecta sinergia, las élites dominantes: por un lado, las Fuerzas de Seguridad -incluidas Fuerzas Armadas, Policía y servicios de inteligencia- cegadas por un anticomunismo visceral que les lleva a equiparar protesta social legítima con subversión y, por otro, la oligarquía financiera -terratenientes, grandes ganaderos, poderosos industriales- acostumbrada a gozar de sus privilegios sin límites. La combinación de ambas fuerzas para reprimir cualquier intento de cambio se ha dado a lo largo de toda la historia de Colombia, pero encuentra su sustento ideológico en la década de los años sesenta del pasado siglo. “La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad aunque de antiguo origen (…) Cuando debemos contrarrestar este tipo de guerra, estamos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente, lo que requiere una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos”, afirmaba en 1962 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en un discurso pronunciado en la academia militar de West Point9. Estas palabras sintetizan el concepto de doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos trató de imponer en toda Latinoamérica para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana y cuyo objetivo no fue sólo atacar, sin importar los medios, al “enemigo interno” alzado en armas sino a todos los simpatizantes del comunismo y a cualquiera que cuestionara el sistema.
En febrero de ese mismo año había realizado una visita a Colombia un equipo del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh (Carolina del Norte, EE UU) y su director de Investigaciones, el general Yarborough, redactó un suplemento secreto al informe de la visita; en dicho informe se establecía: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en función acciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”10. Los militares colombianos tomaron buena nota de esas palabras e incluyeron en sus manuales castrenses el concepto de sus colegas estadounidenses del término contrainsurrección: “Aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”.
A partir de ahí había que identificar al “enemigo interno” a combatir y qué medios se aplicarían para vencerlo, es decir, definir una doctrina de Seguridad Nacional; el Ejército colombiano participó en los años cincuenta en la guerra de Corea -fue el único país latinoamericano que lo hizo- por lo que no le resultó muy difícil asimilar el pensamiento estratégico del Pentágono sobre la subversión interna, “según varios analistas, con el retorno del Batallón Colombia que combatió en Corea se inició la verdadera profesionalización del Ejército colombiano, pues los oficiales, que alcanzarían los más altos rangos en los años siguientes, entraron en contacto con la guerra moderna y establecieron estrechas relaciones con los Estados Unidos11. Los vínculos con la poderosa nación del norte se estrecharon en las décadas de los años cincuenta y sesenta: Colombia fue uno de los primeros países en firmar un tratado de asistencia recíproca con Estados Unidos (1952) y entre 1961 y 1967 recibió 60 millones de dólares en asistencia militar para contrainsurgencia y “desarrollo económico”, y otros 100 en equipo militar. Además, entre 1956 y 2003 casi 10.000 militares colombianos se formaron en la Escuela de las Américas fundada por EE UU en 194612, tristemente célebre porque de sus aulas salieron muchos de los responsables de las mayores atrocidades cometidas por las dictaduras latinoamericanas.
Con un Ejército con amplios poderes -el general Ruiz Novoa, antiguo combatiente en Corea, fue nombrado ministro de Guerra- y proclive a adoptar la nueva estrategia y con el apoyo de las élites dominantes, el presidente Guillermo León Valencia expidió el día de Nochebuena de 1965 el decreto 3398 Por el cual se organiza la defensa nacional, que legalizó los grupos de autodefensa, embrión de los paramilitares. El decreto estableció en su artículo 25 que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Además, en su artículo 33 indicaba que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas” con lo cual grupos de civiles se armaron legalmente. Este decreto fue convertido en legislación permanente en 1968 y los llamados “grupos de autodefensa” se conformaron al amparo de estas normas, con el patrocinio de la Fuerza Pública13. A partir de esa fecha se oficializó la colaboración entre militares y paramilitares como una estrategia de Estado que se ha mantenido hasta nuestros días y de cuyas trágicas consecuencias es responsable el mismo Estado Colombiano14. Es de destacar que las guerrillas no eran más que pequeños grupos de campesinos mal armados cuando el Estado legalizó las autodefensas.
La nueva doctrina fue asumida con diligencia en los propios manuales castrenses. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia aprobó en 1969 el Reglamento de combate de contraguerrillas que incluye un apartado sobre cómo “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”15. Este reglamento impone la creación de “juntas de autodefensa” con personal civil para desarrollar acciones contra la guerrilla “o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”; así, se les podrá dotar de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares para realizar “operaciones de control, registro y destrucción”. Esta estrategia recogía el planteamiento expresado en materiales didácticos castrenses editados a mediados de esa década y que influyeron en la formación de la generación de oficiales que tendría mando en los ochenta; el mayor Gustavo Martínez Salcedo aseguraba en uno de esos textos, publicado en 1963, que “el juego de la guerra subversiva está en las masas. Para vencer, es necesario por las buenas o por las malas, tenerlas a nuestro favor”.
Diez años después de ver la luz el Reglamento de combate de contraguerrillas, el Comando General del Ejército seguía insistiendo en la militarización de la población civil con especial énfasis en el control de ésta. El manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 mantiene la necesidad de organizar “grupos de autodefensa”, ordena una serie de medidas que garanticen el control riguroso sobre la población (realización de censos y viviendas; inventario del ganado; restricciones a la libertad de circulación e imposición de salvoconductos para transitar por la región; identificación mediante “carnets militares” de los mayores de 15 años, control del transporte de alimentos y medicamentos, etc.) y define la implicación de los civiles con el Ejército en diversas categorías: auxiliadores, informantes y guías (desertores de la guerrilla)16; si comparamos estas disposiciones con las consecuencias del Estado de Conmoción Interior y de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, decretadas en agosto y septiembre de 2002, respectivamente, por el Gobierno de Uribe Vélez se puede comprobar que pocas cosas han cambiado en las últimas dos décadas.
En los años sucesivos, las Fuerzas Militares se dispusieron a incrementar su presión sobre la población. Para complementar y ayudar “a consolidar la filosofía de las Fuerzas Armadas contra la subversión contenida en otros manuales y publicaciones sobre Operaciones irregulares”, se establece en 1982 el Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros (Manual EJC-3-101) donde se hace hincapié, una vez más, en la organización de juntas de autodefensa a las que se les debe retribuir su “colaboración y esfuerzos” con “munición para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico en sus regiones, drogas (medicinas), un mejor trato y aceptación a sus iniciativas”17. Para aquel entonces las autodefensas ya eran una realidad. El teniente coronel Luis A. Bohórquez Montoya, que fue comandante del Batallón Bárbula en Puerto Boyacá en 1988, envió una carta en 1989 al Ministro de Defensa, general Óscar Botero Restrepo, al ser llamado a calificar servicios; en la misiva el oficial explicaba que cuando ostentó el mando “no tuve necesidad de crear grupos de autodefensa porque ya existían, muy bien organizados y con resultados admirables, en los municipios del área del Batallón Bárbula. Y como la política del Ejército Nacional dirigida por usted, señor General Botero Restrepo, señalaba al Ejército Nacional con el apoyo de las autodefensas, para preservar el orden y para devolver a las regiones afectadas (sic), desarrollé mi actividad de mando, conforme a dicha estrategia y mediante las tácticas correspondientes”18. Los propios implicados ya reclamaban por aquel entonces su origen y su derecho a existir: “El gobierno no puede estar en contra de los grupos de autodefensa porque él fue su creador (…) El gobierno tiene que explicar por qué nos creó, por qué nos ha apoyado, por qué continúa apoyándonos”, manifestaba el comandante de las autodefensas del Atlántico al diario La Prensa en octubre de 1989.
Pero la “colaboración” que requería el Ejército no siempre era voluntaria. El nuevo reglamento de combate de contraguerrillas, de 1987, determinaba que las Fuerzas Militares “obligan (…) a la sociedad civil a apoyarlos en la lucha contra los alzados en armas” y afirmaba que “la población civil por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del ejército y se materializan por agrupaciones humanas perfectamente definidas dentro del área de operaciones”; “encuadrar paramilitarmente a la población resulta entonces uno de los objetivos tácticos del Ejército”, se concluye en el libro Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia19. Ese mismo reglamento fue más allá al establecer que las fuerzas subversivas están formadas por “población civil insurgente y grupo armado” situando a la primera en “los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos, etc.” con el objetivo de ejecutar “acciones de tipo civil” dentro de las “estructuras formales de la sociedad” para desgastar, desmoralizar, dislocar y finalmente eliminar “las instituciones”.
Y toda esta doctrina castrense se ve reforzada por los abundantes escritos y manifestaciones públicas de destacados oficiales. “La insurgencia ideológica no se concentra en áreas determinadas sino que busca propagarse con la mayor rapidez posible a todos los ámbitos de la nación”, aseguraba el general Álvaro Valencia Tovar en 1987 en la Revista del Ejército; un año más tarde insistía desde las páginas del diario El Tiempo: “(las fuerzas revolucionarias) comienzan con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan cédulas expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país (…). Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema”. En las mismas fechas y en términos similares se expresaba el general Rafael Samudio Molina, entonces ministro de Defensa: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativo, sindical y armado, con propósitos bien definidos (…) Los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”20. Otro general que también ocupó el cargo de ministro de Defensa (en el Gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986), Landazábal Reyes, no tenía dudas sobre quienes eran sus enemigos: “Cualquier nacional, ya no solamente en armas sino ideológicamente visto como cercano al enemigo, es un aliado y por tanto un traidor”. Y el coronel Orlando Zafra Galvis recomendaba qué hacer ante esta situación: “El grado de clandestinidad y los diferentes niveles en los cuales participa esta parte importante de la subversión obliga a la sociedad y al Estado a que se defiendan y empleen sus cuerpos especializados para controlar todas aquellas organizaciones del aparato subversivo no armado”; este oficial fue invitado en 1983 por el régimen del general Augusto Pinochet como profesor en la Academia de Guerra de Chile.
De este modo queda bien establecido quien es el “enemigo interno” a combatir -“el brazo desarmado de la subversión”, como lo definió el general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa durante el Gobierno de Julio César Turbay, 1978-1982- y en esta guerra total “los indiferentes e indecisos forman parte de las filas del adversario, al que prestan apoyo por el sólo hecho de dejarlo prosperar”21. Sólo faltaba acabar de concretar los procedimientos para ganar la guerra y para ello no dudarían en soslayar las leyes. El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, al describir los terribles sucesos de la toma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1985, apuntó a la raíz del problema: “No rigen en Colombia una sino dos Constituciones: la que venden en librerías y farmacias, edición en rústica para uso de la generalidad de los ciudadanos, y otra, venida sutilmente a pasos inaudibles y sigilosamente entronizada en el corazón de la sociedad y del Estado, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por quién, de uso privatizo de las Fuerzas Armadas”22.
1.3 Técnicas paramilitares, “una manera segura y útil”
En 1976 la Revista de las Fuerzas Armadas reproducía el siguiente texto: “Si una guerra limitada convencional entraña demasiados riesgos, entonces las técnicas paramilitares pueden proveer una manera segura y útil que permita aplicar la fuerza a fin de lograr los fines políticos”; ese mismo año la Revista del Ejército publicaba el artículo El terrorismo como arma psicológica, en el que el mayor Raúl H. Mora Bohórquez afirmaba sin ambages que “hay que combatir al terrorista con sus mismas tácticas”23. Algunas de esas “técnicas” y “tácticas” las recogía el citado manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 al pedir a los comandantes de las compañías de fusileros la utilización “de agentes clandestinos de civil que cumplan y simulen acciones de bandoleros” y otro tipo de actividades como “el boleteo (amenaza) al personal de lista gris (población no definida) o negra (población que apoya a la subversión) que no quiera colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región”. Recomendaciones similares destinadas a las unidades militares ya se habían producido tiempo atrás. En los sesenta, el director de la Escuela de Infantería, coronel Matallana Bermúdez, propuso la creación de unos grupos de contraguerrilla llamadas Batallones de Orden Público a los que aconsejaba “la eliminación de los bandoleros y de las personas llevando uniforme antes de que puedan rendirse o huir”24.
En la mentalidad de las Fuerzas Armadas Colombianas, fieles a los principios de la doctrina de Seguridad Nacional, no cabe la derrota frente al enemigo y cualquier intento de solución negociada al conflicto es visto como un avance da la guerrilla. El ministro de Defensa, general Rafael Samudio Molina, dirigió una carta al Presidente de la República, Virgilio Barco, en 1988, en la que le pedía “unas fuerzas militares sin ataduras” y recriminaba que “quizás el mayor éxito obtenido por la subversión en Colombia, fue el de sentar al Gobierno en la mesa de conversaciones para realizar un diálogo sin límites de tiempo (...)”25. El mismo planteamiento, desde tiempo atrás, sostenían los principales gremios de empresarios, industriales, ganaderos y terratenientes. En 1964, el poder militar y el ecónomico unen esfuerzos con un objetivo común: crear las autodefensas. Ese año, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC, organización que aglutina a los grandes latifundistas) pidió al Gobierno que autorizara la constitución de grupos de autodefensas para protegerse de los secuestros; por su parte, el representante del Ejército en la IV Conferencia de Ejércitos Americanos advirtió que “si un gobierno comunista se establece por desgracia, en cualquiera de nuestros territorios, se está afectando no sólo la soberanía nacional del país ocupado sino también la soberanía de los pueblos vecinos”26. Un año año más tarde se expidió el decreto 3398 para legitimar las autodefensas.
Además del interés común en mantener el control absoluto del país, ambas partes han implementado siempre iniciativas para estrechar lazos ideológicos y para que sus planteamientos se oigan como una sola voz: numerosos foros empresariales han tenido como invitados de honor a altos mandos militares y el Ejército se ha preocupado de difundir en el seno de las organizaciones empresariales la doctrina de la Seguridad Nacional a través de cursos y programas de orientación sobre las características de la defensa del país. De esta forma, la estrategia militar tuvo el respaldo de la clase dirigente y ésta fue adoptando el mismo lenguaje de quienes se encargaban de defender sus privilegios por la fuerza. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fabio Echeverry Correa, se refería en la década de los ochenta a los grupos insurgentes como la amenaza interna que asociados a “agencias subversivas internacionales pugnan por destruir el sistema democrático” y “quieren remplazar la clase dirigente mayor”.
Esta alianza se ha mantenido también en las épocas de crisis, como en 1983 cuando el Procurador General de la Nación27 acusó a 59 miembros activos del Ejército de pertenecer al escuadrón paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS), cuya aparición en la región del Magdalena Medio significó el recrudecimiento de la guerra sucia en el país. El entonces ministro de Defensa, general Landazábal, pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas que donaran un día de salario para financiar la defensa de los inculpados; la ANDI, junto a varios gremios, afirmó que “el MAS no existe sino en mentes enfermizas de malos colombianos, Las Fuerzas Armadas saldrán airosas (...)”, y la Federación de Ganaderos invitó a su congreso al general Landazábal, quien, en tono desafiante, dijo: “No vamos a perder la guerra, no vamos a permitir por ningún motivo que el país vaya a cambiar su destino histórico y que vaya a relevar de su bandera las notas de nuestro escudo nacional por la hoz y el martillo”. Ardila Lule, uno de los empresarios más ricos del país, se solidarizó con las Fuerzas Armadas en declaraciones a la prensa: “Nos toca siquiera responder en parte a sus esfuerzos, estimularlos y respaldarlos, cerrar filas a su alrededor” (El Tiempo, 3-5-83).

La Federación de Ganaderos de Antioquia (Fadegan) también salió en defensa de los militares no en balde varios de los civiles acusados de paramilitarismo por la Procuraduría pertenecían a esa organización. Su presidente, Pedro Juan Moreno Villa, recriminó al Procurador por poner en peligro la vida de los militares y dijo que su informe era una “investigación unilateral”28. Además, abogados vinculados a Fadegan defendieron a algunos de los inculpados; seis años después los mismos letrados tendrían como clientes a los miembros del MAS procesados por varias masacres cometidas en Urabá. Precisamente esta región del noroeste colombiano, fronteriza con Panamá, fue escenario de una de las represiones más violentas que se han dado en Colombia contra los trabajadores. La ANDI y Uniban -compañía exportadora de Augura, gremio de productores bananeros de Urabá- fueron unas de las principales promotoras del Primer Foro por la Paz en Colombia, que se realizó en Medellín el 1-9-87 en el que participaron varios militares; el brigadier general Sanmiguel Buenaventura, comandante de la X Brigada, afirmó en este encuentro que “en Urabá existen movimientos sindicales con brazo armado” y acusó al Sindicato de Trabajadores del Agro (Sintagro) de estar directamente vinculado con el grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación29; decenas de miembros de Sintagro y Sintrabanano fueron asesinados meses después.
La simbiosis entre militares y empresarios también se dio frente a las conversaciones con las guerrillas. Las declaraciones en contra de las iniciativas de paz de los generales Fernándo Landazábal y Rafael Samudio, ministros de Defensa en los gobiernos de Betancur y Barco, respectivamente, fueron ampliamente respaldadas por los gremios económicos. Ganaderos y terratenientes amenazaron con asumir su propia defensa y difundieron públicamente su oposición al proceso de paz emprendido por Belisario Betancur, del que surgió la Unión Patriótica; la SAC, entidad impulsora de las autodefensas, acusó al Presidente en 1983 de confundir libertad con libertinaje. Pocos años después numerosos empresarios firmaron una carta dirigida a Virgilio Barco pidiéndole su renuncia como Presidente de Colombia e instando a la instauración de un gobierno que manejara con mano dura las cuestiones de orden público. En el acto de inauguración del XXIII Congreso Nacional Ganadero, celebrado en 1992, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Jorge Visbal Martelo, rechazó las negociaciones con los insurgentes y manifestó: “Basta ya de complejos de culpa ante la represión que se ejerce con la fuerza de la ley y por el imperio de la justicia”30.
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