A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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a.2) El gobierno ante las protestas
El Gobierno se mostró en todo momento decidido a impedir que las manifestaciones políticas afectaran su estabilidad o alteraran su itinerario constitucional. Refiriéndose a los hechos de violencia, una autoridad de Gobierno afirmó: "he dispuesto que se adopten todas las acciones que nuestra legislación contempla, para castigar severa y ejemplarmente a sus autores, cómplices e instigadores". En otro momento, en relación a la Cuarta Jornada de Protesta Nacional, una autoridad de Gobierno declaró: "¡Y que se anden con cuidado porque yo no voy a ceder un paso! Tengan la seguridad de que Santiago está cubierto con 18 mil hombres y con órdenes estrictas de actuar duramente".
El Gobierno enfrentó las protestas con varias medidas, entre las que cabe destacar:
- Recurso a los estados de excepción constitucional. El estado de peligro de perturbación de la paz interior, que permitía adoptar las medidas contempladas en el artículo 24 transitorio de la Constitución Política, estuvo vigente todo el período analizado. Lo mismo ocurrió con el estado de emergencia, salvo interrupciones esporádicas. En algunas oportunidades se decretó el estado de sitio. Varias veces se impuso toque de queda en horas de la noche.
- Se responsabilizó a los organizadores por los excesos violentos ocurridos con ocasión de las manifestaciones. El Ministerio del Interior presentó requerimientos contra los dirigentes sindicales y políticos que convocaban a las jornadas de movilización como autores de delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. Esta misma ley fue reformada tipificándose un delito nuevo para enfrentar estas situaciones: "Cometen delito contra el orden público los que sin autorización fomenten o convoquen a actos públicos colectivos en calles, plazas y demás lugares de uso público y los que promuevan o inciten a manifestaciones de cualquier otra especie que permitan o faciliten la alteración de la tranquilidad pública" (Ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado, artículo 6º, letra i), letra agregada por el Art. único de la Ley Nº 18.256, de 27 de octubre de 1983).
- Se decretaron diversas restricciones al ejercicio de la libertad de información, desde la prohibición de emitir noticias para algunas radioemisoras, hasta la censura previa de algunos medios escritos.
- Se detuvo a dirigentes sociales y políticos que no habían tenido participación directa en los hechos de violencia antes descritos. En ocasiones se les relegó a diversas localidades del país, incluso a algunos se les expulsó del territorio nacional. Se trató de medidas administrativas adoptadas invocando los diversos estados de excepción vigentes.

- Se realizaron allanamientos masivos de poblaciones. El primero ocurrió el día 14 de mayo de 1983. Fuerzas militares, de Carabineros, Investigaciones y civiles, allanaron vastos sectores de la zona sur de Santiago, abarcando poblaciones ubicadas en las comunas de San Miguel, La Cisterna y La Granja. El operativo se inició pasada la medianoche del día 13, aislando el sector que éste comprendía. A las 5:00 a. m., en forma simultánea en toda esta zona, se llamó por altoparlantes, conminando a levantarse, a todos los hombres mayores de 14 años, quienes serían recogidos en las puertas de sus casas. Las mujeres y los niños debían permanecer en su interior. En muchas casas los efectivos irrumpieron con violencia, llevándose los objetos que ellos estimaron de carácter subversivo. Los hombres fueron conducidos a pie o en vehículos hasta canchas de fútbol cercanas a cada población, donde se verificaron sus antecedentes. Algunos fueron golpeados; el trato en general fue violento y ofensivo. El operativo se prolongó todo el día. A medida que los antecedentes de las personas iban siendo verificados, eran liberados o trasladados a recintos policiales.

Allanamientos similares se repitieron con posterioridad, antes o después de las Jornadas de Protesta.
- Allanamientos de locales de movimientos políticos y de trabajadores, realizados por agentes de la Central Nacional de Informaciones.
- En el control del orden público intervinieron habitualmente agentes de Carabineros y efectivos militares. Los agentes del Ejército usualmente custodiaban lugares de especial importancia como rotondas, puentes, pasos bajo nivel y vías de acceso a la capital. En algunas oportunidades intervino el Ejército en el control de toda la ciudad, particularmente con ocasión de la cuarta Jornada de Protesta Nacional del 11 y 12 de agosto de 1983 y del Paro Nacional de 2 y 3 de julio de 1986. La intervención de efectivos del Ejército resultó especialmente dura, al hacer uso de sus armas de fuego sin tener la experiencia policial en el control del orden público. En relación a las víctimas de la cuarta Protesta, ocasión en que se expresó oficialmente que 18.000 soldados controlaron la capital, una autoridad de gobierno afirmó: "Las muertes ocurridas durante las manifestaciones de protesta fueron únicamente derivadas de la reacción que tuvo que adoptar el personal de las Fuerzas Armadas al ser atacadas". En cambio, la Alianza Democrática responsabilizó al "Jefe de Estado, único responsable de la situación producida".
En los operativos de control del orden público, Carabineros recurrió al uso de bombas lacrimógenas y carros lanza agua. También practicó detenciones de manifestantes, los cuales frecuentemente fueron golpeados y sometidos a malos tratos, sufriendo algunas veces la tortura. En algunas oportunidades recurrió al uso de armas antimotines, disparando balines y perdigones.
Los efectivos de Carabineros y Ejército, al intervenir en sectores poblacionales, especialmente durante horas de la tarde y noche, hicieron uso de sus armas de fuego.

En menor medida intervinieron agentes de Investigaciones y de la Central Nacional de Informaciones. En sectores restringidos actuaron, a veces, efectivos de la Fuerza Aérea y de la Armada.
La intervención de los agentes del Estado se dirigió no sólo contra las formas de expresión violentas, sino también contra las que no lo eran.

a.3) Acciones de particulares contra manifestantes
Durante los días de protesta, sobre todo en horas de la tarde y noche, hubo intervención de particulares armados contra quienes protestaban. La Comisión estimó necesario referirse a determinadas situaciones en que algunos particulares causaron la muerte de personas en el contexto de manifestaciones políticas colectivas. No obstante tratarse de circunstancias confusas, pueden distinguirse diferentes situaciones.

Hubo particulares que hicieron uso de sus armas de fuego actuando deliberadamente contra la población por motivos políticos. Habitualmente se trataba de civiles que disparaban desde un vehículo en marcha, sin patente; o desde un vehículo de locomoción colectiva. En estos casos, la mayoría de las veces no resulta posible establecer qué tipo de motivación política caracteriza a los autores. Si bien no resulta inverosímil pensar que pueda tratarse de acciones de grupos subversivos, destinadas a exacerbar la violencia de las manifestaciones, en varios casos la Comisión ha tenido indicios de que se trataba de particulares partidarios del Gobierno establecido; y que, en ocasiones, actuaron con conocimiento de las fuerzas encargadas del orden o en connivencia con ellas. Para afirmar la vinculación entre estos particulares y agentes del Estado se ha tenido en cuenta que en múltiples oportunidades los autores circulaban en vehículos durante horas de la noche, bajo toque de queda, en lugares vigilados por fuerzas de orden.
Pero hubo también particulares que causaron alguna muerte en defensa propia o de su propiedad. Su actuación no se considera violatoria de los derechos humanos cuando reúne las características de proporcionalidad y otras que la hacen legítima. Sin embargo, los afectados pueden considerarse víctimas de la violencia política en un sentido más general cuando no consta que se encontraran entre aquellos que perpetraban el ataque injustificado que motivó la legítima la defensa.

a.4) Conclusión
En la oposición al Gobierno hubo sectores que intentaron mantener las manifestaciones masivas dentro de cauces pacíficos, a la par que otros aprovecharon las convocatorias para actos contrarios al orden público y de mayor o menor violencia. De modo análogo, las acciones de gobierno y de sectores partidarios se enmarcaron a veces en el ámbito de la acción política lícita de acuerdo a la normativa vigente, y en otras oportunidades tanto agentes del Estado como particulares actuaron contra las manifestaciones colectivas cometiendo abusos o atentando contra los derechos humanos fundamentales.
En definitiva, las manifestaciones de protesta tuvieron un carácter mayoritariamente pacífico. Con todo, hubo expresiones de violencia especialmente en poblaciones periféricas y durante horas de la tarde y noche. Los esfuerzos de los dirigentes sociales y políticos por mantener la connotación pacífica de las manifestaciones comenzaron a ser sobrepasados a partir de 1984, por lo que el grado de violencia y desórdenes fue incrementándose. Al mismo tiempo, las medidas de gobierno y la actuación de las fuerzas de orden para impedir que el orden público fuera alterado fueron muchas veces excesivas. Se agudizó el clima de confrontación social, sufriendo las consecuencias los sectores sociales más desprotegidos.

La progresiva desvirtuación del carácter pacífico de las manifestaciones, unida a una percepción más clara de su falta de eficacia para obtener el fin político buscado, llevó a una pérdida de intensidad especialmente a partir de julio de 1986.

Error: Reference source not foundb) LOS ELEMENTOS DE CONVICCION
Como ya se ha dicho para todos los fenómenos de violaciones a los derechos humanos estudiados, la Comisión realizó una investigación dirigida a verificar los antecedentes y circunstancias básicas requeridas para formarse conviccion sobre la calidad de víctima. En este sentido, la muerte y la forma de muerte se acreditaron en todos los casos mediante los informes de autopsia y/o los certificados de defunción respectivos. Las circunstancias de la muerte se acreditaron mediante testimonios recibidos en la Comisión o mediante testimonios y relatos recogidos en procesos judiciales o por organismos de derechos humanos y medios de prensa. En aquellos casos en que las versiones involucraron a agentes del Estado o a personas a su servicio, esta Comisión ofició a la respectiva institución a fin de que enviara los antecedentes disponibles. Las respuestas no aportaron, sino excepcionalmente, información adicional sobre los casos.
La diversidad de formas de muerte, el contexto global de alteración del orden público y el carácter confuso de muchas situaciones dificultaron a la Comisión formarse convicción precisa respecto a lo ocurrido en todos los casos. Por ello, la Comisión distinguió aquí   como en otros capítulos   entre víctimas de violaciones a los derechos humanos y caídos a causa de la situación de violencia política (esto es, como consecuencias fatales de la contienda entre fuerzas políticas de uno y otro bando). En el primer caso se consideraron las muertes por ejecución o por uso indebido de la fuerza por agentes del Estado, y los casos de muertes provocadas por acción de particulares por motivos o bajo pretextos políticos. En cambio, cuando un uso que podría estimarse justificado o proporcionado de la fuerza por agentes del Estado causó la muerte imprevisible de inocentes, como ocurrió en ciertos casos de muertes por bombas lacrimógenas; cuando no se pudo presumir razonablemente que hubiese un uso excesivo de la fuerza; cuando la muerte la provocó un particular sin motivaciones políticas, habiendo alguna relación con la violencia del contexto, como en casos de legítima defensa en que no consta la culpabilidad de la víctima; cuando no se pudo presumir que el acto fuera de agentes del Estado o ni siquiera se pudo precisar el origen de una muerte, pero aparecía vinculada al contexto de violencia; en todos esos casos, la Comisión consideró a los afectados víctimas de la situación de violencia política en el período. En ocasiones, dadas las dificultades probatorias para distinguir entre una y otra situación, no hubo consenso en el seno de la Comisión en orden a considerar que una persona había sido víctima de una violación a los derechos humanos o bien se estaba ante una víctima de la situación de violencia política.
Los elementos sopesados para arribar a una conclusión distinguen si las muertes se debieron a acción de agentes del Estado o de particulares.
El problema principal en el caso de intervención de agentes del Estado fue que durante las manifestaciones políticas colectivas hubo situaciones muy complejas. Se ejecutaron acciones que constituyeron alteración del orden público; afectaron los derechos de otros ciudadanos; o, en casos extremos, revistieron caracteres de enfrentamiento. En este contexto, las fuerzas de orden cumplían funciones institucionales y no meramente políticas. Esta Comisión no pretende desconocer que son tales instituciones las encargadas por el Derecho para controlar el orden público y que los operativos y la utilización de la fuerza para lograr esos objetivos resultan en sí mismos justificados.
Por tanto, en el caso de la actuación de agentes del Estado fue preciso realizar una valoración que estableciera si el uso de la fuerza había sido o no proporcionado a la finalidad de cumplir el objetivo institucional de resguardar el orden público.
En este sentido, la Comisión consideró antecedentes sobre el modo general de actuar de los agentes del Estado durante las protestas, además de aquellos testimonios referidos a su actuación en cada caso particular. El conocimiento de un modo de proceder habitual   como el uso de armas de fuego en forma más o menos frecuente e indiscriminada   fue una consideración presente en la mayoría de los casos para considerar que la intervención de los agentes fue desproporcionada.
En el caso de las muertes causadas por particulares ha sido necesario establecer que presumiblemente se actuó bajo pretexto político. Normalmente se llegó a la convicción de existir una violación a los derechos humanos por motivos políticos a menos que hubiese antecedentes que permitieran pensar en otros motivos o en un uso justificado de la fuerza, situación excepcional respecto de los particulares. También aquí se han considerado testimonios generales sobre la actuación de particulares, tanto en contra de manifestantes como en la realización de actos de índole terrorista que pueden afectar indiscriminadamente a cualquier persona (así la colocación de artefactos explosivos o el derribamiento de cables de alta tensión, por ejemplo).
Antes se ha hecho referencia a la vinculación entre actos de particulares y agentes del Estado, o al hecho de tratarse de particulares partidarios del Gobierno del momento. La Comisión estimó que resultaba muy difícil señalar o excluir positivamente tales vinculaciones en todos y cada uno de los casos. No obstante, cuando hay indicios así se indica.
Finalmente, cabe recordar que la Comisión consideró establecida la calidad de víctima de violación a los derechos humanos sin necesidad de establecer el grado de responsabilidad individual de los autores, sobre lo cual no se prejuzga en absoluto.

Error: Reference source not foundc) LAS VICTIMAS
La Comisión ha llegado a la convicción que 131 personas fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos o bien cayeron víctimas de la situación de violencia política en el contexto de manifestaciones colectivas.
La muerte alcanzó a personas no elegidas previamente por los autores; no buscadas por sí mismas, por su militancia política, o por determinadas relaciones personales. Murieron niños y ancianos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, partícipes en los actos de protesta y personas ajenas a los mismos. Sólo tienen en común el estar inmersos en una realidad de confrontación política aguda.
Resultaron especialmente afectados los sectores más pobres de las ciudades, particularmente los que habitan en las poblaciones periféricas de la capital. El mayor número de víctimas corresponde a varones y jóvenes.
Las causas de muerte son variadas. La mayoría de las víctimas falleció por heridas a bala, balines o perdigones. Algunos murieron por herida de arma blanca; por asfixia; por inhalación de gas lacrimógeno; por golpe de bomba lacrimógena; por quemaduras; por golpes; por electrocutamiento provocada por atentados al tendido eléctrico; por pedrada, y por detonación de artefacto explosivo en la vía pública.
A continuación se informa sobre cada una de las víctimas en un relato esquemático, siguiendo el orden cronológico de las diversas manifestaciones.

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