Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo




descargar 171.61 Kb.
títuloTribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo
página1/6
fecha de publicación09.02.2018
tamaño171.61 Kb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Documentos > Documentos
  1   2   3   4   5   6
SENTENCIA de 24-10-1984

TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Funcionarios de Correos: sanciones: separación del servicio: falta muy grave de probidad. Funcionarios Públicos: sanciones: predominio de la valoración ética de la conducta subjetiva de funcionarios sobre los resultados del peligro o lesión de un bien jurídico determinado. Sanciones: tipicidad: encuadramiento o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente.
Es recurso interpuesto por D. Tomás G. L., funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación, contra acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 1982, desestimatorio de la reposición deducida contra otro acuerdo anterior de 13 de noviembre de 1981, que le impuso la sanción de separación del servicio como autor responsable de una falta grave que afecta a la probidad del empleado.

El T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO: Que el tema objeto de debate en el presente recurso contencioso-administrativo viene limitado a determinar la legalidad del Acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en sesión celebrada en 14 de Mayo de 1982 que al desestimar el recurso de reposición interpuesto contra resolución del propio Consejo de 13 de Noviembre de 1981, vino a confirmar la sanción disciplinaria de separación de servicio impuesta a don Tomás G. L., funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicación, con destino en la Subdelegación de Comunicaciones de Zamora, incurso en falta de carácter muy grave que afecta a la probidad del funcionario prevista en el inciso a) del Artículo 88 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de Febrero de 1964 (RCL 1964\348 y NDL 14563) y en el Artículo 6 de su Reglamento Disciplinario de 16 de Agosto de 1969 (RCL 1969\1770 y NDL 14634) y vulnera el principio de la inviolabilidad de la correspondencia previsto en el Artículo 14.3 de la Ordenanza Postal (RCL 1960\861, 963, 964 y NDL 7927).

CONSIDERANDO: Que para la correcta decisión de este litigio es obligado punto de partida la consideración del significado eminentemente ético del derecho disciplinario, en cuanto que su objetivo primordial más que el restablecimiento del orden social quebrantado, es la salvaguardia del prestigio y dignidad corporativa y garantizar la correcta y normal actuación de los funcionarios en la doble vertiente del eficiente funcionamiento del servicio que les está encomendado, y de que su actividad como tales se desarrolle siempre en el marco que les fija la Ley; y por ello, en el derecho sancionador disciplinario predomina la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico determinado que con su actuación haya podido causar, aspecto este último que tradicionalmente queda reservado a la jurisdicción penal, y de ahí que no repugne la coexistencia de ambos tipos de corrección.

CONSIDERANDO: Que es doctrina jurisprudencial general la que establece que el enjuiciamiento en concreto de un acto o resolución administrativa resolutorio de un expediente sancionador ha de partir del análisis del hecho, de su naturaleza y alcance, para determinar si el ilícito administrativo impugnado es o no subsumible en alguno de los supuestos-tipo previstos en la Ley, en este singular caso, la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y su Reglamento de Régimen Disciplinario, ya que la calificación de una infracción administrativa no es facultada discrecional de la Autoridad sancionadora, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas preestablecidas que exige, como presupuesto objetivo, en encuadramiento o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente; y es por ello, por lo que siempre a esta jurisdicción contenciosa se le viene atribuyendo facultades para examinar y valorar, la existencia, acreditamiento y significación de las faltas administrativas para, en su caso, confirmar o anular el acto-sanción adecuada dentro de los términos previstos en el Artículo 20 del Reglamento disciplinario citado.

CONSIDERANDO: Que de lo actuado en el expediente administrativo y en este proceso aparece acreditado que el actor, funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Comunicaciones, figurando al frente de las expediciones ambulantes Zamora-Orense y Zamora-Medina del Campo, como encargado de manipular la correspondencia asegurada por su condición de Administrador de las citadas expediciones, en fechas comprendidas entre 2 de Agosto de 1979 y 29 de Agosto de 1980, en 6 ocasiones distintas, y una vez en marcha el tren, violentó seis pliegos de valores declarados sustrayendo de los mismos parte de los billetes de bancos extranjeros que contenían -escudos, marcos, francos franceses y suizos- que al cambio oficial importaron 267.576 pesetas de las que se apropió, hechos expresamente reconocidos por el recurrente; y si bien es cierto que ya en tramitación el expediente administrativo devolvió en moneda nacional dicha cantidad que fue reintegrada a los interesados, dichos reiterados hechos fueron justamente calificados por el Instructor nombrado, por la Inspección General de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, por la Comisión Superior de Personal de la Presidencia del Gobierno, por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y por el Consejo de Ministros, como constitutivos de una falta muy grave de probidad tipificada en el Artículo 88 a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado, Artículo 6 a) de su Reglamento Disciplinario que vulneraba el principio de la inviolabilidad de la correspondencia consagrado en el Artículo 14.3 de la Ordenanza Postal aprobada por Decreto de 19 de Mayo de 1960, imponiéndole el último de los organismos citado, la sanción de separación del servicio de conformidad a lo previsto en los Artículos 91.1.a) y 16.a) de la Ley y Reglamento disciplinario citado, y por ende, de conformidad con el Ordenamiento jurídico, y por ello, sin que puedan admitirse las alegaciones del recurrente tendentes a modificar su responsabilidad, porque aparte de que resulta intrascendente a los efectos de los ilícitos administrativos que se enjuician que se apropiase de las divisas extranjeras a que se ha hecho referencia para satisfacer fines propios o para pagar deudas contraídas por su madre, el trastorno mental transitorio alegado y que trata de justificar con los informes médicos que obran en el expediente no puede ser aceptado, ya que independientemente de que los hechos los realizó a lo largo de un año, de dichos informes no puede deducirse que estuviese privado de la facultad de actuar correctamente, sino que contrariamente se afirma que siempre tuvo sentido de la realidad; y en informe médico a su instancia practicado en estos autos se sienta la rotunda conclusión que el sancionado no presenta signos de padecer ningún tipo de enfermedad mental, por todo lo cual resulta procedente la desestimación del recurso interpuesto de conformidad a lo prevenido en el artículo 83.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435), por reputarse la sanción impuesta justa y proporcionada a las faltas cometidas.

CONSIDERANDO: Que no son de apreciar circunstancias determinantes para a tenor de lo establecido en el Artículo 131 de la Ley rectora de esta jurisdicción hacer una expresa declaración sobre las costas en este proceso causadas.

SENTENCIA de 23-10-1984

TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Funcionarios de Correos: sanciones: separación del servicio: falta muy grave de probidad: violación de correspondencia. Funcionarios Públicos: sanciones: predominio de la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico determinado.
Es recurso interpuesto por D. Julián S. S., Auxiliar de Clasificación y Reparto de la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, contra resolución del Consejo de Ministros de 29 de enero de 1982, que declaró la separación del servicio del actor.

El T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO: Que son elementos fácticos, debidamente comprobados en las actuaciones, y que es conveniente resaltar para el mejor enjuiciamiento del presente recurso, que Don Julián S. S. fue sorprendido abriendo una carta ordinaria dirigida a un destinatario de su sección y que reconstruida, se decía en la misma que contenía 500 pesetas, cantidad ésta que fue reintegrada inmediatamente por el Sr. S.; en la misma fecha le fueron intervenidas al Sr. S. otras cuatro cartas ordinarias para diversos destinatarios, sin abrir, y que dicho señor S. reconoció haber violado en otras ocasiones hasta un total de 10 ó 12 cartas, apoderándose de su contenido en tres ocasiones, entregando en el acto de la declaración al Instructor tres monedas que se contenían en dos de los envíos.

CONSIDERANDO: Que en el expediente disciplinario incoado al efecto, el Instructor en su propuesta de resolución, apreciando la existencia de una falta muy grave que afecta a la probidad moral y material, propuso la sanción de suspensión de funciones durante 4 años; y el Consejo de Ministros considerando que los hechos relatados son constitutivos de una falta continuada de carácter muy grave que afecta a la probidad del empleado y vulnera el principio de la inviolabilidad de la correspondencia prevista en los incisos a) del artículo 88 de la Ley Articulada (RCL 1964\348 y NDL 14563) y 6.º del Reglamento Disciplinario (RCL 1969\1770 y NDL 14634), ambos en relación con lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Postal aprobada por Decreto de 19 de mayo de 1960 (RCL 1960\861, 963, 964 y NDL 7927) y que procede corregir, de conformidad con lo establecido en los artículos 91 y 16 de los citados Cuerpos legales, con la separación del servicio, ya que hechos de análoga naturaleza, causan verdaderos perjuicios a los usuarios, desprestigian sensiblemente al servicio y hacen aconsejable que sean corregidos con la máxima sanción.

CONSIDERANDO: Que el Derecho disciplinario, como ha reconocido reiteradamente en Jurisprudencia de este Tribunal Supremo, tiene un significado eminentemente ético, en cuanto que su objetivo primordial más que el restablecimiento del orden social quebrantado, es la salvaguardia del prestigio y dignidad corporativa, por lo que pueden coexistir distintos tipos de corrección, y dentro del orden disciplinario también es doctrina jurisprudencial -sentencia de 14 de febrero de 1984 (RJ 1984\629) y las que en ella se citan- que la sanción impuesta puede ser revisada en vía jurisdiccional contencioso-administrativa en virtud del principio de proporcionalidad que vincula igualmente a la Administración que al control jurisdiccional de la misma; y a la luz de estos principios, dada la naturaleza de los hechos enjuiciados, que han merecido unánimemente la calificación de falta muy grave, y que supone la máxima responsabilidad del funcionario adscrito a los servicios de Correos, principal responsable de la inviolabilidad de la Correspondencia consagrada en el Reglamento de los Servicios de Correos (RCL 1964\1225, 1471 y NDL 7939) y Ordenanza Postal, ha de considerarse correcta y ajustada a Derecho la sanción impuesta por el Consejo de Ministros, dentro de los límites legales y proporcionada a la transcendencia de la falta de orden al servicio; sin que puedan prosperar, en su contra, las alegaciones del inculpado que en su recurso de apelación referidas a una situación depresiva que pretende demostrar con un certificado médico referido al mes de junio de 1980, siendo así que la violación de la correspondencia se produjo en el mes de diciembre de aquel año; al arrepentimiento espontáneo, que no puede merecer tal calificativo pues la devolución de lo sustraído lo fue con posterioridad a ser descubierto, amén de que tales circunstancias que pudieran, en su caso ser atenuantes de su responsabilidad criminal, no pueden ser tenidas en cuenta en la vía disciplinaria dada la naturaleza de los hechos y los intereses del servicio.

CONSIDERANDO: Que no se aprecian motivos de temeridad o mala fe en la conducta procesal de las partes a efectos de una especial condena en costas.

SENTENCIA de 8-10-1984

TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Derecho Administrativo Sancionador: funcionarios: predominio de la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario sobre los resultados del peligro o lesión de un bien jurídico determinado, que se haya podido producir. Instituto Español de Emigración: sanciones: separación del servicio: falta muy grave: desmerecimiento notorio en el concepto público que ha redundado en desprestigio del Organismo.
Es recurso interpuesto por D. Luis P. A., funcionarios del Instituto Español de Emigración, contra acuerdo del Ministerio de Trabajo de 26 de septiembre, que le impuso la sanción disciplinaria de sanción de separación del servicio como autor de una falta muy grave de desmerecimiento notorio en el concepto público, que ha redundado en desprestigio del Organismo mencionado.

El T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO: Que el tema básico que se suscita en este proceso consiste en determinar si las resoluciones de 26 de septiembre y 4 de noviembre de 1974 que se impugnan y por las que se acordó la imposición al recurrente, don Luis P. de A., funcionario del Cuerpo Técnico Administrativo, a extinguir, del Instituto Español de Emigración, la sanción de separación definitiva del servicio de conformidad con el artículo 96.1g) del Estatuto de Personal del Instituto Español de Emigración de 20 de diciembre de 1971 (RCL 1972\39, 201), como autor responsable de una falta muy grave de las enumeradas en el Artículo 93, número 4, apartado j) del propio Estatuto consistente en «desmerecimiento notorio en el concepto público y, en general, la realización de actos gravemente contrarios a la moral pública o que redunde en el desprestigio del Organismo», se ajustan o no al ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO: Que para decidir adecuadamente este litigio resulta conveniente y necesario puntualizar desde este inicial momento de nuestro razonamiento, y con ello responder a la alegación hecha por el actor de la indebida aplicación por la Administración del apartado j) del artículo 93.4 del Estatuto de 1971 para tipificar su conducta, postulando paradójicamente, por el contrario, la aplicabilidad del apartado k) del propio artículo 93.4 que reputa como falta muy grave «la comisión de hechos constitutivos de delitos dolosos comunes, declarados por Sentencia judicial firme», que el expediente administrativo tramitado de que este recurso trae causa se inició, exclusivamente, para depurar la actividad realizada por el recurrente como funcionario a tenor de los hechos que se le imputaban a todas luces ilícitos desde el punto de vista administrativo, que es lo que habida cuenta del significado y alcance eminentemente ético del derecho disciplinario, en el expediente administrativo seguido se podría sancionar ya que su objetivo primordial más que el restablecimiento del Orden Social quebrantado, lo que se pretende es la salvaguardia del prestigio y dignidad corporativa y la garantía de la normal actuación de los funcionarios en la doble vertiente del eficiente funcionamiento del servicio que le está encomendado y que su actividad como tal se desarrolla en el marco que le fija la Ley, y por ello, en el derecho sancionador disciplinario, predomina la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico determinado que con su actuación haya podido causar, aspecto este último reservado a la jurisdicción penal; y como así se ha procedido en este concreto caso, pues en el original acuerdo de 26 de septiembre de 1974 se puntualiza que lo que se decide es sin perjuicio de la posible responsabilidad penal en que haya podido incurrir y por la que se sigue por la autoridad judicial el correspondiente sumario, visto es que la Administración procedió adecuadamente al considerar los hechos enjuiciados incursos en el apartado j) del Artículo 93.4 del Estatuto de Personal aplicable, sin que pueda reprochársele ni que se adelanta a los acontecimientos, ni que prejuzga una situación que está sub indice ante el Tribunal competente.

CONSIDERANDO: Que es doctrina jurisprudencial de carácter general la que establece que el enjuiciamiento en concreto de un acto administrativo resolutorio de un expediente sancionador, ha de partir del análisis del hecho, de su naturaleza y de su alcance, para determinar y ver si el ilícito administrativo perseguido es o no subsumible en alguno de los supuestos-tipos de infracción previstos en la Ley, en este caso el Estatuto Personal del Instituto Español de Emigración, puesto que la calificación de unos hechos o de una conducta como infracción administrativa no es facultad discrecional de la Administración, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas que exige, como presupuesto objetivo, el encuadramiento o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente; y es por ello por lo que la jurisdicción contencioso administrativa ha tenido siempre facultades para examinar y valorar la existencia, acreditamiento y alcance y significación de las faltas administrativas para, en su caso confirmar o anular los actos sanción, según que los mismos se ajusten o aparten de lo dispuesto en el Ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO: Que en este litigio el actor, más que rebatir los hechos que se le imputan implícitamente los está reconociendo, ya que no otra cosa es el que en este recurso esté postulando la inaplicabilidad del apartado j) del artículo 93-4 del Estatuto de Personal y la aplicabilidad por contrario, del apartado k) del propio artículo que dice ser el que tipifica su conducta afirmando, además, que en el peor de los casos es cómplice de un delito doloso; extraño medio de defensa que intenta apoyar distinguiendo entre su actuación como funcionario del Instituto Español de Emigración, y la actividad en el expediente sancionada que dice haber sido desarrollada al margen y con total independencia de su cualidad de funcionario, distinción que no puede ser admitida por este Tribunal ya que en el expediente administrativo está plenamente acreditado que toda la actividad desarrollada para favorecer los fines de la Agencia E. fue llevada a cabo aprovechándose de su condición de funcionario del Instituto, incluso de un viaje oficial en comisión de servicio a Holanda, a la que habría de llegarse también por la jurisdicción penal en los hechos que declaró probados en la sentencia dictada, y al ser así es evidente que la calificación de tales hechos como constitutivos de la falta muy grave del apartado j) del número 4 del artículo 93 de desmerecimiento notorio en el concepto público que ha redundado en desprestigio del Organismo, resultando plenamente correcta y adecuada la sanción a la misma impuesta de separación del servicio.

CONSIDERANDO: Que la Audiencia Provincial de Madrid al conocer el sumario por estos mismos hechos seguidos para depurar las responsabilidades penales que de ellos se derivan, en Sentencia de 5 de octubre de 1982, calificándolos como constitutivos de un delito de estafa continuada de los Artículos 528.1 y 529.1 del vigente Código Penal condenó al aquí recurrente a la pena de 6 meses y 1 día de presidio menor; Sentencia que fue casada por la Sala Segunda de este Alto Tribunal por Sentencia de 12 de junio de 1984 (RJ 1984\3546), en la que manteniendo la calificación del delito imponía al acusado Luis P. de A. la pena de seis años y un día de prisión mayor.

CONSIDERANDO: Que por lo que razonado queda procede la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de los Acuerdos impugnados; sin que sean de apreciar circunstancias determinantes para a tenor de lo establecido en el artículo 131 de la Ley rectora de esta jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435) hacer una expresa declaración sobre las costas en este litigio causadas.

SENTENCIA de 8-3-1984

TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Contencioso-Administrativo

Funcionarios de Correos y Telecomunicación: sanciones: predominio de la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico indeterminado; falta de probidad: aplicación procedente.
Es recurso interpuesto por don Julián M. M., funcionario del Cuerpo Técnico de Correos a extinguir contra acuerdo del Consejo de Ministros de 22 julio 1982 desestimatoria de la reposición deducida contra acuerdo anterior que le impuso la sanción disciplinaria de separación del servicio como autor de una falta muy grave que afecta a la probidad del empleado y vulnera el principio de inviolabilidad de la correspondencia.

El T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO: Que el tema objeto de debate en este proceso viene limitado a determinar la legalidad del Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 julio 1982 que al desestimar el recurso de reposición interpuesto contra otro Acuerdo del propio Consejo de 24 julio 1981 vino a confirmar la sanción disciplinaria de separación del servicio impuesta a don Julián M. de M., funcionario del Cuerpo Técnico de Correos a extinguir, Jefe del Negociado de Paquetes Postales de la Administración Principal de Correos de Barcelona, incurso en falta muy grave que afecta a la probidad del funcionario y vulnera el principio de la inviolabilidad de la correspondencia.

CONSIDERANDO: Que para decidir adecuadamente este litigio es obligado punto de partida la consideración del significado eminentemente ético del derecho disciplinario, en cuanto que su objetivo primordial más que el restablecimiento del Orden Social quebrantado, es la salvaguardia del prestigio y dignidad corporativa y la garantía de la normal actuación de los funcionarios en la doble vertiente del eficiente funcionamiento del servicio que le está encomendado, y que su actividad como tal se desarrolla en el marco que le fija la Ley; y por ello, en el derecho sancionador disciplinario predomina la valoración ética de la conducta subjetiva del funcionario, sobre los resultados de peligro o lesión de un bien jurídico determinado que con su actuación haya podido causar, aspecto este último ordinariamente reservado a la jurisdicción penal, y de ahí que no repugne la coexistencia de ambos tipos de corrección.

CONSIDERANDO: Que es doctrina jurisprudencial general la que establece que el enjuiciamiento, en concreto, de un acto administrativo resolutorio de un expediente sancionador, ha de partir del análisis del hecho, de su naturaleza y alcance, para determinar y ver si el ilícito administrativo perseguido es o no subsumible en alguno de los supuestos-tipos de infracción previstos en la Ley, en este caso, la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado (RCL 1964\348 y NDL 14563) y su Reglamento de Régimen Disciplinario (RCL 1968\1399), puesto que, la calificación de una infracción administrativa no es facultad discrecional de la Autoridad sancionadora, sino propiamente actividad jurídica de aplicación de normas que exige, como presupuesto objetivo, el encuadramiento o subsunción de la falta incriminada en el tipo predeterminado legalmente, y es por ello por lo que siempre la jurisdicción contenciosa en España ha tenido facultades para examinar y valorar la existencia, acreditamiento y significación de las faltas administrativas para, en su caso, confirmar o anular los actos sanción, según que los mismos se ajusten o aparten de lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO: Que de las actuaciones practicadas aparece probado que el actor, funcionario de Correos, que desempeñaba el cargo de Jefe del Negociado de Paquetes Postales de la Estafeta de Cambios de la Administración Principal de Correos de Barcelona, y que según la Hoja de Hechos había sido ya sancionado por tres faltas graves en los años 1970, 1972 y 1975, el día 14 noviembre 1979 con ocasión de permanecer solo en su Negociado abrió cuatro paquetes postales procedentes de Alemania y con destino a Palma de Mallorca de los que sustrajo diversos objetos que metió en una cartera de mano siendo sorprendido a la salida del negociado por la Policía que había sido avisada siéndole intervenidos dichos objetos y dándose cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial, habiéndose dictado por el Juzgado de Distrito núm. 5 de Barcelona sentencia en 22 septiembre 1980 condenando al señor M. de M. como autor de una falta de hurto del art. 587.1. del C. P. a la pena de 30 días de arresto menor; todo lo cual fue justamente calificado por el Juez Instructor, por la Inspección General de la Dir. Gral. Correos y Telecomunicación, por la Comisión Superior de Personal de la Presidencia del Gobierno, por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y por el Consejo de Ministros como constitutivo de una falta muy grave de probidad que vulnera el principio de la inviolabilidad de la correspondencia, tipificada en el art. 88 a) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y art. 6 a) de su Reglamento Disciplinario, imponiéndole el último Organismo citado la sanción de separación del servicio conforme a los arts. 91.1.a) y 16 a) de los Cuerpos legales citados, y por tanto de acuerdo con el Ordenamiento jurídico; y por ello, sin que pueda admitirse la inimputabilidad alegada por haber cometido los hechos en estado de trastorno mental transitorio consecuencia de la hipertensión arterial padecida, debe desestimarse el recurso interpuesto de conformidad a lo prevenido en el art. 83.1. de la Ley reguladora de esta jurisdicción (RCL 1956\1890 y NDL 18435).

CONSIDERANDO: Que no son de apreciar las circunstancias determinantes para a tenor de lo establecido en el art. 131 de la propia Ley hacer una expresa declaración sobre las costas de este procedimiento causadas.

SENTENCIA de 27-9-1999. Recurso núm. 629/1998

AUDIENCIA NACIONAL, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª

FUNCION PUBLICA: Régimen disciplinario: finalidad; principios del Derecho penal: culpabilidad; legalidad: RD 33/1986: examen: vulneración inexistente; faltas: graves: informes y acuerdos ilegales: requisitos: perjuicio a la Administración o ciudadanos: interpretación; inexistencia: rectificación y rechazo por órgano superior: eficacia inexistente: infracción inexistente.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria dictó Resolución, en 15-10-1998, por la que se impuso al recurrente sanción disciplinaria con suspensión de funciones por cuarenta y cinco días.

La AN estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anula la resolución recurrida por ser disconforme a Derecho.
  1   2   3   4   5   6

similar:

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconTribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª
«non bis in idem»: aplicación: condenado en vía judicial penal por la comisión de delitos en que se tiene en cuenta como elemento...

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconTribunal supremo sala segunda gabinete técnico doctrina jurisprudencial de la sala de lo penal

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección cuarta

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección cuarta

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconJuzgado Contencioso Administrativo- pretensión de Restablecimiento...

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconTribunal supremo de elecciones

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconAsunto: se interpone juicio contencioso administrativo

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconResumen: Se examina la regulación de las drogas en el Código Penal...

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconEn la ciudad de La Plata, a los treinta y un días del mes de Agosto...

Tribunal supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo iconEn la ciudad de La Plata, a los veinte días del mes de Noviembre...


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com