Indice introducción c apitulo I sobre los desafíos de la urbanización latinoamericana. Elementos de diagnóstico, respuestas y propuestas. 1ª Parte




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Impactos


Con la instrumentación de las AEIS se logró duplicar la cantidad de tierra disponible para la franja de ingresos de hasta 10 salarios mínimos, entre 3,5% y 7% de la superficie del municipio. Como consecuencia, el precio de la tierra disminuyó y mejoraron las posibilidades de compra.

La mayor disponibilidad de tierras y la baja de los precios permitió el asentamiento de grandes partes de la población de la ciudad; el establecimiento de índices menos exigentes permitió la reurbanización de la mayoría de las villas. Se creó así un nuevo mercado para vivienda, dentro de la legalidad, para franjas de escaso poder adquisitivo que anteriormente solo tenían acceso al mercado informal.

Al mismo tiempo, el Consejo transparentó los procesos haciendo menos vulnerable a los poderes públicos frente a presiones provenientes de las organizaciones populares (clientes dentro del esquema clientelista previo).

Las mejoras urbanas permitieron un rápido incremento en los niveles de calidad de vida de la población. La mortalidad infantil, el 82,9 /oo de niños nacidos vivos en 1980 –la mas alta de la región– bajó al 20,6 /oo en 1994, por debajo de la media en el Estado de Sao Paulo. Esto fue factible gracias a la organización popular de los sectores de menores ingresos. Se adueñaron del instrumento creado por el poder público y se convirtieron en interlocutores permanentes de la política municipal, participando activamente en las negociaciones relativas a la estrategia de regulación y a las decisiones sobre inversiones. Además de brindar acceso a la vivienda a las comunidades involucradas, la administración municipal ganó en calidad, se acercó a los ciudadanos y cumplió con su rol de mediador en las disputas por la tierra.

Es necesario, sin embargo, destacar las limitaciones de este instrumento.

A medida que se negociaron las áreas demarcadas como AEIS 1, se redujo el stock disponible y aumentó la demanda –entre las propias organizaciones populares– por las zonas todavía disponibles. En un principio, las organizaciones se vieron obligadas a luchar hasta convencer a los propietarios de vender sus tierras, en tensos y complejos procesos de negociación. Con el tiempo, los propietarios y también las inmobiliarias se adueñaron del instrumento y salieron en búsqueda de las organizaciones, señal de maduración del mercado. Ese proceso que llevó al reconocimiento de la legitimidad del instrumento y de las organizaciones en su carácter de agentes del mercado tuvo también consecuencias negativas: los propietarios pasaron a negociar con los diferentes movimientos, rematando los terrenos y obteniendo así una valorización.

Alrededor de 1997 ya se verificaba una revalorización de los terrenos AEIS 1, indicio de un agotamiento del instrumento. Sin embargo, este mismo instrumento permitió que millares de personas que vivían una situación de extrema precariedad se realojasen.

5. Colombia (1995) – Captura de Plusvalías Inmobiliarias


El contexto local

La historia de Colombia es coherente con el resto de América Latina: un pasado colonial donde la estructura estatal se montó históricamente para garantizar el control sobre el territorio, sin vincularla a propuestas de desarrollo social o promoción del crecimiento de la identidad comunitaria.

La descolonización poco contribuyó a la transformación del modelo, sino que fue representante de la continuidad de un modelo donde las elites locales se identifican con los intereses de los países ricos, al mismo tiempo que establecen una relación de explotación de los recursos locales. La tierra urbana representa otra posible explotación, al igual que todos los demás recursos del país.

Durante las últimas décadas se agravaron las tensiones sociales por el rápido éxodo rural, llevando a una explosión demográfica de las grandes ciudades en los años 60: Bogotá, Medellín y Cali. El crecimiento de las grandes ciudades, no acompañado por oportunidades económicas formales, generó un modelo urbano donde la precariedad refuerza la pobreza y la violencia.

Aspectos críticos de la urbanización

El modelo de desarrollo urbano en Colombia es muy injusto y difícilmente sustentable desde el punto de vista financiero en el futuro: implica costos cada vez mayores para la administración destinados a la gestión urbana porque transfiere permanentemente riqueza a los propietarios de las tierras, que se valorizan junto con las inversiones en el territorio.

La relación entre el Estado y los diferentes actores de las ciudades, en relación a los tres temas clave: la orientación del desarrollo urbano, la ocupación del territorio y el uso del suelo; se caracterizó por una muy escasa intervención pública e intervenciones privadas absolutamente libres de controles. Esto consolidó un modelo de urbanización que no refleja un proyecto explícito del Estado ni un pacto social que lo sustente. Desde el Estado, la urbanización fue vista apenas como atención a la demanda de vivienda y servicios públicos, generando únicamente una política urbana que se reduce a un conjunto de programas sectoriales y a sus modalidades de financiamiento. Esa concepción produjo también un estado organizado sobre instituciones destinadas a atender esa demanda de vivienda, agua y energía. Es decir, la idea de la gestión urbana fue sustituida por la dimensión tecnócrata de la gestión de los servicios urbanos.

Los demás aspectos de la problemática urbana –el ordenamiento urbano, el medio ambiente, la gestión del suelo, el transporte, los equipamientos colectivos, los espacios para las actividades económicas y los espacios abiertos- fueron confiados al mercado o a entidades públicas no coordinadas por ninguna política urbana. De esa forma, sólo aquellos con capacidad para pagar los servicios pudieron tener acceso a ellos con un mínimo de calidad.

Por otro lado, no atribuir derechos ni obligaciones urbanas al uso del suelo, provocó una enorme especulación: en ese modelo la propiedad inmobiliaria no presupone obligaciones hacia la ciudad. Para quienes pueden comprarla, la propiedad implica una inversión de bajo riesgo y con alto retorno en el mediano plazo. Esto generó desigualdades y contradicciones entre la idea de ciudad y la de propiedad no enfrentados por el planeamiento o por la gestión urbana. Es un modelo que limitó mucho la intervención pública, convirtiéndola en actuaciones sectoriales porque liberó formas de intervención privada a los impulsos del mercado formal e informal.

En ese modelo de desarrollo, el planeamiento urbano fue una herramienta de poca utilidad. La causa fundamental de la crisis no son los instrumentos urbanísticos sino los principios que sustentaron las formas de actuación y la relación de los agentes frente a los desafíos planteados por las ciudades. Esas formas de actuación respondieron predominantemente a las lógicas particulares de cada agente sin estar sujetas a un marco común, ni formuladas para lograr un acuerdo estratégico o un pacto.
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