Gustavo enrique malo fernández






descargar 188.3 Kb.
títuloGustavo enrique malo fernández
página1/4
fecha de publicación23.08.2016
tamaño188.3 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Derecho > Documentos
  1   2   3   4

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Magistrado ponente

SP8034-2015

Radicación n° 41685.

Aprobado acta No. 220.
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) junio de dos mil quince (2015).

V I S T O S
La Corte se pronuncia acerca del recurso extraordinario de casación presentado por el defensor de Jaime Montoya Naranjo, contra la sentencia proferida en segunda instancia por la Sala Penal de del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que revocó la absolutoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad y, en su lugar, condenó al procesado a la pena principal de 80 meses de prisión, multa de 202 s.m.l.m.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal, así como la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 3 años; al declararlo autor penalmente responsable de fraude procesal, falsedad en documento privado y abuso de condiciones de inferioridad.
ANTECEDENTES
Los cónyuges Ángel Jaime Grajales Santa y Cruz Elena Patiño de Grajales, eran los propietarios del Complejo Turístico Parador de Buga, así como del predio en donde funcionaba el establecimiento de comercio.
En consideración a que el inmueble propiedad de los esposos Grajales–Patiño, sería destinado para la construcción de la malla vial nacional en el departamento del Valle del Cauca, el Instituto de Concesiones –INCO– promovió un proceso de expropiación contra Ángel Jaime Grajales Santa y Cruz Elena Patiño de Grajales, que le correspondió adelantar, por asignación del 4 de septiembre de 2006, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga.
La demanda fue notificada personalmente al señor Ángel Jaime Grajales Santa el 7 de noviembre de 2006 y a la señora Cruz Elena Patiño de Grajales, el 19 de diciembre del mismo año. Los demandados se hicieron representar por apoderados judiciales diferentes1, quienes dieron respuesta a las impetraciones del INCO, el 10 de noviembre de 2006 y 12 de enero de 2007, respectivamente. Trabada la relación jurídica procesal, el Juzgado de conocimiento dictó la sentencia y decretó la expropiación el 28 de marzo de 2007. Asimismo, designó un perito para que avaluara el predio.
Contra el fallo no se interpuso el recurso de apelación. En consecuencia, la decisión quedó ejecutoriada.
Ángel Jaime Grajales Santa le había conferido a su representante judicial la facultad de recibir, pero el 24 de octubre de 2007 revocó esa autorización, para otorgársela a sus hijos Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina.
Se presentaron varios avalúos del inmueble expropiado, que fueron objetados por error grave; y, el 10 de septiembre de 2010, se acogió el trabajo que en ese sentido presentó un experto del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la suma de quince mil doscientos veinte millones doscientos dos mil ciento sesenta y seis pesos ($15.220’202.166,oo).
En el entretanto, el 23 de abril de 2009, Ángel Jaime Grajales Santa había presentado personalmente ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, un poder especial en el que designó como su apoderado, sin facultad para recibir, al abogado Jaime Montoya Naranjo, a quien se le reconoció personería al día siguiente –24 de abril– y por cuya gestión se inició el proceso ejecutivo contra el Instituto Nacional de Concesiones, con fundamento en la sentencia de expropiación, para que se librara mandamiento de pago por el valor actualizado de la indemnización.
No obstante, la señora Cruz Elena Patiño de Grajales presentó una denuncia penal el 29 de julio de 2009, contra los señores Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina, hijos extramatrimoniales de Ángel Jaime Grajales Santa, por las hipótesis de fraude procesal, falsedad en documento privado y estafa, al considerar que la intención de esas personas era apoderarse ilícitamente del dinero que recibirían ella y su esposo a título de indemnización, para lo cual se valieron de un documento falso en el que les daba la autorización para recibir. Agregó que el señor Grajales Santa tenía diagnóstico de Alzheimer desde el año 2004.
La Fiscalía adelantó una investigación penal contra los denunciados hijos del señor Grajales Santa –cuyos resultados se desconocen en esta actuación– y de oficio inició la acción penal contra el abogado Jaime Montoya Naranjo, por considerar que se había concertado con aquellos para lograr, mediante la utilización de un poder falso, que se le reconociera personaría para actuar en el proceso de expropiación. De esa forma, el apoderado adelantaría la acción ejecutiva con el fin de obtener el pago de la indemnización, propiciando que de la cuantiosa suma se apoderaran los descendientes de su poderdante, a quien harían víctima de una elaborada estafa aprovechándose de su enfermedad mental. En razón de ello, el ente investigador acusó al profesional del derecho por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada, abuso de condiciones de inferioridad y uso de documento falso.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 11 de noviembre de 2010, un delegado de la Fiscalía General de la Nación solicitó del Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga, la expedición de una orden de captura contra Jaime Montoya Naranjo. Ésta se ejecutó el 11 de enero de 2011.
Ante el Juez Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga, el 12 de enero de 2011, se legalizó la captura de Jaime Montoya Naranjo, a quien se le formuló imputación por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada y abuso de condiciones de inferioridad, y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en la residencia del imputado. Montoya Naranjo no aceptó los cargos.

La Fiscalía presentó el escrito de acusación el 11 de febrero de 2011, por los delitos imputados y el 18 de marzo de 2011, amplió la imputación contra Jaime Montoya Naranjo, por el delito de uso de documento falso; conducta con la que adicionó el escrito de acusación, sin que en tal sentido hubiese objeción de las demás partes e intervinientes.
Le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buga celebrar la audiencia de formulación de acusación, misma que luego de varios aplazamientos por causas atribuibles al defensor, al delegado de la Fiscalía y al procesado, pudo llevarse a cabo el 7 de abril de 2011.
En consecuencia, al procesado se le formuló oralmente la acusación como coautor de los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, uso de documento falso, estafa agravada imperfecta y abuso de condiciones de inferioridad.
El 2 de mayo de 2011 se realizó la audiencia preparatoria en la que se descubrieron elementos materiales probatorios, evidencia física e informes legalmente obtenidos. La Fiscalía y la defensa enunciaron la totalidad de las pruebas que harían valer en la audiencia de juicio oral y público.
Se dio inicio a la audiencia del juicio oral el siguiente 18 de mayo, y se culminó el día 31 del mismo mes. En esta última fecha se anunció que el sentido del fallo sería de carácter absolutorio.
La lectura de la sentencia se llevó a cabo el 15 de julio de 2011, de cuya naturaleza y contenido se hizo mérito en el acápite inicial de esta providencia.
La decisión de primera instancia, recurrida en apelación por el delegado de la Fiscalía, fue parcialmente revocada por el Tribunal Superior de Buga, al considerar que la evidencia en conjunto demostraba la responsabilidad del procesado en los delitos de fraude procesal, abuso de condiciones de inferioridad y falsedad en documento privado, pues, a pesar de habérsele acusado por uso de documento falso, estimó el Ad quem que la conducta prevista en el artículo 289 del Código Penal, se avenía perfectamente a la imputación fáctica presentada por la Fiscalía y la condena por esa conducta le reportaba una leve favorabilidad en el monto de la pena.
Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso el recurso extraordinario de casación en cuya demanda se postularon cuatro censuras de las cuales la Sala, mediante auto del 28 de mayo de 2014, admitió los cargos tercero y cuarto.

LA DEMANDA
Tercer cargo. Error de hecho por falso juicio de existencia por suposición.
Asegura el defensor que el Tribunal supuso y valoró tres artículos de literatura científica que contienen conceptos técnicos extraídos de páginas de internet, que no fueron descubiertos, solicitados, decretados e introducidos como pruebas en el juicio, por lo que nunca se sometieron a contradicción.
Señala que se trata de unos textos provenientes de las direcciones web www.diagnosia.com; www.afedaz.com; y, www.redmedica.com.mx, a los que el Juez Colegiado les dio total credibilidad e hizo referencia a ellos para fundamentar la condena.
Relaciona las pruebas que se descubrieron, solicitaron, decretaron e introdujeron al juicio por las partes, sin que entre esas se incluyeran los documentos virtuales.
Explica el demandante que uno de esos documentos alude a un medicamento y se titula «Principio activo de Excelon»; otro define la enfermedad de Alzheimer y se utilizó por el Tribunal para complementar el concepto del doctor Óscar Díaz; el tercero se refiere a las etapas de la enfermedad y fue tenido en cuenta por la segunda instancia para indicar cómo es la evolución de tal padecimiento, la duración de cada fase, los síntomas y las circunstancias que presentaría cada paciente. Entonces, la Sala de Decisión se valió de esa información para afirmar cómo evolucionó la enfermedad de Ángel Jaime Grajales y en qué fase estaba para asegurar que el procesado tenía el deber de conocer su estado de salud.
La valoración de esos documentos –señala el defensor– tuvo consecuencias adversas para el procesado, porque se les otorgó poder suasorio a unos medios de convicción inexistentes. Tal análisis incidió específicamente en la declaratoria de responsabilidad por el delito de abuso de condiciones de inferioridad.
Con sustento en esos documentos el Tribunal supuso que Jaime Montoya Naranjo conocía el estado mental de Ángel Jaime Grajales y se aprovechó de esa circunstancia. Empero, ninguna evidencia mostraba que su defendido conocía esos aspectos.
Agrega que el Ad quem dio por probada la situación de deterioro del señor Grajales Santa, con fundamento en el testimonio de Alberto Grajales –hijo de Ángel Jaime– quien declaró que personas desconocidas en el proceso le manifestaron que su padre no los había reconocido, sin que esos comentarios involucraran directa o indirectamente a Montoya Naranjo, de quien no se conoce que supiera acerca de tal situación, porque ninguna evidencia lo demuestra.
Los mismos argumentos los tuvo en cuenta para deducirle responsabilidad a Jaime Montoya por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Es decir, que la responsabilidad la dedujo del supuesto conocimiento del estado de salud mental de Ángel Jaime Grajales.
Cargo Cuarto. Nulidad.
Considera que se vulneró el principio de congruencia, puesto que el procesado fue acusado por uso de documento falso y, sin embargo, se le condenó por falsedad en documento privado, argumentando la necesidad de variar la adecuación típica.
Aduce que la causal de nulidad que invoca está prevista en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 448 ibídem.
El principio de congruencia –añade– es un elemento estructural del debido proceso; entonces, expone en qué consisten éste y el derecho de defensa, acorde con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal (Rad. 34022 de 8 de junio de 2011) y explica que
[S]e entiende que la acusación se constituye en un compromiso/garantía el cual comporta una obligación y un derecho recíproco entre el órgano acusador y el sujeto investigado. Dicho de otra manera, lo que se construye con la formulación de cargos en la acusación es un (sic) promesa tacita (sic) de que la fiscalía en su ejercicio punitivo demostrará que el procesado incurrió en una conducta que se enmarca en la hipótesis normativa que se reprocha por el derecho penal. A su vez, el procesado, desde la formulación de acusación, conoce de manera clara, precisa, coherente y concreta cual (sic) es la conducta en cuestión que se le recrimina y de este modo cuenta con tiempo y medios suficientes para preparar su defensa frente a ese específico cargo; concretándose de esa manera la fórmula congruente entre acusación y decisión final del asunto de modo que no es dable alterar los términos de dichos señalamientos.
Agrega que aunque la jurisprudencia ha admitido que en casos excepcionales se varíe la acusación, esa modificación sólo puede hacerse respecto a la imputación jurídica para adecuarla a lo que se ha demostrado en el debate probatorio, sin que pueda alterarse el aspecto fáctico.
Trae a colación otro fragmento jurisprudencial (Rad. 24668 del 28 de noviembre de 2007), en el que la Sala de Casación Penal señala que no hay congruencia, entre otras circunstancias, cuando se «…condena por un delito que no se mencionó fácticamente en el acto de formulación de imputación, ni fáctica y jurídicamente en la acusación…».
A juicio del demandante, el Tribunal consideró que la Fiscalía se equivocó al tipificar el atentado contra la fe pública, porque la imputación fáctica consistía en la falsificación de la firma de Ángel Jaime Grajales Santa en el poder que le confirió al procesado y en su contenido, porque para el mes de abril del año 2009 el señor Grajales Santa, por padecer Alzheimer, no tenía capacidad para obligarse y debido «…a las alteraciones que implica ese síndrome demencial, su firma debía presentar apraxia, es decir, dificultad en el arranque, la cual no fue evidenciada por el perito en grafología, quien por el contrario fue enfático en manifestar que las cuatro firmas analizadas no mostraban dificultad al inicio
Cuestiona que el Ad quem hubiese considerado que el procesado «sabía» que el poder era falso y a pesar de ello lo utilizó para actuar en el proceso de expropiación promovido por el INCO contra Ángel Jaime Grajales, pues lo único que expuso la Fiscalía en ese sentido fue que Jaime Montoya Naranjo había «usado» un poder espurio, porque quien lo suscribió no estaba en condiciones mentales para hacerlo.
Afirma que la Fiscalía nunca planteó que Jaime Montoya Naranjo hubiese participado en la falsificación del documento, porque su actuación se había restringido a usar el poder especial, presentándolo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga para actuar en representación de Ángel Jaime Grajales en el proceso de expropiación.
La falsedad en documento privado –explica– se tipifica cuando se falsifica y se usa un documento privado que pueda servir de prueba; mientras que en el uso de documento falso se sanciona a quien no hubiese concurrido a la falsificación, pero use el documento público espurio.
Sería diferente si la Fiscalía hubiese imputado el delito de falsedad en documento público agravado por el uso, porque esos presupuestos fácticos y normativos comprenden las conductas de falsificar y usar.
Destaca que ninguna de las evidencias presentadas por el ente acusador señala que Jaime Montoya Naranjo falsificó el documento.
Por último, censura que el Tribunal considerara que el procesado incurrió, en relación con el mismo documento, en falsedad ideológica y en falsedad material.
Con fundamento en esas premisas, solicita de la Corte casar la sentencia recurrida y absolver a Jaime Montoya Naranjo de los delitos de abuso de condiciones de inferioridad, falsedad en documento privado y fraude procesal.

  1   2   3   4

similar:

Gustavo enrique malo fernández iconOtero carvajal, Enrique; fernández bulete, Virgilio y GÓmez bravo, Gutmaro. 2008

Gustavo enrique malo fernández iconHay ciencias que se estudian por simple interés de saber cosas nuevas;...
«bueno» porque nos sienta bien; otras, en cambio, nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo llamamos «malo». Saber lo que nos...

Gustavo enrique malo fernández icon¿QUÉ hay de malo en la felicidad?

Gustavo enrique malo fernández icon¿Y si después de todo no he sido tan malo como pensaba?

Gustavo enrique malo fernández iconGustavo Adolfo Vaca Narvaja

Gustavo enrique malo fernández iconGustavo Francisco Gonzales Rengifo

Gustavo enrique malo fernández iconSoy Gustavo Campos, fotógrafo de bodas

Gustavo enrique malo fernández iconGustavo Adolfo Pinchao Chalaca 244859

Gustavo enrique malo fernández iconMagistrado Ponente: gustavo josé gnecco mendoza

Gustavo enrique malo fernández iconGustavo lobelo jimenez contador Público Mat. No. 48915 T


Medicina





Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com