A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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a.6) Recintos de la CNI de los que se tiene información
La CNI heredó los inmuebles de la DINA. Además, estableció otros recintos.
En Santiago, la CNI funcionó en numerosos recintos. Los más conocidos son los Av. República 517, donde funcionaba el cuartel general; Borgoño 1470, donde se mantuvo a detenidos y cerca del cual murieron varios militantes de extrema izquierda, en enfrentamientos falsos, que se decía tuvieron lugar cuando intentaban atacar el local; y la propia Villa Grimaldi, que la CNI conservó, desde los tiempos de la DINA.
Por D.S. N° 594 del Ministerio del Interior, del 14 de junio de 1984, se señalaron las dependencias de la CNI que serían consideradas lugares de detención de acuerdo al artículo 24 transitorio de la Constitución, tanto en Regiones como en Santiago.
a.7) Evolución, etapas en su actividad de la CNI
El año 1977 hubo una disminución de la acciones represivas de la DINA, con resultado de desaparición o muerte, lo que podría explicarse en parte por el clima de inseguridad que se vivió al interior del servicio provocado por cuestionamientos dentro de sectores del Gobierno y por presiones internacionales, entre ellas, de parte de la administración Carter, en los Estados Unidos. Se trata de una etapa marcada por la inminencia de cambios. Sintomática es la destrucción y desaparecimiento en esos meses de archivos de la DINA, de lo que se tiene noticias dignas de crédito.
En noviembre de 1977, cuando asume un nuevo director de la CNI el servicio comienza a estructurarse de manera diferente a la DINA, pese a la mantención de muchos efectivos de ésta. Se producen cambios en la mayor parte del personal de confianza del director y se rediseñan las funciones del servicio dándole una mayor importancia a las labores de inteligencia frente a las propiamente represivas.
Durante este período se produce el fin del Estado de Sitio en el país y la dictación de la ley de amnistía. En general las más graves violaciones a los derechos humanos disminuyen marcadamente (véanse a este respecto las estadísticas al final de este volumen).
El inicio de la operación retorno del MIR y el consiguiente aumento de acciones armadas, tales como robos a bancos y colocación de explosivos, permitieron que recobraran fuerza los que pedían mayor dureza. El acto de terrorismo selectivo que costó la vida del Teniente Coronel de Ejército Roger Vergara, en julio de 1980, a manos de militantes del MIR, probablemente precipitó el cambio de mando dentro de la CNI y fue marcando una evolución gradual, pero clara, de este organismo hacia un énfasis en acciones de represión y contrainsurgencia.
En ello tiene importancia no sólo la nueva política asumida por el MIR, con su hecho más destacado el intento de establecer una base permanente en Neltume durante el año 1981, sino que también la decisión del Partido Comunista de cambiar su estrategia para enfrentar la dictadura, asumir la vía armada y crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
En los años siguientes es posible apreciar un constante aumento en las detenciones y en violaciones a los derechos humanos imputables a la CNI, llegando éstas a su punto máximo en los años 1986 y 1987. El primero es el llamado "año decisivo" por la izquierda; en este año donde se produce la internación masiva de armas al país y también el acto de terrorismo selectivo en contra del Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, en el cual perecen cinco de sus escoltas. En el segundo, se producen los episodios de desaparición forzada de cinco miembros del FPMR y la Operación Albania, donde mueren 12 militantes de esa misma colectividad, ambos atribuíbles a la CNI.
b) OTROS ORGANISMOS O GRUPOS
b.1) Comando Vengadores de Mártires (COVEMA)

En el mes de julio de 1980 murió, a consecuencias de un acto de terrorismo selectivo, el Teniente Coronel de Ejército Roger Vergara Campos, jefe de Inteligencia de esa institución. Como reacción oficial ante el atentado y con el fin de coordinar la acción de diversos grupos de policía y seguridad a los cuales le fue encomendada la averiguación y detención de los responsables, se crea el denominado Comando Antisubversivo (CAS).
Los grupos que lo integran son la Brigada de Homicidios y de Inteligencia Policial de Investigaciones, el OS 7 de Carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI. Su dirección quedó en manos del General de Ejército que pronto sucedería en el mando al director de la CNI.
Acciones de este Comando son desplegadas no tan sólo en la investigación de este caso, sino también de otros hechos de violencia del período, tales como los asaltos a sucursales bancarias de calle Santa Elena.
Paralelamente a estos hechos, el día 23 de julio fueron detenidos por civiles que no se identifican, los estudiantes de periodismo Eduardo Jara y Cecilia Alzamora. En los días posteriores se realizarían otras detenciones clandestinas que afectarían a un total de 14 personas. Al 5 de agosto todos habían recuperado ya su libertad. Sin embargo, la misma noche del 2 de agosto en que es liberado Eduardo Jara, éste falleció a consecuencia de las torturas que le fueron infligidas durante su detención.
Todos estos detenidos estuvieron en manos de una agrupación que desplegó una amplia gama de recursos. Contaban con gran cantidad de vehículos y de recintos donde mantener a sus detenidos, los que fueron varias veces trasladados durante su cautiverio. Estos locales se ubicaban en el centro y en los suburbios de Santiago, eran de grandes dimensiones y daban la impresión de que trabajaran en ellos numerosas personas en forma habitual. Esta agrupación se conoció como Comando Vengadores de Mártires (COVEMA), puesto que así se identificaron ante sus víctimas.
Los interrogatorios fueron constantes durante el período y se referían tanto a la muerte de Roger Vergara, como a antecedentes sobre movimientos de izquierda. Los detenidos fueron objeto de constantes torturas, principalmente golpes y aplicaciones de electricidad en diversas partes del cuerpo.
La muerte del estudiante de periodismo provocó una gran alarma pública y el Gobierno declaró su compromiso a esclarecer los hechos. En el respectivo proceso judicial fueron condenados funcionarios de Investigaciones, por inferirle apremios ilegítimos a una detenida, quien había reconocido como uno de los lugares de su detención a la 8ª Comisaría de Investigaciones. En el proceso se acreditó que ella fue detenida por orden de la 2ª Fiscalía Militar. Sin embargo, la investigación judicial no estableció la vinculación entre esa detenida y Eduardo Jara y su posterior muerte, pese a que ambos permanecieron juntos, secuestrados por las mismas personas.
El grupo que actuó contra todos los detenidos estaba integrado por agentes de Investigaciones, siendo reconocida la utilización además del cuartel antes mencionado, el Central de Avenida General MacKenna. En el proceso la propia CNI, junto con Carabineros, afirmaron la responsabilidad de Investigaciones, específicamente de miembros de su Brigada de Homicidios. Sin embargo, como se dijo, esa Brigada de Homicidios formaba parte del llamado CAS, junto con efectivos de Carabineros y de la CNI.
Personal de la CNI efectivamente participó en COVEMA. De hecho, el director de la CNI a esa fecha, señaló públicamente que el COVEMA fue formado en forma autónoma, a partir de funcionarios de la CNI.
b.2. Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR)
Este organismo fue creado en septiembre de 1983, luego de la disolución de la DICAR. A DICOMCAR se le dotó de más medios. No hay lugar a dudas que con su establecimiento se perseguía que Carabineros asumiera un rol de mayor envergadura en labores de inteligencia y contrainsurgencia.
A esta nueva unidad se le asignaron no sólo miembros del antiguo DICAR, sino que también de otras unidades de Carabineros. Según diversas versiones su personal habría oscilado entre 100 y 150 agentes, habiendo ejercido también una suerte de tuición sobre los Carabineros que formaban parte de la CNI. También habría estado adscrito a este organismo personal civil con conocimientos en actividades de inteligencia.
Entre los integrantes de DICOMCAR destaca la presencia de ex miembros del Comando Conjunto que operó durante los años 1975 1976, especialmente en la represión del Partido Comunista.
DICOMCAR empleó como cuartel el recinto ubicado en calle Dieciocho, el que también había utilizado el mismo Comando Conjunto, y que se conocía como "La Firma".
Las funciones de este organismo están vinculadas a tareas de inteligencia, sabiéndose que semanalmente evacuaba un informe sobre esta materia al General Director de Carabineros. Además desempeñaba funciones de interés interno para la institución.
Sin embargo, también tuvo a su cargo el desarrollo de labores de operativos de represión. En el año 1984 hay constancia de la actuación de este servicio en múltiples detenciones. También en ese año es posible detectar relaciones entre él y la CNI en las detenciones, aunque también hubo pugnas entre estos servicios.
A la cabeza de este organismo había un Director, y un Subdirector, ambos a cargo de Coroneles de Carabineros. La labor operativa de represión o contrainsurgencia se radicaba en un departamento de Asuntos Externos.
Antecedentes que conoció esta Comisión vinculan a personal de DICOMCAR con la muerte de Carlos Godoy Echegoyen, víctima de torturas en la Comisaría de Carabineros de Quintero. Pero fue su vinculación con el degollamiento de tres miembros del Partido Comunista, ocurrido en marzo de 1985 lo que acarreó mayor publicidad sobre este DICOMCAR. El descubrimiento de esta vinculación provocó, en definitiva, la disolución de DICOMCAR y otros importantes cambios en Carabineros, entre ellos el retiro de su General Director.
Pese a que muchos antecedentes para presumir motivos de parte del DICOMCAR, que como hemos dicho estaba integrado por ex-miembros del Comando Conjunto, en el crimen en contra de los tres militantes comunistas, y pese a que la CNI en un informe al juez de la causa señala como responsable de los hechos a DICOMCAR, no es posible descartar la intervención de otras instituciones en estos mismos hechos.
c) LAS VICTIMAS DE LA CNI Y DE OTROS ORGANOS O GRUPOS ESTATALES DE REPRESION
Más adelante en este capítulo se expone sobre las víctimas fatales de las jornadas de protesta y, separadamente, sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos de extrema izquierda, por motivos o bajo pretextos políticos.

Las víctimas fatales de violaciones de derechos humanos cometidas en este período por órganos o grupos del Estado (que mayoritariamente corresponden a la CNI), fueron mucho más selectivamente escogidas que en períodos anteriores. En su gran mayoría son miembros del MIR, del FPMR y del PC. Se trata de personas que o bien retornan clandestinamente al país, o bien están vinculadas al aparato militar del MIR o del FPMR o a labores de apoyo a este aparato. También hay entre las víctimas de estos partidos o grupos quienes cumplían otras funciones, tales como encargados de comunicaciones hacia el exterior.
La motivación o justificación de estas acciones represivas no son distintas, en lo fundamental, de las que se expusieron más arriba a propósito de las motivaciones de la DINA o del Comando Conjunto, pero con una diferencia: En la lógica de la DINA se justificaba la eliminación de los militantes, con el objeto de destruir el peligro potencial que significaban. Para los miembros de la CNI que combatían los intentos de insurgencia armada, el adversario o enemigo era más tangible; en ese contexto, las ejecuciones de un detenido, o de alguien que podría haber sido capturado y no ejecutado, se entendían como durezas o necesidades propias de una guerra irregular en la que el adversario también las cometía.
Esta diferencia, tanto objetiva como de percepción, no justifica por cierto, en ningún caso, la ilicitud de las conductas de la CNI cuando ejecutaban a personas capturadas o que podían ser capturadas sin mayor riesgo. Pero es importante hacer hincapié de la diferencia. Ello permite conocer todos los aspectos de la verdad estudiada, y todas las facetas de las autojustificaciones que no deben ser jamás aceptadas. Sobre esa base se puede evaluar qué debe hacerse para que en el futuro se infunda al personal de las FF.AA. y de Orden el respeto por ciertas normas básicas, lo cual no se contrapone, ni tiene por qué contraponerse, a la eficiencia con que se espera cumplan sus funciones.
En varios casos estudiados durante este período se observa que la motivación de las ejecuciones o de otras graves transgresiones, es una de represalia o escarmiento, dado que las víctimas no corresponden a los patrones recientemente señalados, sino que fueron escogidas para vengar un acto de terrorismo u otro atentado.
Además, durante este período hay casos como el de Tucapel Jiménez y el de tres miembros del Partido Comunista degollados en marzo de 1985, en los que se puede advertir motivaciones más complejas u oscuras.
d) METODOS DE REPRESION
Con respecto a los métodos de represión descritos para el período 1974-1977, en el capítulo II de la tercera parte, los empleados en este ofrecen diferencias.
La principal de ellas, es que la CNI mantenía una doble metodología, cuando se trataba de acciones de represión política o contrainsurgencia. Por una parte se practicaban arrestos que se reconocían y se ponía a los presuntos implicados a disposición de Fiscalías Militares. Por la otra, se cometían violaciones de los derechos humanos que se ocultaban o bien se presentaban, a través de medidas de desinformación, como acciones legítimas de defensa en enfrentamientos.
d.1) Detección
La CNI demostró un alto grado de eficiencia en su capacidad de reunir inteligencia sobre los partidos clandestinos que eran el principal blanco de su acción represiva o de contrainsurgencia. Es muy probable que haya logrado infiltrar algunos de estos partidos o movimientos, incluso a un alto nivel. Por cierto que mucha otra información fue obtenida también como un efecto acumulado de sus experiencias y sus acciones, así como por la práctica continuada de la tortura para extraer confesiones e información.
Sin duda también, el modo en que algunos de estos grupos condujeron sus operaciones o intentos de insurgencia, facilitó la acción de la CNI.

En todo caso, durante este período se advierte que la CNI vigilaba y seguía a los miembros y contactos de los grupos que buscaba atacar, a veces por largo tiempo, y que en muchas ocasiones estuvo en perfecta posición de decidir a su voluntad el modo, tiempo y lugar del "operativo", como se relata más adelante.
d.2) Detención
En concordancia con su mayor capacidad de obtener información sobre aquéllos a quienes se iba detener, la CNI, sabedora en algunos casos que la persona no revestía mayor peligrosidad, no hacía gran despliegue policial en el momento de la detención. Pero en muchos de los casos empleó grandes operativos con la participación de decenas o incluso más de un centenar de personas, numerosos vehículos y gran poder de fuego. Estas detenciones la más de las veces eran dispositivos organizados para ejecutar a las personas antes que para detenerlas.
Similares operativos de gran escala y muy elaborados se montaron a veces para dar muerte a personas y presentar los hechos como una detención a la cual se había opuesto resistencia.
Con respecto a DICOMCAR, en el principal operativo que se conoce este organismo, también hizo un gran despliegue de recursos para practicar la detención.
d.3) Tortura
Durante este período, los organismos ya mencionados - la CNI, la DICOMCAR, y el grupo llamado COVEMA - practicaban la tortura. El uso de la tortura por parte de la CNI fue sistemático, pero más selectivo que en el caso de la DINA, que sometía a torturas a prácticamente todos aquellos que pasaban por algunos de los recintos secretos. Los principales métodos de tortura continúan siendo el empleo de electricidad, sobre todo en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo, y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de asfixia, repitiéndose luego la operación.
Hay también constancias, como se narra en los casos respectivos, que DICOMCAR practicó la tortura, así también como COVEMA, incluso hasta el punto de la muerte, como ha comprobado esta Comisión.
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