A. violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado o personas a su servicio






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Error: Reference source not founde) DESAPARECIDOS
El 18 de agosto de 1977, fue detenido Sergio Hernán LEAL DIAZ, pequeño industrial de Río Bueno, militante del Partido Socialista. Su aprehensión se produjo al momento de llegar al Hospital de la Unión, donde se encontraban las dependencias del Servicio de Sanidad, ante testigos, por parte de agentes de civil.
La víctima había sido detenida después del 11 de septiembre de 1973 y sufrido persecuciones posteriores. Desde la fecha de su última detención no se tienen noticias suyas.
La Comisión se formó convicción que la víctima fue hecha desaparecer por agentes estatales, en violación a sus derechos humanos.

El 30 de agosto de 1977 fue detenido el señor Luis Gerardo OTAROLA VALDES, militante del PC, en su domicilio de calle Teniente Montt, lote 53, de Valparaíso. El domicilio fue allanado y el detenido llevado, por un grupo de seis agentes de civil, fuertemente armados. Estos hechos fueron presenciados por la cónyuge del detenido y por su hija.

El 31 de agosto de 1977, a medianoche, fue detenido en su propio domicilio y en presencia de su cónyuge Sergio Jorge HIDALGO ORREGO. Se percató del arresto además un vecino, quien pudo identificar a tres de los vehículos que participaron en este operativo. La detención de Sergio Hidalgo, militante del PS, fue parte por un operativo del SIM de Valparaíso.
El 31 de agosto de 1977, a su turno, fue detenido en la calle Traslaviña de Viña del Mar Raúl Iván CARCAMO ARAVENA, militante del MAPU. En este hecho, ocurrido en la vía pública y presenciado por testigos, participaron a lo menos ocho agentes de civil.
Finalmente, el 9 de octubre de 1977, desapareció Hernán Leopoldo QUEZADA MONCADA, luego de salir en compañía de un agente de seguridad, vinculado anteriormente con la víctima.
La Comisión adquirió la convicción de que todas estas personas desaparecieron por acción de agentes del estado, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 17 de octubre de 1977 luego de salir de la casa de una amiga, alrededor de las 21:30 horas, fue detenida la estudiante y militante del MIR, Jenny del Carmen BARRA ROSALES.
El día 19 de octubre de 1977, al salir del Jardín Infantil G 27, de la Población Teniente Merino, donde trabajaba, es detenido por un grupo de agentes de civil, el joven Hernán Santos PEREZ ALVAREZ. Este último, militante del PS y amigo de Jenny BARRA es golpeado con manoplas e introducido a viva fuerza a un vehículo. El secuestro fue presenciado por numerosos testigos quienes lograron registrar la patente de uno de los vehículos utilizados. En el interior de dicho vehículo fue vista, acompañada de tres sujetos, Jenny Barra estando ya detenida.
La investigación judicial permitió aclarar que la patente del vehículo utilizado en estos hechos, correspondía a una patente de gracia, otorgada por la Municipalidad de Renca al organismo denominado DINAR que tenía registrado domicilio en el edificio Diego Portales. Estos antecedentes agregados a otras evidencias le permiten a esta Comisión llegar a la convicción que la detención y desaparición de la Jenny BARRA y de Hernán PEREZ fue practicada por agentes de la DINA, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 15 de diciembre de 1977 luego de ser buscado en su domicilio en la ciudad de Lautaro por personal de Carabineros, Pedro Gonzalo MILLAS MARQUEZ es detenido en circunstancias que asustado, trata de huir de la acción policial. La víctima, antes de desaparecer, había sido hostilizado reiteradamente por funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Lautaro a raíz de sus anteriores simpatías por el gobierno de la Unidad Popular. Con posterioridad a estos hechos no se han vuelto a tener noticias suyas.
La Comisión se formó convicción de que Pedro MILLAS desapareció por obra de agentes estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.

El 23 de enero de 1978 a las 15.45 horas fue detenido el suboficial de Ejército Guillermo JORQUERA GUTIERREZ por personal de Carabineros de Chile de la 14ª Comisaría de Santiago, en la calle Bustos N° 2021, lugar donde se encuentra ubicada la Embajada de Venezuela en Chile. Según el parte policial, el suboficial cometió en la oportunidad maltrató de obra a un Carabinero de servicio sin inferir lesiones, al intentar asilarse. A las pocas horas, Guillermo Jorquera, conocido especialista en inteligencia que había prestado servicios para la DINA en el exterior, y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue entregado por los funcionarios policiales, en calidad de detenido, a la Dirección de Inteligencia del Ejército.
La víctima había trabajado en tareas de inteligencia y seguridad en el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo dependencia del señor Carlos Guillermo Osorio Mardones, quien había fallecido en trágicas circunstancias poco tiempo antes de estos hechos, lo que se estima un antecedente del intento de asilo, la detención y desaparición de Guillermo Jorquera.
Altos oficiales del Ejército informaron a los tribunales de justicia que la víctima habría quedado en libertad el mismo día de su arresto, sin que fuera denunciado ni puesto a disposición del Juzgado ni Fiscalía Militar.
Esta versión no es creíble al cotejarla con los cargos que se le formularon a la víctima al momento de detenerlo y al hecho de que nunca más se tuviesen noticias suyas.
Se estimó por lo anterior que existen antecedentes suficientes para concluir que la víctima fue hecha desaparecer por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.
En la madrugada del 8 de febrero de 1978, fueron detenidos en sus propios domicilios en la Población Angel Bugueño de la Comuna de La Cisterna, en Santiago, Luis René CESPEDES CARO, por funcionarios de Investigaciones de Chile.
Los mismos funcionarios detuvieron a su hermano y a dos personas más. Todos los detenidos fueron trasladados e interrogados en el Cuartel de Investigaciones, ubicado en la calle General Mackenna de Santiago, y en las primeras horas de la madrugada, liberados. Sin embargo, no se devolvió la libertad a la víctima, quien permanece desde entonces desaparecido.
La Comisión se formó convicción de que Luis CESPEDES desapareció por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
En los primeros días de marzo de 1978, en el sector de Santa Elvira, Chillán, es detenido el joven Celindo del Carmen CATALAN ACUÑA, por funcionarios de Carabineros del Retén de la Población Zañartu, de Chillán. La detención del joven Catalán, fue presenciada por familiares de la víctima. Desde esa fecha no se tienen noticias suyas.
La Comisión se formó convicción de que Celindo CATALAN desapareció por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 20 de febrero de 1980, fue detenido en Curicó Fermín del Carmen MARTINEZ ROJAS, por funcionarios de Carabineros que lo trasladaron al retén Barrio Norte, de esa ciudad.
Los funcionarios policiales informaron a los familiares de la víctima, que ésta habría quedado en libertad ese mismo día, para ir a buscar el dinero necesario para el pago de su propia fianza. Esta versión no se acomoda al procedimiento normal de funcionamiento de esa institución en caso de detenciones y no explica el hecho de que no se haya vuelto a saber más de la víctima.
La Comisión se formó convicción de que Fermín MARTINEZ desapareció por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 15 de noviembre de 1981, alrededor de las 20:30 horas en circunstancias que un grupo de diez jóvenes se encontraba en la Av. Departamental de Santiago, en la vía pública, son interceptados por una camioneta de Investigaciones de Chile, desde la cual bajan cuatro civiles, armados de metralletas, quienes amenazaron a los jóvenes con llevárselos detenidos, si no abandonaban el sector.
Uno de los jóvenes con ironía respondió a los funcionarios que no cabrían todos en la camioneta. Esto irritó a los detectives, que reaccionaron violentamente golpeando al joven, y en definitiva llevándose detenidos a Hipólito ZUÑIGA ADASME y a Pablo RODRIGUEZ LEAL. Ambos se encuentran desaparecidos desde entonces.
La Comisión se formó convicción de que ambas personas desaparecieron por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
El 12 de diciembre de 1981 fue detenido en Santiago, muy probablemente por funcionarios de la CNI, el militante del MIR Oscar Elicer ROJAS CUELLAR. Desde entonces se encuentra desaparecido.

Oscar Rojas, luego de haber sido condenado en el año 1973 por un Consejo de Guerra, había logrado que se conmutara su pena, por extrañamiento. Cumplió en parte esta pena exiliado en Inglaterra. En el año 1980 había regresado clandestinamente a Chile, ya que tenía prohibición de ingreso al territorio nacional.
La totalidad de los miembros del MIR que integraban la célula donde militaba esta víctima, resultaron abatidos en enfrentamientos con funcionarios de la CNI, salvo un sobreviviente que se encuentra privado de libertad, quien fue exhaustivamente interrogado por los funcionarios de la CNI, también sobre las actividades de la víctima, lo que unido a otros antecedentes sobre el detenido llevaron esta Comisión a la convicción de que desapareció en manos de agentes del Estado, en violación de sus derechos humanos
El 20 de diciembre de 1984 fue detenido por funcionarios de la CNI, en Santiago Sergio Fernando RUIZ LAZO, dirigente del MIR, quien había ingresado clandestinamente a Chile en los primeros días de ese mes. Sergio Ruíz anteriormente había sido detenido en el año 1975 por agentes de la DINA, y estuvo recluido en Villa Grimaldi, Cuatro Alamos y Tres Alamos. Vivió con su familia en exilio en Francia. Las autoridades habían dictado en su contra un Decreto Exento, que prohibía su ingreso al territorio nacional. No obstante que las autoridades negaron su detención, esta Comisión recibió informaciones de testigos, y otros antecedentes, que indican que la víctima fue mantenida privada de libertad en el Cuartel de la CNI de calle Borgoño, en Santiago, antes de desaparecer.
La Comisión se formó convicción de que Sergio RUIZ desapareció por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.
El joven Rubén Simón SOTO CABRERA, desapareció el 18 de enero de 1983 en la ciudad de Valparaíso, estimando esta Comisión razonablemente, a la luz de los antecedentes que pudo conocer, que este hecho es atribuible a agentes de los servicios de seguridad. Anteriormente, en el año 1973, fueron detenidos y hecho desaparecer su padre Gustavo Soto Peredo, militante del PC, y su hermano Gustavo Soto Cabrera, militante del MIR.
La Comisión se formó convicción de que Rubén SOTO desapareció por obra de agente estatales, quienes violaron así sus derechos humanos.

Los cinco desaparecidos de septiembre de 1987
El 1° de septiembre de 1987 fue secuestrado en su domicilio en la Comuna de La Reina, en Santiago, el Coronel de Ejército Carlos Carreño, ingeniero de FAMAE, por un grupo del FPMR. A las pocas horas se generalizan en Santiago una serie de operativos del CNI y de fuerzas de seguridad que actúan conjunta y coordinadamente, con efectivos policiales, para dar con su paradero.
En los días siguientes los operativos tipo "rastrillo" para ubicar al coronel secuestrado, se extienden a toda la región metropolitana. En el marco de estos operativos son detenidos, por efectivos del CNI cinco jóvenes militantes del PC, que aparecen vinculados al FPMR.
Ellos son, el ingeniero José Julián PEÑA MALTES, detenido el 9 de septiembre de 1987, el técnico Julio Orlando MUÑOZ OTAROLA, detenido en la vía pública el 9 de septiembre de 1987, al igual que el tornero mecánico Manuel Jesús SEPULVEDA SANCHEZ, detenido después de las 19:00 horas del 10 de septiembre de 1987, luego de salir de su domicilio en Santiago, el técnico automotríz, Alejandro Alberto PINOCHET ARENAS, detenido ante testigos en la vía pública en un vasto operativo el 10 de septiembre de 1987, y el mueblista Gonzalo Iván FUENZALIDA NAVARRETE, detenido entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987, luego que agentes de la CNI el 3 de septiembre del mismo año allanaran el domicilio de su novia y llegaran preguntando por un apodo de la víctima.
A pesar que el arresto de estas personas fue negado por las autoridades y la jefatura de la CNI, esta Comisión no pudo menos que estimar que ellas son un hecho cierto y veraz, atendiendo a sus militancias, las circunstancias de su detención, los testimonios recibidos sobre la forma en que se operó en el único caso en que ellos existen, y el contexto de los hechos acaecidos en esos días.
La Comisión se formó convicción de todas estas personas desaparecieron por obra de agentes estatales, o de personas al servicio de éstos, quienes violaron así sus derechos humanos.
La noche del 14 de noviembre de 1989, fue detenido Héctor Segundo PACHECO AVENDAÑO en la Población Lo Herminda de la Victoria, en Cerro Navia.
La víctima participaba en un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la Capilla Nuestra Señora de la Esperanza, en la población donde vivía. En dos oportunidades anteriores la víctima había denunciado ser perseguida por personas no identificadas y que vigilaban la Parroquia de la población.
La Comisión se formó convicción de que Héctor Pacheco fue objeto de grave violación a los derechos humanos, consistente en su detención y posterior desaparición. Sin embargo, no logró determinar la autoría de estos hechos.
Error: Reference source not foundf) MUERTES A CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA POLITICA
En este período se produjeron varias muertes violentas que se pueden atribuir no a una acción deliberada de violación de derechos humanos sino, genéricamente, a la situación de violencia política en el país. En esta sección se exponen los casos en que la víctima de la violencia política no participaba en un enfrentamiento armado.
En los meses de octubre y noviembre de 1983 hay un recrudecimiento de hechos de violencia en Concepción, registrándose además detenciones por personal de civil que no se identifica y tampoco exhibe órdenes de detención. A ello se agregan testimonios de personas que han sido objeto de torturas por agentes del Estado.
En este contexto, el 9 de noviembre de 1983 se registra la detención de Galo y María Candelaria Acevedo Saez, hijos de Sebastián ACEVEDO BECERRA, por civiles armados que no se identificaron. Su padre desesperado los busca en diferentes recintos y solicita ayuda en numerosas partes, sospechando que se encuentran en poder de la CNI.
El 11 de noviembre de 1983, al no tener noticias de ellos, en señal de protesta y para presionar a las autoridades, rocía parafina y bencina en sus ropas en la Plaza de la ciudad, y debido a que un Carabinero intenta detenerlo, se prende fuego, muriendo a las pocas horas a consecuencia de la quemaduras que sufre.
La Comisión estima que si bien Sebastián Acevedo murió a consecuencias de hechos provocados por su propia mano, y no cabe en rigor calificar su muerte de una violación de derechos humanos, es víctima de la violencia política, porque tomó la determinación que le costó la vida en un gesto extremo por salvar a sus hijos de consecuencias inciertas, pero que bien se podía temer fueran muy graves, o como modo desesperado de protestar por la situación que lo afligía como padre.

El 30 de abril de 1984 falleció Sergio Antonio QUINTANA MICHELSON, de 32 años, empleado, sin militancia política.
Según versión oficial, el 30 de abril alrededor de las 01:10 horas, personal de la guardia del Cuartel N° 2 de Arsenales de Guerra, persiguiendo a un sospechoso efectúa más o menos 20 disparos al aire sin que se detuviera. Una de dichas balas hizo blanco en la mediagua ubicada en Isabel Riquelme N° 1626, de Sergio Antonio QUINTANA, impactando en su cuello, causándole la muerte en forma inmediata.
La Comisión, de acuerdo a los antecedentes reunidos, ha llegado a la convicción de que Sergio QUINTANA es víctima de la violencia política.
El 4 de mayo de 1984, alrededor de las 20:00 horas, un grupo de pobladores intentó penetrar violentamente al Supermercado Baratísimo ubicado en calles Teniente Cruz con José Joaquín Pérez en la comuna de Pudahuel, lo que fue impedido por personal de la Prefectura Occidente de Carabineros.
Posteriormente, en circunstancias no aclaradas murieron a raíz de impactos de bala, Máximo Astolfo BERMUDEZ BALLON y su padre Juan Rafael BERMUDEZ GAETE, quienes no portaban armas.
La Comisión, evaluando los antecedentes recibidos, en especial los testimonios de testigos, ha llegado a la convicción de que Máximo y Juan Rafael BERMUDEZ son víctimas de la violencia política.
El 23 de agosto de 1984 un grupo de extremistas asaltaron las armerías Italiana y Real situadas en los Nos. 164 y 169 de la calle Arturo Prat, en Santiago. En la huída se enfrentaron con efectivos de la CNI, en el sector de la ruta Norte Sur con el Parque O'Higgins, resultando herido de muerte Guido Héctor SEPULVEDA FERREIRA, quien casualmente transitaba por el lugar.
Considerando los antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que Guido SEPULVEDA es víctima de la violencia política.

El 23 de mayo de 1989, en el Complejo Comercial de Santa Rosa, un grupo de jóvenes ingresaron violentamente a un local comercial con el objeto de asaltarlo.
En ese momento dos carabineros de dotación de la 13ª Comisaría de La Granja que patrullaban el sector, intentaron impedir el asalto, siendo repelidos con armas de fuego cayendo heridos.
En el tiroteo resultó herida de muerte la menor Macarena Denisse TORRES TELLO, de 6 años de edad, quien falleció camino al Hospital.
Considerando los antecedentes reunidos, la Comisión ha llegado a la convicción de que Macarena TORRES es víctima de la violencia política.
El sábado 26 de noviembre de 1989 a las 21:00 horas, Pablo Marcelo ROBLES ORTEGA, de 16 años, sin militancia política, junto a un primo compraron en una botillería del sector La Obra, una botella de licor para ir a una fiesta. En ese momento se produjo un corte de luz, al parecer a raíz de una explosión, por lo que un amigo les aconsejó que no pasaran por el sector donde está el monolito. Sin embargo, para volver a la casa de su primo, era necesario caminar por ese lugar, y cuando pasaron por allí, sintieron un impacto y cayeron heridos ambos, muriendo el joven Robles a los pocos minutos.
La Comisión, considerando los antecedentes revisados, ha llegado a la convicción de que Pablo ROBLES es víctima de la violencia política.
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