Informe periodistico semanal sobre medio ambiente
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A  M B I E N T E Y M E D I O  INFORME PERIODISTICO SEMANAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Número 49. Septiembre 25, 2006 Por Sergio Federovisky TÍTULOS [ 1 ] Papeleras: se va Ence, vienen los cortes Lo habíamos anunciado: se retira de Fray Bentos la papelera española. ¿Es obligatoriamente una gran noticia? Algunos presumen que en realidad abre el camino para la consolidación de Botnia, quien habría tenido algo que ver con la decisión de Ence. Al mismo tiempo, en Gualeguaychú reaparecen los cortes por lo que evalúan es inacción del gobierno [ pág. 2 ] [ 2 ] Plaguicidas en leche: el gobierno admite, las lácteas se defienden En un encuentro en el que participaron todos los organismos oficiales que representan a Argentina en el Convenio de Estocolmo se reconoció que es veraz la investigación que demuestra que el 90 por ciento de la leche maternizada contiene plaguicidas. Las empresas presionan y pagan publicidad millonaria [pág. 5] [ 3 ] Petroleras sin ética La Academia de Ciencias británica censuró al gigante petrolero ExxonMobil por difundir estudios falsos tendientes a convencer a la gente de que el cambio climático no está científicamente probado [ pág.6] [ 4 ] La salida a la crisis energética parece oscura Independientemente de si hay o no crisis energética, el Estado debe encarar un incremento en la generación eléctrica. Todos los modelos tienden a acentuar una matriz que no considera ni en un uno por ciento a las energías ecológicamente aceptadas. Se dependen a un 90 por ciento del petróleo y el carbón, cosa incoherente en tiempos de calentamiento global. [pág.7] [ 5 ] Autopista, bien; torres, pésimo La autopista ribereña no amenazará la Reserva Ecológica. Pero las torres son una plaga: un juez conminó al gobierno porteño a ocuparse seriamente del asunto. [pág.8] [ 6 ] Lectura obligatoria: “Cultivar hasta la muerte”, Por Roberto Aguirre. [pág.10] [ 1 ] Papeleras: se va Ence, vienen los cortes Lo anticipamos en los números treinta y siete y treinta y ocho de este informe: Ence se retira de la zona del conflicto, pero no del Uruguay y, menos, del área próxima al límite con la Argentina. Releamos lo que escribimos en este informe hace casi tres meses: Esto escribimos el 19 de junio:  Argentina y Uruguay saben que La Haya fue una pésima jugada. Para la Argentina, dado que muy probablemente la Corte no otorgue la medida cautelar que obligue a parar la construcción de las papeleras, se abre un gigantesco interrogante: qué hará la gente de Gualeguaychú, hoy en tensa calma, cuando compruebe esa derrota. Seguramente volverá a cortar la ruta y todo estará como hace seis meses. Para Uruguay, porque aún cuando La Haya no otorgue esa medida cautelar, obligará a condicionamientos en la negociación y el control que pondrá al gobierno de Tabaré en una situación muy incómoda respecto de Botnia, que se mueve en esta historia como si nada hubiera ocurrido. Más aún, como una clara provocación, anuncia a diestra y siniestra que no detendrá un segundo la obra y que está, en cambio, más acelerada que nunca. ¿Por qué, entonces, Tabaré y Kirchner iniciaron un acercamiento? Porque hallaron el elemento que faltaba, encontraron algo sobre lo cual negociar. Siempre se dice que, como en el sexo, para negociar hacen falta dos. Pero también hace falta tener algo que permita a ambas partes ceder. Hasta el momento, habiéndose abortado aquella opción del traslado de las plantas allá por agosto del año pasado, no había nada para negociar, ya que ni la tecnología ni el emplazamiento (los dos factores determinantes) podían ser modificados. Pero parece que al bueno de Zapatero se le encendió la lámpara y desde España vino lo que ahora aparecerá, tras el viaje de Kirchner a ese país, como la gran solución: detener definitivamente la construcción de la planta de Ence, ya sea para trasladarla o para dejarla sin efecto, pues los españoles estarían repensando su desembarco de celulosa en estas costas. Lo más probable, sin embargo, sería que Ence –cuya construcción virtualmente no se ha iniciado, más que con remoción de tierra- anuncie que se retira de la costa frente a Gualeguaychú, buscando de ese modo descomprimir la situación. Seguramente, el gobierno uruguayo impondrá al argentino aceptar esa salida, que en los hechos significaría un treinta por ciento menos de presión contaminante sobre el río Uruguay. La Argentina seguramente se mostrará satisfecha y le explicará a la gente de Gualeguaychú que es lo más que se puede pretender de esta negociación. ¿Y la gente de Gualeguaychú? ¿Aceptará convivir con Botnia? Y esto escribimos una semana más tarde:  Lo dijimos en este informe la semana pasada y empieza a confirmarse: la propuesta que Uruguay le acercará a la Argentina y que Kirchner venderá como un triunfo propio debido a sus contactos con el gobierno español puede bautizarse como “cincuenta y cincuenta”. Quiere decir que Ence dirá que pensó en el impacto acumulado de su planta y la de Botnia y que, dado que su construcción no está avanzada, decidirá moverse unos treinta kilómetros lejos del foco que significa la población de Gualeguaychú. Con esto, Uruguay argumentará que ya el impacto ambiental no es tan grave y garantizará el control por parte de un organismo mixto sobre la actividad de Botnia. Simultáneamente, dirán que no le puede pedir lo mismo a Botnia dado que su construcción está avanzada en cerca de 40 por ciento (claro, nada dirán de por qué en agosto del año pasado cuando se planteó esta posibilidad Botnia miró para otro lado y obligó al gobierno uruguayo a sacarla de la agenda de negociación con la Argentina). Por su parte, el gobierno argentino dirá que ésta es la solución al conflicto. Dirá que el gesto español es significativo y que ahora el impacto podrá ser controlado, dado que Uruguay ofrecerá todas las garantías para que así sea. De esta manera, el gobierno de Néstor Kirchner no deberá tragar ni hacer tragar a nadie el sapo de la decisión de la Corte de Justicia de La Haya de no otorgar el recurso de amparo para detener la construcción de las plantas de celulosa. Al contrario, puede que ambos países lleguen a ese acuerdo de cincuenta y cincuenta y lo presenten a La Haya como un síntoma de buena convivencia. En el medio, no obstante, aparece la sensación de que es un acuerdo de lo más superestructural. La gente de Gualeguaychú está percibiendo que es de este modo que su voluntad será pisoteada, ya que siempre han dicho no a cualquier proyecto y no sólo a un determinado volumen del mismo. En Gualeguaychú se aprecia como un acto de prepotencia y cobardía la actitud de Botnia de avanzar rápidamente la construcción para convertirla en un hecho consumado imposible de retrotraer; del mismo modo evalúan la actitud de esa empresa de origen finlandés de no aceptar aquella tregua que habían acordado Tabaré y Kirchner. Ahora, hay que escribir lo siguiente. La gente de Gualeguaychú, que no come vidrio, sabe que este retiro de Ence de la zona del conflicto, tiene que ver con el conflicto en sí. El propio intendente del departamento de Río Negro, cuya cabecera es Fray Bentos, Omar Lafluf, admitió que ése fue el motivo de la decisión de la pastera española. Los directivos de Ence, en cambio, prefirieron ubicar el fundamento de su determinación en las dificultades operativas que implica la superposición con Botnia en el mismo sitio. El comentario aludió al fastidio que los españoles tienen con el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa por haberle escupido el asado. Ence programó su llegada a Uruguay hace más de quince años (con el inicio de las primeras forestaciones) y pidió la autorización para su planta en Fray Bentos en el 2003. Botnia vio el hueco (algunos dicen que colaboró para encontrarlo en el entramado político uruguayo y se mandó desequilibrando el tablero: los españoles creen que si las cosas hubieran sido como ellos las habían planificado –sin Botnia- la instalación de la planta en Fray Bentos no hubiera sufrido contratiempos. Más aún, esa percepción es la que sostiene la hipótesis (mejor dicho el secreto a voces) de que Botnia compró parte de las acciones de Ence en Uruguay y virtualmente le pagó de ese modo una suerte de indemnización para que se retirara. En Gualeguaychú, como corresponde, la decisión de Ence fue recibida como un pequeño triunfo, aunque con mucha cautela. Todos sospechan que la inacción del gobierno argentino en los últimos meses (desde el Waterloo de La Haya) tiene que ver con el conocimiento de esta situación y la intención de ofrecer este trofeo como una forma de destrabar el conflicto. Esa inacción del gobierno, supuestamente abocado a la preparación del alegato final ante la Corte de La Haya, es vivida en Gualeguaychú como una especie de traición. La Asamblea Ambientalista está viviendo sus peores momentos, con mucha pelea interna, a propósito de esta sensación de que toda la estrategia argentina quedó reducida a una ficha indudablemente perdedora ante La Haya. Y, curiosamente, la salida de Ence de la zona del conflicto, refuerza la tendencia perdedora, ya que será más difícil sostener, ante jueces adversos, el argumento del impacto ahora que queda sólo la planta de Botnia. Aunque en términos estrictamente ambientales, debe decirse que nada cambia con la salida de Ence. El impacto de la planta española era apenas de un tercio del total y, además, si como todo indica el traslado es a apenas una treintena de kilómetros hacia adentro del territorio uruguayo, la situación es igualmente compleja. Es que el impacto, si Ence se instala a orillas del río Negro que desagua en el Uruguay, será casi equivalente con el agravante de que los españoles ya anunciaron que esa planta será el doble de la proyectada en Fray Bentos. Y, además, al ser en territorio puramente uruguayo (no limítrofe) la Argentina pierde toda legitimidad para llevar adelante un reclamo. Pero volviendo a la desazón de la gente de Gualeguaychú con el accionar del gobierno, ha crecido en las últimas semanas el descontento y la presión para ganar la ruta, que es lo que los ha llevado a instalar y sostener su batalla. Por eso, este domingo la marcha programada se transformó virtualmente en un corte de la ruta y está previsto que el fin de semana largo del 12 de octubre se vuelva a interrumpir el paso. Y, si ninguna noticia fabulosa se presenta, y mientras crezca inexorablemente cada día la chimenea de Botnia, el verano estará nuevamente signado por el corte del camino que une Gualeguaychú con Fray Bentos. [ 2 ] Plaguicidas en leche: el gobierno admite, las lácteas se defienden Hace un par de semanas dimos cuenta de la denuncia difundida en Informe Central sobre la existencia de plaguicidas en el 90 por ciento de las muestras de leche maternizada que tomó la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. No hubo, como suele ocurrir en estos casos en que del otro lado hay un lobby superpoderoso como la industria láctea, una respuesta oficial y ni siquiera una preocupación pública sobre un tema que despertó una fuerte indignación. Sin embargo, el gobierno admitió tanto la existencia como la veracidad del trabajo que dio origen a la denuncia periodística. La Argentina es firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), conocida como Convenio de Estocolmo. Ese convenio establece la prohibición de utilización y comercialización de productos altamente tóxicos, entre los que por ejemplo está el DDT que se halló en cerca del 30 por ciento de las muestras de leche maternizada. En su condición de firmante de ese convenio Argentina debe realizar reuniones periódicas de control de lo que ocurre en el país con la cumplimentación de lo acordado en esa normativa. La última reunión de las partes argentinas que integran ese capítulo ocurrió días después de la difusión del informe sobre plaguicidas en leche. Estaban representantes del SENASA, INTA, INTI, Ministerio de Salud, y varias ONGs que representan el costado no oficial en el tema. Y, según narraron varios asistentes, todos reconocieron la existencia y la veracidad de los datos del estudio de la doctora Edda Villaamil, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Incluso, se analizó la posibilidad de conminar a las empresas lácteas a que afinen sus controles y a que distingan en los envases la existencia de elementos contaminantes. No obstante, la industria láctea tuvo otra respuesta. Por un lado, el silencio. Por el otro, un confuso comunicado de prensa en el que aseguran que la industria láctea “no posee –salvo algún caso muy particular- de plantas dedicadas exclusivamente al mercado externo”. Curiosa forma de desmentir afirmando: no posee pero sí posee en algún caso muy particular. ¿Será ese caso muy particular el de Sancor, que según el Banco Interamericano de Desarrollo obtuvo una alta calificación por destinar una planta sólo para la exportación a los Estados Unidos, donde los estándares de calidad de presencia de plaguicidas en leche son mayores que en la Argentina? Y la última, y más censurable, actitud de la industria fue el aviso programado de apuro por La Serenísima en que aparece el inefable Pancho Ibáñez desmintiendo que la leche que esa empresa distribuye tenga plaguicidas. Con esa pauta publicitaria, La Serenísima se encargó de que ningún medio tuviera la valentía suficiente como para seguir la investigación periodística sobre la leche con plaguicidas (o siquiera reproducirla). [ 3 ] Petroleras sin ética La Academia de Ciencias británica, conocida en inglés como Royal Society, ha dado un paso inédito al pedir por carta a la petrolera estadounidense ExxonMobil que deje de financiar grupos que minusvaloran y deforman el consenso científico sobre el cambio climático. En los hechos, los científicos británicos acusaron al gigante petrolero de hacer campañas para que la gente dude de que el calentamiento global esté originado en la actividad contaminante de la humanidad. El último ejemplo de las consecuencias de ese marketing fue una declaración hecha pública en agosto por representantes de iglesias y organizaciones evangélicas, parte de las cuales reciben fondos de la petrolera. En abril último, en un documento interno, la Royal Society alertaba de que se iban a producir en los meses siguientes nuevos ataques de los llamados “escépticos del cambio climático”, en su inmensa mayoría situados fuera del ámbito científico y dentro de la industria petrolera, que percibe que las acusaciones (válidas) por la responsabilidad de los combustibles fósiles en el calentamiento global pueden hacer caer a la actividad petrolera. El temor de los petroleros se basa en que en febrero de 2007 se hará público el nuevo y cuarto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), encargado por la ONU de revisar periódicamente todos los aspectos del fenómeno. El último informe se hizo público en 2001. El vocero de la Royal Society, Bob Ward, acusó a la Exxon de elaborar un documento corporativo que describe la existencia de “agujeros” en la teoría científica respecto del cambio climático, en especial en la relación entre el calentamiento global y los gases de efecto invernadero que la humanidad produce a través de la quema de combustibles fósiles, como el petróleo. Exxon había sostenido que esos “agujeros” estaban presentes en el último informe del panel científico de Naciones Unidas en el año 2001. Sin embargo, aquel informe hablaba de “nuevas y rotundas evidencias” de que la actividad humana estaba provocando el aumento de la temperatura del planeta, una sentencia mucho más firme que la usada en el informe anterior, en 1995. “Es claro que lo que Exxon reproduce no es verdaderamente la posición del panel científico de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas”, sostuvo la Royal Society. La carta de la Academia Británica de Ciencias se refirió a dos publicaciones de Exxon en este año y las calificó como tendientes a falsear las conclusiones de la ciencia en relación al calentamiento global. Exxon recogió el guante. Y tras la queja de los científicos ingleses, brindó un comunicado en el que aceptó, finalmente y por escrito, que “el dióxido de carbono es uno de los factores que contribuyen al cambio climático”. Sin embargo, se sabe, el cinismo no tiene límite. Exxon financia a una treintena de grupos de investigación. Uno de ellos, el “Centro de Estudios sobre dióxido de carbono y cambio climático” dice, en su página web, que “no hay razones de paso para creer que el incremento de la temperatura esté provocado por el CO2”. [ 4 ] La salida a la crisis energética parece oscura En las últimas semanas es un debate a gritos la sentencia acerca de si hay o no crisis energética. Ya dijimos la semana pasada que, según el propio reconocimiento de las empresas distribuidoras, la Argentina está al borde del riesgo, puesto que la capacidad de generación está muy próxima al techo de consumo, lo que podría generar falta de suministro en casos relativamente excepcionales de, por ejemplo, inviernos crudos o picos de calor en el verano (principalmente en diciembre y marzo, que es cuando el grueso de la población está en las ciudades). El tema es cómo el gobierno planifica la salida de la crisis de generación. Por un lado, se supo en estos días, se le cobrará a Paraguay una deuda incobrable con energía de Yacyretá, aunque esto dependerá de, primero, obtener el consenso para llevar a 78 la cota, con el increíble impacto ambiental y social que eso trae aparejado. Pero el grueso del problema radica en si la Argentina decidirá modificar la matriz de generación de energía que, como se ve en este cuadro, depende en el 90 por ciento de combustibles fósiles contaminantes.
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. Solamente el 8 por ciento de la energía que genera el país proviene de fuentes renovables, y dentro de ese porcentaje, más de mitad se lo lleva la energía hidráulica, que como se sabe, es desaconsejada de modo permanente por todos los organismos que pretenden disminuir el impacto ambiental. Mientras en Europa, energías como la eólica alcanzan en algunos países (España, Alemania) porcentajes de dos dígitos en la matriz de generación eléctrica, en la Argentina, con una ventaja comparativa descomunal (los vientos de la Patagonia), ni siquiera es considerada en el cuadro que encabeza la página web de la Secretaría de Energía de la Nación. El Tercer Foro regional de Energías Renovables, que se realizó la última semana en Buenos Aires, fue demoledor: las conclusiones fueron que las energías alternativas, no contaminantes, son testimoniales es el esquema oficial de la energía argentina. Es decir, los funcionarios mencionan el tema o inauguran algún megaventilador sólo porque es políticamente correcto. Un país con el medio ambiente como política de estado seguramente haría otra cosa. [ 5 ] Autopista, bien; torres, pésimo La ciudad de Buenos Aires anunció que la afamada autopista ribereña se hará (supuestamente) en forma de inmenso túnel que unirá la vía que va a La Plata con la salida hacia el norte. De cumplirse esta postura, se deja de lado la intención de que, ya sea por pasar más allá de la costa o por convertirse en un gigantesco puente, la autopista decidiera el final de la reserva Ecológica. Los incendios inéditos e intencionales que reaparecieron el año pasado después de mucho tiempo fueron asociados por muchos funcionarios con las presiones que empezaban a aparecer para que la Reserva Ecológica le diera paso a la construcción de una autopista cuya traza coincidiera casi exactamente con ese espacio verde espontáneo que la naturaleza creó sobre los escombros obtenidos por Cacciatore cuando liberó el espacio para la autopista 25 de mayo. El brutal desarrollo de Puerto Madero había, justamente, desatado el lobby para que se creara una vía rápida que uniera, por la zona ribereña, las salidas de la ciudad por el norte y el sur. Ahora, según lo que publica el domingo el diario La Nación, la autopista va a tener una extensión total de 4,6 kilómetros de los que tres (los que van desde Brasil hasta Córdoba) irán por debajo de la actual avenida Huergo-Madero. De confirmarse, la Reserva Ecológica salvaría su actual emplazamiento y no tendría a futuro mayores amenazas. De hecho, una de las versiones indica que se eligió este sistema justamente porque, pese a ser de mayor inversión, generará menos resistencias (tanto sociales como financieras) debido a su bajo impacto ambiental. Pero mientras en lo que respecta a la autopista se elige bien ante la presión del desarrollo inmobiliario, no pasa lo mismo con la batería de torres que permita el bastardeado Código de Planeamiento. Un juez, Juan Cataldo, detuvo la construcción de un edificio de nueve pisos en Palermo Hollywood por pedido expreso de los vecinos, debido a que “alteraría la fisonomía del barrio”. Pero lo más interesante, es que pese a la vigencia del Código de Planeamiento (que funciona como una brutal coartada para todo funcionario que se excusa en su existencia), el juez Cataldo ordenó al gobierno porteño a que se abstenga de otorgar futuros permisos a construcciones que justamente alteren la fisonomía tradicional de determinados barrios. Con esto, el juez no sólo aporta el sentido común, sino que le quita al gobierno porteño la excusa de que no puede gestionar en este tema porque supuestamente está atado al Código de Planeamiento. Este Código, de hecho, es censurado por los vecinos de diversos barrios (los de Caballito y Palermo a la cabeza) que exigen que se declare su inconstitucionalidad. En los hechos, el Código de Planeamiento es un botín de la patria inmobiliaria y arquitecta que va tallando, con la anuencia de los legisladores, aquellas muescas y excepciones que reproducen las tendencias de las explosiones del mercado: si el mercado pide torres espantosas en barrios bajos, allá van a solicitar que se modifique el Código sin reparar en el impacto urbanístico y de calidad de vida que implica sobre los barrios. Los vecinos de Caballito, particularmente, exigen que se detenga la construcción de decenas de torres porque no sólo contaminan visual y socialmente el barrio sino que pone al borde del colapso las instalaciones de cloacas y agua corriente. El único ámbito del gobierno de la ciudad que resistió este embate fue la secretaría de Medio Ambiente (hoy Ministerio) que conduce Marcelo Vensentini, que consiguió que las obras aprobadas después de agosto de 2005 y que cuenten con más de 2500 metros cuadrados cubiertos deban atravesar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública para obtener el permiso definitivo. Tres torres de 1000 metros cada una en una misma manzana provocan tanto o más daño, señalan los vecinos con buen criterio. El tema es de decisión política, aunque hay que ver quién logra poner por delante el medio ambiente y la calidad de vida con inversores que pretenden vender a 3000 dólares el metro cuadrado de torre. [ 6 ] Lectura obligatoria: “Cultivar hasta la muerte”, Por Roberto Aguirre (*) A partir de la década de 60 se implementó en América Latina un nuevo modelo agrícola relacionado a la tecnología genética y al uso de químicos para obtener mejores rendimientos. Más de cuarenta años después, este modelo está lejos de ser un instrumento de desarrollo o de soberanía alimentaria y, muy por el contrario, se ha convertido en una maquinaria de dominación, muerte y beneficios para unos pocos. Sucede que las grandes corporaciones del agro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), han logrado, con la complicidad de los estados neoliberales, imponer el monocultivo para la exportación a modo de una nueva distribución internacional del trabajo. Los beneficios para ellos no son pocos: las corporaciones que venden semillas transgénicas y agrotóxicos tienen ganancias millonarias, al tiempo que la renta de las exportaciones sirve para pagar la deuda externa de los agobiados países latinoamericanos. Ni la soja de Argentina, Brasil y Paraguay, ni las bananas o el algodón de los países centroamericanos sirven para calmar el hambre de los pueblos, más bien sirven para alimentar las arcas del sistema. Mucho se ha dicho sobre los perjuicios que este modelo trae para Latinoamérica y para los campesinos. Normalmente se habla de la concentración y el agotamiento de las tierras, de la proliferación de los transgénicos, de la baja rentabilidad y de la intromisión de las grandes corporaciones en las políticas nacionales. Mientras tanto, un asesino silencioso recorre América Latina, cobrándose miles de vidas al año: los agrotóxicos, piezas esenciales de un modelo al que no le importa matar a los pobres, mientras pueda extraerse de ellos y de sus tierras hasta la última gota. Según la FAO (Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) los plaguicidas son causantes de 20 mil muertes accidentales al año, y 200 mil suicidios. Otro dato publicado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1994 afirma que ese año hubo entre dos y cinco millones de casos de envenenamientos por plaguicidas, en sólo 40 mil establecimientos relevados. Por otra parte, cabe destacar que no hay forma de relevar las peligrosas intoxicaciones crónicas, o bien las que son tratadas por sus síntomas sin saber nunca cuales fueron las causas. De la misma forma, es imposible saber la cantidad de envenenamientos por los que no se hace una consulta médica. El Roundup es el agrotóxico más vendido del mundo. Se trata de un herbicida con Glifosato como principio activo, que es comercializado por la multinacional Monsanto. La organización no gubernamental PANNA (Pesticide Action Network North America), representada en América Latina por la RAP-AL (Red de Acción en Plaguicidas), presenta un cuadro de su situación empresarial. En 2004 tuvo 5.457 millones de dólares en ingresos, de los cuales 709 millones correspondieron a la venta del Roundup. Su oficina central se encuentra en el estado de Missouri, Estados Unidos, y está entre las cinco empresas de agronegocios y biotecnología más importantes del mundo. Monsanto fue la empresa que desarrollo el mortífero “agente naranja” durante la guerra de Vietnam y ahora le toca el turno al Roundup. Sobrados son los estudios que demuestran la toxicidad, los efectos cancerígenos y reproductivos, la acción mutagénica y la contaminación de alimentos que produce el Glifosato, su principio activo. También es verdad que el Glifosato no es tan tóxico como otros herbicidas, pero el Roundup posee elementos inertes que no son especificados en las etiquetas del producto, y que son altamente tóxicos. Asimismo, se convirtió en el más vendido del mundo luego de que Monsanto largara al mercado la soja RR (Roundup Ready), especie genéticamente modificada para resistir el Glifosato. La multinacional se aseguró que sus semillas transgénicas se esparcieran por América Latina (en Argentina la soja RR ya llega a un 90 por ciento de la producción), para generar un mercado para el Roundup. Un negocio redondo. La precariedad en la que trabajan los campesinos pobres de América Latina, los expone aún más a los perjuicios de los agrotóxicos. En principio, no utilizan el equipo de aplicación necesario para no mojarse con los productos, y prevenir así envenenamientos cutáneos. Muchos de ellos son analfabetos, y se ven imposibilitados de leer los marbetes o rótulos que indican las formas de aplicación y los cuidados que debe tenerse. A pesar del riesgo al que están expuestos, los campesinos, quinteros o chacareros optan por comprar productos como el Glifosato, debido a la necesidad imperante de tener altos rendimientos, cosa que en muchos casos ni siquiera ocurre. Mientras ellos gastan cientos de dólares en agrotóxicos e invierten su salud para lograr mantener a sus familias, los ejecutivos de Monsanto ganan cientos de miles de dólares al año, y sin tocar una gota del veneno que producen. Uno de los casos de intoxicación por Glifosato que tomó repercusión pública fue el del pequeño Silvino Talavera, un niño paraguayo de 11 años que murió luego de que un vecino lo rociara mientras fumigaba con su máquina. También tomó repercusión el caso de los 500 residentes del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad argentina de Córdoba. Se trata de un vecindario condenado por la aspersión de Glifosato, donde se dieron varios casos de cáncer, leucemia y malformaciones congénitas desde que se vio cercado de predios plantados con soja, sobre los cuales se rocía el veneno desde aviones. El segundo agrotóxico más vendido en el mundo es el Gramoxone, producto a base de Paraquat, un potente y mortífero herbicida. Es comercializado por la multinacional Syngenta, probablemente la empresa más importante del mundo en venta de plaguicidas. Según los registros de PANNA esta empresa tuvo ingresos en el año 2004 por 7.300 millones de dólares, de los cuales más de 300 fueron por la venta de Gramoxone. Su oficina central se encuentra en la ciudad de Basilea, Suiza, y es conocida la gran inversión que realiza en cabildeos. Un ejemplo es el acuerdo por 25 millones de dólares que mantiene con la Universidad de Berkeley situada en California, institución que se encarga de hacer tendenciosas investigaciones sobre las potencialidades de los agrotóxicos. El libro “Paraquat, el controvertido herbicida de Syngenta”, de John Madeley (editado en español por RAP-AL), releva gran cantidad de datos sobre este agrotóxico. En particular, refiere al enorme lobby de Syngenta para que el Paraquat no sea considerado de peligrosidad. Sin embargo, según estudios de la OMS (Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en la agricultura. Ginebra, 1992), la PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) y el IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer) este agrotóxico produce dolores de cabeza, temblores, diarreas, insuficiencia respiratoria, alta toxicidad aguda y efectos irreversibles en el pulmón y riñones; provoca el desarrollo de edema y fibrosis pulmonar y afecta el sistema cardiovascular. También son riesgosas la penetración cutánea, la inhalación y absorción a través de heridas, y no se conoce antídoto para la intoxicación por ingestión. Precisamente por esta última consecuencia es que el Paraquat se utiliza mucho en casos de suicidio; Como aclara John Madeley, alcanza con una cucharada para producir una muerte segura. El Gramoxone es muy utilizado en el cultivo de bananos en Costa Rica. Más de una cuarta parte de los envenenamientos anuales que se registran tienen que ver con Paraquat. Entendiendo la problemática, el Ministerio de Salud, junto con varias ONG, emprendieron distintas campañas para reducir su uso, y el caso de intoxicaciones bajó drásticamente. Por otra parte, hay un factor que lo hace más peligroso, y es que su precio ronda sólo los 10 dólares. Esto lleva a que por su bajo costo y su alto poder herbicida, los campesinos lo utilicen mucho, aún pagando el alto precio de exponer sus vidas. No por ser los más comunes, el caso del Glifosato y del Paraquat son los únicos. Hay decenas de agrotóxicos que se integran al modelo agrotécnico y que son extremadamente nocivos. El caso más resonante es el de los organoclorados que forman la llamada “docena sucia”. Se trata de compuestos de alta peligrosidad, toxicidad y residualidad, que (en su mayoría) se encuentran prohibidos, pero se continúan usando en muchos lugares de Latinoamérica. Un ejemplo concreto es el del clordano, un agroquímico sumamente nocivo. En Argentina, por ejemplo, este compuesto se encuentra prohibido para todo uso, y aún así es posible conseguirlo dentro de un mercado negro que, lejos de ser aislado, parece más bien sistemático. Un trabajo de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, demuestra que hay una concentración de clordano en los lácteos de consumo infantil. El contacto de las vacas con pasturas fumigadas produce la residencia del compuesto en la leche. Esto demuestra que el compuesto aún está presente, a pesar de que fue prohibido en Argentina en 1998. De la misma forma, tampoco corresponde adjudicar toda la culpa de la inserción de estos productos mortales a las empresas que lo comercializan. Casi todos lo países de América Latina suscribieron al Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, que estipula que el estado debe tener poder de policía y controlar la producción, venta y utilización de los agroquímicos. Sin embargo, muchos gobiernos miran para un costado, dejando que estos “venenos legales” asesinen a los campesinos. Basta con mencionar que en casi todos los países del Cono Sur y algunos de Centro América, no existe legislación o restricción alguna sobre el Glifosato o el Paraquat: ambos son de venta libre, y están al alcance de cualquiera. (*) Distribuido por Agencia Periodística Mercosur |
