En busca de los presupuestos normativos de la imputación objetiva






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IV.- LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN GÜNTHER JAKOBS.-


Sin duda, JAKOBS ha planteado interesantes puntos de vista a la discusión después de la propuesta de ROXIN, respecto de la teoría de imputación objetiva. JAKOBS ha intentado explicar el Derecho penal desde una perspectiva funcionalista, siguiendo a LUHMANN y a HEGEL. La diferencia reside en que su sistema se orienta de acuerdo a la prevención general positiva de la pena. La posición de JAKOBS nos demuestra que los contenidos de la teoría de la imputación objetiva se encuentra vinculada a la idea de la construcción de un sistema, el mismo que toma como punto de referencia a la esfera de administración autónoma que corresponde a la persona. La teoría de la prevención general positiva puede convencer o no como base de un sistema, pero ya no se le puede hacer a JAKOBS las críticas que se expusieron anteriormente contra ROXIN relacionado con la indefinición e inconcrecion de su propuesta. Las criticas a JAKOBS, por tanto, debe partir de una objeción general a su sistema.

No voy a abrir juicio de valor sobre las ideas fundamentales de JAKOBS, sus aciertos o desaciertos. En síntesis que JAKOBS responda por JAKOBS. Tampoco vamos a entrar aquí a realizar un estudio pormenorizado de los pensamientos funcionalistas, ya que esto supondría excedernos en los temas de nuestra presente investigación. Pero, y para los efectos del caso, es necesario realizar breves comentarios sobre la imputación objetiva de JAKOBS. Este mencionado autor alemán ha separado, junto con FRISCH, de una forma tan radical la imputación objetiva de los conocimientos especiales. JAKOBS, consecuente con el funcionalismo sociológico subyacente a su formulación, considera que los sujetos en sociedad se mueven en un ámbito de expectativas, estas expectativas implican el esperar el comportamiento del otro de acuerdo a lo esperado según las circunstancias, en este marco señala JAKOBS: El Derecho penal no se desarrolla en la conciencia individual, sino en la comunicación. Sus actores son personas y sus condiciones no las estipula un sentimiento individual sino la sociedad31. Según el profesor de Bonn, la sociedad no es entendida como la asociación de un conjunto de individuos, sino que conforma un sistema social autónomo constituido por un complejo entramado de relaciones comunicativas, que conforman la estructura organizativa del sistema. La sociedad, como sistema de comunicaciones, no está constituido entonces por realidades pertenecientes la naturaleza, sino por comunicaciones, por normas.

Para JAKOBS, ser persona significa tener que jugar un “rol”; por roles socales han de entenderse como las haces de expectativas, vinculadas en una sociedad dada al comportamiento de los portadores de posiciones. Por persona no se puede entenderse, como lo hizo los causalistas y los finalistas, como un sujeto presocial y naturalista, como un individuo. Por el contrario, el sujeto en el sistema social ha de entenderse como persona: como entidades determinadas por normas cuyo comportamiento adquieren un significado. Persona deviene del latín griego “prósopon”, máscara o careta con la que se cubría el rostro el actor en el teatro clásico para representar al personaje. JAKOBS así lo relata y lo explica: “Ser persona significa tener que representar un papel”32. Persona es la máscara, es decir, precisamente no es la expresión de la subjetividad, sino que es representación de una convivencia socialmente comprensible. Toda sociedad comienza con la creación del mundo objetivo, incluso una relación amorosa, si es sociedad…tienen un papel que representar”. Continúa diciendo: “La subjetividad de un ser humano, ya per definitionem, nunca le es accesible a otro de modo directo, sino siempre a través de manifestaciones, es decir, de objetivizaciones que deben ser interpretados en el contexto de las demás manifestaciones concurrentes, dicho de otro modo, los actores y los demás intervinientes no se toman como individuos con intenciones y preferencias altamente diversas, sino como aquello que deben ser desde el punto de vista del derecho: como personas”33.

Lo que con ello quiere ponerse de manifiesto, es que en las relaciones sociales adoptamos distintas posiciones, distintos “papeles”, en función de las relaciones de expectativas de comportamiento existentes con los terceros: esposa, madre, asalariada, magistrado- Y es en función del rol desempeñado en cada ámbito de donde emanan las expectativas que los terceros tienen de nuestra conducta. El contenido de un rol queda determinado por los institutos de la Imputación objetiva. Por eso quien lleva a cabo una conducta dentro del riesgo permitido, permanece dentro del su rol; quien presta una contribución a quien actúa a riesgo propio, también: quien realiza una prestación estereotipizada y no se adapta a los planes delictivos de otras personas, no participan criminalmente en la ejecución de esos planes, existe una prohibición de regreso; e igualmente permanecer en el rol del ciudadano fiel al derecho quien, por ejemplo, en el tránsito vial, confía en que los demás se conducirán su vez de modo correcto: principio de confianza34. La regla será: “no quebrantes tu rol como ciudadano fiel a derecho”35.

La confirmación de roles sociales en haces de expectativas nos permiten confiar en que los demás harán atendiendo exclusivamente al rol que ocupa en su trato con nosotros, sin la necesidad de indagar en sus actitudes internas. Lo dicho, es uno de los mecanismos fundamentales del derecho: con las normas jurídicas se procede a una institucionalización de los roles, estableciendo el conjunto de conductas a que está obligado el portador de un rol, y el respeto a esas obligaciones es garantizado por la sanción. Así JAKOBS, siguiendo a LUHMANN termina por afirmar, que el individuo asumido en su subjetividad, no forma parte de la estructura del sistema social, sin que, en tanto la sociedad está constituida por comunicaciones, por normas; son las normas que conforman su rol social, su competencia comunicativa dentro del sistema, las que configuran la noción sociológica o socio-política y, en cualquier caso, abstracta y convencional, de persona36. Sin embargo volviendo la mirada a HEGEL, el rol fundamental que le incumbe a todo individuo ante el derecho es el de persona, el cual se determina, entonces, no atendiendo a las particularidades individuales de cada sujeto, sino en forma generalizada. Como afirma JAKOBS, en el ámbito jurídico, la persona se determina de manera general-normativa. El rol cuyo mantenimiento garantiza el derecho penal es el de ciudadano respetuoso del Derecho, es decir, el de persona en Derecho. La confirmación de los roles es una imposición especialmente en las actuales sociedades complejas donde la conformación de las relaciones en función de los roles desempeñados comporta mayor relevancia. Como señala LUHMANN37, mientras que en las sociedades arcaicas y no diversificadas las relaciones de expectativas parten de una “confianza personal, basada en el conocimiento intersubjetivo entre los concretos individuos que las forman, en las actuales sociedades complejas, caracterizadas por el anonimato de los contactos sociales, las expectativas de conducta sólo pueden garantizarse por lo que llama la confianza institucional. Ello en razón a que dicho anonimato nos impide establecer expectativas en función de la familiaridad con los individuos, sino que hemos de asumir expectativas generalizadas en función del las posiciones sociales.

Para JAKOBS, tales conocimientos especiales38 ningún papel juegan a la hora de determinar sí este tipo de conductas importan la creación de un riesgo típicamente relevante, de manera que basta lisa y llanamente con la aplicación de las instituciones ya aludidas. En efecto, todas estas posiciones parten de una misma premisa, esto es, sostener que en el ámbito de las interacciones sociales todos los sujetos son portadores de un rol determinado, el cual es no es entendido de manera fáctica, sino como un conjunto de posiciones definidas de un modo normativo, ocupado por individuos intercambiables, como ya mencionamos líneas arriba. Nadie le puede quitar la razón a JAKOBS, de manera general, en los supuestos de creaciones especiales de riesgos (tráfico viario, explotaciones industriales, etc.) y en supuestos de deberes especiales (relaciones paterno – filiales, funcionarios, etc.). Así, el clásico ejemplo del camarero en realidad es un estudiante de biología que trabaja por las tardes de camarero y descubre que la fruta que le han ordenado servir es -lo sabe por sus estudios- en realidad exótica y venenosa, aunque sirva la fruta venenosa no puede haber atribución alguna porque socialmente no está asignado la exigencia de que quién sirva sepa “además” de frutas venenosas. De esta manera para preguntarnos por lo subjetivo necesariamente debe haber previamente un comportamiento defectuoso que habilite el interrogante. Debe decirse entonces que cuando el comportamiento se encuentre dentro de lo socialmente exigible, el riesgo no sobrepasa lo permitido. Ahora bien, si el sujeto actualiza sus conocimientos y administra el riesgo, entonces, altera o cambia el estándar del rol y –en palabras de JAKOBS- “manipula el destino y lo convierte en objeto de su organización", por ende hay atribución objetiva. En el ejemplo del camarero este en vez de servir la mesa que le han ordenado, ve a un enemigo en otra, cambia el orden sirviendo a su enemigo en vez de la mesa correspondiente. En este supuesto el camarero ha adaptado su rol al plus de conocimientos que posee asumiendo el control y destino del riesgo (alterando el rol). En términos de JAKOBS, los conocimientos especiales no pertenecen al rol, esto es a lo que debe saber un sujeto en un actividad estandarizada, lo exigible es lo que el estándar requiere, los conocimientos sin el deber de conocer están definidos desde la pura subjetividad y serían un elemento ajurídico. JAKOBS tiene razón en considerar que dentro de nuestra sociedad, donde pregona los contactos anónimos, nadie tiene que contar con que un camarero tenga conocimientos de biología. Sin embargo, el hecho de que el camarero no tenga el deber de evitar ese resultado, eso no significa que este autorizado para elevar los riesgos ya creados por aquella persona que inicialmente puso la dosis en el plato de ensaladas39.

Luego, si bien es cierto que desde el momento que el camarero no se da cuenta de que lleva una envenenada no desatiende ningún deber, porque no tiene el deber de atender a la composición de los alimentos que sirve, pero desde el momento en el que se da cuenta de que está sirviendo comida envenenada su conducta adquiere un sentido delictivo40. El camarero esta contribuyendo a elevar los peligros inherentes al contacto entre personas. Acertadamente ha argumentado FEIJOO SÁNCHEZ, que no se puede elaborar los criterios objetivos de Imputación objetiva partiendo de un concepto eminentemente sociológico, pues la función de filtro del tipo objetivo se llegaría a estructurar en base a criterios de corte sociológicos; La imputación al tipo en nuestro Derecho penal debe de partir del principio de legalidad, tomando como punto referencial los hechos objetivamente desvalorados por la norma primaria41 –aquellas que actúan como motivadoras-. El tipo penal cumple así su función de filtro, pues sólo después del tipo objetivo, hay que tener en cuenta el tipo subjetivo42. De esta manera se – y en palabras expresas del profesor madrileño- llega a respuestas solubles, con mayor garantía y seguridad jurídica. El rol social es un elemento de la realidad que nos puede ayudar a interpretar el sentido objetivo de una conducta, pero en absoluto opera como filtro objetivo o causa de justificación. El tipo objetivo, no tiene nada que ver con el quebrantamiento de roles especiales como alude JAKOBS, sino con la adecuación típica de un comportamiento. Un dato sociológico como el rol social no puede condicionar las reglas generales de imputación jurídico-penal, aunque pueda ser un dato de la realidad a tener en cuenta para la valoración jurídico-penal de una conducta43.

Aunado a estas criticas, se suma la argumentación que los postulados de JAKOBS no sólo compartimenta los roles sociales, sino que define de forma estrecha el riesgo. Sobre lo primero se ha dicho:”esto es así porque los roles son banales en abstracto pero siempre se asumen en circunstancias concretas, y en éstas pueden no ser inocuos. Pero lo que sustancialmente pasa por alto esta tesis es que cuando el agente asume el dominio del hecho de un injusto penal, cambia su rol. Los roles de buen camarero, de buen capataz, de buen vecino o de buen policía, saltan en pedazos cuando, por efecto de asumir el dominio del hecho, el agente asume el rol de homicida o de terrorista.”.44 En cuanto a lo segundo, es decir “la estrecha definición del rol”, también puede ser apreciada modificando las bases del ejemplo dado: si el mozo esta esperando el plato y advierte que dentro del mismo se cae un veneno, estando el cocinero de espaldas sin poder advertir tal circunstancia, razón por la cual finalmente entrega al mozo el plato como si el mismo estuviera apto para el consumo. La pregunta que le hacemos al profesor JAKOBS, es si el camarero sólo se limita a servir los alimentos a los comensales, o también es su rol, el de servir alimentos aptos para el consumo humano?. Si al llevar el pedido advirtiera que el mismo se encuentra en un estado de evidente putrefacción, no podría servir el plato, de la misma forma que no podría hacerlo si fuera advertido por una tercera persona respecto de que la ensalada contiene un producto venenoso.45 Sin embargo, esta argumentación pasa por afirmar, que el hecho de servir alimentos no aptos para el consumo humano, aun con el conocimiento del camarero, ya se esta elevando un riesgo ya creado, relevante jurídicamente para el Derecho penal.

Con todo, los conocimientos especiales sólo son relevantes para el tipo cuando van referidos a un hecho objetivamente desvalorado por la norma. El aspecto subjetivo siempre va referido a un hecho desvalorado objetivamente (riesgo permitido o riesgo típico). Sí la conducta no adquiere un significado objetivo como típica no es indiferente lo que conozca el autor y si lo adquiere la conducta puede ser típico aunque el autor no tenga el tipo ante los ojos (imprudencia). Los supuestos que la doctrina ha venido tratando como supuestos a solucionar mediante el recurso a los conocimientos especiales (propensión especial de la persona, problemas de corazón con miocarditis crónicas, problemas mecánicos en medios de transporte, etc.,) son también solubles y con mayor garantía, seguridad, demostrabilidad y fundamentación si se acude previamente a determinar la existencia de motivos concretos, datos objetivos o situaciones críticas que configuran ese riesgo como más elevado que el permitido y que se debe conocer y debe evitar46. Los conocimientos especiales en el ámbito del delito imprudente son un problema relacionado con el riesgo permitido y no con la intención del autor. Así por ejemplo, si alguien conduce su automóvil y tiene conocimiento que va a cruzar la calzada un anciano, y no obstante el conductor no adecua su conducta a lo permitido, realiza un tipo delictivo de homicidio o lesiones; pero esta definición ha de pasar por considerar que conducir su automóvil –imprudentemente- contra un pobre anciano ya es un riesgo jurídicamente desaprobado existiendo el deber de adecuar su conducta de acuerdo a lo permitido47. Los conocimientos, finalidades, capacidades o experiencias del autor no determinan por sí mismas la imputación del hecho, sino que son datos a valorar para determinar la infracción de una norma de conducta (o de cuidado) por parte del autor o del partícipe. Los datos personales del autor sólo son penalmente relevantes en la medida en que existe un riesgo jurídicamente desaprobado por la norma penal. Así, quien sabe de la condición de hemofílico de otra persona, tiene el deber de evitar acciones riesgosas o movimientos que puedan causarle lesiones, naturalmente su desobediencia supone la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, porque los datos objetivos relevantes constituye la base del juicio de imputación objetiva.
V.- CRITERIOS NORMATIVOS DE LA TEORIA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA. POSICIÓN PERSONAL

A.-) EL RIESGO PERMITIDO. CRITERIO DE DETERMINACIÓN DEL DEBER DE CUIDADO CREACIONES DE RIESGOS NO DESAPROBADOS POR RAZONES NORMATIVAS.

Existen un gran número de conductas mediante las cuales se exponen a los demás a los riesgos residuales mas variadas de la tecnología moderna (ejemplos, el tráfico rodado, el funcionamiento de aeronaves, la manipulación de máquinas modernas, el funcionamiento de centrales nucleares o fábricas químicas, la autorización y venta de fármacos, etc.). Si se produce, en relación con tales actividades, una lesión de bienes jurídicos ajenos, no se puede negar la causalidad de la conducta. Luego, si, no obstante, no se les pide cuentas, muchas veces, de la realización de estos resultados a aquellos que permiten un comportamiento tal o se comportan ellos mismos de determinada manera, es porque la creación de tales riesgos se consideran permitidas dentro de ciertos límites. La licitud se puede fundar aquí tomando en cuenta las siguientes argumentaciones dogmáticas: en primer lugar, El Derecho penal es un orden secundario del Derecho, es decir es la última ratio del ordenamiento48. Por esta razón, el Derecho penal asume o tolera, la configuración –y no ciertos niveles de riesgo- de ciertas conductas que conlleva riesgos. El Derecho, como orden de interacción para garantizar las posibilidades de participación social más favorables con los menores costos sociales, tiene que asumir peligros (y naturalmente, también su realización en lesiones) como algo permitido. Punir esas actividades sería privar de la libertad de organización a las personas. Luego, si bien es cierto que el Ordenamiento Jurídico penal admite o tolera de forma genérica ciertas actividades que encierran peligros, no se crea que esto significa que va a admitir las conductas imprudentes que se puedan producir en el marco de dichas actividades49. Una ciencia dogmática que no tenga en cuenta estos datos es una ciencia que quedará encerrada en sus propios muros y que carecerá de la conexión con la realidad, que es lo peor que lo puede pasar a una ciencia jurídica50. Y en segundo lugar – pero no por eso menos importante- estriba en que la ciencia jurídica penal siempre ha puesto de manifiesto que el riesgo permitido obedece a una ponderación social de intereses51, tomando en cuenta tanto la peligrosidad de la actividad como la utilidad social que ella acarrea.

Es más en la inmensa mayoría de los supuestos, cuanto mas cercano sientan los ciudadanos la utilidad más dispuestos están a aceptar el qué un determinado tipo de riesgo forme parte de sus vidas. La idea de riesgo supone el reconocimiento colectivo de que, junto con las consecuencias que se persiguen con una determinada actividad hay que asumir otras que no se persiguen52. Por eso, muchas veces el interés en los beneficios que reporta una actividad hace que el peso de la balanza se incline hacia un favorecimiento de esa actividad en detrimento de la idea de protección de bien jurídico53. Frente a lo afirmado por el profesor Madrileño, cabría hacerle una crítica: la peligrosidad que emana de semejantes actividades ni siempre es factor determinante a la hora de decidir sobre la aceptación de las mismas, pues previsiblemente la sociedad no estará dispuesta, por ejemplo, si de ello se derivaran el mismo número de victimas que produce la utilización de energía nuclear54; o la actividad generada por una empresa minera que al mismo tiempo de generar beneficios económicos, genera enfermedades cancerígenas entre los pobladores.

Dentro de la dogmática penal, especial discusión merece la constitución física especial de la víctima. La doctrina alemana ha venido discutiendo, sin un golpe a un hemofílico –sin conocer dicha situación- y la posterior muerte de la víctima ha de imputarse objetivamente al autor; o si los adelantamientos peligrosos antirreglamentario que da lugar a un infarto de miocardio como consecuencia de una alteración nerviosa que sufre el conductor adelantado es in injusto penal; Sólo quisiera acotar algunas observaciones al respecto. Buen sector de la doctrina, solucionan estos casos remitiéndose al fin de protección de la norma. Sin embargo, aquí nos remitimos a las críticas que formulamos en su debido momento.55 Es totalmente evidente que los shocks emocionales producidos a consecuencia de impresiones negativas incumben solamente a quien los sufre, que si se prohibieran todas las conductas que pudieran generar colapsos nerviosos o problemas emocionales, se llegaría a una limitación intolerable de la libertad de conducta56. Por eso, cada uno tiene que aprender a soportar las desgracias, desdichas o infortunios que le afecten, lo que desgrava a los demás del deber de tener que contar con esa posibilidad57.

Ahora, estos problemas de daños schock pueden ser resueltos satisfactoriamente con una aplicación correcta de la imputación objetiva. Nos parece que el daño representado por el colapso nervioso constituye sólo la realización general de vida, y no la realización de un riesgo jurídicamente desaprobado, pues a nuestro juicio, lo que permite explicar el resultado producido (ataque de nervios) no es la conducta que generó el riesgo jurídicamente desaprobado (adelantamiento imprudente), sino la forma en que cada persona es afectada por las impresiones negativas que la vida de relación social puede traer consigo. La forma de reaccionar ante esa impresiones negativas de la vida, es pues algo que compete en forma exclusiva al afectado58. Sin embargo, alguien que provoca un shock o un ataque de nervios teniendo el conocimiento especial sobre los factores de riesgo especiales en el caso concreto, si infringe su deber de cuidado. De esta manera, quien sabe de la condición hemofílica de otra persona, tiene el deber de evitar acciones riesgosas o movimientos que puedan causarle lesiones, naturalmente su desobediencia supone la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Es verdad que si alguien sabe de la condición de hemofílico y, sin embargo lo golpea tan fuertemente que le produce la muerte, realiza el tipo si lesiona o mata. Luego, esa afirmación pasa por afirmar que golpear fuertemente a un hemofílico, es un riesgo jurídicamente relevante para la norma y que existe el deber de adecuar la forma de conducción a ciertas circunstancias críticas para evitar lesiones.

B.-) PROHIBICIÓN DE REGRESO.-

.A continuación nos volcaremos a la discusión que existe dentro de la literatura penal, sobre si determinadas actividades que, careciendo de un sentido delictivo univoco o pudiéndose definir como habitual o inofensivo, es aprovechada por un tercero para realizar sus planes de lesión de bienes jurídicos ajenos, reúne los requisitos objetivos de los tipos de participación.

En la doctrina penal moderna, existen dos soluciones posibles para una fundamentacion de la participación: o se formula (renunciando a una imputación accesoria) un injusto propio, autónomo, por el que cada partícipe debe responder por su propio hecho, adquiriendo desde un principio el significado objetivo de cooperación en la ejecución típica, sin necesidad de tener que acudir a la conducta del autor para fundamentar el desvalor de la conducta del partícipe; o, y esta es la segunda alternativa posible, se le imputa al partícipe simplemente el injusto típico ajeno (solución basada en el principio de accesoriedad).

Coherentemente con lo dicho, la tesis del injusto propio del partícipe, se apoya, en el principio de autorresponsabilidad59: nadie debe responder por el comportamiento inadecuado de otro, por un injusto ajeno60. La idea de que el partícipe no puede responder por el hecho de otro se basa en la idea en que si alguien se ha organizado correctamente y ha hecho un uso legítimo de su libertad organizativa no puede pasar a ser relevante su conducta para el Derecho penal por el mero hecho de que con posterioridad un tercero convierta su acción socialmente adecuada en parte de una organización delictiva. Todos estaríamos a merced de la voluntad de terceras personas. Sin embargo, tener que renunciar a la accesoriedad, no parece razonable, por los siguientes motivos: porque una intervención en el delito mediante una cooperación en la fase preparatoria también es posible. Si quisiéramos construir un injusto autónomo para cada interviniente, de la responsabilidad de quien no llevo a cabo acciones ejecutivas (ni siquiera al estadio de la tentativa), se estaría entonces obligado a declarar injusto el comportamiento que se lleva a cabo en la fase previa61. Una conducta de participación en un momento preparatorio (dar un veneno al autor) sólo puede ser un ejemplo insoportable desde un punto de vista ético, pero no desde el punto de vista del Derecho penal, porque no existe todavía un hecho típico. Si una conducta supone por si misma un ejemplo insoportable desde el punto de vista del tipo, se trata de una conducta de un autor y no de un partícipe.62 Aunado a esto, debe ser aclarado, por el contrario, porque deberá quedar impune, el aporte de un interviniente cuando existiendo división en la ejecución del trabajo, no produce la totalidad sino tan solo una parte del injusto típico. Si por ejemplo, se produce en un banco, un robo en forma de división de trabajo, uno de los intervinientes toma el dinero de la caja fuerte, mientras el otro amenaza con un arma. Si se renunciase al peso de una imputación accesoria, uno de los intervinientes seria solo autor respecto del delito de hurto, en tanto el otro le incumbe sólo unas coacciones63.

Entonces, a mi modo de ver, la teoría que exige que la conducta del partícipe adquiera desde el principio el significado objetivo de cooperación a un delito sin necesidad de tener que acudir a la conducta del partícipe, por si solo no es capaz de fundamentar adecuadamente la responsabilidad penal de los intervinientes. Es necesario, de acuerdo al artículo 16º de Código Penal Peruano, que el autor llegue al estadio de la tentativa, para que la conducta del partícipe sea penalmente relevante64. Por ejemplo, si un sujeto que obtuvo su licencia para portar armas, entra a una taberna, y mira que dos sujetos están en una discusión muy fuerte; el sujeto deja el arma a disposición de los dos sujetos a punto de agarrarse a golpe; Sin embargo, el dejar el arma a disposición de uno de los sujetos no pasa a ser un favorecimiento típico de un homicidio o asesinato hasta que el autor apunta a la víctima con dicha pistola; diferente es el siguiente caso: alguien llega a una ferretería arrastrando a otro de forma violenta y con golpes; le comunica al ferretero (que ve los hechos) que quiere comprar un cuchillo. La entrega del cuchillo ya ha perdido todo sentido delictivo que no sea de facilitar la comisión del un delito. Aquí el autor parece haber comenzado al menos con el estadio de la tentativa, es decir ha comenzado la realización del tipo. Cuando el autor ha comenzado la realización del tipo, el favorecimiento del autor suele adquirir el sentido objetivo de cooperación o complicidad65.

También, es indispensable, que se de los respectivos tipos objetivos de la figura de la participación. Esta idea esta en consonancia con el desarrollo de una visión normativa del tipo a través de la teoría de la imputación objetiva. Es necesario que se de el tipo objetivo de inducción66. De lo redactado en el Art. 24º del Código Penal Peruano, se infiere que para que exista una inducción es preciso que una persona haya determinado, a través de la influencia psíquica, la decisión de realizar el delito en otro67. Suele aceptarse que esta influencia psíquica puede consistir en consejos, recompensas, apuestas, provocaciones, precio, recompensa, etc. Es preciso que el inductor haga nacer en otro la resolución criminal de realizar un hecho delictivo. Luego, es necesario que el autor no estuviese decidido a cometer el hecho delictivo, pues, precisamente tiene que ser el influjo psíquico del inductor la que de lugar a que el otro decida la comisión delictiva68. La cuestión relevante que aquí interesa no es si el influjo psíquico es o no un elemento del tipo objetivo, sino delimitar que influencias psíquicas en el autor son subsumibles en el Art. 24º del Código Penal Peruano, o por el contrario, son penalmente irrelevantes. Como señalé líneas arriba, la participación por métodos psíquicos debe implicar un consejo técnico que facilite la ejecución del hecho principal, una estabilización o una motivación definitiva en la resolución delictiva. Por ejemplo, si un amigo convence a un marido celoso de que vuelva pronto a casa de manera que descubra in flagrante a su mujer con su amante; o le recomienda una película a un amigo que tiene graves problemas con su mujer, en la cual se narra la organización perfecta de un crimen, no son conductas penalmente relevantes. EL simple crear una situación extrema, llevara cabo una puesta en escena de la que puede surgir la idea criminal, no es suficiente, para apreciar que se ha realizado el tipo objetivo en una inducción.
C.-) PRINCIPIO DE CONFIANZA.-

El contenido el principio de confianza es el siguiente: aquel que se comporta adecuadamente no tiene que contar con que su conducta puede producir un resultado típico debido al comportamiento antijurídico de otro, aunque fuese previsible dada la habitualidad de ese tipo de conductas, desde un punto de vista psicológico69. En los supuestos en los que es preciso acudir al principio de confianza, el cuidado necesario en el tráfico no esta relacionado con un riesgo natural, sino con el comportamiento de una persona libre y responsable, por tanto entra en juego, el principio de la esfera autónoma del sujeto.

Sino existiese el principio de confianza70, actividades como la del tráfico rodado será difícilmente realizables, pues en cada esquina deberíamos contar con la posibilidad de que los demás conductores no respeten el derecho de prioridad a los semáforos, así como tendríamos que contar con la posibilidad de que los peatones crucen imprudentemente las calles; nadie se podría orientar en la vida social si tuviera que contar en todo momento con cualquier conducta discrecional de otros seres humanos. Cada contacto seria un riesgo incalculable; El Derecho penal se convertiría pues, en palabra de WELZEL, en un mundo museal muerto.

Sin embargo, el principio de confianza se excluye en los siguientes casos: este principio llega a quebrarse cuando hay datos objetivos, sólidos para evidenciar el comportamiento antijurídico de otra persona71. Tiene que tratarse de motivos o datos relacionados con la situación concreta. Por ejemplo, la preferencia de paso decae cuando ya se conoce la existencia de otro automóvil en un cruce; o el cirujano sabe que todos los bisturís anteriores de la misma partida le han fallado, o cuando el conductor de un vehículo se percata de que un ebrio intentara cruzar la calle en forma imprudente; son eventos en los cuales el sujeto que reconoce una circunstancia tal no podría invocar el principio de confianza sino que debería adoptar un comportamiento diferente para evitar un resultado dañoso. Sin embargo, no siempre el simple conocimiento de la incorrección de conducta ajena es lo que establece la limitación al principio de confianza. Es necesario determinar hasta donde rigen sus deberes de vigilancia, respecto de la forma como otros desarrollan determinadas actividades. Así por ejemplo, quien como empleado de una fábrica de productos químicos tiene como única función la de abrir periódicamente una esclusa por la cual se vierten determinados residuos líquidos, no crea con su conducta un riesgo jurídicamente desaprobado en el evento de que esas aguas residuales contaminen un río, porque son otras personas dentro de la fábrica los encargados de cumplir sus deberes de vigilancia, y evitar de esta manera, ese resultado dañoso. Luego, pese al conocimiento de la peligrosidad de las aguas que son vertidas a través de la compuerta que se abre, puede seguir confiando en que las personas encargadas de ello evitarán la contaminación de las aguas –en virtud de sus deberes de vigilancia que le corresponden a los otros empleados - y por tanto rige para él, el principio de confianza aunque tenga conocimiento de la conducta incorrecta del encargado de la aguas residuales.

EL principio de confianza se excluye, también, cuando el sujeto esta frente a inimputables, o aquellas personas, imputables, que evidencian una incapacidad para protegerse o prestar una diligencia debida. No se puede tener los mismos deberes de cuidado en una situación concreta en donde el conductor de un coche ve en la calzada a una persona que en principio puede prestar unas capacidades estándar para sortear peligros o que vea a una persona muy anciana, o minusválida, por ejemplo. No basta la simple presencia de un niño, un anciano o un minusválido para restringir la operatividad del principio de confianza, sino que deben existir concretos puntos de referencia que indiquen que esas u otras personas se comportarán de una manera diversa a como deberán hacerlo. Luego, es incorrecta la invocación de un “principio de defensa” que limitaría el de confianza por la sola presencia (aun inactiva) de peatones que puedan ser considerados como niños, ancianos o inválidos72.
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