El régimen de pinochet (1973-1990)




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EL RÉGIMEN DE PINOCHET (1973-1990)



1 – Consolidación y mantenimiento del orden
El 11 de septiembre de 1973 -el once, como lo apodaron los chilenos desde entonces- dio comienzo, con el golpe de estado, el Régimen de Pinochet. A finales de julio de 1989, el general Augusto Pinochet rompió el récord de mayor permanencia en el mando entre todos los gobernantes chilenos desde 15401. Eduardo Frei Montalva declaró poco después que los militares habían salvado a Chile y a todos los chilenos2. El presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin A., declaró asimismo que Chile había estado al borde del golpe de Praga3, que habría sido terriblemente sangriento, y que las Fuerzas Armadas no hicieron sino adelantarse a este inminente riesgo. La Democracia Cristiana había agotado los esfuerzos por una solución democrática, hasta la última quincena habían conversado con el Presidente Allende y su gobierno, en busca de las rectificaciones indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre económico. Pero sus esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso condujo a la intervención Militar, que las Fuerzas Armadas no buscaban y que contradecía todas sus tradiciones4.

Una fuerte represión se desató de inmediato después del golpe. La represión política fue considerada necesaria para enfrentar al imperialismo socialista soviético5. Los partidos de la UP fueron prohibidos; se cerró el Congreso. Se impuso un estricto toque de queda nocturno, no se puede salir de casa entre la una y cinco horas de la madrugada, que duró varios años6. Los periódicos y las revistas de izquierda desaparecieron de los quioscos. La administración pública fue purgada minuciosamente. En la etapa inicial del régimen, prácticamente todas las instituciones nacionales importantes (incluida la Federación de fútbol) quedaron en manos de oficiales militares o navales. Igualmente rectores designados, militares, fueron puestos a la cabeza de las universidades (también purgadas con minuciosidad). De la noche a la mañana, la atmósfera en Chile se vio transformada.

Los activistas de los partidos de la UP fueron perseguidos sin tregua hasta su captura: algunos fueron fusilados directamente; muchos otros (al menos 7.000) fueron conducidos al estadio nacional de Santiago, el principal centro donde empezaban los interrogatorios. Varias docenas de prominentes allendistas (incluidos los ministros del gabinete) fueron enviados a la isla Dawson en el Estrecho de Magallanes. En todo el país se abrieron campos de concentración. Decenas de miles de chilenos fueron arrestados, y otros tantos fueron desterrados. En 1978, tan sólo los exiliados en Europa occidental sumaban casi 30.000 chilenos. Sólo en la década de 1980 se les permitió a los exiliados volver a Chile y muchos retornaron a su patria.

La paz y la calma externas, la tranquilidad tan a menudo ensalzadas por la Junta y quienes estaban a cargo de promoverlas, rápidamente volvieron a Chile. Con el fin de asegurar su mantenimiento, se creó sin demora un moderno Estado policial. Antes del final de 1973, una nueva policía secreta, controlada directamente por el general Pinochet, había sido formada. Se trataba de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la cual comandada por el coronel (luego general) Manuel Contreras, reclutó a la mayoría de sus agentes entre los miembros del Ejército. En 1977 contaba con una fuerza activa de alrededor de 10.000 hombres: sus informantes pagados sumaban dos o tres veces esa cantidad. A la DINA se pueden atribuir la mayoría de los incidentes de tortura documentados por la Iglesia católica (en Chile) y por organizaciones como Amnistía Internacional (en el extranjero). Sus conocidos centros de tortura incluían la Villa Grimaldi, una mansión en La Reina (barrio en los márgenes orientales de Santiago), y que el retorcido humor de la DINA bautizó como el palacio de la risa. En sus primeros meses, la DINA se puso como objetivo al MIR y al Partido Comunista, y no les dio tregua.

En ciertas ocasiones, el brazo de la DINA llegó mucho más allá de las fronteras chilenas. Quienes corrieron el mayor peligro fueron aquellas figuras exiliadas que podían encabezar un nuevo gobierno postmilitar. En septiembre de 1974, el general Carlos Prats y su esposa (quienes se habían autoexiliado inmediatamente después del golpe de estado) fueron asesinados con un coche bomba colocado frente a su apartamento en Palermo (Buenos Aires). En octubre de 1975, el popular político del PDC Bernardo Leighton fue tiroteado en Roma y apenas sobrevivió (falleció luego en 1995). Otro coche bomba acabó con la vida de Orlando Letelier (septiembre de 1976), esta vez fuera de la embajada chilena en Washington, donde este distinguido socialista había trabajado antes como embajador del presidente Allende.

La intensa conmoción nacional e internacional provocada por el caso Letelier (y las fuertes opiniones en el interior del Ejército) obligaron a Pinochet a desmantelar la DINA. Esta fue reemplazada (julio de 1977) por una policía secreta algo más reducida y conocida como la Central Nacional de Informaciones (CNI). A estas alturas, el nivel de represión disminuyó un poco. Enero de 1977 fue el primer mes tras el golpe de estado en que no se informó a la Iglesia católica de ninguna desaparición. Sin embargo, las desapariciones, la tortura y el asesinato siguieron ocurriendo a intervalos regulares casi hasta el final del régimen militar.

Con los partidos políticos prohibidos, las cortes de justicia controladas y la vigilancia de la policía secreta sobre toda la sociedad, la única institución más o menos independiente fue la Iglesia católica. Aproximadamente un mes después del golpe de estado, el cardenal Raúl Silva Henríquez promovió la creación de un Comité de la paz que debía prestar ayuda legal a las víctimas de la represión y llevar un archivo de las violaciones a los derechos humanos. En noviembre de 1975 se ordenó su cierre, pero el trabajo (siempre difícil y a veces heroico) continuó en una nueva Vicaría de la Solidaridad, que dependía directamente del propio Cardenal (creada en enero de 1976). Pinochet y sus colegas recibían enfurecidos las críticas de la Iglesia, pero dada la posición de ésta en la vida chilena resultó imposible efectuar ningún contraataque serio. En abril de 1977, cuando un ministro de Justicia se permitió realizar comentarios muy agrios sobre la Iglesia, Pinochet lo destituyó.

2 – Logros y problemas internos y externos

El rasgo más notable de la política autoritaria chilena tras septiembre-1973 fue el imparable auge del general Pinochet, dada que su posición como comandante en jefe del Ejército le daba una clara ventaja sobre sus colegas. La idea original de que la presidencia de la Junta rotara entre sus miembros (el propio Pinochet; el almirante José Toribio Merino, Marina; el general Gustavo Leigh, FACH; el general César Mendoza, Carabineros) fue desechada rápidamente. El 6 de agosto de 1974, Pinochet se impuso el título de presidente de la República, a los 58 años de edad, con lo cual el régimen se fue haciendo cada vez más personal. Y aunque no se llegó a constituir ningún verdadero culto a la personalidad de Pinochet real y sistemático, sus uniformes se fueron haciendo cada vez más espléndidos con los años y, en 1981, revivió para su uso personal el antiguo título colonial de capitán general.

En los primeros años del régimen se produjeron cambios administrativos importantes, como la división de la República en 13 nuevas regiones. Las nuevas regiones de 1974, cada una gobernada por un intendente regional y con cierta cantidad de provincias, fueron numeradas del I al XII. Santiago y sus zonas cercanas pasaron a formar el Area Metropolitana7. Esta división cual impulsó un crecimiento sin precedentes al descentralizar numerosas resoluciones que antes estaban en manos del poder central.

En este aspecto también destaca la construcción de la Carretera Longitudinal Austral, que permitió comunicar por tierra a miles de chilenos y abrir un territorio lleno de riquezas minerales, forestales y turísticas aun desconocidas8.

Pinochet (al igual que Ibañez en la década de 1820) no realizó esfuerzos serios por consolidar un movimiento político propio: quería despolitizar al pais por un largo periodo. Además, a Pinochet nunca le faltó el apoyo masivo de la población, que aborrecía a Allende y a la UP. A un nivel más profundo, la severa imagen de Pinochet (realzada por dos anteojos oscuros que solía llevar) tocaba sin duda un punto sensible en la cultura chilena. Era sin duda un dictador, pero un dictador chileno. Además, tampoco se puede negar que sus llamamientos a la reconstrucción nacional y sus invocaciones a Diego Portales y Bernardo O'Higgins (incluso su identificación con ellos), tocaban la fibra patriótica de muchas personas9.

La sagacidad de Pinochet le sirvió mucho para mantener a raya a quienes desafiaban su poder personal. Cuando su colega de la FACH, el general Gustavo Leigh, declaró en un periódico italiano sus esperanzas de que pronto se produjera una normalización política, Pinochet rápidamente lo destituyó el 28 de julio de 1978.

En cuanto al Caso Letelier, el vínculo de los asesinos con los servicios secretos chilenos era evidente, pero Chile rechazó desdeñosamente el intento del gobierno de Carter de obtener la extradición de los miembros del ejército chileno acusados10. Pinochet se mantuvo firme y esto tensó las relaciones con los EEUU, cuya política internacional se encontraba entonces en una etapa bastante atípica por la insistencia del presidente Jimmy Carter en los derechos humanos. Las restricciones estadounidenses en términos de ayuda militar (impuestas por primera vez en diciembre de 1974 y ampliadas en febrero de 1976) no tuvieron repercusiones significativas para el régimen ya que los países europeos estuvieron en condiciones de abastecer con armas a Chile. Además, la propia industria de armamentos del país se vio favorecida con un despegue.

En términos inmediatos, más peligrosa que Carter resultó la repentina crisis que estalló entre Chile y Argentina a raíz de una antigua disputa sobre tres pequeñas islas en el canal Beagle. La disputa ya había sido sometida a la mediación de la corona británica (1971). En enero de 1978, Argentina rechazó la decisión de la reina Isabel II de otorgar las islas a Chile. La tensión entre Santiago y Buenos Aires se tornó muy seria y, durante algunas semanas, la perspectiva de una guerra pareció muy real. En diciembre de 1978, el papa Juan Pablo II impuso con éxito su mediación y el peligro inmediato desapareció. Un primer borrador del fallo papal (que confirmaba la soberanía chilena de las islas) estuvo listo a finales de 1980. No obstante, el régimen militar de Argentina siguió faltando a su deber. Entonces Pinochet tuvo un inesperado golpe de suerte. La derrota de Argentina por parte de Gran Bretaña en la breve guerra de las Malvinas (de abril a junio de 1982) -durante la cual Chile prestó una ayuda discreta y bastante secreta a los británicos- eliminó la perspectiva de futuras acciones militares por ese lado. En 1985 se firmó el tratado correspondiente.

3 – La segunda etapa política
Para entonces, el régimen chileno había entrado en una segunda etapa. En julio de 1977, el propio Pinochet anunció su intención de conducir a Chile a una nueva democracia, pero protegida. Un pequeño grupo de juristas conservadores ya se encontraba trabajando en una nueva Constitución. El borrador completo fue entregado al nuevo Consejo de Estado, creado en 1976 y con características más bien honoríficas. Cuando su presidente, Jorge Alessandri, hizo algunas sugerencias que Pinochet calificó de demasiado liberales, renunció molesto. El tono de la versión final era marcadamente autoritario y presidencialista. Entre otras cosas, establecía una Presidencia de 8 años extremadamente fuerte, un Congreso con poderes más limitados que antes (y con un tercio del senado designado, en vez de elegido) y varios mecanismos institucionales para garantizar la influencia militar en los futuros gobiernos. Además, los artículos transitorios (muy numerosos) siguieron vigentes por casi una década. El mismo Pinochet ocupó el primer mandato de 8 años, al cabo del cual se realizaría un plebiscito para ratificar (o rechazar) al candidato de los militares (llegado el momento, el propio Pinochet, como era predecible) para un segundo mandato (1989-1997). Sólo entonces se podría llamar a elecciones parlamentarias -junto con elecciones presidenciales en caso de que la votación por el no ganara el plebiscito.

Al igual que en 1925, fue necesario realizar un plebiscito para dar legitimidad a la constitución. El país se vio inundado por la propaganda del régimen. Quienes se opusieron a la Constitución (el ex presidente Frei fue el más elocuente) no tuvieron prácticamente ninguna oportunidad para hacer su campaña. Llegado el día (11 de septiembre de 1980), más de 6 millones de chilenos votaron: 67 % a favor, 30 % en contra. Seis meses después (11 de marzo de 1981), Pinochet comenzó su mandato de 8 años. En un gesto sumamente simbólico, trasladó su oficina al palacio de La Moneda, para entonces completamente restaurado.

4 – Los Chicago Boys
Cuando tomaron el poder, los generales no sabían prácticamente nada de economía. Tenían que estabilizar y reactivar una economía muy caótica y necesitaron consejo urgente. Ciertos economistas estaban deseosos de darlo. Habían salido de la Universidad Católica y, algunos de ellos, del Departamento de economía de la Universidad de Chicago (sede principal de la nueva y floreciente ortodoxia del monetarismo y del laissez-faire sin restricciones). La figura clave de este grupo fue Sergio de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad católica. Al hacerse conocidos estos economistas chilenos neoliberales fueron apodados los Chicago Boys. El nuevo régimen los colocó en cargos oficiales y un grupo importante entró en ODEPLAN, la oficina de planificación del Estado. Los efectos de su asesoría en materia de política económica fueron inmediatos: en septiembre-1973, se abolieron casi todos los controles de precios y el escudo fue devaluado (de 50 a 250 por dólar) con una tasa cambiaria única y unificada.

Sin embargo, los Chicago Boys no consiguieron una victoria fácil. En un momento de precios en fuerte alza y creciente desempleo, su austera visión de un capitalismo sin restricciones fue considerada demasiado arriesgada por muchos militares y dirigentes empresariales. En 1974, por otra parte, Chile comenzó a sentir los efectos de la devastadora recesión internacional producida por la primera crisis del petróleo (los precios del petróleo se cuadriplicaron tras la guerra árabe-israelí de octubre de 1973). A mediados de 1974, el precio del cobre comenzó a bajar de manera alarmante. Además, a pesar de los esfuerzos iniciales del régimen, la inflación siguió fuera de control. Estas dificultades cada vez mayores coincidieron con la consolidación del poder personal de Pinochet.

Fue precisamente entonces (marzo de 1975) cuando el paladín norteamericano del monetarismo, el profesor Milton Friedman, consideró adecuado visitar Chile: habló con Pinochet, enfatizando la necesidad de un tratamiento de choque para eliminar la inflación. En abril de 1975, Pinochet se inclinó de manera decisiva en favor de los Chicago Boys, confiriendo poderes extraordinarios a Jorge Cauas (su ministro de Hacienda desde julio de 1974) y nombrando a Sergio de Castro como ministro de Economía. De Castro tomó el cargo de ministro de Hacienda cuando Cauas renunció en diciembre de 1976.

Los Chicago Boys tuvieron entonces completa libertad de acción. Su energía y dogmatismo los hizo universalmente populares. Sacaron el máximo provecho de su alianza con Pinochet, dirigiendo magistralmente la reconstrucción económica más sustancial de Chile en el siglo XX. Sus objetivos fueron utópicos y exhaustivos: querían revertir por completo la línea de intervencionismo estatal que se había desarrollado en Chile desde la década de 1920, a la cual culparon de haber detenido el crecimiento económico. Este podía garantizarse, sostenían, abriendo la economía e incentivando las ventajas comparativas del país en los mercados de exportación. Para conseguir estos objetivos, era preciso imponer a toda la sociedad un sistema de mercado; una nueva cultura empresarial reemplazaría la habitual dependencia estatal; el Estado mismo debía confinarse desde entonces a su clásico papel de sereno.

Cauas aplicó inmediatamente el tratamiento de choque. El gasto fiscal fue reducido en más de un 25 %, y el volumen de circulante controlado férreamente. Y ocurrió lo que era predecible: una profunda recesión con una tasa de desempleo que aumentó en casi el 20 % (y los salarios reales en una baja de hasta el 60 % respecto a su monto en 1970). A finales de 1975, el PIB disminuyó alrededor de un 15 %; la producción industrial, un 25 %. Las inevitables penurias económicas llevaron al régimen a instituir un Programa de Empleo Mínimo (PEM) con un salario bajo: en 1976, financiaba a 200.000 hombres que trabajaban en la pavimentación de carreteras y otras labores similares.

A pesar de la recesión, el programa neoliberal siguió adelante con gran celo durante los 7 años siguientes. Se aceleró la privatización de las más de 400 compañías pertenecientes al Estado, controladas por el Estado o intervenidas (iniciada en 1974), aunque un núcleo duro de grandes empresas estratégicas (muchas de ellas dirigidas ahora con eficiencia por militares) permanecieron en el sector público (el cual, 10 años después del golpe de estado, aún era más grande de lo que había sido en la época del presidente Frei). Mientras tanto, los derechos de importación bajaron de un promedio del 70 % en 1974, a un 10 % prácticamente igual para todos los artículos a finales de la década (con consecuencias bastante predecibles para la industria chilena, cuya participación en el PIB cayó en un 20 % entre 1975 y 1982). También se aprobó una legislación muy liberal para las inversiones extranjeras (1974, 1977). El sistema tributario fue renovado, con la introducción de un impuesto al valor añadido de estilo europeo (el IVA), entre otras cosas. En 1975, se reformó la moneda: 1000 escudos se convirtieron en un peso (un millón de los pesos abolidos en 1960).

En el campo, el impacto neoliberal fue avasallador. La reforma agraria fue detenida de golpe. El gasto del gobierno en la agricultura fue cortado. El personal del Ministerio de Agricultura (incluido organismos como la CORA -Corporación de Reforma Agraria- y el INDAP -Instituto de Desarrollo Agropecuario-) fue reducido de 27.000 funcionarios en 1973 a 5000 en 1980. Prácticamente un tercio de toda la tierra agrícola del sector reformado fue devuelta a sus antiguos dueños, alrededor de la mitad fue dividida en parcelas que se entregaron a los campesinos, y la mayor parte del resto fue rematada por la CORA.

En términos económicos convencionales, esta dura reestructuración neoliberal dio sus frutos. La inflación cayó de tres dígitos a dos y finalmente a uno (9'5 % en 1981). La economía empezó a salir de la recesión de 1975-76, con un alza en el PIB del 7 % promedio anual entre 1976 y 1981. Impulsado por un nuevo organismo de promoción de las exportaciones (Pro-Chile, 1974) -no completamente aprobado por los puristas neoliberales-, el crecimiento de las exportaciones no tradicionales (de los campos y bosques) resultó especialmente impresionante. Las manzanas chilenas aparecieron en los supermercados ingleses; algunos vinos chilenos de buena calidad, en las bodegas norteamericanas. A mediados de la década de 1990, las acciones de una de las viñas tradicionales clásicas, Concha y Toro, fueron cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Si en la década de 1960 el cobre representaba alrededor del 90 % del total de las exportaciones (en promedios anuales); en la década de 1980, alcanzó menos del 50 %.

Las privatizaciones de la década de 1970, en la ciudad y en el campo, proporcionaron excelentes oportunidades a los conglomerados financieros tanto antiguos como nuevos (especialmente a estos últimos) para construir grandes imperios empresariales en condiciones muy favorables (con efectos equivalentes a los que habría tenido un subsidio estatal). A finales de la década, unos cuantos de esos grupos económicos controlaban gran parte del sistema bancario y, a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador.

El país pronto se vio inundado por bienes extranjeros: televisores y radios japonesas, automóviles coreanos (la cantidad de vehículos en Chile se triplicó entre 1975 y 1982), perfumes franceses y whisky escocés. Todo esto creó la poderosa ilusión de una nueva prosperidad. A pesar de la colosal deuda externa (17.000 millones de dólares en 1982), se respiraba mucho optimismo. Chile, como se decía, se convertiría en el próximo Taiwán o Corea del Sur. En julio de 1980, el ministro de Trabajo, José Piñera, declaró que en 1990 Chile sería un país desarrollado.

En 1982 la economía chilena implosionó, cayendo en una recesión incluso peor que la de 1975-76. Primero se produjo otro fuerte aumento en el precio del petróleo (la segunda crisis del petróleo, en 1979). Una vez más la economía mundial se hundió, lo que significó una disminución en la demanda de exportaciones chilenas (a estas alturas, menos competitivas por la tasa cambiaria fija, que sobrevaloraba el peso y producía serios problemas en la balanza de pagos). Las tasas de interés internacionales se elevaron, dado que los EEUU y GB tb adoptaron duras estrategias neoliberales. Por ello las bancarrotas sumaron más de 800 en 1982 (habiendo alcanzado un tercio de esa cifra entre 1977 y 1981). El PIB disminuyó en un 15 %; la fuerza de trabajo industrial se redujo en un 20 % y el desempleo se elevó por encima de su volumen de 1975-76. A comienzos de 1983, más de medio millón de hombres se encontraban empleados en el PEM y en un segundo programa de emergencia, el POJH (Programa Ocupacional para Jefes de Hogar). Tanto los industriales como los agricultores clamaron pidiendo protección: sus organizaciones, hasta entonces menospreciadas por los Chicago Boys, tendrían que ser escuchadas con mayor atención en el futuro.

A mediados de 1982, De Castro se retiró del Ministerio de Hacienda y la tasa cambiaria fija que había establecido fue abandonada cuando el propio Pinochet le dijo lisa y llanamente a su nuevo ministro: «He resuelto devaluar». Otras dos devaluaciones bajaron el valor del peso en un 88 %. Después de dos años, y cuatro ministros de Hacienda, una nueva política económica comenzó a tomar forma.

5 – Büchi en Hacienda
En febrero de 1985, Pinochet nombró en la cartera de Hacienda a Hernán Büchi (36 años). El hecho de que hubiera realizado sus estudios de postgrado en Columbia y no en Chicago, y de que éstos hubieran sido en comercio y no en economía, no pasó inadvertido. Con su pelo largo y el entusiasmo con que andaba en bicicleta, Büchi difícilmente tenía la apariencia de un ministro de Hacienda; sin embargo, él, más que ningún otro, simbolizaba el inteligente pragmatismo que ahora reemplazaba la versión anterior y fundamentalista del neoliberalismo.

El nuevo pragmatismo se basaba en el cuidadoso manejo de la tasa cambiaria y el volumen de circulante, aunque también (en parte para controlar las importaciones) se autorizaron algunas medidas selectivas para beneficiar a la agricultura y a la industria orientadas al mercado interno, así como a los exportadores que ya habían sido tan favorecidos. Los aranceles de importación fueron fijados a niveles un poco más altos que los de 1980 y se volvieron a introducir sobretasas para algunos artículos específicos, mientras los componentes fabricados en Chile para la industria de exportación quedaban exentos de IVA. Esta mezcla de sustitución de las importaciones limitada y promoción de las exportaciones espoleó a las industrias y los talleres chilenos –así como a los campos del Valle Central y los bosques de pinos del sur cada vez más numerosos-. Esto ayudó a impulsar al país en una nueva etapa de sólido crecimiento iniciada a mediados de la década de los 80, que afectó inevitablemente las tasa salariales y de empleo (y probablemente tb la política).

A pesar de lo anterior, la estructura neoliberal general siguió manteniéndose y se fortaleció. Durante la década de 1980, la mayoría de los programas nacionales de pensión fueron transferidos a compañías privadas, conocidas como AFPs (Administradoras de Fondos de Pensión). Después de 1985, además, algunas empresas estatales estratégicas –incluida la CAP (acero) y SOQUIMICH (salitre y químicos)- fueron vendidas en una nueva ronda de privatizaciones. En algunos casos, los trabajadores adquirieron un tercio del patrimonio. No obstante, incluso después de lo anterior, el sector público siguió conservando un conjunto de grandes corporaciones, incluida la ENAP (petróleo) y la enorme corporación del cobre, CODELCO.

Entonces se procedió a atajar la gigantesca deuda externa. Y hubo frutos: en términos de porcentaje respecto del PNB, ésta disminuyó del 143 % al 74% en 1990. En esta área, Chile fue unos de los pioneros en el innovador uso de la conversión de la deuda en capital (los inversores extranjeros compraban las deudas, se las vendían al Banco Central y usaban el dinero para comprar acciones de compañías chilenas o hacer nuevas inversiones).

La inversión extranjera directa, que había sido bastante menor hasta entonces, también experimentó un fuerte aumento desde 1985 (alrededor del 40 % provenía de los EEUU y gran parte se utilizó con fines productivos). La Escondida, una nueva mina de cobre de grandes proporciones y perteneciente a multinacionales norteamericanas, europeas y japonesas, comenzó a producir en 1990, con planes de crecimiento para alcanzar un volumen similar a El Teniente.


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