A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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Operación Albania
En junio de 1987 agentes de la CNI realizaron la llamada Operación Albania o matanza de Corpus Christi, que afectó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). También en este caso se justificó ante la opinión pública las muertes como consecuencias de enfrentamientos sucesivos, señalándose igualmente que los agentes habían actuado en cumplimiento de una orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancia esta última que después sería desmentida.
Los hechos comenzaron en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando fue interceptado en la vía pública, en calle Alhué de Santiago a metros de la casa de su madre, Recaredo Ignacio VALENZUELA POHORECKY, economista. Sin intimársele la rendición le dispararon causándole la muerte agentes de la CNI que se encontraban esperándolo.
Por lo anterior, ratificado por testimonios a que tuvo acceso esta Comisión, ésta llegó a la convicción de que la víctima fue ejecutada por agentes de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
Aproximadamente a las 18:30 horas del mismo día fue muerto en calle Varas Mena, donde vivía, Patricio Ricardo ACOSTA CASTRO, mediante un disparo que le provocó un traumatismo cráneo encefálico y raquimedular.
La Comisión adquirió la convicción, dado el contexto de los hechos acaecidos en esa oportunidad y la forma de la muerte de la víctima con único balazo en el cráneo, de que la víctima fue ejecutada por agentes estatales en violación de sus derechos humanos.
Apenas pasada la medianoche, a unas cuadras más allá de la misma calle Varas Mena, en el N° 417, se produjo un nuevo hecho en el que fallecieron dos personas. En ese lugar, en el cual funcionaba una escuela de guerrillas del FPMR, se encontraban tres personas y un número indeterminado de alumnos en la parte posterior del inmueble. Este había sido rodeado desde temprano, habiéndose apostado los agentes en las casas vecinas. A esa hora, un nutrido grupo de agentes golpeó el portón y ordenó a los ocupantes que abandonaran la casa. Casi inmediatamente los agentes echaron abajo ese portón con un vehículo y comenzaron a disparar desde diversas direcciones. Las personas que estaban en la parte posterior del inmueble huyeron, siendo algunas detenidas en las inmediaciones. Los que estaban en la casa se enfrentaron a los agentes durante algún tiempo y luego también trataron de escapar.
El primero de ellos, Juan Waldemar HENRIQUEZ ARAYA, ingeniero, cayó cuando intentaba huir por el entretecho de la casa vecina signada con el N° 415. La Comisión en rigor no puede calificar su muerte de violación de derechos humanos, sino que estima que cayó, víctima de la situación de violencia política, puesto que no le era exigible una actitud distinta a la de defenderse de sus agresores quienes manifiestamente tenían la intención de ejecutarlo.
Por su parte, Wilson Daniel HENRIQUEZ GALLEGOS, obrero, quien se encontraba herido, se refugió en el patio de la casa vecina signada con el N° 419, la que había sido abandonada ya por los agentes. Ahí fue visto por la dueña de la casa, quien le indicó que debía entregarse, a lo que él se negó. Testimonios indican que al rato volvió otro grupo de agentes e hizo a la familia introducirse en el dormitorio. Apresaron a Wilson Henríquez y comenzaron una suerte de juego con él, lo golpearon, lo sacaron a la calle arrastrándolo, dijeron que lo iban a volver a entrar para que no se resfriara y luego lo mataron, registrando su cuerpo según el protocolo de autopsia 21 orificios de bala.
La Comisión ha llegado a la convicción de que se Wilson HENRIQUEZ fue ejecutado por efectivos de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
Mientras tanto, en el sector de Villa Olímpica de la capital se produjo una nueva muerte también a manos de los agentes de la CNI. Julio Arturo GUERRA OLIVARES, electricista, se encontraba en su departamento cuando éste fue rodeado por los efectivos de seguridad. Se produjo un enfrentamiento por sus captores, el que fue presenciado por testigos. Una vez concluido éste la víctima fue ejecutada, mediante disparos a corta distancia. Por lo anterior y apreciando que la víctima se encontraba a merced de sus captores, esta Comisión considera su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
Finalmente, en la madrugada de ese día en calle Pedro Donoso de la comuna de Conchalí se produjo el último episodio donde falleció el mayor número de personas: Esther Angélica CABRERA HINOJOSA, cesante, Elizabeth Edelmira ESCOBAR MONDACA, empleada, Patricia Angélica QUIROZ NILO, estudiante, Ricardo Hernán RIVERA SILVA, chofer, Ricardo Cristián SILVA SOTO, estudiante, Manuel Eduardo VALENCIA CALDERON, electromecánico, y José Joaquín VALENZUELA LEVI, estudiante.
Nuevamente la versión oficial señala la existencia de un enfrentamiento en la ocasión, del cual habrían resultado muertas las víctimas antes mencionadas, logrando escapar otra persona. También se señala la existencia de agentes heridos.
La Comisión ha descartado esta versión, en atención a las siguientes consideraciones: en el lugar no existirían huellas de disparos efectuados desde el interior del inmueble; las marcas en el piso del inmueble dejadas por las balas dan cuenta de que a algunas de las víctimas se les disparó desde arriba hacia abajo, presumiblemente mientras estaban encuclilladas; resulta inverosímil como lo sostiene la versión oficial que alguien haya huído del lugar dadas las características de la casa, que es totalmente cerrada; no fue posible comprobar la existencia de agentes heridos como se comunicó públicamente; y, finalmente, debe considerarse la falta de colaboración de la CNI en el proceso destinado a esclarecer esta situación, donde no han sido dados a conocer los nombres verdaderos de los agentes que intervinieron ni menos han prestado declaraciones, ni se ha acompañado el armamento que supuestamente se confiscó en el lugar.
Considerando lo anterior, la Comisión ha llegado a la convicción de que estas siete personas fueron ejecutados por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.
Como consideración general debe agregarse lo inverosímil que resulta la existencia de tantos enfrentamientos con tantas víctimas fatales en unas pocas horas, lo que hace presumir un planeamiento previo de estas situaciones y su desenlace.
El 20 de diciembre de 1988 falleció Guillermo Eugenio RODRIGUEZ SOLIS, comerciante ambulante. Según el comunicado difundido por la CNI, murió ese día a las 23:30 horas en un enfrentamiento con efectivos de la CNI, en la Avda. Manuel Rodríguez frente al N° 369 en Santiago.
Declaraciones de testigos, sin embargo, indican que no hubo tal enfrentamiento, sino que la víctima fue detenida, golpeada y baleada por civiles armados. Además, el informe de autopsia indica que la víctima no registra indicios en la piel de los dedos de sus manos de deflagración de pólvora, lo que indica que no habría hecho uso de arma de fuego alguna.
Considerando los antecedentes reunidos y declaraciones de testigos, la Comisión ha llegado a la convicción de que Guillermo Rodríguez fue ejecutado por efectivos de la CNI, siendo su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.


Error: Reference source not foundb) OTROS EJECUTADOS
El 18 de marzo de 1978 fue encontrado el cuerpo sin vida de Jorge Lenin VERNAL HONORES, militante del PS, ex jefe del Departamento de Vivienda de la Caja de Previsión de Empleados Particulares. Había sido detenido por la DINA entre marzo y abril de 1974. El 16 de marzo de 1978 fue vuelto a ser detenido desde su hogar, siendo encontrado su cuerpo sin vida el día antes indicado.
El parte de Carabineros señala que el cadáver fue hallado en la ribera norte del río Mapocho, frente a la calle Barnechea. El protocolo de autopsia registra como causa del deceso asfixia por sumersión en agua y traumatismo cráneo encefálico y raquimedular. Más adelante se indica que "las lesiones traumáticas podrían ser explicadas por el arrastre del cuerpo por las aguas o tener otra gestación, sobretodo la fractura de la columna vertebral."
En contradicción con lo anterior se encuentra el informe planimétrico que fue acompañado a la investigación judicial. En él aparece claro que el cuerpo fue hallado en la calle Barnechea, a varios metros del río Mapocho.
En este mismo proceso es posible destacar otra serie de irregularidades que dan cuenta del compromiso de agentes estatales en los hechos. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:
Las falsificaciones de las declaraciones extrajudiciales de los familiares acompañadas por investigaciones, donde éstos aparecen diciendo que la víctima era un ebrio consuetudinario, lo que luego deben desmentir ante el Tribunal.
El que a Carabineros no le haya sido posible informar al Juez sobre el nombre de los funcionarios que encontraron el cadáver ya que por omisión no se habría registrado esa información y les era imposible averiguarla.
La ampliación del informe de autopsia y el informe del Departamento de Medicina Criminalística de Investigaciones adelantan otras hipótesis contradictorias sobre las lesiones en el cuerpo. El primero señala que pudo haberse producido por la acción de uno o más elementos contundentes (romos), u otros mecanismos, o por acción de arrastre del cuerpo por las aguas; el segundo señala que se habrían ocasionado en un accidente de tránsito y que luego habría caído al agua.
La Comisión, considerando la militancia de Jorge VERNAL, el hecho de haber estado detenido cuando suceden los hechos que le costaron la vida y las obstrucciones a la acción de la justicia, ha llegado a la convicción de que fue ejecutado, pudiéndose presumir la responsabilidad en estos hechos es de agentes del Estado, considerando su muerte una violación a los derechos humanos.
El 23 de agosto de 1978 murió, según informes de prensa producto de un asalto, el chofer de taxis Alfonso Luis AROS PARDO, militante de la IC.
Las labores partidarias de la víctima, las persecuciones que sufría según señalan sus familiares y el hecho de que el cadáver le haya sido entregado a éstos con todas sus pertenencias de valor, reloj, cadena, etc., le permiten a la Comisión descartar la versión del robo y afirmar que Alfonso AROS fue ejecutado por agentes del Estado que actuaron por motivaciones políticas, en violación de sus derechos humanos.
El 28 de abril de 1979 fue encontrado en la Comuna de Lampa, frente al Fundo El Montijo de Renca, el cadáver de José Aristeo AVILES MIRANDA, contratista, de 72 años, sin militancia conocida. Había salido el día anterior de su domicilio en la comuna de Pudahuel a hacer algunas diligencias. Uno de los hijos de la víctima había estado detenido en la Isla Dawson luego del golpe militar, partiendo posteriormente al exilio.
La causa de la muerte de José AVILES, que figura en el certificado de defunción es traumatismo cráneo encefálico. La prensa informó que se trató de un ajusticiamiento hecho por el MIR y que el hallazgo de su cadáver habría permitido a los servicios de seguridad tomar la hebra de una serie de ajusticiamientos de esa colectividad.
La Comisión ha llegado a la convicción de que José Aristeo AVILES fue ejecutado por motivos políticos, en violación de sus derechos humanos, pero carece de antecedentes para precisar la identidad de los autores de su muerte.
A similar convicción llegó la Comisión en el caso de Arturo Ricardo NUÑEZ MUÑOZ, militante del MIR, quien fue detenido el 17 de mayo de 1979, apareciendo su cuerpo al día siguiente en el sector de Quilicura, con dos impactos de bala en la cabeza. Al igual que en el caso anterior la prensa informó que "el MIR anunció que asesinó a uno de sus militantes".
El 23 de junio de 1979 fallecieron en Concepción Alberto Eugenio SALAZAR BRICEÑO e Iris Yolanda VEGA BIZAMA, ex-marino y comerciante, respectivamente, militantes ambos del MIR, a consecuencia del estallido de un artefacto explosivo.
La versión oficial indica que intentaban colocar la bomba en el local donde funciona Radio Nacional, cuando ésta les estalló. Como consecuencia de este atentado se comunicó a la opinión pública la detención de 10 personas que la CNI acusó de formar parte del grupo que planificó la operación.
Desmiente la versión oficial lo determinado en el proceso judicial iniciado a raíz de estos hechos. En él, el día 11 de junio de 1980, fueron absueltos todos los involucrados al no acreditárseles delito alguno. Mientras tanto la investigación de las muertes permitió concluir judicialmente que ellas revestían las características de delitos de homicidio, sin existir eso sí antecedentes que permitiesen culpar a personas determinadas.
En atención a dichas conclusiones la Comisión ha adquirido la convicción de que Alberto SALAZAR e Iris VEGA fueron ejecutados, en violación de sus derechos humanos y, atendiendo a su militancia y la falsedad de lo señalado en el comunicado oficial, le atribuye sus muertes a agentes del Estado.
El 13 de agosto de 1979 falleció en La Serena Mario Daniel ACUÑA SEPULVEDA, militante del PS y funcionario público. Según la versión oficial, dada a conocer mediante un comunicado de la Intendencia Regional, hubo una explosión en el sector donde se ubica la Parcela que era de propiedad de la víctima. Carabineros alertó de ello a la CNI, quienes fueron a allanar ese inmueble. Al identificarse, un individuo desde el interior les lanzó una bomba y huyó. Lo persiguieron por el jardín y antes de ingresar a la casa hubo una segunda explosión en su interior, la que rompió todos sus ventanales. Luego encontraron a la víctima ya muerta en el baño y detuvieron al otro individuo.
Se encuentran en poder de esta Comisión antecedentes que permiten afirmar la falsedad de esta versión. Existe constancia en el proceso judicial que a diferencia de lo informado oficialmente, fue un agente de la CNI el que concurrió a la Tenencia de Carabineros de Tierras Blancas comunicando la supuesta explosión y pidiendo se le facilitara tomar contacto con la central de su servicio, no siendo entonces Carabineros los que llamaron a la CNI. No resulta, por lo demás, verosímil que la única persona que escuchara la explosión que generó el incidente haya sido precisamente un agente de la CNI; tampoco lo es el hecho que a continuación del operativo se dirigiera directamente a la casa de la víctima, cuando consta que no tenían ningún elemento que les indicara que allí se había producido.
La autopsia señala la posibilidad de que la muerte se haya producido por una acción de terceros. Cuando se quiso verificar esta hipótesis, realizando una nueva necropsia del cuerpo para apreciar el estado en que quedaron las manos de la víctima y ver si él era quien manipulaba el artefacto explosivo, éstas desaparecieron misteriosamente luego de la exhumación del cadáver, no lográndose realizar el peritaje sobre ellas.
En la investigación judicial, el juez que conoció de ella se declaró incompetente al determinar que había personas con fuero militar comprometidas en los hechos.
Todos estos elementos, unidos a la circunstancia que la utilización de tales métodos violentos no se corresponde con la actitud de la época de los militantes del PS, le forman convicción a la Comisión de que Mario ACUÑA fue ejecutado por efectivos de la CNI.
El 31 de octubre de 1980, en Arica, en circunstancias que se aprontaba a ingresar a su casa, fue asesinado de un balazo en la frente José Rienzi ZUMAETA DATTOLI, de 38 años, militante del PS.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que José ZUMAETA fue víctima de una violación de derechos humanos cometida por personas que actuaron bajo motivación política, pero sin formarse convicción acerca de sus autores.
El 8 de julio de 1981 fue encontrado muerto Hugo RIVEROS GOMEZ, pintor, integrante del aparato de apoyo de la estructura urbana del MIR, abocado principalmente a las tareas de comunicación.
En noviembre de 1980 había sido detenido por la CNI y procesado por la Fiscalía Militar, habiendo logrado la libertad bajo fianza en marzo de 1981. Mientras estuvo detenido en el Cuartel de Borgoño logró ver por un costado de su venda los principales detalles de ese cuartel, y a algunos de sus captores.
Ya fuera del recinto fue capaz de reconstituir en sus dibujos las imágenes captadas. Los dibujos de Hugo RIVEROS, incluyendo los rostros de más de una docena de agentes de la CNI, fueron enviados al exterior pero uno de los paquetes despachados fue interceptado por la CNI.
El 8 de julio de l98l a las l4:30 horas Hugo RIVEROS fue sacado de su casa con los ojos vendados por cuatro sujetos jóvenes armados, que lo introdujeron a la fuerza a un automóvil azul oscuro. Su cuerpo fue encontrado la noche del día siguiente, apuñalado, en un camino cerca de la central hidroeléctrica de los Maitenes en el Cajón del Maipo.
Un Comando denominado Gamma se atribuyó la muerte de Hugo RIVEROS y de Oscar POLANCO (cuyo caso se menciona más adelante), indicando que habían actuado en represalia por la muerte de un agente de la CNI, ocurrida días antes en San Miguel.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Hugo RIVEROS fue secuestrado y luego ejecutado, presumiblemente por agentes de la CNI u otros agentes estatales, siendo su muerte una violación a los derechos humanos.
Esa misma noche, concluyendo su trabajo en la maestranza San Juan, en la comuna de Pudahuel, Oscar POLANCO VALENZUELA, Militante del PS, se dirigió a un encuentro con tres amigos. Salió de la oficina y caminó hacia Mapocho. A poco andar en la esquina de las calles Molina Levín y Mapocho se encontró con un amigo con quien inició un breve diálogo.
Un automóvil de color blanco se aproximó lentamente a ellos. Tres hombres viajaban en su interior. A corta distancia en otro vehículo viajaban dos hombres y una mujer. Uno de ellos lo llamó, Polanco se acercó al vehículo y en ese instante recibió la descarga de una pistola ametralladora blandida por uno de los pasajeros. Polanco cayó herido de muerte mientras los vehículos de los atacantes se perdían.
Un Comando denominado Gamma se atribuyó su muerte, al igual que la de Hugo RIVEROS (cuyo caso se mencionó más arriba) indicando que habían actuado en represalia por la muerte de un agente de la CNI, ocurrida días antes en San Miguel.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Oscar POLANCO fue ejecutado en la vía pública por hechores no identificados, presumiblemente agentes de la CNI u otros agentes estatales o civiles al servicio del Estado.
El 19 de marzo de 1982, alrededor de las 08:10 horas, René BASOA ALARCON, de 35 años, ex militante del PC, salió de su casa ubicada en calle Alonso de Trona N° 197, San Bernardo. A los pocos minutos fue abordado por tres sujetos que lo persiguieron unos 20 mts., uno de los cuales extrajo un arma de fuego corta, calibre 32 mm, con la cual efectuó tres disparos, uno de los cuales hizo blanco en la región occipital de la víctima, ocasionándole la muerte en forma instantánea. Todo lo anterior consta de los partes enviados por Carabineros e Investigaciones al tribunal.
Atendida la participación previa del afectado como colaborador del Comando Conjunto en actividades de represión hacia miembros del Partido Comunista, la Comisión ha llegado a la convicción de que René BASOA fue víctima de agentes del Estado o de particulares que actuaron bajo motivación política, considerando su muerte una violación a los derechos humanos.
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