Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)






descargar 1.5 Mb.
títuloInstrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)
página6/58
fecha de publicación25.08.2016
tamaño1.5 Mb.
tipoInstrucción
med.se-todo.com > Derecho > Instrucción
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
Habrá de tenerse en cuenta que conforme al art. 52.1.6º LECiv, será competente territorialmente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. Este fuero es imperativo, conforme a lo dispuesto en el art. 54.1 LECiv, no cabiendo por tanto sumisión, ni expresa ni tácita. Este nuevo fuero trata de reforzar la posición jurídica del demandante, normalmente la parte procesal más débil en el pleito contra el medio de comunicación, permitiéndole entablar el combate procesal ante los Juzgados de su propio domicilio.
Claro es que cuando el Fiscal asuma la posición de demandante, tales criterios deben reinterpretarse.
Deberán los Sres. Fiscales partir de que en tanto el Fiscal está legitimado en defensa de intereses ajenos, y en tanto el titular de la pretensión procesal es el menor cuyos derechos se han conculcado, sería en principio competente el Juez del domicilio del menor afectado por la información.
Existirán supuestos en los que en atención bien al domicilio del menor en el extranjero o bien incluso al desconocimiento del domicilio de éste, tal criterio no sea aplicable. En estos casos en tanto en cuanto el Ministerio Fiscal no tiene propiamente domicilio, habrá de aplicarse la regla subsidiaria: el lugar donde se hubiere producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. Por tanto, habrá de presentar la demanda la Fiscalía del lugar donde se hubieran producido los hechos y lo deberá hacer conforme al fuero territorial de la localidad en donde se editó la publicación o se emitió el programa de radio o de televisión.
La Fiscalía territorial que venga en conocimiento de hechos que en principio pueden obligar al ejercicio de acciones, a través de las diligencias preprocesales habrá de practicar gestiones para determinar el fuero aplicable, remitiéndolas, en su caso, a la Fiscalía que conforme a los criterios expuestos supra pueda considerarse competente.
De suscitarse controversia entre diferentes Fiscalías, por razón de la competencia para conocer de los hechos, habrán de aplicarse mutatis mutandis los criterios establecidos por la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2000, de 27 de diciembre ( RCL 2001, 814) , de manera que de no existir acuerdo en sus comunicaciones, se remitirá copia de ella con informe para su resolución al Fiscal Jefe de la Fiscalía del TSJ, si la misma fuera órgano fiscal superior común. De lo contrario, la remisión se efectuará a la Fiscalía General del Estado. El superior jerárquico sin más trámites decidirá lo que proceda en orden a la atribución de competencia.
10 Petitum
Conforme al artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 ( RCL 1982, 1197) la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima y la indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido, valorándose también el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma.
La labor evaluadora de los perjuicios es esencialmente casuística, debiendo tenerse presente todas las circunstancias concurrentes, tanto en el perjudicado como en el responsable civil y la extensión y difusión del acto de inmisión.
La indemnización a solicitar es siempre a favor de los menores cuyos derechos han sido transgredidos. En este punto habrán de tener en cuenta los Sres. Fiscales que si los padres del menor también han sido demandados habrán de interesarse simultáneamente la adopción de medidas para garantizar una administración leal de la suma que se obtenga. Entre estas posibles medidas cabría adoptar la de interesar el ingreso de la indemnización en régimen de plazo fijo bancario hasta la mayoría de edad, o el nombramiento de administrador judicial, conforme a lo dispuesto en el art. 167 CC ( LEG 1889, 27) . No debe olvidarse que el art. 158.4 CC proporciona una sólida base para que el órgano jurisdiccional adopte las disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.
11 Derecho a que se dé difusión de la sentencia
Conforme al art. 9.2 LO 1/82 ( RCL 1982, 1197) la tutela judicial comprenderá... la difusión de la sentencia.
Sin embargo, las características propias de los menores hacen necesario matizar la aplicación de tal precepto.
La difusión de la sentencia en el medio generalmente no contribuirá a la reparación del daño, sino que, por el contrario, puede trasladar de nuevo a la opinión pública los hechos que se han considerado perjudiciales para el menor. Dependiendo de las concretas circunstancias concurrentes los Sres. Fiscales postularán, bien una publicación parcial de la sentencia, evitando perjuicios al menor, bien pura y llanamente, interesarán la no aplicación del art. 9.2 LO 1/1982 cuando la publicación en sí pueda ser contraria al superior interés del menor. En este sentido se han pronunciado las SSAP Madrid, sec. 13ª núm. 83/2003, de 14 de noviembre ( AC 2004, 1165) , Madrid, sec. 19ª 193/1999, de 11 de marzo y Sevilla, sec. 6ª núm. 99/2004, de 23 de febrero ( JUR 2004, 105596) .
No obstante debe también tenerse en cuenta que en otros supuestos la publicación de la sentencia será adecuada -y especialmente útil como mecanismo inhibitorio de reiteraciones por parte del medio- por no arrastrar adicionales consecuencias negativas para el menor (v. gr. supuestos de intromisiones en la propia imagen no acompañadas de lesiones al honor ni a la intimidad).
12 Sujetos responsables
Ni la LO 1/1982 ( RCL 1982, 1197) ni la LO 1/1996 ( RCL 1996, 145) abordan la determinación de los sujetos responsables en la intromisión en los casos en los que el ataque al derecho fundamental tiene lugar a través de medios de comunicación, supuestos en los que pueden intervenir en el resultado una pluralidad de personas.
En esta labor de determinación de los responsables frente a los que interponer la correspondiente demanda, los Sres. Fiscales habrán de atender con carácter general a las pautas que a continuación se exponen, sin perjuicio de ponderar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes.
En primer lugar debe tenerse presente que la Ley 14/1966, de 18 de marzo ( RCL 1966, 519) , de Prensa e Imprenta dispone en su art. 65.2 que «la responsabilidad civil por actos u omisiones ilícitos, no punibles, será exigible a los autores, directores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos extranjeros, con carácter solidario».
La vigencia de este precepto ha sido afirmada con reiteración, tanto por el Tribunal Constitucional ( SSTC núm. 171 [ RTC 1990, 171] y núm. 172/1990 [ RTC 1990, 172] , ambas de 12 de noviembre) como por la jurisprudencia del TS (vid. STS núm. 1216/1998, de 22 de diciembre [ RJ 1998, 10151] y las en ella citadas).
Recientemente ha vuelto a declarar el TS siguiendo las SSTC 171 ( RTC 1990, 171) y 172/1990 ( RTC 1990, 172) que «el artículo 65.2 de la Ley de 1966 ( RCL 1966, 519) no es incompatible con la libertad de expresión y el derecho a la libre información... porque la responsabilidad civil solidaria del director del medio y del editor se justifica en su respectiva culpa, ya que ninguno de ellos son ajenos al contenido de la información y opinión que el periódico emite; el director tiene el derecho de veto sobre ese contenido y a la empresa editora le corresponde la libre designación del director» ( STS núm. 734/2003, de 10 de julio [ RJ 2003, 4624] ).
La jurisprudencia aplica la responsabilidad solidaria y sucesiva o «en cascada» establecida en el art. 65.2 de la Ley 14/1966 de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, en armonía con los principios generales de responsabilidad extracontractual extraídos de los arts. 1902 y siguientes del CC ( LEG 1889, 27) , estructurando un sistema de solidaridad pasiva de los intervinientes conforme al régimen de los arts. 1144 y 1145 CC.
Incluso esta conclusión puede obtenerse sin necesidad de acudir al art. 65.2, como declara la STS núm. 796/2004, de 7 de julio ( RJ 2004, 5107) , de 4 de noviembre. En efecto, sin necesidad de utilizar este precepto, la solidaridad entre la dirección del medio y la empresa editora puede fundamentarse en que comparten la responsabilidad y en que al derivarse de un ilícito extracontractual, impera la solidaridad pasiva, siendo compatible y aplicable la normativa de los arts. 1902 y ss. CC.
Puede aplicarse analógicamente la disposición contenida en el art. 65.2 de la Ley de Prensa al ámbito de la radiodifusión. La norma contempla un supuesto semejante y entre ambos existe una identidad de razón, sin que se trate por su naturaleza de aplicar una Ley penal que impidiese el uso de la analogía ( SSTS de 23 de julio de 1990 [ RJ 1990, 6164] y 20 de mayo de 1993 [ RJ 1993, 3810] ). Estos mismos criterios pueden trasladarse a otros medios audiovisuales.
La solidaridad permite accionar frente a cualquiera de los responsables y, por ende, no precisa se demande a todos ( SSTS núm. 69/2004, de 13 de febrero [ RJ 2004, 1131] , núm. 704/2004, de 30 de junio [ RJ 2004, 4286] ; núm. 734/2003, de 10 de julio [ RJ 2003, 4624] , núm. 1216/1998, de 22 de diciembre [ RJ 1998, 10151] ).
Entre los responsables del acto ilícito se incluye a la empresa propietaria del medio ( SSTS núm. 69/2004, de 13 de febrero [ RJ 2004, 1131] , núm. 1216/1998, de 22 de diciembre [ RJ 1998, 10151] ) pues «la empresa propietaria, que actúa como soporte económico y organizativo del medio de comunicación, se halla vinculada a la responsabilidad que generan sus dependientes, empleados, representantes, o apoderados, y, entre éstos muy cualificadamente el director del medio» ( STS núm. 359/1990, de 22 de abril).
Es también evidente la responsabilidad propia y autónoma de los medios tanto gráficos como audiovisuales al difundir imágenes captadas por sus propios colaboradores o empleados o adquiridas a otros, sean agencias, profesionales libres e incluso particulares. Por ello «las cadenas de televisión... dedican cada vez más tiempo de su programación a difundir imágenes de personas más o menos famosas captadas por agencias o profesionales libres y que no pocas veces son las mismas en todas las cadenas, sin que ello pueda suponer el desplazamiento de la responsabilidad del medio que publica las imágenes a la agencia que se las cedió ni a la persona que las tomó o grabó, pues la experiencia demuestra que cada cadena de televisión, a la hora de editar y emitir las imágenes adquiridas, adopta las decisiones que considera más oportunas en orden a la mayor o menor identificabilidad de cada persona afectada» ( STS núm. 697/2004, de 9 de julio [ RJ 2004, 4664] ).
A la hora de deslindar responsabilidades en medios radiofónicos o audiovisuales son interesantes las pautas que utiliza la STS núm. 744/2004, de 5 de julio ( RJ 2004, 4852) , que valora el hecho de que «el director organizó el programa, eligió el tema, lo anunció, trajo al entrevistado, le hizo preguntas, en cuyo contenido ofensivo se insistió» por ello concluye el TS con que «no puede pretenderse que queda al margen de lo que se dijo, por cuanto ordenó su emisión y aceptó el contenido; su responsabilidad es directa». En los casos en los que las funciones de dirección y presentación no coincidan en una misma persona la responsabilidad puede alcanzar al presentador del programa de televisión o de radio cuando por las circunstancias concurrentes pueda afirmarse que tenía el dominio funcional del hecho (vid. SAP de Madrid, secc. 19, núm. 193/1999, de 11 de marzo).
No obstante, la responsabilidad del impresor con buen criterio se relativiza pues «en la observación lógica de la realidad no se da culpa "in vigilando" ni culpa "in eligendo" en una empresa dedicada a la imprenta de publicaciones, cuando la impresión se refiere... a una publicación conocida y de ámbito nacional»; sin que sobre parte de dicha publicación pueda estimarse que en la imprenta existe dominio sobre el contenido de sus reportajes... De ahí que no proceda la posible solidaridad... cuando se ha dado la individualización de las conductas ( STS núm. 796/2004, de 7 de julio [ RJ 2004, 5107] ).
El régimen de solidaridad ante intromisiones llevadas a cabo desde los medios de comunicación es el que mas contribuye a una eficaz protección de los derechos del perjudicado, habiendo sido asumido también en el art. 212 CP ( RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , conforme al cual en los casos en los que la propagación tenga lugar por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante «será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria».
13 Internet y los derechos al honor, intimidad y propia imagen del menor
La extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información está generando sin duda innumerables ventajas, en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo son también evidentes las posibilidades de que su uso desemboque en comportamientos antijurídicos. Entre estos comportamientos antijurídicos por lo que ahora interesa debe ponerse el acento en los ataques a los derechos al honor, intimidad y propia imagen del menor a través del contenido de páginas web.
El art. 8.1 de la Ley 34/2002 de 11 de julio ( RCL 2002, 1744, 1987) de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI) dispone que en caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que la Ley recoge, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Entre tales principios en la letra d) se incluye el de la protección de la juventud y de la infancia.
Aparte de la responsabilidad propia del autor y titular de la pagina web en la que se inserten los contenidos atentatorios contra los derechos del menor deberán tener presente los Sres. Fiscales que la LSSI establece también las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red. En general, éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando (arts. 11 y 14 a 16 LSSI).
La LSSI parte del principio de no imponer a los prestadores de servicios la obligación de realizar actividades de control y supervisión de los datos que se transmiten o se almacenan, teniendo en cuenta que cuantitativamente son ingentes. Como contrapeso, simultáneamente se les impone a estos prestadores un deber de colaboración para evitar la comisión de delitos o actividades ilícitas en la red en cuanto tomen conocimiento de ellas, retirando e imposibilitando el acceso de aquella información que sea así calificada con la debida diligencia. Estos principios ya se contenían en la Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. Esta misma Directiva también establecía como objetivo prioritario el de garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la protección de los menores y la dignidad humana.
A tales efectos, los Sres. Fiscales, cuando dentro del ámbito de aplicación de la LSSI, tengan conocimiento de la existencia de una página web con contenidos que exijan el ejercicio de acciones conforme a lo dispuesto en la LO 1/1996 ( RCL 1996, 145) , en el curso de las Diligencias que incoen, se dirigirán formalmente al prestador de servicios, comunicándole los contenidos que se estiman antijurídicos y advirtiéndole que de no retirar dichos contenidos en el plazo prudencial que se señale, se procederá al ejercicio de las correspondientes acciones en defensa de los derechos del menor.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

similar:

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconBoe núm. 74,Martes 28 marzo 2006
«db-hs salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas...

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) icon4 D. L. N° 21, del 15 de junio del 2006, publicado en el D. O. N°...

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconBoe núm. 106 Jueves 4 mayo 2006

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconInvestigacióN : «El Teatro Comunitario y su incidencia en la escena...
«Taller de Investigación acerca de las relaciones entre teatro callejero, comparsa, palabra y fiesta (2006 )»; «El significado del...

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconOficio-circular núM. 42/2006, de 26 de octubre, de la dirección de...

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconPerguntas enviadas à seção “Oráculo” entre 20/10/2006 e 23/03/2006

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconPrimero. Se modifican los anexos 10 y 11 de la Orden de 31 de marzo...
«Boletín Oficial del Estado» de 13 de enero de 1986), 28 de octubre de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre de 1991),...

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconInstrucción num. 2 de Ávila sentencia núM. 145/2012

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconRovira M. Lámparas de fotopolimerización: Estado actual. Rev Oper Dent Endod 2006;5: 29

Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\\94040) iconResolución de Integración No. 006991 del 05 de Diciembre de 2006


Medicina





Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com