A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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Caso Mamiña
Según la versión oficial, en la medianoche del lunes primero de julio de 1986 efectivos de la Sección Encargos y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, apoyada por otras unidades policiales, practicó un allanamiento al inmueble de calle Mamiña N° 150 encontrando los cuerpos sin vida de las hermanas Margarita Eliana y María Paz MARTIN MARTINEZ y del joven Isidro SALINAS MARTIN, hijo de una de ellas.
Se informa asimismo que los tres fallecidos eran integrantes del FPMR muertos por auto eliminación mediante disparos efectuados desde corta distancia.
Sin embargo, los informes de autopsia constatan:
- En el cadáver de Isidro Salinas, dos impactos en la cabeza, uno de larga distancia y otro de corta.

- En el de María Paz Martín, la causa de la muerte es una herida de bala cráneo encefálica, la trayectoria intracraneana seguida por el proyectil es de derecha a izquierda, abajo arriba y levemente hacia atrás. Se trata de un disparo con cañón apoyado.

- En el caso de Margarita Eliana Martín, la causa de la muerte fue traumatismo cráneo encefálico y torácico por balas con salida de proyectiles.
Los exámenes de las armas encontradas junto a los muertos eran un revolver marca Colt Calibre 38 en regular estado de funcionamiento y una pistola sin marca modelo D 64 calibre 9 mm. con el carro atascado con un cartucho en su recámara sin percutar.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, estima que no es verdadera la información oficial, por cuanto al menos dos de los presuntos suicidas presentaban dos impactos de bala y las armas en su poder se encontraban en regular estado, por lo que ha llegado a la convicción de que Isidro SALINAS y las hermanas Margarita Eliana y María Paz MARTIN no se suicidaron, sino que fueron ejecutados por efectivos de Carabineros, considerando sus muertes violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
Muertes bajo Estado de Sitio
Según la versión de familiares que son a la vez testigos presenciales, siete horas después de la emboscada a la comitiva del Presidente de la República cerca de las 02:00 de la madrugada del 8 de septiembre de 1986, un grupo de hombres con gorros pasamontañas rodean la casa de Felipe RIVERA GAJARDO, electricista, militante del PC, en Pudahuel, lo sacan y lo suben a un taxi que partió con rumbo desconocido. Cerca de las 04:00 horas, media docena de hombres fuertemente armados irrumpen en la casa de Gastón VIDAURRAZAGA MANRIQUEZ, profesor, militante del MIR, en San Bernardo los que se cruzan con Carabineros y lo sacan a empujones con destino desconocido.
A las 05:00 de la madrugada llegaron hasta el domicilio del periodista José Humberto CARRASCO TAPIA, periodista, dirigente gremial, militante del MIR, en el Barrio Bellavista tres civiles armados quienes se lo llevan a la fuerza.
Horas después fueron encontrados los cadáveres de los tres secuestrados, acribillados a balazos.
Al día siguiente, esto es el 9 de septiembre a las 03:00 de la madrugada, llegaron a la parcela de Abraham MUSKATBLIT EIDELSTEIN, publicista, militante del PC, del sector Casas Viejas, 12 individuos armados, los que lo secuestraron. Su cuerpo apareció acribillado horas después en un canal de regadío contiguo al camino que conduce a Lonquén.
Esa misma noche civiles armados intentaron secuestrar al abogado Luis Toro de la Vicaría de la Solidaridad.
Estos hechos se los atribuyó un comando autodenominado 11 de Septiembre. El Ministro Secretario General de Gobierno informó a la opinión pública que no se descartaba la posibilidad que estos crímenes obedecieran a una purga entre comunistas.
Esta Comisión, considerando la militancia y el trabajo de las víctimas, el que los secuestradores se identificaran como policías, el que los hechos se desarrollaran en horas de la madrugada, desafiando las rígidas medidas de control militar y policial del momento y la gran disponibilidad de medios de los autores, ha llegado a la convicción de que se trata de ejecuciones por motivaciones políticas con responsabilidad moral del Estado, ya fuere porque en estos hechos actuaban directamente sus agentes o porque había connivencia o tolerancia de éstos, siendo sus muertes violaciones a los derechos humanos.
El 19 de enero de 1988, en un canal de la parcela del Nogal de Maipú, fue encontrado el cadáver de Juan Carlos HERNANDEZ ALARCON, militante del FPMR. Entre sus pertenencias estaba una pañoleta de esa agrupación.
La causa de la muerte fue traumatismo torácico y abdominal por balas con salida de proyectil.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Juan HERNANDEZ fue ejecutado por motivaciones políticas, desconociéndose los autores de dicha acción.
El 21 de octubre de 1988 un grupo del FPMR a cargo de los máximos dirigentes Cecilia MAGNI CAMINO y Raúl PELLEGRIN FRIEDMANN, atacó el poblado de Los Queñes donde muere un cabo de Carabineros, hecho lo cual, emprendió su huída por las montañas.
Días más tarde, el 28 de octubre de 1988, en el río Tinguiririca fue encontrado el cadáver de Cecilia MAGNI y el 31 de octubre lo sería el de Raúl PELLEGRIN.
Según los informes de autopsia ambos cadáveres presentan lesiones contusas y huellas de aplicación de electricidad.
En cuanto al cadáver de Raúl PELLEGRIN se señala que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión en agua y contusiones torácicas dorsales, las que se aplican por acción de instrumentos romos contundentes dada su topografía y profundidad y la ausencia de lesiones externas.
La Comisión, evaluando toda la información recibida, ha llegado a la convicción de que Cecilia MAGNI y Raúl PELLEGRIN, en su huida fueron detenidos, torturados y ejecutados por agentes del Estado, por lo que considera sus muertes violaciones a los derechos humanos de responsabilidad de dichos agentes.
La noche del 4 de septiembre de 1989 fue asesinado por individuos de civil el dirigente del MIR político, Jécar Antonio NEHGME CRISTI, cuando transitaba por calle Bulnes con dirección a la Alameda. La muerte se la adjudicó el Comando 11 de septiembre, el mismo que actuó en las muertes de la noche posterior al atentado contra la comitiva del General Pinochet. Se encuentra acreditado ante esta Comisión que el afectado sufría seguimientos constantes antes de estos hechos, habiendo testigos de que ello ocurrió el mismo día de su muerte.
La Comisión ha adquirido la convicción de que Jécar NEHGME fue muerto por razones políticas, en violación de sus derechos humanos, por particulares, existiendo indicios de la participación de agentes estatales.

Error: Reference source not foundc) EJECUCIONES SELECTIVAS
Tucapel Francisco JIMENEZ ALFARO, dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile y figura de gran relevancia dentro del sindicalismo nacional de oposición al Gobierno de la época, fue interceptado el 25 de febrero de 1982 en el taxi que conducía y llevado a un camino vecinal a 40 kms. de Santiago hacia el Poniente. En ese lugar se le dio muerte mediante disparos en el cráneo y posterior degollamiento.
El móvil de estos hechos no fue el robo ya que se encontraron en su poder especies de valor. La víctima sufría seguimientos previos, en los que aparecen comprometidos agentes de los servicios de seguridad, específicamente miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios y la CNI.
Con posterioridad a los hechos se realizaron diversas maniobras destinadas a encubrir el crimen y entorpecer la labor de los investigadores. Incluso un individuo confesó por escrito ser el autor del crimen para luego suicidarse, demostrándose posteriormente en el proceso que había sido asesinado y que la confesión era falsa.

La Comisión ha adquirido la convicción de que se trató de un crimen cometido por motivaciones políticas en violación de los derechos humanos de Tucapel JIMENEZ. Aunque no puede afirmar categóricamente que la ejecución de este crimen fue obra de agentes del Estado, ponderados todos los antecedentes estima en conciencia que está comprometida en su muerte la responsabilidad del Estado por cuanto, si no fueron agentes del Estado los hechores, éstos contaron al menos con el amparo del Estado.
Triple degollamiento
Encontrándose el país bajo la vigencia del estado de sitio, el 28 de marzo de 1985 fue secuestrado en la vía pública en el sector alto de la capital Santiago NATTINO ALLENDE, publicista de militancia comunista, sin cargos conocidos dentro de esa agrupación.
Al día siguiente, a tempranas horas de la mañana fue secuestrado en momentos en que llevaba a su hija al colegio Latinoamericano de Integración, José Manuel PARADA MALUENDA, quien se desempeñaba como Jefe del Departamento de Análisis la Vicaría de la Solidaridad. En esa misma oportunidad fue secuestrado Manuel Leonidas GUERRERO CEBALLOS, profesor e inspector del mismo colegio, dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), quien era amigo desde hacía largos años de José Manuel Parada.
En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago NATTINO señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican la presencia de un helicóptero en los hechos y de desvíos de tránsito en el sector. Esta acción fue cruenta ya que se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el hecho.
Relacionados con estos secuestros se encuentra el que sufrió el egresado de arquitectura Ramón Arriagada en el mes de febrero de ese año, a quien se lo interrogó precisamente sobre las actividades de Manuel GUERRERO y José PARADA. Ambos se encontraban realizando una labor de análisis de la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto a base de la información obtenida de las confesiones de uno de sus ex miembros, logradas poco tiempo atrás.
También se relaciona con el operativo realizado la noche del 28 de marzo a la sede de la AGECH ubicada en calle Londres 75 de la capital, local donde recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica Santiago NATTINO y que frecuentaba Manuel GUERRERO, por su calidad de dirigente de esa agrupación. De ese lugar fueron llevados varios profesores quienes estuvieron privados de libertad hasta el día 29, reconociendo posteriormente como su lugar de detención el cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) ubicado en calle Dieciocho, el mismo que tiempo atrás fuera usado por el Comando Conjunto bajo el nombre de "La Firma".
Pese a las intensas actividades desplegadas no se tuvo noticia alguna de los secuestrados hasta el 30 de marzo de 1985 cuando son encontrados sus cuerpos degollados en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.
Este crimen causó honda repercusión tanto nacional como internacional, dando lugar a una extensa investigación judicial. Autoridades del gobierno explicaron en un comienzo el crimen como consecuencia de una purga entre comunistas. Sin embargo, de los antecedentes narrados y los reunidos en la investigación judicial la Comisión ha llegado a la convicción de que Manuel GUERRERO, José PARADA y Santiago NATTINO fueron ejecutados por agentes estatales en razón de su militancia y las actividades que realizaban, en violación de sus derechos humanos.

Error: Reference source not foundd) MUERTOS POR TORTURAS
El 21 de agosto de 1979 falleció el profesor Federico Renato ALVAREZ SANTIBAÑEZ, militante del MIR. Había sido detenido el 14 de agosto en Santiago por funcionarios de Carabineros en circunstancias, según se señaló, que se preparaba para colocar un artefacto explosivo. Otras versiones, de efectivos que participaron en la detención, indican simplemente que se encontraba lanzando panfletos.
Posteriormente se hacen cargo de su detención funcionarios de la CNI. El 20 de agosto fue conducido por éstos a declarar ante la 3ª Fiscalía Militar. Abogados que se encontraban presentes en ese recinto pudieron apreciar las muy malas condiciones físicas en que se encontraba. De ahí fue conducido a la enfermería de la Penitenciaría, no accediéndose a llevarlo a un hospital. Al día siguiente falleció en la Posta Central donde había sido llevado de urgencia. Al ingresar se le diagnosticó contusiones múltiples, hemoptisis e insuficiencia pulmonar.
Oficialmente se explicó su muerte como consecuencia de que al ser detenido, un carabinero tuvo que darle un golpe en la cabeza para reducirlo.
Sin embargo, de los antecedentes reunidos, especialmente el sumario llevado a cabo por el Colegio Médico en contra de los facultativos que tuvieron participación en los hechos en donde se indica que la causa de la muerte no se vincula con un posible golpe en la cabeza, la Comisión ha adquirido la convicción de que el profesor Alvarez falleció debido a las torturas recibidas mientras permaneció detenido en un cuartel de la CNI, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 21 de abril de 1980 murió Bernardo Enrique SOLORZA GONZALEZ. Fue detenido por personal de Investigaciones en Talca, acusado de la comisión de delitos comunes. Oficialmente se informó que la víctima se suicidó ahorcándose, causa que fue consignada en el certificado de defunción. Sin embargo, antecedentes y testimonios recibidos por esta Comisión indican que la víctima falleció producto de los malos tratos y torturas que se le infligieron durante su detención.
La Comisión adquirió la convicción de que Bernardo SOLORZA murió a consecuencia de torturas de parte de agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 2 de agosto de 1980 murió el estudiante de Periodismo Eduardo JARA ARAVENA, militante del MIR. Había sido secuestrado el día 23 de julio en la esquina de las calles Eleodoro Yáñez con Los Leones junto a Cecilia Alzamora.
Estuvo detenido junto a otras personas a quienes se las vinculaba por sus captores con la muerte del Coronel Roger Vergara. Estos se identificaban como miembros del Comando de Vengadores de Mártires (COVEMA).
Durante su detención fue sometido a diversas torturas, golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad y otras que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas, heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos y labios, contusiones en la frente y en la nariz. Durante su detención se quejaba constantemente por sus dolores, con lo que sólo conseguía recibir nuevos golpes de sus captores.
Los detenidos fueron trasladados en repetidas ocasiones, pudiendo posteriormente reconocer algunos de los recintos de detención como cuarteles de Investigaciones.
El 2 de agosto fue liberado por sus captores en la comuna de La Reina, junto con Cecilia Alzamora. De ahí fue trasladado a la Posta N° 4 donde falleció ese mismo día.
La Comisión ha llegado a la convicción de que Eduardo JARA falleció producto de las torturas que recibió durante su detención y que en ésta participaron, a lo menos, funcionarios pertenecientes a Investigaciones, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 18 de octubre de 1984 falleció Mario FERNANDEZ LOPEZ, de 49 años, transportista, militante del Partido Demócrata Cristiano. Fue detenido en la madrugada del 17 de octubre en su domicilio en la ciudad de Ovalle, por agentes de la CNI. Fue conducido a La Serena a dependencias de dicha institución, donde fue objeto de torturas por parte de dichos funcionarios.
Al otro día, debió ser trasladado desde ese recinto al Servicio de Urgencia del Hospital Regional de la Serena, en donde ingresó agónico. Su muerte se produjo a las 22:30 horas a consecuencia de fuertes violencias recibidas a nivel de la pared abdominal, lo que le causó un shock hipobolémico por ruptura traumática, de acuerdo al protocolo de autopsia.
Ante ello, la CNI informó a la opinión pública que "El 18 de octubre el detenido sufre una crisis nerviosa perdiendo el control sobre sus actos, como consecuencia de haber sido descubierto en sus actividades terroristas y subversivas, golpeándose contra los muebles de la dependencia para detenidos sin la intervención de terceras personas, provocándose lesiones indeterminadas que hizo recomendable su traslado al Hospital Regional de La Serena, por un paro cardíaco respiratorio".
En el proceso judicial se encuentran encargados reos dos funcionarios de la CNI como autores de violencias innecesarias con resultado de muerte.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Mario FERNANDEZ murió a consecuencia de la tortura practicada por agentes de la CNI, no encontrando por tanto verídica la versión oficial, constituyendo estos hechos una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 22 de octubre de 1984 fue encontrado el cadáver de Juan Antonio AGUIRRE BALLESTEROS, de 23 años, obrero panificador sin militancia política.
El 4 de septiembre de 1984, día en que se había convocado a una protesta nacional contra el Gobierno Militar, alrededor de las 5.45 horas de la madrugada, en calle Brangranza esquina Avenida Salvador Gutiérrez, Pudahuel, fue detenido por Carabineros junto a otros amigos, cuando se dirigía a su trabajo. Fue conducido con los ojos vendados a un lugar donde, según testimonios recibidos por esta Comisión de personas detenidas junto con él, fue objeto de maltratos físicos.
Su cadáver fue encontrado 51 días después, en el Estero de Codegua, sector La Leona en San Rafael de Melipilla. La autoridad nunca ha reconocido su detención.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Juan AGUIRRE murió a consecuencia de la tortura a la que fue sometido por agentes del Estado, y que su cadáver fue arrojado en un sitio baldío con el objeto de encubrir este hecho, considerando su muerte una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes estatales.
El 22 de febrero de 1985 falleció el estudiante y militante del PS, Carlos GODOY ECHEGOYEN. Se encontraba en Quintero junto a otros jóvenes militantes del PS cuando fueron detenidos por funcionarios de Carabineros de la Comisaría de esa localidad, siendo acusados de formar parte de una escuela de guerrillas. Los jóvenes fueron interrogados y torturados en la Comisaría de Quintero y luego trasladados a Viña del Mar, para más tarde ser vueltos a Quintero, donde se hicieron cargo del operativo miembros del DICOMCAR que viajaron especialmente desde Santiago. Los jóvenes fueron golpeados y se les aplicó electricidad. A consecuencia de este trato falleció la víctima el día 22 de febrero de 1985. Oficialmente Carabineros señaló que la muerte se produjo por una afección cardíaca.
La información en poder de esta Comisión, entre la que se cuenta sus antecedentes médicos previos y los protocolos de autopsia, no dejan dudas de que la muerte de Carlos GODOY fue causada por las torturas que se le infligieron por parte de agentes estatales en violación de sus derechos humanos.
El 24 de junio de 1989 fue detenido en la vía pública en Curacautín Marcos QUEZADA YAÑEZ, de 17 años, estudiante, militante del Partido por la Democracia (PPD), por Carabineros y trasladado al Retén. Murió horas después a causa de "shock por probable acción eléctrica", según el protocolo de autopsia.
La Comisión, considerando los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Marcos QUEZADA no se suicidó, rechazando así la versión oficial, sino que murió a consecuencias de las torturas aplicadas por agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos.
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