Antecedentes




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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Magistrado ponente
SL8002-2014

Radicación n.° 38381

Acta 21
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor JOSÉ ANTONIO CALDERÓN CASILIMAS, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2008, dentro del proceso ordinario que promovió en contra de BAVARIA S.A.

  1. ANTECEDENTES



El señor José Antonio Calderón Casilimas presentó demanda ordinaria laboral en contra de Bavaria S.A., con el fin de obtener que se reconociera la existencia de una relación laboral regida por contrato de trabajo, terminada de manera unilateral e injusta por la demandada y con violación de las cláusulas establecidas en la convención colectiva de trabajo. Como consecuencia, pidió que se ordenara a su favor el pago del beneficio establecido en el artículo 14 de dicho acuerdo, por reducción de personal, equivalente a 95 días de salario por cada año de servicio; la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa; la pensión de jubilación prevista en el artículo 52 de la convención; y la indexación.
En subsidio de lo anterior, solicitó que se declarara la ineficacia de la terminación de la relación laboral y se dispusiera su reinstalación en el cargo que venía desempeñando, junto con el pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social compatibles con la reinstalación.
Señaló, con tales fines, que estuvo vinculado laboralmente con la sociedad demandada entre el 15 de diciembre de 1981 y el 20 de marzo de 2002, cuando le fue terminado el contrato de trabajo unilateralmente y sin justa causa; que ocupaba el cargo de «Oficios Varios en Producción», bajo continuada dependencia y subordinación, recibía un salario de $31.879.oo diarios y era beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2001 y 2002; que la empresa venía adelantando una política encaminada a reducir personal, a través de falsos procesos disciplinarios que menoscababan la dignidad de los trabajadores; que, en tal contexto, el 8 de marzo de 2002, el Ingeniero Juan Carlos León López suscribió un informe disciplinario en el que lo sindicaba por haberlo encontrado con aliento alcohólico y por haberse negado a realizarse la prueba de alcoholemia; que dicha información también fue registrada en un «acta de alcoholemia»; que nunca le tomaron una muestra de sangre, orina o saliva, para la determinación efectiva del supuesto estado de embriaguez; que fue citado a descargos para el 14 de marzo de 2002, junto con dos miembros de la organización sindical a la que estaba afiliado, que, sin embargo, no pudieron asistir porque no les fue otorgado el permiso para ello; que la demandada desconoció el procedimiento disciplinario establecido en el artículo 6 de la convención colectiva de trabajo; que nunca aceptó las imputaciones que le hicieron y, a pesar de ello, fue despedido de manera injusta y desproporcionada; que ni la empresa demandada, ni sus equipos, habían sido autorizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para la realización de pruebas de alcoholemia; que la carta de despido fue motivada en otras conductas correspondientes al año 2001, que además de estar prescritas correspondían a faltas leves; que tampoco se respectó el procedimiento de reducción de personal establecido en el artículo 14 de la convención colectiva; que en el ejercicio de sus funciones sufrió un «derrame vitrio», que le trajo como consecuencia una pérdida funcional del ojo derecho; y que sufrió daños morales como consecuencia de su desvinculación.
La entidad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas en su contra. Admitió como ciertos los hechos relacionados con la existencia de la relación laboral y sus términos; la terminación unilateral del contrato de trabajo; el informe disciplinario suscrito por el Ingeniero Juan Carlos León López y el acta de alcoholemia; que no se tomaron muestras de sangre, orina o saliva; y la realización de la diligencia de descargos, sin aplicación del artículo 6 de la convención colectiva de trabajo. Frente a los demás hechos, expresó que no lo eran o que no le constaban. Explicó que la terminación del contrato de trabajo había tenido una causa justificada, además de que no era necesario llevar a cabo algún procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo, pues no se trataba de una sanción disciplinaria, ni de una reducción de personal, sino de una medida de despido. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones que se demandan, cobro de lo no debido, pago, buena fe, indebida aplicación e interpretación de las normas convencionales en que el actor fundamenta sus pretensiones, inexistencia de acción de reinstalación, inconveniencia e imposibilidad de reinstalación.


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