A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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d.4) Ejecuciones y desapariciones forzosas
Con respecto a las desapariciones, entre el período 1981-1989, se practican de tal manera que prácticamente no se conocen testigos de los hechos o recintos donde hayan permanecido las víctimas.
En cuanto a las ejecuciones, se dan distintos tipos de situaciones en este período, principalmente en lo que concierne la CNI:
- En algunos casos se daba efectivamente un enfrentamiento entre las fuerzas que concurrían sea a detener, sea a matar a aquellos que eran buscados. En varios de estos casos se dio muerte a los capturados o heridos.
- En otros casos se trataba simplemente de una emboscada para matar al militante buscado, que se hacía pasar por enfrentamiento real.
- En un menor número de casos, se dieron otras formas de ejecución, como el degollamiento y el secuestro y ejecución por múltiples disparos en la cabeza.
d.5) Disposición del cadáver
El cuerpo de personas a quienes se declaró muertos en enfrentamiento, hayan sido éstos reales o falsos, por lo general se entregaba a sus familiares. En diversos otros casos se arrojó el cadáver de los ejecutados en distintos predios, a la vera de una camino o en un estero.

Con respecto de los desaparecidos de este período, no se tiene información de cual haya sido el destino de sus restos.
d.6) Métodos de ocultamiento de los hechos y de desinformación
De los casos que se narra más adelante, se desprende una variedad de procedimientos por los cuales se intentó salvar, después de los hechos, problemas de la ilegalidad de la detención, se buscó impedir la identificación de la víctima o, en general, ocultar o distorsionar lo ocurrido.
Los agentes de la CNI se protegían hasta el punto en que en varias instancias declararon ante la justicia no con sus verdaderas identidades sino con sus nombres supuestos o "chapas".

2. RELATO DE CASOS

Error: Reference source not founda) LOS FALSOS ENFRENTAMIENTOS
Durante este período constantemente se entregó como explicación oficial de la muerte de militantes de colectividades de izquierda, el que habían caído en enfrentamientos armados con agentes de los organismos de seguridad, fundamentalmente la CNI. Sin embargo, esta Comisión ha podido determinar que en un elevado número, esos enfrentamientos jamás existieron, siendo las versiones de la autoridad un camino para eludir la responsabilidad del Estado en los hechos.
A continuación se relatan la situación en que se produjeron la muerte de víctimas en que oficialmente se dio dicha versión. Excepcionalmente se consideran en este apartado personas que efectivamente son caídos en acciones armadas reales, con el fin de no perder la ilación de los episodios.
El 11 de noviembre de 1977 falleció el ciudadano español Enrique LOPEZ OLMEDO, miembro suplente de la Comisión Política del MIR, quien había sido detenido a fines del mes de octubre de 1977 en Valparaíso.
Oficialmente se señaló que ese día, a las 22:00 horas, en circunstancias que efectivos de seguridad de la Armada lo intentaban detener en la intersección de las calles Pacífico y Coronel Silva Vergara de Valparaíso, por ser sospechoso de actividades clandestinas, opuso resistencia, ante lo cual los funcionarios se vieron obligados a usar sus armas de fuego, resultando herido y falleciendo en el traslado a un centro asistencial.
La Comisión, considerando la militancia de la víctima, su detención previa y la imprecisión del comunicado oficial, así como el hecho de que aunque su resistencia a ser detenido hubiese sido efectiva, no habría motivo, por ella, para darle muerte, ha llegado a la convicción de que Enrique LOPEZ fue ejecutado por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
El 7 de diciembre de 1977 falleció Augusto Heriberto Tadeo CARMONA ACEVEDO, periodista y militante del MIR, según la prensa de la época en un enfrentamiento con efectivos de seguridad, en un inmueble ubicado en calle Barcelona N° 2524, de San Miguel.
Conforme a las declaraciones de un testigo presencial recibidas por la Comisión, los hechos realmente transcurrieron de modo diferente. Aproximadamente a las 20:30 horas de ese día llegó al barrio una veintena de vehículos que cubrieron toda una manzana. De ellos descendió un numeroso grupo de civiles fuertemente armados. Allanaron la vivienda ubicada en calle Barcelona N° 2425 y la contigua a ésta. Entraron disparando pero no había nadie. Luego ordenaron que todos los vecinos que estaban presenciando los hechos se fueran a sus casas. Como a la medianoche llegó caminando un individuo, se paró frente al umbral de la casa signada con el N° 2425 y extrajo unas llaves para abrir la puerta. En ese momento le dispararon desde dentro de la casa dos o tres veces, cayendo al suelo. Los agentes se marcharon rápidamente.
La Comisión supo que los agentes de la CNI habían dado con Augusto Carmona gracias a información que les fue proporcionada por una detenida.
La Comisión, considerando los antecedentes que obran en su poder, ha llegado a la convicción de que Augusto Carmona fue ejecutado por efectivos de la CNI, en violación de sus derechos humanos.
El 18 de enero de 1978 fue muerto por efectivos de la CNI, Germán de Jesús CORTES RODRIGUEZ, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y ex  seminarista. Había sido detenido el 16 de enero de 1978 y conducido a Villa Grimaldi.
La prensa informó que luego de su detención fue conducido a su domicilio para que proporcionara más información y entregara documentación. Estando allí en un momento trató de sorprender a los funcionarios de seguridad, disparándoles un arma que extrajo debajo de una cama, no logrando herirlos y siendo muerto por ellos.
Una persona que estuvo detenida junto con él relata que unos días después de su aprehensión fue conducida a la casa de Germán Cortés, quien también fue obligado a ir en otro automóvil. Al llegar a ese lugar pudo apreciar como lo sacaron a la rastra y con la cabeza caída ya que se encontraba en muy mal estado debido a las torturas recibidas. Un instante después escuchó los balazos y la voz de uno de los guardias dando cuenta por un transmisor de que ya había muerto.
La Comisión, considerando esta versión, unida a lo inverosímil de los hechos narrados en el comunicado oficial, ha llegado a la convicción de que Germán de Jesús CORTES fue ejecutado por agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 2 de agosto de 1980 fue muerto el administrador de empresas Santiago RUBILAR SALAZAR. La víctima había salido de su casa, en Santiago, el 26 de julio, con destino a Valparaíso, de donde debía regresar dos días más tarde. No lo hizo. El día en que debía retornar, su cónyuge encontró su casa allanada y fue detenida junto con su cuñado por efectivos de la CNI, siendo llevados al cuartel de la calle Borgoño e interrogados sobre las actividades de la víctima.
Oficialmente se informó que en la fecha antes indicada fue muerto Santiago Rubilar en un enfrentamiento con Carabineros, cuando huía en un vehículo llevando a su dueña y un hijo de ella como rehenes. Se señaló que en los hechos resultaron heridos un carabinero y los rehenes, y que RUBILAR era buscado por el asalto a sucursales de Bancos de calle Santa Elena, ocurridos el día 28 de julio.
Demuestra la falsedad de la versión oficial el Decreto Exento de detención que acompañó el Ministerio del Interior en el amparo deducido en favor de la víctima. Ese decreto estaba fechado el día 20 de julio de 1980, es decir antes de los asaltos, e incluía, además de la víctima, a las personas que luego se mencionarían como sus rehenes en la huída del día 2 de agosto.
En atención a esos antecedentes la Comisión ha llegado a la convicción de que Santiago Rubilar fue ejecutado por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.
El 7 de noviembre de 1980 murieron en Santiago Rubén Eduardo ORTA JOPIA y Juan Ramón OLIVARES PEREZ, técnico electricista y obrero respectivamente, ambos militantes del MIR.
Según la versión oficial, a la 01:20 horas, personal de la CNI habría interceptado una citroneta que circulaba por Avenida Domingo Santa María con Puente Vivaceta. En ella viajaban dos sujetos que según esta versión presumiblemente intentaban atacar el cuartel de la CNI que queda en las proximidades, habiéndoles disparado una ráfaga de metralleta a los agentes de seguridad cuando se aproximaban. Se señala que en el vehículo se encontró armamento diverso.
Sin embargo, declaraciones recibidas por esta Comisión indican que ambas víctimas habían sido detenidas más temprano ese día, por agentes de la CNI.
Resulta también inverosímil la versión de que las víctimas hayan tratado de atacar un cuartel de la CNI movilizados en una vieja citroneta y que habiéndose aproximado los agentes a pie ninguno de ellos haya resultado herido con la ráfaga de metralleta que se les habría disparado. Además los cuerpos presentaban signos evidentes de haber sufrido torturas.
Por todo ello la Comisión ha llegado a la convicción de que Rubén Eduardo ORTA y Juan Ramón OLIVARES fueron ejecutados por agentes de la CNI, en violación de sus derechos humanos.
El 18 de enero de 1981 falleció Leandro Abraham ARRATIA REYES, de 36 años, fotógrafo, militante del PC. Había regresado a Chile en forma regular en octubre de 1980.
Oficialmente se informó que en la madrugada de ese día, en circunstancias que efectivos de la CNI intentaron detener a Leandro ARRATIA, éste opuso resistencia, parapetándose en una casa ubicada en calle Ricardo Santa Cruz N° 651 de la comuna de Santiago, ante lo cual los funcionarios de seguridad se vieron obligados a usar sus armas de servicio, resultando abatida la víctima.
Según declaraciones de familiares de la víctima recibidas en la Comisión, en la madrugada del 14 de enero de 1981, había sido allanado su domicilio ubicado en la comuna de Conchalí, por efectivos de seguridad. Estos le exigieron que cooperara con ellos, reconociendo antiguas amistades e informándoles de sus actividades. Según esas mismas declaraciones, el día 16 de enero, en circunstancias que esperaba locomoción, fue abordado por un individuo. Con posterioridad, no se tuvo noticias suyas hasta el comunicado oficial.
En la investigación judicial que tuvo lugar, uno de los funcionarios de la CNI involucrado en el operativo en que murió la víctima, declaró que se le había encomendado investigar las actividades de esta persona. Por otra parte, en el protocolo de autopsia se consigna que algunas de las heridas a bala que registraba el cuerpo, le fueron disparadas por la espalda, lo que no concuerda con la versión oficial.
La Comisión, considerando los relatos anteriores, la militancia de la víctima, el allanamiento y seguimiento de que había sido objeto y otros antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Leandro ARRATIA fue ejecutado por efectivos de la CNI, en violación de sus derechos humanos

Neltume
A mediados de 1981 fue denunciada por campesinos de la zona de Neltume, Décima Región, la existencia de un campamento de guerrilleros en ese sector. Se trataba de militantes del MIR ingresados clandestinamente al país como parte de la llamada Operación Retorno, quienes intentaban establecer una base en la zona cordillerana del sur el país, donde se instalaría a futuro la dirigencia de su colectividad.
A raíz de esta información se inició un intenso operativo con agentes de la CNI enviados desde Santiago y personal de Carabineros y del Ejército.
En julio de 1981 fue descubierto por los efectivos de seguridad el campamento, el que se encontraba en etapa de construcción. En esa oportunidad fue incautada gran cantidad de material y documentación. El grupo huyó hacia zonas más altas, siendo seguido por los agentes.
En el mes de agosto los militantes del MIR decidieron enviar a dos de sus miembros a las ciudades del llano con el fin de buscar alimentos y reanudar los contactos partidarios. Sin embargo, ellos fueron detenidos por agentes de la CNI y conducidos a Santiago. Estos detenidos revelaron el lugar en que debían juntarse con sus compañeros, y el santo y seña que debían emplear.
Aprovechándose de esta información los agentes dieron muerte a Raúl Rodrigo OBREGON TORRES, técnico topográfico, el 13 de septiembre de 1981 cuando concurría a reunirse con sus compañeros, teniendo la Comisión la convicción de que fue ejecutado, valiéndose los agentes del conocimiento que tenían del lugar del encuentro y del santo y seña. Por lo anterior es falsa la versión oficial que en el caso de ésta, como de la mayoría de las restantes muertes, se difundió a través de comunicados por DINACOS, en donde se señaló que se produjeron a consecuencias de enfrentamientos.
El 17 de septiembre fue también ejecutado por las fuerzas de seguridad Pedro Juan YAÑEZ PALACIOS, ayudante de electricista, quien se había separado del grupo debido a que se encontraba en muy malas condiciones físicas, dadas las adversidades climáticas que debían soportar, habiéndole sido amputado por sus compañeros un pie que se le había congelado y gangrenado. Este hecho le permite a la Comisión llegar a la convicción de que es altamente improbable de que haya opuesto resistencia.
Por esa fecha el grupo se dividió y tres de ellos se dirigieron al sector de Remeco Alto, a casa de una pariente de uno de ellos, con el fin de obtener alimentos. Los militares fueron alertados de la presencia de estas personas por los propios moradores de la casa y los sorprendieron mientras dormían, dándoles muerte. Fallecieron así los obreros Patricio Alejandro CALFUQUIR HENRIQUEZ y Próspero del Carmen GUZMAN SOTO, en el interior de la vivienda, la que quedó totalmente destruida por los disparos. José Eugenio MONSALVE SANDOVAL, también obrero, alcanzó a huir algunos metros de la casa, siendo alcanzado y ejecutado. Le consta a la Comisión que en ninguna de estas muertes hubo resistencia previa por parte de las víctimas. Todo esto sucedió el 20 de septiembre de 1981.

Al día siguiente fueron ejecutados los dos miembros del grupo que habían sido detenidos al principio de los hechos, de nombres René Eduardo BRAVO AGUILERA y Julio César RIFFO FIGUEROA, ambos obreros, quienes habían sido conducidos al lugar del operativo desde Santiago. En el comunicado distribuído por DINACOS no se señala la forma en que fallecieron estas personas y no se reconoce el que estaban detenidas en forma previa. Otras informaciones provenientes de la CNI dan cuenta de la detención pero señalan que habrían sido muertas al intentar darse a la fuga, versión que resulta inverosímil dado lo amplio del despliegue militar y la celosa custodia a que deben haber estado sometidos, lo que se ratifica con la omisiones del comunicado oficial.
Finalmente, el 28 de noviembre de 1981 en Quebrada Honda, fue ejecutado por efectivos del Ejército, el practicante Juan Angel OJEDA AGUAYO. El relato de un testigo presencial de los hechos le hace fe a esta Comisión en el sentido que tampoco hubo realmente un enfrentamiento en esta oportunidad.
Al ponderar estos casos, debe tenerse presente lo que se ha dicho en la Primera Parte, Capítulo II de este Informe. Es preciso separar claramente los hechos o intenciones que puedan imputársele a los que fueron muertos, e incluso las consideraciones sobre su peligrosidad, de la licitud o ilicitud de los actos de la autoridad en combatirlos.
Desde luego, ninguna norma puede pedir que el Estado renuncie a combatir una insurgencia. Incluso más, ninguna norma puede pedirle que la combata con medios poco eficaces. Pero sí cabe exigir el cumplimiento, en toda circunstancia, de ciertas normas que regulan el empleo de la fuerza.

Teniendo esto en cuenta, la Comisión considera que en los hechos de Neltume las autoridades, que ya habían detenido a dos de ellos, estuvieron en posición de aprehender a los restantes, en todos menos en uno de los casos, en lugar de darles muerte. Si Neltume quiso ser, en los deseos de sus participantes, el comienzo de una guerrilla, fue, en la práctica, dado el fracaso y lamentable estado de los militantes del MIR envueltos en esta operación, y la enorme superioridad de las fuerzas del Estado, una operación más policial que propiamente militar. Existiendo racionalmente la alternativa de una aprehensión, en cada una de las situaciones examinadas, no fue lícito optar por ejecutarlos, menos aún a quienes estaban físicamente en poder de sus captores.
El único enfrentamiento real en estos hechos tuvo lugar entre Miguel CABRERA FERNANDEZ, obrero, quien cayó el 16 de octubre de 1981 en la localidad de Choshuenco al ser descubierto por carabineros y luego de producirse intercambio de tiros entre ellos. La Comisión considera que su muerte se produjo a consecuencias del enfrentamiento, y sin violación de sus derechos humanos.
En todos los demás casos, y dado lo que se ha expuesto, la Comisión considera que trata de ejecuciones, en violación de los derechos humanos de los afectados.
El 10 de noviembre de 1981 murieron en Santiago Juan Ramón SOTO CERDA, estudiante, militante del Partido Socialista, Luis Pantaleón PINCHEIRA LLANOS, contador, militante del MIR y Jaime Alfonso CUEVAS CUEVAS, obrero, militante del Partido Socialista. Según la versión oficial, en la madrugada de ese día se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y cuatro elementos extremistas, a consecuencia del intercambio de disparos se incendió el vehículo en que viajaban resultando tres de ellos totalmente calcinados.
Conforme al informe planimétrico de la Policía de Investigaciones y que se encuentra en el expediente judicial, se acreditó que los efectivos de seguridad no dispararon desde el lugar en que lo sostuvieron y que las víctimas no pudieron ser los causantes de los impactos que recibió el vehículo de la CNI. La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Juan Soto, Luis Pincheira, Jaime Cuevas y una cuarta persona no identificada fueron ejecutados por agentes de la CNI, en violación de sus derechos humanos.
El 11 de diciembre de 1981 fallecieron Sergio Gabriel FLORES DURAN, de 29 años, dirigente de la Fuerza Central del MIR, quien vivía en forma clandestina en Chile, y María Verónica CIENFUEGOS CAVIERES, de 28 años, militante del MIR.
La versión oficial sobre los hechos, difundida por DINACOS, señala que el día antes indicado, a raíz de los operativos realizados tras la muerte de tres funcionarios de Investigaciones de Chile, se produjo un enfrentamiento con militantes del MIR en calle Rivadavia N° 6674, comuna de San Joaquín, a consecuencias del cual fallecieron las víctimas.
De las declaraciones de testigos y otros antecedentes reunidos por esta Comisión, aparece que Sergio Flores y María Cienfuegos eran seguidos desde hace un tiempo por agentes de seguridad, quienes tenían permanentemente controlado el inmueble que habitaban, por lo que podrían haberlos detenidos sin necesidad de darles muerte. Por el contrario, la forma del operativo planeado contra ellos, con un numeroso personal de la CNI, Carabineros e Investigaciones y con el apoyo de dos helicópteros, el cual fue además filmado, indica que su objetivo no era la detención de Gabriel Flores y María Cienfuegos, sino darles muerte.
La Comisión, considerando lo anterior, ha llegado a la convicción de que ambos fueron ejecutados, en violación de sus derechos humanos.
El 17 de diciembre de 1981, fue abatido Iván Alfredo QUINTEROS MARTINEZ, de 31 años, militante del MIR y comerciante, según la prensa en un enfrentamiento con efectivos de seguridad, frente al N° 437 del callejón Lo Ovalle, a dos cuadras del paradero 17 de la Gran Avenida.
De las declaraciones de testigos aparece que la víctima circulaba en bicicleta por el callejón Lo Ovalle, cuando fue embestido por una furgoneta tipo Suzuki conducida por funcionarios de la CNI, quienes lo conminaron a levantarse, lo que Iván Quinteros no pudo hacer cayendo nuevamente a tierra, ocasión en que le dispararon quedando gravemente herido, falleciendo poco tiempo después. El protocolo de autopsia consigna que la víctima recibió cinco impactos de bala.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, más la militancia de la víctima, la imprecisión del comunicado oficial, el seguimiento de que era objeto por su vinculación con María Cienfuegos y Sergio Flores, muertos días antes, ha llegado a la convicción de que Iván Quinteros fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 28 de abril de 1983, según lo informado por testigos, Daniel MEDEL RIVAS, de 30 años, militante del PS, fue bajado de un bus interprovincial en el paradero siete y medio de la carretera entre Quillota y La Calera por efectivos de la CNI, quienes le dispararon dándole muerte en el lugar.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Daniel Medel fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
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