A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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Fuenteovejuna
El 7 de septiembre de 1983 se informó oficialmente que ese día, a consecuencia de los operativos realizados tras la muerte del General de Ejército e Intendente de Santiago General Carol Urzúa, se habían producido dos enfrentamientos con miembros del MIR implicados en tales hechos. Primeramente se dijo que el enfrentamiento se había originado al descubrirse accidentalmente a tres individuos sospechosos en calle Visviri con Fleming en el sector Oriente de Santiago, por parte de agentes de la CNI que realizaban un patrullaje de rutina. Ellos habrían contestado con disparos a la voz de alto y corrido hasta refugiarse en una casa en calle Fuenteovejuna, desde donde siguieron disparando a los agentes, quienes recibieron refuerzos de Carabineros e Investigaciones. Al rato se habría producido una explosión en el interior de la vivienda cuando los individuos se encontraban quemando documentación, muriendo uno de ellos. Los dos restantes, en una acción suicida, habrían salido disparando y habrían sido abatidos.
Al día siguiente apareció en la prensa otra versión oficial, que, a diferencia de la primera, indica que el enfrentamiento se produjo cuando los efectivos concurrieron al inmueble en donde se refugiaban las víctimas, cuya dirección obtuvieron mediante confesiones de otros intervinientes en el asesinato del General Carol Urzúa. En esta oportunidad se señala que habían sido evacuadas las viviendas del sector aledaño.
En realidad los hechos ocurrieron de diferente manera. Los agentes de seguridad estaban al tanto que en el inmueble se encontraban miembros del MIR en la clandestinidad. Luego del asesinato del General se planificó la acción en contra de ellos, por lo que se reunió a un gran número de agentes de seguridad, que incluía miembros de la CNI y de otros servicios, los cuales, luego de otras acciones ejecutadas ese mismo día, entre las que se cuenta la detención de personas, se dirigieron al inmueble.
En ese lugar instalaron una ametralladora punto 50 que inmediatamente comenzó a disparar. Sólo después de haberlo hecho durante unos minutos se pidió a los moradores que se entregaran. En atención a ello salió Sergio PEÑA DIAZ, de profesión veterinario, militante del MIR, quien había ingresado clandestinamente al país, con las manos puestas en la nuca. Cuando se aproximaba a la reja del antejardín dos agentes le dispararon con metralletas a corta distancia, causándole la muerte.
Estos hechos, conocidos por la Comisión a través del relato de un testigo presencial de todos ellos, le permiten llegar a la convicción de que Sergio Peña murió ejecutado por parte de agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
A raíz de la muerte de Sergio Peña, Lucía Orfilia VERGARA VALENZUELA, militante del MIR, quien ingresó clandestinamente al país, quien se encontraba en el interior de la vivienda, disparó hacia afuera, reiniciando inmediatamente el ataque los agentes, quienes además lanzaron una bengala que produjo el incendio de la casa.
La última persona que quedaba en el interior de la vivienda, Arturo Jorge VILAVELLA ARAUJO, de profesión ingeniero, militante del MIR, quien también había ingresado clandestinamente al país, murió carbonizado.
Dada la verdadera finalidad del operativo, como quedó demostrado, la Comisión considera que estas últimas dos personas también deben ser consideradas como ejecutadas.
Janaqueo
Posteriormente, ese mismo día se informó oficialmente de otro enfrentamiento, ocurrido en calle Janaqueo de Santiago, que estaría ligado con el anterior y con la búsqueda de los responsables de la muerte del General Carol Urzúa. Se dijo que luego de terminados los hechos en Fuenteovejuna los efectivos se trasladaron a calle Janaqueo Nº5707 con el fin de detener a otras personas. Sin embargo ello no fue posible al oponer resistencia armada los moradores del inmueble antes indicado. A consecuencias del intercambio de tiros Hugo Norberto RATIER NOGUERA, argentino, militante del MIR, fue abatido en el patio de su casa y Alejandro SALGADO TROQUIAN, de profesión veterinario, militante del MIR, falleció a dos cuadras de esa casa de donde se había dado a la fuga.
La Comisión ha comprobado, de acuerdo con los antecedentes de que dispone, que esta versión también es falsa, dado que el último de los nombrados fue muerto cuando se aproximaba a su domicilio por agentes de la CNI quienes le dispararon a quemarropa y sin que hubiese habido resistencia de su parte. Inmediatamente de sucedido esto los agentes comenzaron a disparar con la misma ametralladora punto 50 montada en un Jeep que habían utilizado contra el inmueble de Fuenteovejuna, a la casa donde se encontraba Hugo Ratier, dándole muerte sin que éste se les haya enfrentado.
Previo a estos hechos los agentes, habían reunido al vecindario, unas 80 personas, en una iglesia del sector.
La Comisión se formó convicción de que ambas personas fueron ejecutadas por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
El 3 de noviembre de 1983 fue detenido en la vía pública en Concepción, Víctor Hugo HUERTA BEIZA, de 52 años, militante del PC, por civiles armados. Horas después murió en un enfrentamiento, según la versión oficial, con efectivos de la CNI.
A las 17:30 horas de ese mismo día fue allanado su domicilio lo que hace suponer que ya estaba en poder de la CNI.
En el informe de autopsia consta que recibió más de 10 impactos de bala, que la causa precisa y necesaria de la muerte es "una herida cráneo cerebral inferida con un proyectil de calibre 9, que la referida herida por su forma estallada, puede haber sido inferida con arma apoyada y ha seguido un trayecto de delante atrás."
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Víctor HUERTA fue ejecutado por efectivos de la CNI, no siendo veraz la información de que murió en un enfrentamiento, por lo que considera su muerte como una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 29 de diciembre de 1983, en circunstancias que transitaba por calle Andes en dirección al Oriente al llegar a General Barbosa, fue muerto Juan Elías ESPINOZA PARRA, de 35 años, militante del MIR. Falleció a consecuencia de más de 22 disparos efectuados aparentemente por agentes de la CNI, algunos de ellos de trayectoria de atrás hacia adelante, según informe de autopsia.
Juan Espinoza, quien había ingresado en forma clandestina al país, era sindicado como uno de los encargados de archivo y documentación de un taller de falsificación del MIR.
La Comisión, considerando los antecedentes recibidos y las declaraciones de testigos, ha llegado a la convicción de que Juan Espinoza fue detectado y seguido por efectivos de seguridad, quienes pudiendo detenerlo vivo sin embargo lo ejecutaron en la vía pública, por lo que considera su muerte una violación a los derechos humanos cometida por agente estatales.
El 2 de julio de 1984 fueron muertos en Santiago Héctor Patricio SOBARZO NUÑEZ, profesor, militante del MIR, Enzo MUÑOZ AREVALO, militante comunista.
Según versión oficial, "El 2 de julio a las 23.50 horas personal de la CNI detectó la presencia de sospechosos que se movilizaban en un vehículo en la Avda. José Pedro Alessandri a metros de la Rotonda Departamental. Desde su interior los sospechosos dispararon contra los efectivos de seguridad los que repelieron el ataque generándose un enfrentamiento que culminó con la muerte de Enzo Muñoz y Héctor Sobarzo."
La versión oficial no es veraz de acuerdo a los antecedentes reunidos, especialmente las declaraciones de testigos que señalan que a las 23:30 horas Enzo Muñoz y Héctor Sobarzo estacionaron el vehículo en el que se movilizaban en la Rotonda Departamental frente al conjunto habitacional Don Camilo, bajándose el segundo para hablar por teléfono. En ese momento aparecieron numerosos vehículos con personal de civil armado quienes dispararon contra Enzo Muñoz y detuvieron con vida a Héctor Sobarzo, lo introdujeron a un vehículo y más allá le dispararon.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que las víctimas fueron ejecutadas por efectivos de la CNI, considerando sus muertes como violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 3 de julio de 1984, en un enfrentamiento sucesivo al anterior, según se informó oficialmente, fueron muertos en Callejón Lo Ovalle Ana Alicia DELGADO TAPIA, ingeniero agrónomo, militante del Partido Comunista y Juan Manuel VARAS SILVA, mecánico, militante del MIR.
Esa versión oficial indica que horas después del enfrentamiento anterior y continuando con las diligencias tendientes a esclarecer recientes atentados en el Callejón Lo Ovalle al llegar a la altura del 800, al realizar un allanamiento, se enfrentaron con tres hombres y una mujer a raíz de lo cual murieron Juan Varas y Ana Delgado.
Los antecedentes reunidos por esta Comisión y considerando especialmente la falsedad de la versión oficial en cuanto a la forma en que murieron Enzo Muñoz y Héctor Sobarzo, le permitieton a la Comisión adquirir la convicción de que ambos fueron ejecutados por agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
En Valparaíso el 12 de agosto de 1984 fue muerto Luis Enrique TAMAYO LAZCANO, de 27 años, sin militancia política.
Según la versión oficial a las 12 horas efectivos de la CNI llegaron al inmueble de calle Tegucigalpa N° 200 Población Progreso, Cerro Los Placeres, vivienda ocupada por la víctima, quien al percatarse de la presencia de los agentes de seguridad huyó y disparó contra ellos, los que tuvieron que responder el ataque a consecuencia de lo cual le dieron muerte.
Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes reunidos por esta Comisión, los efectivos de la CNI entraron violentamente al inmueble de Enrique Tamayo, ante lo cual éste huyó desarmado. Percatándose de ello, un efectivo de seguridad le disparó causándole la muerte instantáneamente.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Luis Tamayo no murió en un enfrentamiento, sino que fue ejecutado por efectivos de la CNI, quienes así violaron sus derechos humanos.
Operativo contra la dirigencia del MIR en la zona sur
Entre el 23 y el 24 de agosto de 1984 la CNI, con agentes enviados desde Santiago, ejecutó una operación destinada a eliminar a los dirigentes del MIR en la zona sur del país, específicamente en Concepción, Los Angeles y Valdivia. Muchos de ellos habían ingresado ilegalmente al país y se encontraban realizando trabajo clandestino. Todos estaban siendo seguidos por agentes de seguridad con anterioridad y por lo mismo éstos tenían claridad absoluta sobre sus actividades.
En todos los casos se informó públicamente de la existencia de enfrentamientos a consecuencia de los cuales murieron las víctimas. Sin embargo, por los diversos antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que ellas fueron ejecutadas.
El primer hecho se desarrolló en la mañana del 23 de agosto de 1984 en Hualpencillo, localidad cercana a Concepción. En ese lugar fue ejecutado cerca de su domicilio, el obrero Luciano Humberto AEDO ARIAS, a quien, según testigos, se le disparó sin intimársele rendición y sin que intentase oponer resistencia.
Horas más tarde fue interceptado el microbús en donde se desplazaban Mario Octavio LAGOS RODRIGUEZ y Nelson HERRERA RIVEROS, obrero y comerciante respectivamente, en el sector de Lorenzo Arenas de Concepción. El vehículo de locomoción colectiva venía siendo seguido desde Talcahuano y se le ordenó detenerse en un lugar con gran afluencia de público, frente a la Vega Monumental. Testigos interrogados por esta Comisión indicaron que no hubo resistencia a la detención por parte de las víctimas, quienes se bajaron desarmadas del microbús y sin rehenes. Esa acción la hicieron con los brazos en alto, recibiendo en ese momento Mario Lagos un disparo en la axila, lo que comprueba dicha posición de los brazos. La autopsia de Nelson Herrera indica que fue muerto posteriormente mediante un disparo en el cráneo a corta distancia y en circunstancias de que ya se encontraba esposado, lo que se desprende de las marcas en sus muñecas. Todos estos hechos fueron filmados por camarógrafos que utilizaban equipos de Televisión Nacional quienes se encontraban apostados en el sector desde antes que se produjeran los hechos, cosa que igualmente indica que no se trató de un enfrentamiento casual sino de hechos planificados con anticipación.
A las seis de la tarde del mismo día 23 de agosto fue muerto en Los Angeles mediante disparos Mario Ernesto MUJICA BARROS, contador, en la entrada de su domicilio, sin que tampoco hubiese habido oposición a una detención por su parte, según los testimonios que ha conocido la Comisión.
Más o menos a la misma hora murieron en el camino que une a Valdivia con Niebla, Raúl Jaime BARRIENTOS MATAMALA y Rogelio Humberto TAPIA DE LA PUENTE, empleado e ingeniero forestal respectivamente. En esta oportunidad también se informó oficialmente de la existencia de un enfrentamiento y de la huida de una tercera persona del lugar, lo que es del todo improbable dadas las condiciones del terreno. La Comisión tiene información de que las víctimas habrían sido detenidas en Valdivia y conducidas a ese lugar para su ejecución por los agentes de la CNI.
Al día siguiente se produjo el último de los hechos, el que le costó la vida a Juan José BONCOMPTE ANDREU, de profesión economista. El fue sorprendido en su domicilio por un elevado número de agentes. Juan Boncompte intentó huir por la parte trasera de la casa pero fue cercado, disparándosele luego en repetidas ocasiones, a consecuencia de lo cual falleció de manera inmediata. Varios relatos de testigos indican que no hubo ningún tipo de resistencia por parte de la víctima y que ésta se encontraba a merced de los agentes cuando fue muerta.
Con el mérito de las declaraciones de numerosos testigos entrevistados, demás antecedentes reunidos y por lo inverosímil de las versiones oficiales sobre cómo sucedieron los hechos, esta Comisión está convencida de que estas siete personas fueron ejecutadas por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
El 15 de diciembre de 1984 falleció Fernando Gabriel VERGARA VARGAS, militante del MIR, quien había ingresado en forma clandestina al país.
Según la versión oficial, ese día personal de la CNI que se encontraba patrullando el sector de Santa Elvira con Santa Elena interceptó a un individuo en actividades sospechosas el que al percatarse de la presencia del personal de seguridad efectuó dos disparos, motivo por el cual los funcionarios repelieron el ataque, causándole la muerte.
La Comisión, posee evidencias de que Fernando Vergara era seguido con anterioridad por funcionarios de la CNI, lo que hace dudar que haya sido descubierto casualmente. Igualmente se ha comprobado que el arma con que se supone efectuó los dos disparos según peritaje, funcionaba en forma irregular ya que tenía el martillo quebrado, lo que hace presumir que no fue usada. Considerando todo lo anterior, la Comisión ha llegado a la convicción de que Fernando Vergara fue seguido, detenido y ejecutado por los efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 3 de enero de 1985 falleció Alan William RODRIGUEZ PACHECO, de 28 años, militante del MIR.
Según la versión oficial los hechos se produjeron alrededor de las 11:15 horas del 3 de enero de 1985 cuando personal de seguridad que ingresaba al inmueble de calle Victoria N° 2304 en la comuna de Maipú recibió disparos desde el interior, los que fueron respondidos produciéndose un intercambio de tiros de alrededor de media hora, a consecuencia de lo cual se incendió la casa, muriendo calcinado Alan Rodríguez, quien se defendía además con un mortero.
Sin embargo, testigos indican que el día de los hechos llegó al lugar un numeroso contingente de efectivos de seguridad, apoyados por un jeep que portaba una ametralladora. La casa, de material ligero, fue rodeada por los agentes de la CNI que conminaron a Alan Rodríguez a entregarse, comenzando acto seguido a dispararle, sin que hubiese oposición de su parte.
No resulta verosímil lo afirmado oficialmente en el sentido de que la víctima portaba un mortero, ya que con un arma de ese tipo habría causado grandes destrozos y heridos entre los agentes, lo que no sucedió. Igualmente no concuerda con el incendio completo del inmueble el que esa arma haya sido exhibida posteriormente intacta.
Por todo lo anterior la Comisión considera que Alan Rodríguez fue ejecutado por agentes de la CNI que no buscaban su detención sino su eliminación, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 19 de enero de 1985 fallecieron los hermanos David y Marcelo MIÑO LOGAN, de 31 y 29 años respectivamente, ambos militantes del MIR.
Según informaciones de prensa, ese día a las 14:30 horas, cuando personal de seguridad se disponía a allanar el inmueble que arrendaban los hermanos Miño en Avenida Valparaíso esquina Yungay, en Quillota, fueron repelidos por éstos, produciéndose un enfrentamiento en el que resultaron muertos ambos extremistas.
Un testigo, por su parte, informó que un gran contingente rodeó la casa de los hermanos Miño y empezó a dispararle, a raíz de lo cual murió uno de los ocupantes y el otro, al intentar rendirse, fue ejecutado. Antecedentes en poder de la Comisión señalan que no hubo oposición de parte de las víctimas.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que los hermanos Miño fueron ejecutados por efectivos de la CNI, en violación de sus derechos humanos.
El 29 de marzo de 1985 falleció Paulina Alejandra AGUIRRE TOBAR, de 20 años, militante del MIR.
Según la versión oficial, el 27 de marzo de 1985 en el inmueble de calle Pastor Fernández N° 16.100 en Las Condes, domicilio de Paulina Aguirre, se encontró armamento, el que fue retirado por personal de la CNI que dispuso guardia en el lugar para detener a su ocupante, quien sólo regresó el viernes 29 de marzo a las 23:15 horas, a pie, siendo interceptada por funcionarios de la CNI, los que la conminaron a detenerse e identificarse.

Agrega dicha versión, que la mujer se detuvo, pero abrió su bolso de donde sacó un arma e hizo tres disparos, lo que motivó que los funcionarios le dispararan, causándole la muerte.
El informe de autopsia señala que Paulina Aguirre recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres disparos en la mano derecha y dos disparos en el antebrazo izquierdo.
La Comisión, considerando los numerosos antecedentes reunidos y la inspección ocular del lugar, ha llegado a la convicción de que Paulina Aguirre pudo ser detenida, sin embargo fue ultimada por efectivos de la CNI cuando regresaba a su domicilio, sin que hubiese habido oposición de su parte. Por lo anterior considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 29 de marzo de 1985 fallecieron los hermanos Eduardo Antonio y Rafael Mauricio VERGARA TOLEDO, ambos militantes del MIR.
Según informaciones de prensa, "El 29 de marzo de l985 a las 19:45 horas en el sector Las Rejas con 5 de abril, un trío de delincuentes armados intentaron asaltar un negocio, siendo sorprendidos por Carabineros que patrullaban en un furgón. Los frustrados asaltantes reaccionaron produciéndose un breve baleo en el que resultaron heridos el Cabo de Carabineros Marcelo Muñoz Cifuentes, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, muriendo los dos últimos en ese lugar. El tercero de los delincuentes alcanzó a darse a la fuga."
Los antecedentes reunidos por esta Comisión, entre los que se cuentan los informes de autopsia, permiten afirmar que ambos hermanos murieron a causa de politraumatismo por balas y que el cuerpo de Rafael Vergara registra un disparo en la nuca a corta distancia, que fue el que en definitiva le causó la muerte.
La Comisión ha llegado a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano, Eduardo Vergara, no pudiendo la Comisión determinar las circunstancias precisas en que se produjo el enfrentamiento ni la participación que él hubiera tenido, considera que pereció víctima de la situación de violencia política.
El 1° de julio de 1985 falleció Gilberto de las Mercedes VICTORIANO VELOSO, egresado de Servicio Social, militante del PC.
Oficialmente se informó que "El 1° de julio de 1985, dos individuos que eran seguidos por un grupo operativo de la CNI, se enfrentaron con fuerzas de seguridad en un intenso tiroteo que se inició a las 10:05 horas de la mañana en la intersección de las Avenidas Los Morros y Alejandro Guzmán, a la altura del Paradero 31 de la Gran Avenida. Uno de los sujetos resultó gravemente herido y falleció en el trayecto al Hospital Barros Luco, quien fue identificado como Gilberto Victoriano Veloso; el otro, Pablo Yuri Guerrero González, quedó con lesiones de mediana gravedad."
Esta versión está en contradicción con la narrada por un testigo presencial a esta Comisión que indica que a como a las 09:45 horas de ese día, llegó al sector en donde se produjeron los hechos un numeroso contingente de civiles armados. En ese momento vio a la víctima que corría perseguido por varios sujetos armados. Esta, dándose cuenta que no tenía escapatoria, hizo dos disparos, los que fueron respondidos con ráfagas de metralleta. Los efectivos de la CNI le gritaron que desistiera, ante lo cual tiró su arma al suelo, momento en el cual lo acribillaron.
Considerando lo anterior, más otros antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que la víctima fue ejecutada por efectivos de la CNI, siendo su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 18 de abril de 1986 fallecieron en Santiago José Daniel MURGA MEDINA, de 28 años, dirigente del MIR, empleado particular y Juan Antonio DIAZ CLIFF, de 41 años, también dirigente del MIR, quien vivía en forma clandestina en el país. Según la información oficial, eran dos delincuentes subversivos que murieron luego de enfrentarse a las fuerzas de seguridad.
Según información proporcionada por testigos, los hechos ocurrieron en forma diferente, en circunstancias que Juan Antonio Díaz caminaba por calle Gabriel Palma y fue atacado a quemarropa por efectivos de la CNI.
Otros indican que José Murga se bajó de la liebre en San Alfonso con Tucapel, en dirección a su casa. Al cruzar la calle General Jarpa lo vieron detenerse ante sujetos de civil armados, levantando los brazos y siendo abatido por disparos.
Los informes de autopsia indican que Juan Antonio Díaz murió por una herida a bala pulmonar derecha que le provocó anemia aguda y José Daniel Murga a raíz del politraumatismo esquelético visceral por balas.
Considerando los antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que Juan Antonio Díaz y José Daniel Murga fueron seguidos y ejecutados por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 8 de diciembre de 1986 falleció Marcelino Carol MARCHANDON VALENZUELA, de 28 años, militante del PC.
Según la versión de DINACOS, ese día a las 22.50 horas el extremista Marcelino Marchandon resultó muerto al ser repelido un ataque al cuartel de la CNI, ubicado en Avenida Santa María en Santiago.
Sin embargo, declaraciones de testigos indican que la víctima había sido detenido el 6 de diciembre en la vía pública por civiles armados y trasladado a un recinto secreto.
El informe de autopsia consigna que la causa de la muerte es el traumatismo facio cráneo encefálico por bala. Registra 10 impactos de bala y otros tantos por perdigones.
La Comisión, considerando los antecedentes recibidos, la militancia de la víctima y su detención previa, ha llegado a la convicción de que Marcelino MARCHANDON fue ejecutado por efectivos de la CNI, siendo su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
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