Instrucción num. 2 de Ávila sentencia núM. 145/2012






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títuloInstrucción num. 2 de Ávila sentencia núM. 145/2012
fecha de publicación11.08.2016
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SENTENCIA:

AUDIENCIA PROVINCIAL


DE

A V I L A




ROLLO PENAL NÚM. 13/2011

Sumario num. 1/2011 del Jdo. de Instrucción num. 2 de Ávila


SENTENCIA NÚM. 145/2012



ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE en funciones:

D. JESÚS GARCÍA GARCÍA

MAGISTRADOS:

D. MIGUEL ANGEL CALLEJO SÁNCHEZ

Dª TANIA GARCIA SEDANO      



En la Ciudad de Ávila a veintisiete de junio de dos mil doce.

La Audiencia Provincial de Ávila, compuesta de los Iltmos. Sres. Magistrados consignados al margen, ha visto las actuaciones seguidas en Sumario núm. 1/2011 de los del Juzgado de Instrucción nº 2 de Ávila, Rollo Penal num. 13/2011, seguido por un presunto delito de depósito de armas de guerra contra JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ MARTIN, nacido el día 14 de febrero de 1959 en Riocabado (Ávila) hijo de Mariano y Severina, con D.N.I. núm. 6542013P y con domicilio en Ávila, C/ Cuartel de la Montaña num. 15, 4º izda, , habiendo estado representado por la procuradora Doña Sonsoles Pérez García y defendido por el Letrado D. Antonio Caro Picón, DIEGO EIROA LAGO, nacido en A Coruña el día 5 de julio de 1989, hijo de Isolino y Eva, con D.N.I. num. 70.824598 y vecino de Arteixo (A Coruña) C/ Ría de Arousa num. 11, 1º izda, representado por la Procuradora Doña Ana María Sánchez Jiménez y defendido por la Letrada Doña María José Araujo Velayos y contra DIEGO TORRUBIAS RODRÍGUEZ, nacido en Ávila el día 13 de noviembre de 1.990, hijo de Jesús y Encarnación, con D.N.I. num. 70819468 y vecino de Ávila, C/ Alfonso Querejazu num. 3, Esc. B, 1º 3º, representado por la Procuradora Doña Ana María Sánchez Jiménez y defendido por la Letrada Doña Raquel Arribas de la Fuente, todos ellos en situación de libertad provisional por esta causa, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en ejercicio de la acción pública.
Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Ángel Callejo Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO.- Las actuaciones se iniciaron en virtud de atestado instruido por la Comisaría de Policía de Ávila, dando lugar a la incoación de Diligencias Previas num. 355/2011, posteriormente transformadas en Sumario num. 1/2011, del Juzgado de Instrucción num. 2 de Ávila, en el que se dictó auto de procesamiento contra José Ignacio González Martin, Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez y auto declarando concluso el sumario; remitidas las actuaciones a esta Audiencia y confirmando el auto de conclusión, se decretó la apertura del juicio oral, presentando el Ministerio Fiscal y las Defensas de los procesados escritos de conclusiones provisionales y se señaló para la celebración del juicio oral el día 26 de junio de 2012
SEGUNDO.- En fase de conclusiones provisionales el Ministerio Fiscal calificó los hechos como constitutivos de un delito de depósito de armas de guerra previsto en el art. 566.1.1, en relación con el art. 567.1 del Código Penal, estimando autores responsables del mismo a los tres procesados, y sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal solicitaba les fuera impuestas las siguientes penas: a Ignacio González Martín la pena de cinco años de prisión como promotor del depósito, a Diego Eiroa Lago y a Diego Torrubias Rodríguez la pena de tres años de prisión como cooperadores, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y pago de las costas, así como el comiso de las armas.
TERCERO.- En igual trámite las Defensas mostraron su desacuerdo con el escrito de acusación, interesando la libre absolución de sus patrocinados.
CUARTO.- Al inicio del juicio oral el Ministerio Público modificó su escrito de calificación provisional respecto de los acusados Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez, en el sentido de aplicarles la atenuante del art. 14.3 y solicita para cada uno de ellos la pena de 9 meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de las costas; con dicha nueva calificación mostraron su conformidad los acusados, y sus respectivos Letrados estimaron innecesaria la celebración del juicio.

Elevó a definitivas las conclusiones provisionales respecto del otro procesado, José Ignacio González Martín, si bien posteriormente en su informe manifestó que si la Sala así lo consideraba podría imponérsele la pena de dos años y 6 meses de prisión al ser de aplicación la atenuante de error vencible prevista en el art. 14.3º del Código Penal.
QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

II.- HECHOS PROBADOS



PRIMERO.- Que en fecha comprendida entre los primeros días de octubre y el 25 de noviembre de 2009, aproximadamente, Ignacio González Martín, mayor de edad y cuyas demás circunstancias personales ya constan, con antecedentes penales no valorables, tenía a su disposición en un almacén de su propiedad sito en la Travesía de San Cristóbal de Ávila, entre otras armas, un subfusil EMP MP-35, “Naranjero” número de serie 3085; un subfusil M-35, número de serie 14061 y, un subfusil número de serie 2462, así como 54 cartuchos de calibre 7,62 y otras del calibre 9. Tales armas se encontraban en un estado de funcionamiento normal y son armas de guerra.

Las anteriores armas fueron vendidas a Ignacio González Martín por Diego Eiroa Lago, y Diego Torrubias Rodríguez, ambos mayores de edad y cuyas circunstancias personales ya constan, sin antecedentes penales que, al parecer, las habían sustraído en una finca días antes, si bien tales hechos son objeto de otro procedimiento distinto al presente.

Se ha demostrado que Ignacio González Martín cuando realizó la acción tenía error vencible sobre la ilicitud de lo que realizaba.

Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez se reconocieron culpables de tales hechos el día del juicio.
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Los hechos realizados por Ignacio González Martín, Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez son constitutivos de un delito de depósito de armas de guerra del art. 566.1.1º, en relación al art. 567.1 del Código Penal que establecen: ”art. 566.1.1º.- Los que fabriquen, comercialicen o establezcan depósitos de armas o municiones no autorizados por las leyes o la autoridad competente serán castigados: 1º Si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas o biológicas con la pena de prisión de cinco a 10 años los promotores y organizadores, y con la de prisión de tres a cinco años los que hayan cooperado a su formación.” Y el art. 567.1: Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas o biológicas la fabricación, la comercialización o la tenencia de las mismas. El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la adquisición como la venta.”

Los elementos integrantes del tipo son los siguientes:

  1. El establecimiento de un depósito de armas y municiones de guerra

  2. Que se trate de varias armas como en este caso, y de bastante munición que por su cantidad o clase, a juicio del Tribunal, constituya un verdadero depósito.

  3. La ausencia de autorización legal o de la autoridad competente para ello.

Aquí concurren todos los elementos señalados ya que según el informe pericial de Comisaría General de Policía Científica (folios 311 y siguientes) se trata de las siguientes armas:

1.- Subfusil EMP MP-35 o “naranjero”.- Subfusil automático tipo Schmeisser, recamarado para cartuchos del calibre 9 m/m largo Bergman; ánima rayada, con ausencia del cargador extraíble en su lado izquierdo. De uso militar en la guerra civil. Fabricado en Cataluña o Valencia alrededor de 1937. Consta de inscripción de nº de serie: 3085. El arma se encuentra en normal estado de conservación y su funcionamiento mecánico es correcto, habiéndose realizado en galería de tiro varios disparos de prueba, obteniéndose vainas “testigo” para su correspondiente estudio identificativo.

2.- Subfusil MP-35, con armazón y empuñadura de madera.- Subfusil automático recamarado para cartuchos del calibre 9 m/m; ánima rayada, con ausencia del cargador extraíble en su lado izquierdo. De uso militar en la guerra civil. Con nº de serie 14061. Su mecanismo de disparo consta de doble presión que controla la cadencia de tiro: una ligera presión para tiro a tiro y una fuerte presión a ráfaga. El arma se encuentra en normal estado de conservación y su funcionamiento mecánico es correcto, habiéndose realizado en galería de tiro varios disparos de prueba, obteniéndose vainas “testigo” para su correspondiente estudio identificativo.

3.- Subfusil, con armazón de madera.- Subfusil automático recamarado para cartuchos del calibre 9; ánima rayada, con ausencia del cargador extraíble en su lado derecho. De uso militar. Con nº 2462 grabado en su armazón y cierre. Su mecanismo de disparo consta de doble presión que controla la cadencia de tiro: una presión en la parte superior del primer disparador para tiro a tiro y una presión en su parte inferior acciona el disparador posterior para tiro a ráfaga. El arma se encuentra en normal estado de conservación y su funcionamiento mecánico es correcto, habiéndose realizado en galería de tiro varios disparos de prueba, obteniéndose vainas “testigo” para su correspondiente estudio identificativo.

Según el informe tales armas son consideradas armas de guerra reguladas en el art. 6 del vigente Reglamento de Armas, debiendo precisar para su tenencia y uso la correspondiente licencia de armas y guía de pertenencia según el art. 96.2 del Reglamento.

De nada sirve que la defensa de Ignacio González manifieste que no tenían cargadores pues ello es algo accesorio que se podía instalar en cualquier caso. Además, ha quedado probado, según dicho informe que el funcionamiento, en la actualidad es correcto habiéndose realizado con dichas armas varios disparos y comprobándose que funcionaban correctamente.

En el folio 325 también se refiere en el informe que los 50 cartuchos de calibre 7,62x56 son considerados como munición para armas quedando probada su adquisición, tenencia y uso por los particulares.

Por tanto, se trata de armas y munición de guerra.

Los hechos probados relativos a Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez han sido reconocidos por los mismos, declarándose culpables el mismo día del juicio, habiéndose conformado con la pena interesada por el M. Fiscal.

Se ha admitido por los acusados la ausencia de autorización para el depósito y utilización de armas de guerra.

SEGUNDO.- Los hechos probados son constitutivos de un delito de depósito de armas de guerra previstos en el C. Penal, siendo José Ignacio González Martín, Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez autores de tal delito, conforme al art. 28 del Código Penal.
TERCERO.- Se impone a Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez, al haberse conformado con tal pena, la de 9 meses de prisión, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo a cada uno de ellos y pago por cada uno de un tercio de las costas causadas.
CUARTO.- La defensa de José Ignacio González Martín interesa la absolución del mismo por entender que las armas no funcionan al no tener cargador.

Lo cierto es que se ha de estar a la prueba pericial practicada, esto es, que se ha efectuado la correspondiente prueba y las mismas disparaban. Además, se ha de añadir que si no existe cargador para disparar varias municiones automáticamente o de modo rápido y sucesivo, el mismo se puede adaptar, siendo elemento esencial el arma, que ya, de por sí, dispara.

El propio Ignacio reconoció el día del juicio a preguntas del Ministerio Fiscal que sólo tenía un “naranjero” pero perforado, y que no tenía licencia de coleccionista. Pero a preguntas de su Letrado dijo lo contrario manifestado que “si hubiera sabido que estaban sin perforar no las hubiera cogido”. Por tanto, viene a reconocer que son varias (en plural) las armas y que conocía que estaban sin perforar. La conducta apropiada a seguir debiera de haber sido la entrega de inmediato a las autoridades o agentes de la autoridad.

Ha quedado probado también que compró las armas y pagó por ello, no sólo por la declaración de Diego Eiroa el día del juicio, sino también por las declaraciones a lo largo del procedimiento. Así (folio 128 y ss.) Diego Eiroa Lago dijo ante la Policía que se puso en contacto con el anticuario Ignacio y poco a poco le fue llevando las armas y demás objetos consiguiendo por ello alrededor de 800 €. Después se ratificó ante el Juzgado de Instrucción: “que vendieron a Ignacio González los objetos que cogieron de la finca” y que “cobraron unos 600 a 800 €”. También Diego Torrubias Rodríguez reconoció ante el Juzgado instructor que estuvo con el anterior, Diego Eiroa, en la finca (donde se encontraban las armas) y que entró en la casa con otras personas.

En definitiva, no existe duda sobre la autoría de los hechos, como tampoco existe sobre la consideración de las armas y munición como armas y munición de guerra, tal y como vienen definidas en el Reglamento de Armas, y que, tanto las armas como la munición, se encontraban en funcionamiento por lo que se ha de condenar por ello a Ignacio González Martín como autor del citado delito.
QUINTO.- La pena prevista para tales hechos en el Código Penal (art. 566) para los promotores es la de 5 a 10 años, por lo que procede imponer la mínima pena de 5 años a Ignacio González Martín.

No obstante, el Ministerio Fiscal manifestó el día del juicio que existió error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal por lo que entiende que ha de aplicarse la pena de prisión de 2 años y 6 meses. También ha considerado la existencia de tal error vencible en el caso de los otros dos acusados. Continuamente Ignacio González, a lo largo de las preguntas el día del juicio, manifestó desconocer la gravedad de los hechos, según aparecen regulados en el Código, señalando que sólo es anticuario y no coleccionista, no interesándole las armas de guerra y si las compró fue porque eran viejas y que no las había cargado, ni disparado, diciendo que algunas son de adorno y que otras son objeto de coleccionismo, aunque él no tiene carnet de coleccionista.

Por tanto, se ha de partir de la posibilidad de aplicar la pena inferior en uno o dos grados, por lo que la Sala entiende que aplicando dos grados la pena de prisión ha de reducirse al periodo de 2 años.
SEXTO.- De conformidad con los arts. 123 y 124 del Código Penal se condena a Ignacio González Martín, Diego Eiroa Lago y Diego Torrubias Rodríguez al pago de las costas del presente procedimiento por terceras partes.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación
FALLAMOS
Que debemos condenar y condenamos a DIEGO EIROA LAGO como autor de un delito de depósito de armas de guerra a la pena de NUEVE MESES DE PRISION, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de un tercio de las costas, a DIEGO TORRUBIAS RODRIGUEZ como autor de un delito de depósito de armas de guerra a la pena de NUEVE MESES DE PRISION, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de un tercio de las costas, y a JOSE IGNACIO GONZALEZ MARTIN, como autor de un delito de depósito de armas de guerra a la pena de DOS AÑOS DE PRISION, accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y abono de un tercio de las costas.

Se decreta el comiso de las armas y municiones referenciadas en los hechos probados.

      Notifíquese la presente resolución con advertencia de los recursos que contra la misma sean procedentes.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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