Instrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)






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títuloInstrucción Fiscalía General del Estado núm. 2/2006, de 15 marzo (jur 2006\94040)
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De no atenderse al requerimiento, la demanda que en su caso se interponga podrá dirigirse además de contra el autor y titular de la pagina web en la que se inserten los contenidos atentatorios contra los derechos del menor, contra el prestador del servicio.
14 Conclusiones
1º El art. 4.2 de la LO 1/96 ( RCL 1996, 145) prevé la legitimación directa y autónoma del Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de parte para proteger los derechos de los menores al honor, la intimidad y la propia imagen en los casos en que la inmisión se produzca a través de un medio de comunicación. El Fiscal no tiene una posición de subsidiariedad sino que podrá actuar aun cuando el menor esté representado por sus progenitores, incluso aun contra la voluntad de éstos o del menor.
2º Esta amplia legitimación deberá en todo caso utilizarse con prudencia, ponderando todos los intereses en conflicto. Especialmente habrá de valorarse si la intromisión ha contado o no con el consentimiento del menor maduro o de los progenitores del menor no maduro. Deberá también valorarse si pese a tratarse de una intromisión no consentida, el menor maduro o sus representantes legales se oponen motivadamente a que el Fiscal ejercite las acciones en protección de estos derechos.
Habrá de ser excepción la intervención autónoma del Fiscal cuando el menor afectado tenga progenitores en pleno uso de las facultades inherentes a la patria potestad, y que -sin que concurra conflicto de intereses con el menor- sean contrarios a que se entablen acciones en defensa del mismo.
3º El tratamiento informativo del menor debe inspirarse en el principio general de protección reforzada de sus derechos a la intimidad y a la propia imagen. En la ponderación a realizar necesariamente debe tenerse presente el superior interés del menor, que además y conforme al art. 2 de la LO 1/1996 debe primar sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.
4º Cuando los hechos en los que se vea inmerso el menor sean asuntos públicos de interés estará justificada la difusión de la noticia, pero con la adopción de las cautelas que en cada caso dicten las circunstancias para evitar que el mismo se vea perjudicado (no incluir el nombre ni la imagen, o distorsionar su rostro de modo que sea imposible su identificación, no aportar datos periféricos que puedan identificarlo, etc.).
5º Especialmente rigurosos en cuanto a la preservación de la identidad de la víctima habrán de ser los señores Fiscales cuando además de ser ésta menor de edad, los hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran a delitos contra la libertad sexual. Habrán de considerarse en estos supuestos antijurídicos no solo la identificación por nombre y apellidos de las víctimas menores y la captación de su imagen sino también la información sobre datos colaterales al menor que sean aptos para facilitar su identificación.
6º En el bien entendido que se trata ésta de una materia casuística por definición, en la que consiguientemente cada caso concreto habrá de resolverse mediante la técnica de ponderación, pueden darse los siguientes criterios generales:
1) La difusión de la imagen de un menor en un medio de comunicación exige contar con el consentimiento del menor maduro o de sus representantes legales.
2) Aún contando con los preceptivos consentimientos, si la difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus intereses, la intromisión será en principio ilegítima.
3) No procederá en general el ejercicio de acciones por el Ministerio Fiscal ante emisión de programas o la publicación de fotografías en los que aparezcan menores, en actividades con dimensión pública tales como concursos, debates, musicales, actividades deportivas etc., siempre que las propias circunstancias que rodeen la publicación excluyan el perjuicio para los intereses de los mismos.
Tampoco procederá en general el ejercicio de acciones por el Ministerio Fiscal ante la difusión de imágenes de menores en lugares públicos, cuando aparezcan de manera meramente casual o accesoria de la información principal y siempre que tales lugares o actos no presenten aspectos negativos.
4) Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o actos con connotaciones negativas, habrán de utilizarse técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el mismo pueda ser identificado.
7º Los Sres. Fiscales habrán de partir de que los menores hijos de personajes famosos son, sin mas, menores. Estos menores tienen derecho al mismo grado de protección que cualquier otro menor frente a la curiosidad ajena.
La reproducción de imágenes de menores en compañía de sus padres-personajes públicos debe también contar para que sea ajustada a Derecho con el consentimiento de los representantes legales o del menor maduro.
El acoso, abordaje o seguimiento por reporteros, fotógrafos o cámaras del personaje Público cuando el mismo está acompañado de sus hijos menores en ámbitos de la vida privada puede ser en sí gravemente lesivo para los mismos y por tanto, puede requerir del ejercicio de acciones por parte del Ministerio Fiscal en defensa de la intimidad del menor, aunque la imagen captada no llegue a ser reproducida o publicada o se publique utilizando mecanismos de distorsión.
8º En principio, cuando los menores puedan por sí considerarse personas públicas o con notoriedad pública, el derecho a la intimidad y a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción y publicación si se realiza durante un acto público o en lugares abiertos al público. Pero incluso en los supuestos de captación en lugares abiertos al público, para que la misma sea legítima habrá de respetar el principio del superior interés del menor, de modo que en ningún caso quedarían justificadas actividades de captación de la imagen que perturbaran la vida cotidiana y privada del menor o que estuvieran acompañados de actos de acoso o seguimiento lesivos para su intimidad.
9º Los Sres. Fiscales podrán incoar diligencias preprocesales como soporte para realizar actuaciones preparatorias a la presentación de una demanda civil, para recabar los datos que consideren de interés para prepararla o, incluso, para decidir si tal demanda debe o no presentarse. Este cauce será también el adecuado para oír al menor y/o a los progenitores, cuando proceda, para valorar todas las circunstancias antes de decidir el ejercicio de acciones.
10º Habrán de entender los Sres. Fiscales que la competencia vendrá dada por el domicilio del menor afectado por la información. En los supuestos en los que este criterio no sea aplicable, la regla subsidiaria para determinar la competencia será la del lugar donde se hubiere producido el hecho que vulnere el derecho fundamental. Habrá, pues, de presentar la demanda la Fiscalía del domicilio del menor y en su defecto, la del lugar en donde se editó la publicación o se emitió el programa de radio o de televisión.
11º Respecto de la indemnización que en su caso se solicite habrán de tener en cuenta los Sres. Fiscales que si los padres del menor también han sido demandados deberán interesarse simultáneamente la adopción de medidas para garantizar una administración leal de la suma que se obtenga.
En razón de todo lo expuesto, con el propósito de cumplir las obligaciones que en relación con los derechos al honor, intimidad y propia imagen de los menores impone nuestro ordenamiento jurídico al Ministerio Público, los Sres. Fiscales se atendrán, en lo sucesivo a las prescripciones de la presente Instrucción.
Madrid, 15 de marzo de 2006
El Fiscal General del Estado
Excmos. e Ilmos Sres. Fiscales Jefes.

RTC 2006\11

Sentencia Tribunal Constitucional núm. 11/2006 (Sala Primera ), de 16 enero

Jurisdicción: Constitucional

Recurso de Amparo núm. 5310/2002.

Ponente: D. Manuel Aragón Reyes.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS: Medidas restrictivas: proporcionalidad de la medida: juicio de proporcionalidad: requisitos: a) adecuación de la medida para conseguir el objetivo perseguido (juicio de idoneidad); b) necesidad de la medida por no existir otra menos gravosa (juicio de necesidad); c) ponderación y equilibrio de la medida por derivarse más ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad).INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Régimen penitenciario: retención respecto de un interno condenado por delito de terrorismo de tres números de la revista «Kale Gorria»: motivación de la decisión de retención en razones de seguridad y tratamiento individualizado del interno: idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de retención a efectos de alcanzar la finalidad perseguida, por cuanto razonablemente cabe entender que los números de la revista retenidos podían contener subrepticiamente alguna información, datos, instrucción o mensaje destinado al demandante o a otros internos, que comprometieran directa o indirectamente el derecho a la vida e integridad física de personas, a su libertad personal, así como al tratamiento de los recursos en orden a su reeducación y reinserción social: vulneración inexistente del derecho fundamental a recibir información.

Recurso de amparo contra Auto, de 31-07-2002, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia, desestimatorio del recurso de apelación interpuesto contra Auto, de 14-05-2002, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León, confirmatorio en reforma del Auto, de 19-04-2002, desestimatorio de queja del recurrente en amparo contra la retención de tres múmero de una revista por parte del centro penitenciario. Vulneración del derecho fundamental a la información: inexistencia: denegación de amparo.
Texto:
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL ReY
la siguiente
SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 5310-2002, promovido por don Jon Koldo A. B., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Elvira Encinas Lorente y asistido por la Letrada doña Alicia Ríos Sánchez, ambas designadas de oficio, contra el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palencia de 31 de julio de 2002, desestimatorio del recurso de apelación núm. 288-2002, interpuesto contra el Auto de 14 de mayo de 2002 del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León que, a su vez, confirma en reforma el Auto de de 19 de abril de 2002 (asunto núm. 5099-2001), que desestima la queja del recurrente contra la retención de los núms. 1, 2 y 3 de la revista «Kale Gorria» por parte del centro penitenciario La Moraleja, de Dueñas (Palencia). Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.
I. ANTECEDENTES
1 Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de noviembre de 2002, se interpuso el recurso de amparo al que hace referencia el encabezamiento, que trae causa de los siguientes hechos:
a) El recurrente de amparo, interno en el centro penitenciario La Moraleja (Dueñas, Palencia) en cumplimiento de condena por delitos de pertenencia a banda armada, atentados y tenencia de explosivos, presentó el 8 de octubre de 2001 un escrito al director de dicho centro solicitando los ejemplares de los números 1 y 2 de la revista «Kale Gorria», retenidos el día anterior en el paquete de ropa enviado por sus familiares, así como la entrega del correspondiente resguardo cada vez que se le retenga algo, a los efectos de poder reclamar lo retenido. Con fecha 10 de octubre presentó ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León un escrito de queja contra la dirección del centro penitenciario por no dejar pasar a través del paquete de ropa mensual la revista «Kale Gorria», publicación que, según dicho escrito, no había sido retenida en anteriores ocasiones, como tampoco lo habían sido los ejemplares del diario «Gara», e invocando el derecho fundamental a recibir información. Con fecha 23 de octubre el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria incoó el expediente núm. 5099-2001 y solicitó el correspondiente informe al director del centro penitenciario.
b) El 28 de octubre de 2001 el recurrente presentó un nuevo escrito a la dirección del centro solicitando la entrega del núm. 3 de dicha publicación, remitido en el paquete de ropa enviado por sus familiares el día anterior. El 29 de octubre el centro penitenciario emitió una diligencia de notificación comunicándole que «por razones de seguridad le ha sido retenida la revista Kale Gorria núm. 3». Contra esta notificación el recurrente presentó el mismo día una nueva queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León en similares términos a la anterior, que ha sido sustanciada en el marco del mismo expediente núm. 5099-2001.
c) El día 8 noviembre, y en respuesta a su solicitud de informe, el director del centro penitenciario comunicó al Juez de Vigilancia Penitenciaria que «por parte del Servicio de Comunicaciones no se autorizó la entrada de la revista, de acuerdo con lo establecido en una comunicación realizada por Coordinación de Seguridad Penitenciaria el 19.09.01, en el que se informaba que esta revista "Kale Gorria" puede considerarse sucesora de la publicación "Ardi Beltza" que dirigiera el periodista vinculado con la banda terrorista ETA José Benigno R. R. (Pepe Rei), y que fue clausurada por el Juez de la Audiencia Nacional D. Baltasar Garzón el pasado día 27.04.01». Asimismo, se señala que «comunica Coordinación de Seguridad Penitenciaria, revisado el contenido de los números 1 y 2 de la citada revista "Kale Gorria", [que] no se considera conveniente por razones de seguridad su entrega a los internos destinatarios».
d) El 28 de diciembre de 2001 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria instó a la dirección del establecimiento penitenciario a informar sobre si la revista en cuestión disponía de depósito legal o le había sido retirado. El 14 de enero de 2002 tuvo entrada en el registro de dicho Juzgado fotocopia remitida por el centro penitenciario del depósito legal correspondiente al núm. 3 de la revista «Kale Gorria».
e) Por Auto de 19 abril 2002 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Castilla y León desestimó la queja del interno en relación con la retención de la revista «Kale Gorria» en aplicación de los artículos 51 y concordantes de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de considerar, «visto el informe del Centro Penitenciario», que la entrada de la revista en cuestión «puede repercutir en la seguridad, buen orden del establecimiento o razones de tratamiento», de lo cual «se desprende que la actuación de la Administración Penitenciaria ha sido correcta, no objetivándose abuso de poder o desviación en el ejercicio de sus funciones» y, «consecuentemente, tampoco vulneración alguna de derechos fundamentales del interno».
f) En el recurso de reforma contra el precitado Auto el recurrente adujo la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE [ RCL 1978, 2836] ) por no habérsele dado traslado del informe del centro penitenciario que motivó la medida de retención de la revista, así como por la demora del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en resolver el recurso de queja. Asimismo alegaba la lesión del derecho a recibir información veraz [art. 20.1 d) CE] porque la medida de retención de la revista «Kale Gorria», confirmada en la vía judicial, se fundamenta en la desconfianza que suscita por estar escrita en euskera y en conjeturas basadas en apreciaciones infundadas sobre números anteriores de la revista retenida, que es de libre circulación en el exterior, y no en una resolución motivada del equipo de observación y tratamiento del centro penitenciario, tal y como exige el art. 58 de la Ley General Penitenciaria ( RCL 1979, 2382) . El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 desestimó el recurso de reforma por Auto de 14 de mayo de 2002, al considerar que «por el momento no concurren circunstancias modificativas que pueden tomarse en consideración para la reforma de la resolución recurrida, no obstante las alegaciones del interno, visto el informe del ministerio público».
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