Grupo de formacion e intervencion para el desarrollo sostenible






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MINERIA, DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTE Y SALUD EN EL PERÚ


P. Marco Arana Zegarra





Enero 2007


GRUPO DE FORMACION E INTERVENCION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Jr. Dos de Mayo 1172 - info@grufides.org Telefax 0051 76 34 20 82

www.grufides.org Cajamarca - Perú

Introducción1
La minería constituye una actividad económica en el país que aporta más del 45% de las divisas por exportaciones, aunque solo representa el 4 % de los ingresos tributarios totales del Estado y alrededor del 1% de la PEA nacional de empleo directo.2

Desde el gobierno de Fujimori, la minería sigue siendo, una de las actividades económicas más privilegiadas por la política gubernamental: goza de marcos jurídicos y tributarios sumamente favorables que, aún en una coyuntura distinta en que los precios de los metales están generando inmensas ganancias para las empresas mineras, los contratos de estabilidad jurídica y tributaria permiten que estas empresas no estén obligadas a contribuir de manera más sustantiva a la caja fiscal, de manera que el Estado pueda disponer de los recursos necesarios para una mejor redistribución de la riqueza. A esto se suma, el hecho que si bien, en los últimos años, se ha mejorado la legislación ambiental y las normas ambientales mineras, los sistemas de fiscalización ambiental pública siguen siendo sumamente deficientes, por lo que el Estado no está garantizando adecuadamente el derecho a la salud, a un medio ambiente saludable y el acceso al agua en calidad y cantidad suficientes a las poblaciones aledañas a las zonas de actividades mineras.

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ


  1. Minería y Territorio

La minería en el Perú se halla en un acelerado proceso de expansión, básicamente impulsado por una legislación nacional favorable a los inversionistas, la importante riqueza de los depósitos minerales, y en los últimos cuatro años principalmente por los altos precios de los metales en el mercado internacional. La minería peruana es en realidad la gran minería, unas pocas empresas con inmensa capacidad de recursos financieros y tecnología para procesar grandes cantidades de mineral. Entre los años 1992 y 2001 se invirtió US $ 6,154 millones de los cuales el 55 % se concentraron en dos grandes proyectos mineros Antamina en Ancash y Yanacocha en Cajamarca. Las inversiones comprometidas para el periodo 2002-2007 alcanzan US $ 6,430 millones más, correspondiendo el 60% de la inversión a tres grandes proyectos mineros: Antamina, Yanacocha y Tintaya en el Cusco.3 Este flujo de inversiones mineras llevó a que si en el año 1992 el área minera titulada era de 2.26 millones de hectáreas, se pasó en el año 2004 a más de 8 millones de hectáreas las que comprometen a la mayoría de los departamentos del Perú (45 provincias y 500 distritos), y el territorio de aproximadamente el 55 % de las comunidades campesinas e indígenas del Perú (3126 comunidades).4



  1. Minería y Pobreza

En relación al mapa de la pobreza nacional lo que se observa es que las actividades mineras se están ubicando en zonas de pobreza o extrema pobreza. Según De Echave, 11.80% de las actividades mineras se ubican en poblaciones de extrema pobreza; 40.20% en poblaciones muy pobres y 36.40% en poblaciones pobres.5 Estas poblaciones no solo se hallan en situación de mayor vulnerabilidad a su salud, sino también de mayor vulnerabilidad en el deterioro de su medio ambiente por prácticas intensivas de manejo de suelos, deforestación, así como por efecto de la expansión de las actividades mineras en sus territorios y con muy escasas posibilidades de acceso a la justicia.
Si bien la actividad minera ha provocado el dinamismo de las economías locales y regionales, como es el caso del departamento de Cajamarca cuyo crecimiento sostenido regional de 7% del PBI es mayor al promedio nacional de los últimos años (4-5 % anual), lo cierto es que este crecimiento no necesariamente se ha traducido en la mejora sustantiva de los indicadores de pobreza. Muchos de los distritos donde se ubican las actividades mineras poseen IDHs subsaharianos. El caso concreto lo representa la paradoja social del departamento de Cajamarca, que siendo la región que tiene la mina de oro más rica de Latinoamérica, sigue siendo uno de los departamentos más pobres del país, e incluso según datos del PNUD en su Informe sobre el Desarrollo Humano del año 2002, puede verse que la pobreza crónica en niños menores de cinco años se incrementó en el mismo periodo en que se hallaba en expansión la actividad minera (1996 – 2000) pasando de una tasa de 38.7% a otra mayor de 42.8 % lo que evidencia que la explotación de los recursos mineros no se traduce automáticamente en una mejora sustantiva de la calidad de vida de las poblaciones donde la actividad se asienta.



  1. Minería y Ambiente

Con ocasión del Año Internacional de las Montañas (2002), luego de constatar que América Latina está siendo una región de creciente expansión de la actividad minera, la FAO llamó la atención sobre los daños ambientales de la actividad minera: “Los aspectos más graves de la degradación ambiental debida a la minería son: los daños a la calidad y disponibilidad del agua; la pérdida de biodiversidad y de cubierta vegetal, y las consecuencias que la contaminación produce en la atmósfera, así como el calentamiento del planeta… La salud y la seguridad de los mineros y de sus comunidades de las montañas corren peligro a causa de diversos factores, desde la inhalación de humo y polvo hasta la contaminación del agua y la falta de medidas de seguridad adecuadas durante sus labores.”6
En el Perú, son muchas las comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil las que han venido denunciando la grave afectación ambiental de las actividades mineras sobre la calidad y disponibilidad ambientalmente segura de los suelos, aguas y aires. Existe abundante información oficial que muestra la magnitud de estos daños ambientales en el sur, centro y norte del país, así como de la afectación de estos daños para la salud de poblaciones enteras como ha ocurrido en La Oroya, el Callao y Choropampa en Cajamarca. En los dos primeros casos, la intoxicación crónica con plomo de las poblaciones es ampliamente conocida y ha sido motivo de múltiples denuncias y de exigencias ciudadanas para una acción más eficaz del Estado. Ha sido el propio relator especial de la NN.UU. el que incorporó la recomendación Nº 58 en su informe de visita del año 2004.7
Un informe del la Dirección General de Salud (DIGESA), hecho público por el Instituto Nacional de Estadística el año 2004, mostró que los recursos hídricos de los ríos Santa en Ancash, Chillón y Rímac en Lima, San Juan en Cerro de Pasco, Mantaro a lo largo de su recorrido por Pasco, Junín y Huancavelica se hallaban en situación de riesgo elevado (RE) por presencia de metales pesados y de sustancias químicas provenientes de diversas industrias, pero principalmente de unidades mineras.8
Igualmente, la autoridad de Saneamiento Básico de DIGESA reveló en un informe público su preocupación por el hecho que 16 de los 53 ríos de la costa estuvieran contaminados por los relaves mineros y vertederos de poblaciones adyacentes.9



  1. Minería y Salud

Diversos estudios han señalado la relación existente entre la problemática ambiental de la minería, la salud y la pobreza que: “La contaminación del agua y su calidad, el control de los residuos, el ruido, el polvo y la alteración de la tierra, son problemas que pueden afectar adversamente la salud y los medios de vida de los pobres y otros grupos vulnerables, que tienen poca capacidad de traslado ni medios para aliviar los efectos negativos.”10 Efectivamente, si bien la expansión de las actividades mineras en los últimos quince años han contribuido a dinamizar el crecimiento económico del país, sus impactos ambientales sobre la salud de las poblaciones y las restricciones que se está provocando al derecho a un medio ambiente sano y específicamente al ejercicio del derecho al agua, en calidad y cantidad, a las poblaciones aledañas de las zonas de operaciones mineras es algo que ha venido siendo señalado en diversas instancias públicas y está siendo fuente de innumerables conflictos sociales, cada vez más violentos.
El caso reciente más notable ha sido el de contaminación con plomo de las poblaciones de La Oroya en Junín y de los niños de plomo del Callao. La población más expuesta a daños a su salud por efectos de la contaminación ambiental en zonas de pobreza son los niños y las mujeres. Según los estudios del PNUD y la Universidad de Harvard a nivel mundial, se ha establecido que en las sociedades pobres la denominada “carga de la enfermedad” causante de muertes debido a problemas ambientales llega a ser del 20% lo que representa la muerte de 5 millones de personas al año, la mayoría de las cuales son mujeres y niños (3 millones relacionadas con problemas de acceso y calidad de agua y 2 millones relacionadas con el humo de las cocinas) cifras que equivalen al total de las muertes causadas por la desnutrición en el mundo.11
En los nuevos proyectos mineros de tajo abierto como Yanacocha en Cajamarca, las denuncias de las comunidades debido a restricciones al derecho al acceso al agua, en calidad y cantidad, también han sido puestas en evidencia por los diversos conflictos de los últimos años. Comunidades afectadas por las operaciones mineras en Cajamarca, denunciaron recientemente ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en el Foro Mundial del Agua en México a la Empresa Minera Yanacocha, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura del Perú por las afectaciones ambientales y sanitarias ocasionadas a las comunidades. Las pruebas presentadas ante el tribunal ético conllevaron a que esa instancia de la sociedad civil resolviera lo siguiente:12

  1. Declarar que la Empresa Minera Yanacocha SRL es responsable de realizar actividades nocivas para la salud y el ambiente en la región de Cajamarca y que el Estado Peruano ha incumplido sus obligaciones constitucionales y éticas de defender el medio ambiente y la salud de la población.

  2. Que la empresa suspenda inmediatamente todas las actividades susceptibles de provocar daños en el ambiente e impactos negativos en la salud de la población.

  3. Que el Estado Peruano tome las medidas necesarias para evitar lesiones al ambiente, a la salud pública y las comunidades en la región.

  4. Que la Empresa Minera Yanacocha SRL compense a las comunidades e individuos perjudicados por los daños ambientales a la salud.



  1. Minería y Derechos Humanos

La vulnerabilidad de los derechos humanos es mayor en contextos de pobreza y extrema pobreza, que son las comunidades donde se están asentando la mayoría de los nuevos proyectos mineros o se desarrollan los proyectos mineros tradicionales generalmente asociados a situaciones de contaminación y pobreza como ocurre en Huancavelica, Junín y Cerro de Pasco o Hualgayoc en Cajamarca.
Las violaciones de derechos humanos más frecuentes por actividades mineras están asociadas al derecho a la salud: millares de personas contaminadas por las emisiones de dióxido de azufre, cadmio, arsénico, y material particulado como ocurre con las poblaciones de La Oroya debido a las emisiones de la industria metalúrgica de propiedad actual de Doe Run; o de aires envenenados por dióxido de azufre y ríos y una bahía muerta como es el caso de la refinería de Ilo de propiedad de Southern Mining Corp. En otros casos, se trata de intoxicación de más de un millar de personas por mercurio como ocurrió en el año 2000 debido al accidente de transporte vinculado a Minera Yanacocha con secuelas graves para la salud de la población que actualmente está sufriendo la instalación de cuadros de afectación neurológica irreversibles.
Otras violaciones de derechos humanos están asociadas a la forma inconsulta, y a veces ilegal, como las empresas mineras ingresan en territorios de comunidades campesinas e indígenas, como está ocurriendo por ejemplo con el Proyecto Minero de Majaz en Piura asociado a la empresa inglesa Monterrico Metals. Las divisiones sociales y las eventuales polarizaciones sociales que las empresas mineras generan en el tejido social local ocasionan el surgimiento de conflictos al interior de las propias comunidades como está ocurriendo en los nuevos proyectos mineros en Tantahuatay y Miskimayo en Cajamarca, el primero de ellos vinculado a la empresa nacional Minas Buenaventura y el segundo a Vale Do Rio de Brasil; en Minas Conga o en el Proyecto Carachugo II de expansión de Yanacocha en Cajamarca de propiedad de Newmont Gold Corp., Minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial.

Las restricciones a la calidad y cantidad de aguas, está siendo uno de los derechos más vulnerados por las actividades mineras en los andes del Perú. Existen múltiples denuncias de comunidades indígenas como lo ha puesto en evidencia en reiteradas oportunidades la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por Minería (CONACAMI) y los frentes de defensa de los diversos departamentos, muchos de cuyos líderes están siendo denunciados y enjuiciados por haber encabezado protestas, algunas veces violentas, en contra de las empresas mineras y bienes públicos (toma de carreteras, interferencia o impedimento del ejercicio de la autoridad, etc.) Es preciso tener en cuenta que, incluso el actual gobierno ha creído conveniente incrementar las penas (más aún que las que ya habían impuesto el gobierno de Alejandro Toledo) contra quienes lideran las protestas ciudadanas, muchas de las cuales están relacionadas a los conflictos mineros.
En el caso de Cajamarca, Minera Yanacocha ha afectado severamente a centenares de familias campesinas con la destrucción de sus fuentes naturales de agua lo que ha llevado a que, después de numerosos conflictos y reclamos, la empresa asumiera la responsabilidad de bombear agua a los canales de riego con la preocupación ciudadana legítima de la ausencia de mecanismos adecuados para el aseguramiento de la calidad y cantidad de las aguas, así como de quién asumirá los costos del bombeo de aguas cuando la empresa haya cesado sus operaciones. Otro tanto está ocurriendo con la alteración de los flujos de agua, desaparición de lagunas, quebradas, manantiales y bofedales que abastecían de agua al Río Grande, fuente principal de abastecimiento de aguas para toda la ciudad de Cajamarca (150,000) habitantes. La carencia o limitación del derecho al agua en cantidades suficientes y calidad adecuada agrava la vulnerabilidad del derecho a la salud de las poblaciones más pobres y a su vez es fuente de mayor empobrecimiento debido a que la mayor parte de las familias campesinas viven de la agricultura y ganadería de autosubsistencia, todas ellas absolutamente dependientes del acceso al agua.



  1. Empresas Mineras y Violencia


El boom minero iniciado en los 90´s se hizo en medio de un contexto de guerra interna que llevó a que las empresas mineras, con la anuencia del Estado, hicieran grandes despliegues de seguridad. El año 1991 se creó FORZA, la empresa nacional de seguridad más grande del país, todos sus miembros provenían de la Marina de Guerra, el sector más duro y especializado de las fuerzas armadas del Perú. El enfoque de seguridad que acompañó el inicio del boom minero fue antisubversivo. Aún cuando el país se halla ya pacificado, las empresas mineras como Yanacocha, en el norte de los andes del Perú, disponen de todo un arsenal de armas de guerra y de policías especializados en antimotines.
Cuando en el año 2002 se paraliza el proyecto minero en Tambogrande y luego en el 2004 se paraliza las actividades mineras en el Cerro Quilish, las empresas mineras del norte del Perú optaron por agruparse en el denominado Grupo Norte que es coordinado por Dante Vera, un exmilitante izquierdista de los años 80 especializado en guerra de guerrillas en países de Centroamérica. Posteriormente en el gobierno de Toledo, Vera llegó a ser miembro del equipo de asesores del Ministerio del Interior. De allí transitó hacia las empresas mineras quienes lo contrataron para hacer trabajo de inteligencia en el norte del país y desarrollar una estrategia para el manejo de los conflictos que consiste básicamente en generar un cordón civil de seguridad alrededor de las operaciones mineras, dividir a las poblaciones para enfrentarlas entre “los que quieren el desarrollo y los que se oponen al mismo”. Decenas de líderes ambientalistas, sociales, religiosos, políticos pasaron a ser clasificados como “negociables” y “no negociables”. A partir de esa clasificación las empresas establecieron una línea divisoria que, en términos sencillos, se tradujo en “trato dulce” para los negociables (convenios, apoyos económicos directos, beneficios personales, etc.) mientras que para los demás se diseñaron campañas de demolición mediática, desprestigio social, aislamiento institucional, presiones para corte de percepción de fondos de cooperación internacional o públicos. De manera preocupante, ha sido el propio gobierno el que el año 2005 terminó promulgando una ley que busca controlar, y eventualmente impedir, la acción de ONGs que están comprometidas con acciones de defensa de derechos ambientales en zonas mineras, así como limitar la acción de las organizaciones de derechos humanos.
Entre los casos más visibles de vulneraciones a derechos humanos de activistas ambientales y defensores de DDHH en zonas mineras se hallan por lo menos seis líderes asesinados en el norte del Perú (En Piura: 2001 Godofredo García Baca;13 2004 Reemberto Herrera Racho y Melanio García.14 En Cajamarca: 2004 Juan Montenegro Lingán;15 2006: Isidro Llanos Chavarría y Edmundo Becerra Cotrina16). Centenares de líderes han sido denunciados por el propio Estado o las empresas mineras en los departamentos de Piura, Cajamarca, Huaraz, Junín, Moquegua o Cuzco. Igualmente, son numerosas las denuncias de líderes que han sido amenazados de muerte sea de manera directa, vía telefónica o por Internet. En otros casos las empresas mineras han auspiciado operativos encubiertos de espionaje y reglaje contra decenas de líderes ambientales como ha sido descubierto en noviembre del 2006 con el Operativo “Diablo” en Cajamarca donde opera Minera Yanacocha, la mina de oro más grande de América Latina. Este operativo ha puesto en peligro la seguridad de varios activistas ambientales por lo que el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho un llamado al Estado peruano para que adopte las medidas que sean necesarias para evitar amenazas y otros actos de hostigamiento contra defensores de los derechos fundamentales de la persona en Cajamarca.17
Diversas empresas mineras también han sido blanco de ataques de poblaciones desesperadas que ante la inacción o la debilidad del Estado para canalizar sus reclamos en contra de las actividades mineras optaron por acciones de rechazo y expulsión de empleados de las empresas mineras o aún con la realización de incendios contra propiedades de las empresas (Yanacocha en Cajamarca y Manhattan en Tambogrande en Piura en el año 2001; La Zanja en Cajamarca y Tintaya en Cusco en el año 2004; Majaz en Piura en el año 2005). Algunos trabajadores de las empresas han sido víctimas de golpes, contusiones o detenciones por parte de las organizaciones sociales de las comunidades afectadas por los proyectos mineros. En Cajamarca (marzo 2006), incluso se atentó contra la vida de un funcionario de la Dirección Regional de Minería en una extraña emboscada cuya autoría no ha quedado plenamente establecida.


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