Revisión oficiosa de la ley 55 de julio 2 de 1993 "por medio de la cual se aprueba el convenio no. 170 Y la recomendacion no. 177 sobre la seguridad en la utilizacion de productos quimicos en el trabajo, adoptados por la 77a reunión general de la O. I. T., Ginebra, 1990."






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títuloRevisión oficiosa de la ley 55 de julio 2 de 1993 "por medio de la cual se aprueba el convenio no. 170 Y la recomendacion no. 177 sobre la seguridad en la utilizacion de productos quimicos en el trabajo, adoptados por la 77a reunión general de la O. I. T., Ginebra, 1990."
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b. Formalidades respecto de la aprobación del Convenio 170 y la Recomendación 177 de la O. I. T.-
Como ya lo ha expresado esta Corporación en otras oportunidades, la revisión oficiosa que la Corte Constitucional ejerce sobre las leyes aprobatorias de tratados, no sólo se circunscribe al examen formal de la ley, sino que debe además, velar porque se cumplan las formalidades propias para la negociación, discusión y adopción del tratado, siendo de gran importancia que quien represente al Estado Colombiano tenga competencia para ello.
En lo que respecta a este punto, se observa, según informe enviado por el Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, doctor Eduardo Mestre Sarmiento, que la delegación colombiana ante la septuagésima Conferencia Internacional del Trabajo, fue designada, a través del decreto 1054, del 21 de mayo de 1990. En dicho decreto se nombró como delegados gubernamentales a la entonces Ministra del Trabajo y Seguridad Social, doctora María Teresa Forero de Saade y al Embajador en Ginebra, doctor Rafael Rivas Posada. Ante la imposibilidad de la doctora Forero de Saade para asistir, la reemplazó el entonces Viceministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Leonardo Cañón Ortegono.
Así mismo, se designó como delegados de los empleadores y los trabajadores, al Presidente de la ANDI, Fabio Echeverry Correa, y al Presidente de la CUT, Jorge Carrillo Rojas, respectivamente.
Sin embargo, no constan en el expediente las actas de la septuagésima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, donde podría verificarse con exactitud la representación de Colombia. Por ello, y para salvar cualquier duda sobre tal representación, habrá de ratificarse la jurisprudencia de la Corte, según la cual, no estando comprobados los plenos poderes de quien actuó en nombre del Estado Colombiano en la negociación, celebración o suscripción de un tratado internacional, se tendrá que la aprobación ulterior del Presidente de la República subsanará cualquier vicio que por este aspecto presente el tratado celebrado.
Lo anterior, como consecuencia del derecho de representación del que está investido el Presidente de la República, porque sólo a él como máxima autoridad administrativa, corresponde dirigir las relaciones internacionales, y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional, tratados o convenios internacionales, ( artículo 189, numeral 2o. de la Constitución).
Así las cosas, al no existir claridad sobre la representación de Colombia en la reunión donde se aprobaron los textos que aquí se revisan, se tendrá que la aprobación dada a éstos por el Presidente de la República, el día 29 de abril de 1992, subsanó cualquier vicio que por este aspecto pudiere alegarse.
Sobre este punto, debe recordarse que a pesar de que los Convenios Internacionales de Trabajo, poseen características que los distinguen de los tratados internacionales comunes, tal como lo señaló la sentencia C- 562 de 1992, la aprobación del Presidente de la República es necesaria, toda vez que éste es un requisito que debe cumplir todo instrumento de carácter internacional que se quiera adoptar en nuestro país. Dijo la Corte:
" Desde el punto de vista constitucional es indispensable, sin embargo, que el Presidente de la República apruebe el Convenio, pues ni siquiera estos tratados sui generis escapan a las reglas nunca exceptuadas por la Carta de que aquellos deben ser celebrados por este funcionario."
Revisado el aspecto formal, entra al Corte a examinar el aspecto material del Convenio No. 170 y de la Recomendación No. 177, con el fin de evitar que cualquiera de sus disposiciones sea contraria a una norma de carácter constitucional.
- Examen desde el punto de vista material.
Antes de analizar este aspecto, es importante recordar que los Convenios Internacionales de Trabajo son instrumentos destinados a crear obligaciones internacionales para los Estados que los ratifican. Ratificación que como ya lo explicó esta Corporación, se da con la comunicación al Director General de la Organización sobre la aprobación del respectivo Convenio, por el órgano legislativo interno. Recuérdese que en los tratados comunes, la ratificación se produce a través de la firma del documento, la adhesión o el depósito o intercambio de documentos. La ratificación en los Convenios Internacionales es un asunto más de información que de cumplimiento de una solemnidad.
Las recomendaciones por su parte, no son creadoras de obligaciones, sino directrices que orientan la acción del gobierno en lo que a las relaciones laborales se refiere.

Los textos que aquí se revisan tratan, en general, de las medidas de seguridad que deben ser adoptadas por los empleadores en el uso de productos químicos. Para una mejor comprensión del contenido de los documentos que son objeto de revisión, se transcriben apartes de la exposición de motivos que hicieran los señores Ministros de Relaciones Exteriores y del Trabajo, al presentar a consideración del Congreso de la República, la Convención No. 170 y la Recomendación No. 177 de la Organización Internacional del Trabajo:

" El nuevo Convenio abarca todos los productos químicos que se utilizan en las diversas ramas de la actividad económica, excluyendo los artículos que son utilizados en condiciones que no ofrecen peligro para los trabajadores.

" Estipula igualmente que no se aplica a los organismos, pero sí a los productos químicos derivados de ellos.

" Señala el Convenio que tanto proveedores, ya sean fabricantes, importadores o distribuidores, como los empleadores y los trabajadores estarán obligados con arreglo a la legislación nacional, a cumplir las medidas prescritas.

"Las medidas de prevención y protección incluyen el uso de sistemas de clasificación, de etiqueta, marca y fichas de datos de seguridad. Igualmente, se refieren a identificación, transferencia de productos químicos, exposición, control operativo, eliminación, información, formación y cooperación.

" El Convenio pide que se facilite a los trabajadores una información suficiente y adecuada sobre los riesgos a que pueden estar expuestos, así como la instrucción y formación que les permita prevenirlos y limitarlos. El instrumento pide también a los Estados que lo ratifiquen, adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva del Convenio, con una política coherente de seguridad en la utilización de los productos químicos de trabajo.

" Así mismo señala que los Estados exportadores de productos químicos, deberán informar al país que exporta, si los mencionados productos químicos han sido total o parcialmente prohibidos e indicar las razones de su prohibición.

" El Convenio se complementa con una Recomendación, la cual señala que la autoridad competente debería especificar qué categoría de trabajadores, por razones de seguridad, podrían ser excluidos de la utilización de determinados productos químicos . Igualmente a la categoría de trabajadores a los que sólo se les permitiera utilizarlos, de acuerdo con las condiciones fijadas de conformidad con la legislación nacional.

Examinado el contenido del Convenio y de la Recomendación, sometidos a control de la Corte Constitucional, no encuentra esta Corporación que se desconozca ninguna norma de cáracter constitucional; por el contrario, sirven de marco normativo para desarrollar la legislación interna en materias tan imporante como la seguridad industrial y la salud ocupacional.

Téngase en cuenta que las disposiciones del Convenio no tienen como único objetivo la protección del trabajador, ya que como fin mediato, está la protección del medio ambiente, objetivo éste que en nuestra Constitución es de gran importancia.

No sobra destacar que una vez entre en vigencia el Convenio que aquí se revisa, el legislador, como tarea principal, tendrá que adoptar los mecanismos necesarios para que las estipulaciones de éste se hagan efectivas. La aplicación de este Convenio y de la Recomendación dependen en buena medida del desarrollo que internamente se le dé.

Finalmente, la Corte cree necesario reiterar lo que ya ha expresado, en cuanto a la aplicación y cumplimiento en nuestro país, de los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
"Aplicación en Colombia de los convenios y recomendaciones de la O.I.T.
"En vista de que en diversos informes de Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha puesto de presente la queja por algunos organismos especializados de la O.I.T. sobre numerosos y reiterados incumplimientos de convenios y recomendaciones de la O.I.T. y que aparentemente las autoridades competentes no han tomado las medidas apropiadas para enmendar su omisión o aminorar sus efectos, esta Corte advierte la necesidad de promover la aplicación efectiva de tales convenios y recomendaciones a nivel nacional como quiera que ello resulta ser, a la luz de los principios y valores consagrados en la Constitución vigente un imperativo ineludible tal como se desprende del texto de los artículos 1, 7, 13, 25, 38, 39, 48, 53, 54, 55, 56 y 93, entre otros.
"Igualmente resulta comprometido el principio de la efectividad real de los derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2o.).
"Lo anterior debe responder también a un serio propósito de observar estrictamente los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional, praxis fundamental de las relaciones entre entes soberanos ceñida a los dictados tanto de la buena fe como del derecho internacional." ( Sentencia No. C- 562 de 1992, doctor Jaime Sanín Greiffenstein)

VII. DECISION.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLES el Convenio No. 170 y la Recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado en Ginebra el 6 de junio de 1990, y la ley 55 del 2 de julio de 1993, que los aprobó.

Segundo: Comunicar la presente decisión al Gobierno Nacional, Presidencia de la República y devolver el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los fines previstos en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución.

Notifíquese, cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.

JORGE ARANGO MEJIA

Presidente

ANTONIO BARRERA CARBONELL

Magistrado

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ

Magistrado

CARLOS GAVIRIA DIAZ

Magistrado

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA

Magistrado

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO

Magistrado
FABIO MORON DIAZ

Magistrado

VLADIMIRO NARANJO MESA

Magistrado

MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General


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